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La moratoria aplicada en Indonesia menoscaba los intereses de la comunidad forestal a favor de los de las industrias

Señal en un árbol de la selva tropical para disuadir de las actividades de tala ilegal en Borneo, Indonesia. Foto de Rhett A. Butler.
Señal en un árbol de la selva tropical para disuadir de las actividades de tala ilegal en Borneo, Indonesia. Foto de Rhett A. Butler.


Según afirman grupos ecologistas, la moratoria indonesia a las nuevas concesiones en áreas de bosque primario y zonas de turbera “ignora completamente” la existencia de licencias de gestión forestal en manos de la comunidad, lo que debilita los esfuerzos realizados para mejorar la sostenibilidad del sector forestal de Indonesia y garantizar que los beneficios del uso de los bosques lleguen a la población local.



De acuerdo con Greenomics-Indonesia, ONG con sede en Yakarta, las licencias forestales que poseen la comunidad y las aldeas no figuran entre las muchas exenciones que dictamina la instrucción presidencial que define la moratoria. El instructivo, que vio la luz en mayo, concede exenciones a empresas industriales y permite actividades tradicionales relacionadas con la industria de la pulpa y el papel, la minería y el aceite de palma en bosques secundarios.



“Las únicas exenciones que contempla el instructivo presidencial están vinculadas a las grandes empresas. En realidad, las licencias para el desarrollo forestal de las comunidades y aldeas se deberían haber priorizado a la hora de conceder las exenciones a la moratoria, especialmente porque se trata de actividades que no dañan el medio ambiente”, declara Elfian Effendi, director ejecutivo de Greenomics. “Esto demuestra, sin lugar a dudas, que el instructivo presidencial se preocupa fundamentalmente por promocionar los intereses de las grandes empresas”.



A diferencia del desarrollo de plantaciones industriales, la minería o la tala, los sistemas de gestión forestal de las comunidades locales de Indonesia no suelen provocar la deforestación. Por ejemplo, los “bosques del pueblo” de la isla de Java, están rebrotando por primera vez en muchas generaciones. Dada la importancia que tiene la propiedad forestal, a las comunidades de Java les interesa la reforestación para la producción maderera y por otros muchos beneficios que les brindan los bosques.



Selva tropical del Parque Nacional de Gunung Palung, en Kalimantan occidental, Indonesia. Foto de Rhett Butle, marzo de 2011.

La deforestación que llevan a cabo los minifundistas de Indonesia suele estar provocada por la inseguridad que tienen en la teneduría de las tierras: cuando los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades no son claros, estas carecen de grandes incentivos para oponerse a la tala ilegal o para desarrollar una gestión forestal a largo plazo. Esta tendencia, que ha contribuido a que se abandone el sistema de administración forestal tradicional en muchas áreas, ha desembocado en la devastación a gran escala de la riqueza de los ecosistemas de los bosques de Indonesia.



Por el momento, el problema se ha visto agravado a causa del sistema actual a la hora de adjudicar las concesiones forestales. La mayoría de los bosques de Indonesia pertenecen al Estado, que históricamente ha otorgado grandes concesiones –a menudo sobre terrenos de miles de hectáreas- a empresas que se dedican a la tala. Así, las comunidades locales salen perdiendo en gran medida y algunos ven una oportunidad en la tala ilegal.



Según Effendi, ahora que ha sido articulada de forma oficial, parece que la moratoria simplemente amplia el status quo.



Benth Gingold y Fred Stolle, de World Resources Institute, están de acuerdo en que “la mayor debilidad del decreto es la falta de exenciones de permisos forestales para la comunidad”.



Beth Gingold and Fred Stolle of the World Resources Institute agree that “the omission of an exemption for community forestry permits… is a major weakness in the decree.”



Gingold y Stolle apuntan en su análisis de la moratoria que “la gestión forestal y el control por parte de las comunidades locales ha demostrado ser una estrategia efectiva a la hora de lograr una gestión forestal sostenible y logar un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y de desarrollo medioambiental”.




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