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Perú sopesa deportar a un defensor del bosque tropical tras 20 años en el Amazonas

¿Quizás el problema es la motocicleta?

Muy pocas veces en la vida se puede llegar a ver a un sacerdote en motocicleta. Aún menos común es ver a ese mismo sacerdote saliendo disparado de una sesión de formación sobre REDD y sobre ley forestal en dirección a su escuela para jóvenes indígenas situada en el corazón del Amazonas, junto a una prisión y más abajo del centro en continuo crecimiento de la ciudad de Iquitos, en Perú.



Quiero presentarles al hermano Paul McAuley. Con una camisa abotonada de rayas pulcramente metida por dentro del pantalón y collares de semillas alrededor del cuello (para los gringos), este hombre es uno de los individuos más francos cuando se trata de hacer campaña por los derechos indígenas en Perú.



Y tras 20 años, el Gobierno peruano ha decidido finalmente que ha tenido suficiente: quiere que el presunto agitador se vaya a casa, a su Gran Bretaña natal y lo ha acusado de “destruir los valores democráticos” al incitar a los grupos indígenas en la zona a luchar por sus derechos legales, explicándoles los daños potenciales de la explotación petrolífera y de la tala, y educándoles sobre el poder que tienen para influir en el proceso de toma de decisiones del Gobierno.





Cortesía de Survival

Por supuesto, “casa” es un término relativo. Tras 20 años, uno se podría preguntar exactamente qué es lo que McAuley considera su “casa” actualmente. Y si educar a la gente sobre sus derechos es un ejemplo de incitación a los disturbios, entonces el hermano Paul dista de disculparse. Como declaró a la BBC:



“A la educación se la acusa a menudo de incitar a la gente a entender sus derechos, a ser capaces de organizarse a sí mismo para asegurar sus derechos humanos… Si eso es un crimen, entonces sí soy culpable. Como miembro de una orden católica, mi vida ha estado dedicada a la educación humana y cristiana”.



El 11 de Junio del 2010, el Gobierno de Perú dictó una resolución ministerial cancelando su residencia sin razón y sin opción a apelar. Como respuesta, McAuley organizó una defensa legal que dio como resultado una negociación de la resolución y la continuación de su residencia en Perú. Tras ganar esta batalla temporalmente, McAuley comenzó el proceso de prolongación de su residencia legal, solo para tropezarse con una nueva y más sutil forma de resistencia. Un procedimiento que debido los 20 años de residencia se habría resuelto en cuestión de horas, está todavía en proceso, después de que se presentase el día 9 de agosto.



Ha habido una fuerte reacción local e internacional en contra de la situación de McAuley. Se ha organizado de todo para apoyar al hombre que se ha convertido en una parte integral de esta comunidad, desde protestas públicas a ofertas de matrimonio locales. En una reciente carta al Gobierno peruano firmada por 15 organizaciones, incluidas Amazon Watch, el Centro de Legislación Ambiental Internacional (CIEL), Rainforest Foundation y Survival International, los grupos expresaron su “(…) profunda preocupación por los potenciales motivos políticos tras los desafíos y retrasos en el proceso de renovación de la residencia. [Existe la preocupación] de que sea un intento de expulsar del país al hermano Paul McAuley mediante la acción administrativa, sin las debidas garantías procesales. [Este caso se ve] en un contexto de preocupación acerca de la limitación de la libertad de pensamiento, expresión, asociación, asamblea y movimiento en Perú y el derecho a defender los derechos humanos (…)”.



La batalla de McAuley es solo una pieza del rompecabezas. Perú tiene más de 65 millones de hectáreas de bosques tropicales amazónicos, de las cuales 9 millones de hectáreas están cubiertas por territorios indígenas registrados en varias regiones a lo largo del Amazonas.




Emisiones de carbono anual proveniente de la deforestación y degradación elaboradas a partir de las imágenes de series temporales CLASlite y los datos de LiDAR. La imagen es cortesía de Asner et al. 2010. Haga clic en la imagen para ampliarla.

Desde el año 2000, Perú ha estado actualizando y cambiando sus leyes forestales. Las nuevas leyes buscan establecer planes de gestión obligatorios para todas las actividades de cosecha, redefinir las clasificaciones de las tierras y buscan caracterizar los “bosques” mediante el valor económico. Los actuales sistemas de permisos para la extracción de madera a menudo promueven el comercio ilegal de madera al crear contratos jurídicamente vinculantes entre las comunidades indígenas y las compañías madereras que tienen conexiones con prácticas de tala ilegal. La extracción de petróleo y minerales prolifera todavía destruyendo franjas del Amazonas impunemente; mientras la tierra puede que pertenezca a los indígenas, los productos de la tierra, sin duda alguna, no. De momento, la gente está luchando contra la falta de transparencia por encima de las otras cuestiones. Mientras que los sistemas legales implementados pueden tener consecuencias destructivas, el resultado de no estar informados de su existencia o de que se les prohíba la participación es incluso más alarmante.



La gente está indignada con las actuales prácticas, y la idea de otro Bagua está empezando a calar fuertemente en la mente de la gente. McAuley es una de las piezas clave de un panorama mucho más amplio. Por el momento, se cuestiona su residencia, un hecho que no evitó que participase en una reciente reunión del subcomité sobre la nueva ley forestal de Perú, una ley que, si se aprueba, puede resultar una amenaza más para los derechos de los indígenas a la tierra y a los recursos. Paul McAuley está intentando ayudar a la gente a entender lo que está ocurriendo en sus propias vidas y darles algún mecanismo para recuperar el control. Y, dadas las circunstancias, amenazar con exorcizar a un hombre por sus declaraciones públicas en contra de la falta de transparencia parece, de hecho, curiosamente transparente.