Árbol talado ilegalmente en Indonesia. Foto por: Rhett A. Butler.
La tala ilegal nunca fue prioridad para quienes investigan crímenes pero, según un nuevo informe del Banco Mundial, debería serlo. La epidemia de tala ilegal que se extiende por el mundo está diezmando los recursos naturales, poniendo en riesgo la biodiversidad, dando lugar a emisión de carbono y socavando los medios de sustento de pueblos indígenas y locales. Mas, así de problemáticos son los fondos lucrativos de estas ganancias mal habidas: las mayores organizaciones criminales sacan de $10 a 15 mil millones al año de la tala ilegal y en gran medida emplean los fondos para incitar a la corrupción.
“Tenemos que combatir el crimen organizado en la explotación maderera ilegal de la misma manera en que perseguimos a los traficantes de drogas o a los mafiosos,” dijo Jean Pesme, Gerente del equipo de integridad de los mercados financieros del Banco Mundial, el cual elaboró el informe titulado Justicia para los bosques: Mejora de las iniciativas de justicia penal para combatir la explotación maderera ilegal.
Conforme al Banco Mundial, cada dos segundos, la explotación maderera ilegal deforesta una extensión de bosque del tamaño de una cancha de fútbol. La práctica criminal está tan extendida en algunos países que el 90 por ciento de su deforestación se debe a la tala ilegal; estas cifras implican que muchas naciones económicamente pobres, aunque ricas en bosques, no solamente pierden sus recursos naturales sino la oportunidad de obtener ingresos de la tala inescrupulosa.
Madera de bosque tropical húmedo en un puerto en Gabón. Foto por: Rhett A. Butler. |
Hasta ahora la lucha contra la tala ilegal fue mayormente preventiva pero el informe dice que la sola medida preventiva no ha podido frenar el embate. Debería complementársela más bien con un nuevo aliento por investigar, procesar y condenar a criminales del más alto nivel y a quienes los facultan a ese mismo nivel.
“Las operaciones de [tala] ilegal a gran escala las realizan redes criminales sofisticadas; las acciones para aplicar la ley deberían enfocarse en los ‘cerebros’ detrás de estas redes—y en los funcionarios corruptos de alto nivel que las habilitan y protegen,” de acuerdo al informe; el cual arguye que en lugar de enfocarse en quienes talan árboles—muchos de ellos obligados por la pobreza—se debería seguir el rastro del dinero hasta la cima.
A quienes operan el sistema legal se les recomienda, entre otras cosas, desarrollar una estrategia doméstica de justicia penal contra la tala ilegal, mejorar la cooperación entre naciones, trabajar con el sector privado y ONGs, e incluir las mejoras en la justicia penal en los paquetes de desarrollo. Dichos/as operarios/as deberían emplear estrategias en el terreno, como vigilancia, protección a testigos y operaciones encubiertas. Además, una de las mejores formas de atrapar a criminales de alto vuelo es enfocarse en el lavado de dinero.
“El sistema de justicia penal debería ser parte integral de cualquier estrategia equilibrada y organizada de lucha contra el crimen forestal,” se lee en el informe.
El informe también encomia a los Estados Unidos por su enmienda bipartidista de 2008 al Decreto Lacey, que combate la tala ilegal en el exterior prohibiendo la importación al país de productos de madera ilícitamente talada.
“Otros países deberían aprobar legislación doméstica similar, criminalizando la importación de madera ilegal y cubriendo una brecha importante en la ley internacional,” se dice en el informe.
No obstante, el Decreto Lacey está siendo atacado por grupos del movimiento Tea Party y por políticos estadounidenses opuestos a regulaciones debido a una investigación a la empresa de instrumentos, Gibson Guitars, por su supuesta importación de productos de madera ilícitamente talada de Madagascar y de madera sin procesar de la India, y que alega, por ende, que violaron el decreto. Aun así, el Decreto Lacey es señalado como factor importante detrás de la reciente reducción mundial de la tala ilegal.
En la actualidad, UE está considerando legislación similar al Decreto Lacey de los EE.UU.