Después de una represión policial contra activistas indígenas, el presidente boliviano Evo Morales suspendió el proyecto de una extensa carretera a través de bosque tropical húmedo amazónico. La reacción de la policía—que incluyó usar gas lacrimógeno y acorralar a los manifestantes en masa, y que fue acusada de emplear violencia—dio como resultado que varias funcionarias renunciaran en protesta por la forma en que el gobierno manejó todo esto. Algunos indígenas marcharon 498 kilómetros, desde la Amazonía hasta La Paz, para solidarizarse contra el camino, y declararon que no habían sido consultados y que el proyecto destruiría vastas áreas de bosque tropical biodiverso.
El presidente Morales dijo por televisión que cedería la decisión sobre los proyectos para el camino a los dos departamentos afectados, Cochabamba y Beni. Condenó la acción de la policía contra los manifestantes—mayormente indígenas y universitarios—y afirmó que se investigaría el asunto. Aun así, las funcionarias del gobierno de Morales dimitieron en protesta por la represión.
Ayer, la ministra de defensa, Cecilia Chacón, renunció después de su desacuerdo con la decisión gubernamental de dispersar a los marchistas conforme se acercaban a La Paz. Hoy, María René Quiroga, directora de inmigración, renunció después de calificar la reacción del gobierno de ‘imperdonable’, informa Voice of America. Cuando 1.000 marchistas se aproximaban a La Paz, la policía anti disturbios intentó desbaratar la marcha y obligó a los manifestantes, con gas lacrimógeno y porras, a subirse a buses. Los manifestantes alegan que la policía anti disturbios usó ‘violencia extrema’ contra ellos y corrió el rumor de que un infante fue asesinado.
En respuesta, los manifestantes bloquearon caminos con fogatas y llantas ardiendo para cerrar el aeropuerto al que fueron llevados cuando se los acorraló.
“No entendemos la actitud brutal de la Policía”, Rafael Quispe, uno de los líderes de la protesta, le dijo a AFP; “no entendemos la actitud del Gobierno que ha actuado de esa manera. Es un Gobierno que dice ser indígena y ha arremetido contra los indígenas”.
Los funcionarios se echan la culpa unos a otros y ninguno admite haber ordenado a la policía que disperse la marcha.
Los pueblos indígenas se han estado oponiendo al proyecto por décadas pues la carretera de 300 kilómetros está diseñada para atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una reserva de 11.900 kilómetros cuadrados que ostenta niveles excepcionales de biodiversidad de bosque tropical húmedo. Indígena él mismo, Morales suele usar su origen para apelar a los bolivianos, ya que 3 de cada 5 personas en Bolivia son de extracción indígena. Sin embargo, tratándose del tema del camino, les dijo a estos pueblos que sería construido pese a su oposición.
Morales ha cruzado una tenue frontera entre desarrollo económico y el cumplir con su promesa de proteger a los grupos indígenas y salvaguardar su medio ambiente.
Los críticos sostienen que la carretera haría poco por los bolivianos, que solamente beneficiaría al Brasil como ruta hacia el Pacífico. El camino recibió cientos de millones en préstamos del banco de desarrollo del Brasil, BNDES, y su construcción está a cargo de OAS, una empresa brasilera de construcción.
The Guardian informa que la ministra de defensa Chacón, en su carta de renuncia, escribió: “¡No es así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera.”
