- El Acuerdo de Escazú estaba a punto de entrar en vigor, pero el nuevo coronavirus lo frenó.
(Esta es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Diálogo Chino)
En el último mes, a pesar de la llegada a América Latina y el Caribe de la crisis social y económica generada por la epidemia del COVID-19, tres nuevos países ratificaron este tratado regional sin precedentes en el mundo, que busca mejorar el acceso a información pública y la participación ciudadana en temas ambientales, y proteger a los defensores ambientales amenazados.
Ese acuerdo es particularmente urgente para frenar los ataques contra líderes y comunidades que defienden el ambiente, para quienes América Latina es la región más peligrosa del mundo. El proyecto periodístico Tierra de Resistentes documentó 1356 ataques contra estos defensores entre 2009 y 2018 en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, de los cuales un 56 % era contra integrantes de minorías étnicas.
Con esas ratificaciones, el innovador acuerdo regional llegó a 8 y está muy cerca de las 11 necesarias para convertirse en realidad. Sin embargo, las cuarentenas, el distanciamiento social y otras medidas de urgencia que han tomado los países latinoamericanos para detener al nuevo coronavirus han ralentizado el ritmo de aprobación.
Aunque los trámites legislativos son distintos en cada país y en algunos requieren también una revisión constitucional del tribunal supremo, el proceso estaba muy avanzado en varios cuando llegó la pandemia. En Ecuador, por ejemplo, solo falta depositarlo ante Naciones Unidas. Así va Escazú en los países que lo firmaron.
Argentina: ratificación pendiente en un Congreso suspendido
En Argentina, todo estaba listo para comenzar a discutir la ratificación de Escazú en el nuevo Congreso que se posesionó el primero de marzo, cuyo trabajo se vio interrumpido por la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández.
El proyecto ya está en la comisión de relaciones exteriores del Senado, que preside el senador gobiernista Jorge Taiana (quien fue canciller en el gobierno de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner), y de ahí pasará a la Cámara de Diputados. Al menos 40 organizaciones le enviaron una carta pública a Taiana recordando que Argentina fue impulsor de su negociación y han mantenido la presión con campañas como “Mi voz y vos por Escazú”.
“Creemos que Argentina tiene una gran oportunidad para la ratificación, habida cuenta que sus políticas internas y su legislación están alineadas con lo que establece Escazú. Es un país grande y federal, que tiene mucho por trabajar en la implementación de las normatividades”, dice Andrés Nápoli, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Brasil: en análisis previo al Congreso
Brasil, que firmó el acuerdo bajo el gobierno anterior de Michel Temer, aún no ha enviado el acuerdo al Congreso para su ratificación.
Hasta donde saben las organizaciones sociales y ambientales que acompañaron la negociación, aún se encuentra en el proceso de tramitación interna previo a que el gobierno de Jair Bolsonaro lo envíe al legislativo. Tras su firma, el texto fue enviado para su análisis a tres ministerios: el de Ambiente, el de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, y el de Transparencia y Contraloría General de la Unión, sin que se sepa aún si lo aprobaron o qué comentarios enviaron a la Casa Civil responsable de presentarlo al Congreso.
En todo caso, el reto es hacerlo más visible. “Pocas personas conocen el acuerdo en el país y el esfuerzo sigue siendo promoverlo para que más personas lo conozcan y lo defiendan”, dice Joara Marchezini, oficial de proyectos de acceso a la información de Artigo 19.
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Colombia: llegó tarde y no se sabe cuándo va al Congreso
Colombia fue el último país en sumarse a Escazú, después de que ese fuese uno de los pedidos insistentes de la sociedad civil en los espacios de diálogo que siguieron a las protestas masivas de final de año contra el gobierno de Iván Duque.
Duque lo firmó el 11 de diciembre, retrocediendo sobre su visión original de que el acuerdo no contenía medidas novedosas y exponía al país a ser juzgado internacionalmente. Ahora deberá ser aprobado por el Congreso, tanto en Senado como Cámara de Representantes, y pasar a revisión en la Corte Constitucional. El gobierno estaba teóricamente listo para presentarlo el 17 de marzo al iniciar la nueva legislatura, que se vio interrumpida por las medidas de aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril.
En todo caso, los congresistas no han tenido noticias. “Nosotros teníamos esta semana discusión en la bancada de la Amazonía, pero no hemos oído nada del Gobierno, ni de Cancillería, ni de Ambiente ni de Justicia”, dice Carlos Ardila, representante a la cámara de la región amazónica del Putumayo. El mayor escollo, en todo caso, es que así lleve el texto el Gobierno, el Congreso aún está explorando con qué plataforma podría operar de manera virtual. Para no ser archivado, tiene que superar uno de cuatro debates antes del 20 de junio.
Costa Rica: a mitad de camino
En el país que fue sede de la negociación y que le prestó su nombre al acuerdo, la ratificación está muy adelantada, quedó truncada por el coronavirus.
La Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo en un primer debate el 13 de febrero. Actualmente está en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un mes para examinar su constitucionalidad y devolverla al legislativo para un segundo y último debate.
Ese mes de revisión constitucional está cerca de cumplirse, pero la epidemia ha alterado el funcionamiento de la Sala Constitucional, que no está sesionando sino resolviendo asuntos de emergencia como recursos de amparo y habeas corpus. Algo similar sucede en la Asamblea, que está concentrada en temas ligados a la emergencia sanitaria.
“Apenas estamos en la segunda semana y no sabemos cómo estará el pico del coronavirus, pero estamos esperando que pasadas un par de semanas, retornemos a la normalidad en el Congreso”, dice la diputada Paola Vega, que preside la comisión de ambiente.
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Ecuador: todo listo, solo falta depositarlo
Ecuador sería el noveno país en ratificar Escazú si no fuese por el coronavirus.
Ese trámite arrancó en la Corte Constitucional que tomó dos decisiones el año pasado sobre el acuerdo: primero determinando que debería pasar por la Asamblea Nacional y luego, en abril, aprobando su constitucionalidad.
En mayo inició su paso por el legislativo, siendo aprobado este 4 de febrero en el pleno de la Asamblea Nacional. El 27 de febrero, el presidente Lenin Moreno firmó el decreto ejecutivo ratificándolo, lo que significa que solo falta depositarlo en la Oficina de Tratados de Naciones Unidas en Nueva York. Para que la Cancillería ecuatoriana pueda hacer ese trámite, solo falta que sea publicado en el Registro Oficial. Dado que la ONU está en modo teletrabajo y no se están realizando las ceremonias formales de depósito, esto sucedería mediante el mecanismo alterno de correo que el organismo habilitó a causa de la pandemia.
“Faltaría únicamente esa formalidad en Naciones Unidas para que se considere a Ecuador como un siguiente país que ha ratificado. En todo caso, hay que ser honestos en que al momento la prioridad en la que está enfocado el Gobierno es la respuesta a la epidemia”, dice Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de los Hemisferios.
Guatemala: ratificación estancada
Aunque el gobierno guatemalteco le dio visibilidad al acuerdo desde el momento de la firma, convocando desde agosto de 2018 a talleres de socialización con el ministro de ambiente y altos funcionarios de Cancillería, desde entonces su trámite se ha estancado.
Año y medio después, el gobierno sigue sin llevarlo al Congreso. Cuando Jimmy Morales dejó la presidencia a final del 2019, el acuerdo seguía teóricamente en consultas en el Ministerio de Ambiente y otras entidades públicas. El nuevo presidente, Alejandro Giammattei, asumió en enero y no se ha referido al tema. “Hay intereses profundos por la disputa entre medio ambiente, pueblos indígenas y sector privado”, resume una persona que trabaja en derechos humanos y que pidió omitir su nombre.
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México: frenado en el gobierno
México aún no ha enviado el acuerdo a la rama legislativa para su ratificación, un proceso que se verá ralentizado por la recién declarada emergencia sanitaria.
Para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda presentar el texto al Senado, se requiere un trámite que aún no ha culminado y, más concretamente, falta una firma que ha sido esquiva desde junio de 2019. La consejería jurídica de la Cancillería debe enviar un documento llamado visto bueno liso y llano a la Presidencia, con los avales de 16 entidades del gobierno. Sin embargo, aún falta la de la Secretaría de Hacienda.
En una reunión que pidieron las organizaciones que han acompañado el acuerdo y que escribieron una carta pública hace dos semanas solicitando celeridad en el trámite, oficiales de Hacienda les dijeron —sin mayor detalle— que falta un análisis de impacto económico de la ratificación. “Es la última firma que falta para construir ese visto bueno. Está todo detenido por responsabilidad de ellos y todos los actores lo tienen claro”, dice Tomás Severino, director de Cultura Ecológica. “No se nos ha dado respuesta clara del por qué está frenado”, añade Norma González Benítez, de Amnistía Internacional.
El propio Senado exhortó públicamente este 3 de marzo al Gobierno a agilizar el trámite, aunque no parece claro que pueda aprobar el texto antes de terminar este periodo —que está funcionando a marcha más lenta por la pandemia— el 31 de marzo. Eso significa que podría demorarse hasta septiembre, que comience un nuevo periodo legislativo.
Paraguay: frenado por religiosos y empresarios
La ratificación avanzaba en el Congreso paraguayo, pero —como documentó El Surtidor— se estancó por la oposición de sectores religiosos y conservadores.
La crisis arrancó cuando el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, argumentó que el acuerdo ambiental permitiría legalizar la llamada ‘ideología de género’, un concepto vago acuñado por sectores conservadores para englobar políticas progresistas sobre género. “Nos encontramos ante una amenaza que proviene de la Organización de las Naciones Unidas (…) prácticamente imponiéndonos aceptar todas las resoluciones anteriores de aborto, ideología de género, eutanasia”, dijo el líder católico, sin ofrecer pruebas.
Sus declaraciones llevaron al presidente Mario Abdo Benítez a retirar el proyecto el 2 de diciembre. El canciller Antonio Rivas anunció consultas con diversos sectores, como los religiosos y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) que temía verse perjudicada con la ratificación . El diario ABC Color reportó que Cancillería estaba lista para llevar de nuevo el texto al Congreso la primera semana de marzo, pero eso no ocurrió a raíz de la epidemia.
Entre tanto, sus promotores han intentado explicar su valor a los sectores productivos. “No solo sirve para proteger el ambiente, sino que es una excelente carta de presentación para abrir nuevos mercados, ya que facilita la trazabilidad de los productos que el Paraguay exporta. Esa trazabilidad permite transparentar los procesos productivos, premiando a los que han sido encarados de manera sostenible”, dice Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea).
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Perú: tras la crisis política, listo para avanzar
En Perú, otro de los países que lideró la negociación, el acuerdo avanzaba hasta que quedó paralizado por la crisis política del año pasado.
En agosto, el gobierno de Martín Vizcarra envió al Congreso el expediente recomendando su aprobación, incluyendo informes favorables de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y diez ministerios. Sin embargo, en medio del agudo conflicto político entre el gobierno y el legislativo, no alcanzó a ser discutido siquiera en la comisión de relaciones exteriores, paso previo a que el pleno del Congreso lo vote.
Esa parálisis se acentuó cuando Vizcarra disolvió el Congreso en septiembre. Su gobierno, que tenía facultades para legislar hasta que llegara un nuevo legislativo, no priorizó la ratificación. El nuevo congreso, electo en enero, solo se posesionó a mediados de marzo y aún no ha conformado la nueva comisión de relaciones exteriores.
Entre tanto, la sociedad civil se ha movido para promover su discusión. “Desde que conocimos a los congresistas electos hemos venido realizando acciones de incidencia para posicionar la ratificación del acuerdo en sus agendas legislativas, nos hemos sumado a peticiones públicas y lo hemos presentado a congresistas en un desayuno de trabajo”, dice Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
República Dominicana: entre elecciones y cuarentenas
En el país caribeño las discusiones se han visto dilatadas por el agitado calendario electoral este año, con las elecciones municipales que tuvieron lugar hace una semana y las dos vueltas presidenciales y legislativas programadas para mayo y junio.
En febrero, un grupo de organizaciones que promueven la ratificación se reunió con una comisión de senadores, incluyendo el presidente de la comisión ambiental del Senado. “Creo que las posibilidades son buenas, con el interés que mostraron los senadores que participaron en la reunión con la sociedad civil”, dice Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma).
Los avances, en todo caso, se han frenado por la cuarentena y los toques de queda nocturnos para detener la propagación del coronavirus. Una vez salga del legislativo, debe ser revisado por el Tribunal Constitucional.
Los reacios no cambian de opinión
Chile: de impulsor a escéptico
Chile fue la sorpresa de la región: lideró la negociación junto con Costa Rica, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, pero luego su sucesor Sebastián Piñera se negó a firmarlo.
Piñera ha aducido distintas razones para no hacerlo. “Todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada”, dijo en septiembre. Días antes había dicho que “tiene algunos problemas que deben ser resueltos” como “problemas de cesión de soberanía o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación”. Su postura no parece haber cambiado desde entonces, pese a la presión de organizaciones sociales y ambientales. En enero, la ministra de ambiente Carolina Schmidt volvió a aludir al “riesgo de internacionalizar conflictos que son y deben ser internos”.
El Salvador: silencio total
El actual gobierno de Nayib Bukele sigue reacio a firmar el acuerdo y ni siquiera habla públicamente de este. “El Salvador vive en condiciones de creciente deterioro ambiental y de efectos acelerados del cambio climático, siendo el segundo país más deforestado y deteriorado ambientalmente del continente después de Haití”, le escribieron en noviembre pasado una decena de organizaciones ambientales y sociales, instándolo a suscribirlo.
*Imagen principal: Fueron seis años de negociaciones para arribar al Acuerdo Escazú. Foto: DAR.
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