Los bosques que abarcan un área más grande que Costa Rica — 5.6 millones de hectáreas (13,8 millones de acres)– han sido entregados por el gobierno de Papua Nueva Guinea a empresas extranjeras, principalmente para la tala. Concedidas bajo acuerdos gubernamentales conocidos como Special Agricultural and Business Leases (SABLs por sus siglas en ingles y Arrendamientos Especiales para la agricultura y las empresas la traducción a español), el arrendamiento de tierras eludi las leyes fuertes de la nación sobre la propiedad comunal de la tierra. Ahora, la Asociación de Biología Tropical y Conservación (ATBC por sus siglas en inglés), la mayor organización profesional dedicada al estudio y conservación de los bosques tropicales, está instando al gobierno de Papúa Nueva Guinea a declarar una moratoria para SABLs.
“SABLs que estaban originalmente destinados para promover el desarrollo agrícola local, han sido utilizados en gran escala en [Papúa Nueva Guinea] para eludir las reformas forestales mediante la concesión de prolongadas (a menudo de 99 años) arrendamientos de tierras, sobre todo a las empresas extranjeras o multinacionales”, declaro ATBC en una resolución.
SABLs se han concedido sin el permiso de la comunidad local, y, en algunos casos, incluso sin el conocimiento de la comunidad, una violación directa de la propiedad de las tierras comunales de Papua Nueva Guinea.
Una vez que se concede un SABL, los permisos para iniciar la tala, acertadamente conocidos como “Forest Clearing Authorities” (Autoridades para Talar el Bosque), son entregados por el Servicio Forestal Nacional de Papua Nueva Guinea. En la actualidad casi la mitad de la superficie cubierta por SABLs — 2 millones de hectáreas (cerca de 5 millones de acres), ya han recibido autorización para desmonte. De acuerdo con la ATBC gran parte del bosque en el tajo “es de notable significación biológica y cultural”.
“Estas autoridades de tala promoverá la explotación de los bosques nativos por parte de intereses extranjeros sin que tengan que cumplir con las regulaciones existentes en materia forestal”, dice el ATBC, y agregó que SABLs son “un claro intento de eludir los esfuerzos de reforma vigente [Papúa Nueva Guinea] de la industria forestal, que ha sido durante mucho tiempo plagado de denuncias de una gobernanza débil y mala administración”.
Antes de que las comunidades forestales sean alienadas de sus tierras tradicionales, socaven la diversidad biológica y los servicios proporcionados por el ecosistema forestal sean severamente disminuidos, ATBC dice que el gobierno debe poner una moratoria sobre la concesión de SABLs al otorgamiento de nuevas autorizaciones para limpiar los bosques. Además, existentes SABLs y las Autoridades para Talar el Bosque deben ser sometidos a una “revisión exhaustiva, transparente e independiente”.
En su resolución, ATBC señala que no está tratando de socavar el “objetivo urgente” de Papua Nueva Guinea para reducir la pobreza en el país, pero que esos esfuerzos deben tener cuidado de “explotación predatoria industrial de los bosques del país, las tierras y otros recursos naturales, que demasiado a menudo no logran producir beneficios justos o equitativos para la mayoría de [Papúa Nueva Guinea] los ciudadanos”.
Hasta la fecha, Papua Nueva Guinea había tenido el acometido de evitar la deforestación masiva, y de esta manera conservar uno de los últimos grandes bosques fuera del Congo y el Amazonas. Sin embargo, un estudio de 2009 encontró que entre 1972-2002, casi una cuarta parte de los bosques del país se han perdido o han sido degradados debido a la tala.
Un gráfico por mongabay.com.