- En México, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023; 39 aún no son localizadas, de acuerdo con una documentación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
- Al menos 62 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición pertenecen a un pueblo indígena. Los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca, sobre todo las regiones con presencia de minería y tala, resaltan por ser los lugares en donde más se ejerce la violencia de la desaparición en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio.
- En los casi cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 personas defensoras del ambiente y el territorio que fueron víctimas de desaparición siguen sin ser localizadas.
- México está entre los cinco países más peligrosos para las personas defensoras. La desaparición es una violencia cada vez más visible en contra de quienes han decidido defender ríos, bosques, cerros y todo aquello que ahí da vida a un territorio.
Sergio Rivera Hernández se transformó en defensor del ambiente y el territorio cuando se enteró de que una empresa pretendía modificar la vida de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, en México.
Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, en un territorio en donde la minería de hierro ha cercenado los cerros.
En la plaza de Cherán, comunidad purépecha del estado de Michoacán conocida por la defensa de sus bosques, una placa recuerda los nombres de Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal.
Durante varios años, los esposos Eva Alarcón y Marcial Bautista dirigieron el rumbo de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dedicada a la defensa de los bosques en aquella región de Guerrero.
En la sierra que mira hacia la costa del Pacífico, en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz hicieron mancuerna para lograr que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación ante los tribunales agrarios y en sus negociaciones con la mina de hierro que se encuentra en su territorio.
En la región mixteca de Oaxaca, Irma Galindo denunció la tala de árboles.
A todas estas personas las desaparecieron.
Sus nombres son parte de una lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México; 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida.
De las 93 personas defensoras, 83 son hombres y 10 son mujeres.
Estas cifras se desprenden de una base de datos elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte de un proyecto periodístico que aborda la creciente problemática de la desaparición de defensores del ambiente y el territorio en México.
Este país figura entre los cinco más peligrosos para quienes defienden al ambiente y el territorio: al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre 2012 y 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras; 40 % de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas, y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida.
Para construir la base de datos, esta alianza periodística revisó informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de Global Witness, también consultó a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema, o bien, tienen presencia en las comunidades afectadas. Otras fuentes de información fueron las noticias publicadas en medios de comunicación locales, así como entrevistas con familiares y personas cercanas a los defensores desaparecidos.
El lapso elegido para realizar esta documentación fue desde el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.
Los casos que se encontraron van desde el año 2008. El último registro que incluye esta documentación es del 1 de agosto de 2023, día en que se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos. Nueve días después fue localizado sin vida. El integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, tenía 20 años de edad.
Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio. Y, en especial, las comunidades indígenas. De las 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición en México, 62 (el 67 %) pertenecen a un pueblo originario.
Seis de cada diez casos que figuran en la base de datos sucedieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de agosto de 2023, se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición; 28 fueron localizadas muertas, diez han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Entre ellos están el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario nahua Antonio Díaz.
Territorios marcados por la desaparición
El domingo 15 de enero de 2023, las vidas del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron cubiertas por la bruma de la incertidumbre. Ese día fueron desaparecidos mientras viajaban por carretera con destino a Colima. La mañana previa a su desaparición participaron en una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena que se localiza en la región Sierra Costa de Michoacán y en donde funciona una de las minas de hierro más grandes del país.
El caso de Lagunes y Díaz recuerda una vez más que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio.
Así lo confirma el último reporte de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta los asesinatos que sufren los defensores ambientales en todo el mundo. De acuerdo con las cifras más recientes, al menos, 31 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en México durante 2022. Ese año, el país se colocó —junto con Colombia, Brasil, Honduras y Filipinas— entre los cinco con la mayor cantidad de agresiones letales en contra de estos defensores.
En el caso de México hay un nivel más de violencia: el país es un territorio marcado por la desaparición. Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) muestran que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, el país sumó 94 948 personas que se encontraban desaparecidas y no localizadas.
En ese contexto, la violencia de la desaparición en contra de las personas defensoras de bosques, ríos, desiertos, mares y todo lo que implica el territorio es una amenaza cada vez más visible en México.
Si se hace una revisión de lo sucedido desde el 1 de diciembre de 2006 se encuentra que durante el gobierno de Felipe Calderón, el año 2011 sobresale con más casos: de las diez víctimas de desaparición contabilizadas ese año en la base de datos, nueve siguen sin ser localizadas. Entre ellos están tres habitantes de la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán.
Esas desapariciones fueron, entre otras cosas, las que detonaron que los habitantes de Cherán expulsaran a los taladores ilegales que estaban terminando con su bosque y pusieran en marcha una estrategia comunitaria para defender su autodeterminación, rescatar sus formas tradicionales de gobierno y de defensa del territorio.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 2013 sumó más casos. Ese año, al menos cuatro personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, una de ellas sigue sin ser hallada.
Tres meses antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, en agosto de 2018, fue desaparecido Sergio Rivera Hernández, indígena nahua y activo opositor al proyecto hidroeléctrico impulsado en la Sierra Negra de Puebla por una empresa filial al Grupo Ferrominero.
“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %, en partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que a lo largo de 2018 dieron los habitantes de las comunidades para informar de su resistencia.
La base de datos construida permite ubicar al 2021 como el año que concentró el mayor número de casos de todo el periodo analizado: 23 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, 13 fueron localizadas sin vida y 10 siguen sin aparecer.
Desde 2016, el entonces Relator de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su informe temático sobre personas ambientales señaló que “una de las causas sistemáticas de los conflictos en torno a los derechos ambientales es el desequilibrio del poder entre los Estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales”.
La defensa cotidiana del territorio
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documenta las agresiones contra las personas y comunidades defensoras del ambiente y el territorio en México desde 2014. Para realizar el informe que cada año presenta, uno de los mayores retos que ha enfrentado la organización es que las personas “no siempre se asumen como defensoras”, destaca la abogada Luz Coral Hernández.
A partir de los casos que han documentado, los integrantes del Cemda han encontrado que en muchas comunidades “la defensa del territorio es algo que se hace de manera natural, como algo cotidiano y muy personal”.
El 14 de julio de 2021, siete integrantes de la Tribu Yaqui y tres hombres yoris —los yaquis usan esa palabra para denominar a todos aquellos que no pertenecen a la Nación Yoeme— fueron desaparecidos; se los llevaron en el trayecto de Loma de Bácum al rancho comunitario Agua Caliente, en Sonora, mientras transportaban las reses para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Dos meses después, siete fueron encontrados sin vida. Tres continúan desaparecidos.
“Nosotros consideramos a estos hombres defensores del territorio”, explica la abogada Anabela Carlón Flores, integrante de la Tribu Yaqui y originaria de Loma de Bácum. “Ellos resguardaban un rancho comunitario que permite tener el sustento para la comunidad cuando hay una fiesta o una emergencia”.
Carlón considera que en el ámbito de los derechos humanos muchos conceptos a veces pueden ser “muy limitados” para la compleja realidad que se vive. Esta complejidad se presenta, dice, cuando se trata de explicar lo que en las comunidades indígenas significa hacer una defensa del ambiente y el territorio.
Para los yaquis, por ejemplo, hay un concepto que engloba todo aquello que es el territorio: “Para nosotros el Juya ania es el mundo natural, es ahí en donde está la verdad antigua. Y la verdad antigua no se puede cambiar, porque no puedes vivir sin agua, sin monte, sin aire, sin el clima. Eso es parte de la verdad antigua”.
Es por ello, explica la abogada, que para cada miembro de la Tribu Yaqui resguardar el territorio es una práctica cotidiana y natural, “ahí es donde hemos aprendido a vivir, a leer el clima, a comunicarnos con nuestros ancestros, a entender nuestro mundo”.
