- Luego del caso de Galápagos, Ecuador consiguió 460 millones de dólares que serán destinados a la conservación de la Amazonía: de qué se trata y cómo funciona.
- Aunque las organizaciones financieras involucradas publicitaron el involucramiento de los pueblos indígenas en el proceso, sus líderes niegan que haya habido una participación plena.
- En el lado positivo, los objetivos de conservación se plantearon con base en un trabajo científico del Instituto Nacional de Biodiversidad, que encontró las áreas que deben priorizarse con base en la riqueza de su biodiversidad.
- En 2025, el Fondo del Biocorredor Amazónico creado para el proyecto, debe empezar a funcionar y lo hará bajo la vigilancia de organizaciones de la sociedad civil que buscan la transparencia en el manejo de recursos.
Ecuador concretó un canje de deuda por naturaleza en diciembre de 2024 destinado a la conservación de la Amazonía, mediante la figura del Biocorredor Amazónico. Aunque esto representa un alivio económico para el país, líderes y lideresas amazónicos reclaman no haber sido considerados como protagonistas en la creación del biocorredor y en la búsqueda de su financiamiento.
¿De qué se trata un canje de deuda por naturaleza? Es un acuerdo entre un país deudor y un país u organismo acreedor que le perdona parte de su deuda a cambio de que el deudor invierta en proyectos de conservación de la naturaleza.
El país realizó su primer canje de deuda por naturaleza en 2023, cuando intercambió 1630 millones de dólares de deuda existente por un nuevo préstamo de 656 millones de dólares. Como parte de la operación, el país se comprometió a dirigir cerca de 450 millones de dólares al Galápagos Life Fund, un fondo que entregará subvenciones a proyectos de conservación en la Reserva Marina Galápagos y la Reserva Marina Hermandad, de acuerdo con información del Ministerio de Ambiente.
Esta segunda operación de Ecuador cambió 1527 millones de dólares de deuda en forma de bonos globales (las autoridades no aclararon quiénes eran los acreedores) por un crédito de 1000 millones de dólares con mejores condiciones, otorgado por la organización Amazon Conservation DAC. Para concretarlo, el país contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Bank of America, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y la organización no gubernamental The Nature Conservancy (TNC).
De esta manera, Ecuador se ahorraría 527 millones de dólares más los intereses que generaba la deuda original. La deuda de Ecuador se reducirá en más de 800 millones de dólares hasta 2035, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, el canje permitió “generar”, como señalaron las instituciones financieras involucradas, 400 millones de dólares que serán destinados al Fondo Biocorredor Amazónico (BCA). El Fondo fue creado para recibir los recursos de la conversión de deuda, mientras que el Biocorredor busca asegurar la conservación de la Amazonía ecuatoriana.
El Fondo se destinará a proyectos e iniciativas implementadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que propongan proyectos con base en las líneas temáticas del Biocorredor, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, la conservación, la restauración, la investigación, entre otros.
Aunque en medios nacionales e internacionales se ha dicho que el dinero dirigido a conservación saldrá del ahorro del canje, esto no es así, según explicaron miembros del departamento de comunicación del MEF: los “400 millones provienen de una comisión que paga Ecuador como parte del servicio de la nueva deuda que asume el país en el marco de la operación”, aclaró el Ministerio a Mongabay Latam.
Es decir, a medida que Ecuador paga la deuda a Amazon Conservation DAC, esta organización destina 23.5 millones de dólares anuales por 17 años al Fondo BCA. “Este monto es adicional al ahorro que genera la transacción”, añadió el MEF. En otras palabras, se podría decir que el dinero del fondo proviene de una donación privada, aunque es un monto asociado al canje de deuda.
El uso de los fondos del primer canje de deuda por naturaleza en Ecuador viene demorado, por lo que no existen antecedentes suficientes en el país como para evaluar si funcionó correctamente, aunque existen críticas sobre el comienzo del proyecto.
A pesar de que el canje por Galápagos se anunció en mayo de 2023, todavía no se han entregado subvenciones. A inicios de 2025 se abrió la primera convocatoria “para fortalecer el control y vigilancia” del archipiélago. Como parte de esto, se entregarán 2.5 millones de dólares para proyectos de pesca sostenible y 1 millón para educación ambiental marina.
Los pueblos indígenas, relegados
El Biocorredor Amazónico fue creado el 5 de septiembre de 2023 vía decreto ejecutivo del entonces presidente Guillermo Lasso. El corredor no es un área física delimitada que brinda conectividad a los ecosistemas, sino un compromiso de conservación, de acuerdo con el boletín de la Presidencia. En el decreto, Lasso ordenó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) establecer el diseño, funcionamiento y el mecanismo de financiamiento.
El BCA “es el resultado de un proceso que fue diseñado y continúa en constante trabajo colaborativo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE)”, dice la página web del Biocorredor. Sin embargo, líderes y lideresas de la CONFENIAE y de sus bases lo niegan.
“Para el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, esto fue una sorpresa”, asegura Diana Chávez, dirigenta de asuntos internacionales y organizaciones de Pakkiru (por sus siglas en kichwa). Chávez sostiene que su organización no tenía conocimiento sobre el corredor y “menos” sobre el canje de deuda. Cuenta que tras enterarse de la noticia por redes sociales, se acordó tratar el tema en un consejo ampliado de la CONFENIAE.
Un líder de la máxima organización indígena de la Amazonía ecuatoriana que prefiere no identificarse para no incrementar las tensiones que ya se han dado con el Ministerio del Ambiente explica que este es el resultado de no haber realizado consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas en cada etapa del proceso, como manda la Constitución ecuatoriana.
El dirigente cuenta que a mediados de 2023, meses antes de que se elija a un nuevo consejo de gobierno de la CONFENIAE, con “premura” y “con una visión del MAATE (Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) de que hay que hacer porque hay que hacer”, la Confederación firmó un convenio para la creación del Biocorredor. El líder reconoce que sí se realizaron “varias sesiones” en las que se discutió el uso de los fondos que el país planificaba buscar, pero afirma que en estas sólo participaron los dirigentes que estaban por dejar sus cargos.
“El Estado no hizo socialización del convenio ni de sus aplicaciones”, asegura. Esto es problemático porque en los comunicados de todas las instituciones financieras involucradas en el canje se vendió la idea de que el biocorredor fue “codiseñado” junto a los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
Si bien Chávez concuerda con que se debió realizar consulta previa, libre e informada, ella va más allá: “Debemos dejar de ser entes de consulta, debemos ser parte de la toma de decisiones”, dice. “No estamos en contra, entendemos que el canje de deuda es un alivio para el Estado, pero estas decisiones afectan a la Amazonía”, añade.
Ambiciosos objetivos de conservación
El Biocorredor Amazónico se creó con el objetivo de mejorar el manejo de 4.6 millones de hectáreas de áreas protegidas existentes y de proteger otros 1.8 millones de hectáreas de bosques y humedales. El modelo también busca proteger 18 000 kilómetros de ríos.
“A través de la definición de nuevas áreas de conservación, la minería ilegal puede ser combatida de manera importante”, opina Galo Medina, director de la ONG TNC Ecuador. Esta actividad ilícita es una de las mayores amenazas para la región amazónica. Además, señala que los compromisos también estarán enfocados en bioeconomía, investigación, monitoreo y restauración.
Para el líder de la CONFENIAE, la prioridad del fondo debería ser el fortalecimiento de las capacidades, de la autonomía y de la autogobernanza territorial de los indígenas. “Esa autonomía y esa gobernanza incluye gestionar directamente los fondos”, añade Chávez.
Los pueblos indígenas ya han probado que su gestión es eficaz para la conservación de los bosques. Un análisis del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina encontró que entre 2017 y 2021, el 74.8 % de la deforestación en la Amazonía occidental ocurrió fuera de las tierras indígenas y de las áreas protegidas. En contraste, en los territorios de los pueblos y nacionalidades, la pérdida forestal fue de 15.6 %.
La lideresa cuenta que los pueblos indígenas implementan diversas medidas de conservación, con base en su cosmovisión. Por ejemplo, Pakkiru declaró a su territorio como Kawsak Sacha o Selva Viviente, una categoría que, en términos occidentales, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Por lo tanto, diferentes pueblos de la nacionalidad kichwa de Pastaza han implementado guardias y monitores comunitarios. “Parte de ese fondo debe ir a la gente que está caminando y vigilando el territorio”, opina.
Chávez también señala que las provincias Amazónicas están entre las más pobres de Ecuador. En cinco de las seis provincias –la excepción es Zamora Chinchipe-, la tasa de pobreza por ingresos supera el 60 % y llega al 74 % en el peor caso, de acuerdo con datos de pobreza anual publicados en febrero de 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). “Necesitamos satisfacer las necesidades básicas de las comunidades”, exige la dirigenta.
Un portafolio de conservación basado en datos
El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) se involucró con el objetivo de definir prioridades de conservación a partir de información científica. “Es relevante que las decisiones que se toman desde los gobiernos se basen en el conocimiento”, dice Francisco Prieto, subdirector técnico del Inabio.
Prieto cuenta que el trabajo, que tomó un año, partió de analizar la falta de conectividad ecológica que hay entre la Amazonía andina con la llanura amazónica y de la división entre ecosistemas que causan la Troncal Amazónica, el crecimiento de las ciudades y el incremento de la frontera agrícola. El especialista explica que abordar esta problemática “es crucial”, con el fin de mejorar la conectividad para especies migratorias como el bagre.
Para definir las zonas a destinar los recursos, en lugar de priorizar áreas con base en especies emblemáticas como el jaguar o el delfín de río, que tienen distribuciones muy amplias, los especialistas del Inabio se basaron en información de especies que habitan en espacios reducidos y por lo tanto son vulnerables a cualquier cambio en su entorno.
Entonces, seleccionaron las características para algunas especies de reptiles, anfibios, aves, vertebrados terrestres, árboles, plantas y especies acuáticas. También se tomaron en cuenta plantas de gran utilidad para las comunidades indígenas.
Con la ayuda de una serie de herramientas tecnológicas y software, se realizaron modelos predictivos de la distribución de las especies de interés, con base en la información de las colecciones científicas, la información de su historia natural y de las formaciones vegetales que existen para la Amazonía ecuatoriana.
El modelamiento generó cientos de mapas por cada especie. Los analistas, con base en la evidencia estadística y el conocimiento de la biología y ecología de la especie, seleccionaron el mapa correcto para cada una de ellas. Posteriormente los mapas de cada grupo taxonómico se pusieron a discusión de expertos para su validación.
Este trabajo reveló que la Cordillera del Cóndor y la Cordillera del Kutukú, ambas en el sur de la Amazonía, “son impresionantemente ricas y de gran endemismo”, de acuerdo con Prieto. Estos macizos están amenazados por grandes concesiones mineras, pero también por la minería ilegal. La parte baja de la provincia de Pastaza, el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Faunística Cuyabeno y el Sumaco están entre las áreas que también deberían ser priorizadas.
El siguiente paso, según explica Prieto, es ir a cada uno de esos territorios, conocer sus particularidades y articular el trabajo con los pueblos indígenas, con los gobiernos locales y con el sector productivo. “Para nosotros, el portafolio de conservación no puede realizarse sin el apoyo de las comunidades”, afirma.
Prieto resalta que en Ecuador “existe una gran brecha de información de la biodiversidad”, por lo que es “fundamental que se fortalezca la generación de conocimiento de los diferentes actores para una adecuada toma de decisiones”.
Galo Medina, de TNC, cuenta que la información sobre biodiversidad se complementó con un estudio socioeconómico de la Amazonía. Ninguno de los dos informes ha sido publicado todavía en el sitio web del Fondo BCA.
2025, el periodo de operacionalización
En el primer semestre de 2025, se trabajará en conformar al equipo de trabajo y en desarrollar los documentos necesarios que establezcan las directrices para el funcionamiento del Fondo, detalla Medina.
De acuerdo con el plan de trabajo del Fondo, el primer paso será completar la junta directiva, cuyos cargos serán ad honorem y que estará integrada por nueve personas. Tres de ellas serán representantes del Ministerio de Ambiente, Cancillería y Ministerio de Producción. Las otras seis serán representantes de la sociedad civil.
Hasta el momento, figuran Galo Medina, como director de TNC; el director de Wildlife Conservation Society Ecuador, Sebastián Valdivieso, como director de organización internacional; y la directora ejecutiva de la Fundación Ecociencia, Carmen Josse, como directora de organización local. A ellos se sumarán en cargos también de dirección un representante de la academia ecuatoriana, un experto en finanzas y un representante de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
A los miembros de la CONFENIAE les preocupa a quién se designará para este cargo, de acuerdo con el dirigente que no reveló su identidad para este artículo, y quien opina que la persona elegida debe ser parte de la estructura de la Confederación. “Puede convertirse en otro proceso político, como ha sucedido con la Circunspección Territorial Amazónica, en donde también se supone que tenemos un representante que hasta hace poco era de la estructura de la CONFENIAE”, dice.
Como parte del proceso de operacionalización, se definirán las áreas a incluir en el plan de conservación, con base en la información entregada por el INABIO. “En el caso del Parque Nacional Yasuní, tan conocido por su riqueza, los recursos para su administración y manejo no llegan ni siquiera a la mitad de lo que se requiere. Se espera que el biocorredor pueda aportar. Las necesidades son muchas”, reconoce.
En el segundo semestre del año, se planifica tener todo listo para lanzar las primeras convocatorias para que organizaciones no gubernamentales y gubernamentales apliquen a los recursos que entregará el Fondo.
Números del biocorredor
¿Cómo se distribuirán los fondos destinados al biocorredor? Medina explica que 19 millones anuales por 17 años financiarán el Biocorredor. Otros 4.5 millones de dólares anuales serán invertidos en un fondo patrimonial que se espera que genere unos 60 millones de dólares en rendimientos adicionales. Al sumar el capital más lo invertido, el Fondo BCA recibirá un total de 460 millones de dólares. “El objetivo de ese fondo es asegurar que las actividades de conservación se puedan mantener”, añade el MEF.
De los 19 millones anuales, el 40 % se destinará a proyectos para el sector gubernamental, el 45 % para la sociedad civil y hasta el 15 % para costos administrativos. Es decir, para el manejo de los recursos, TNC manejará alrededor de 2.85 millones de dólares anuales durante 17 años.
“Quienes tenemos interés en la Amazonía, queremos que el proceso funcione bien, que se sepa cuando hay convocatorias, que haya rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos”, asegura el director de TNC.
Mientras tanto, organizaciones como la CONFENIAE y Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) se mantendrán vigilantes sobre el manejo del Fondo. “Vamos a solicitar información con respecto al tema financiero”, dice Eva Martínez, abogada especialista de Derechos Humanos y coordinadora del programa de Justicia Económica de CDES.
Esta organización también le dio seguimiento al canje de deuda por Galápagos y al encontrar que no hubo participación de la sociedad civil de las islas en el proceso, sus miembros presentaron un reclamo al Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los entes involucrados en ambos canjes. Consiguieron que se incluya en la junta de Galápagos Life Fund, el ente administrador de ese fondo, a un representante de las organizaciones locales.
Mongabay Latam solicitó información sobre el Fondo Biocorredor Amazónico a la dirección de comunicación del MAATE, pero no recibió respuesta.
Foto principal: Una ceiba se destaca sobre el dosel en la Amazonía ecuatoriana. Foto: Rhett Ayers Butler
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