Madera cortada del Río Ucayali en Perú. Foto por Toby Smith/EIA.
La próxima vez que compre madera, puede que quiera asegurarse que no sea de Perú. De acuerdo a un nuevo informe en profundidad de la Environmental Investigation Agency (EIA, Agencia de Investigación Ambiental), el comercio de madera ilegal está en auge en la Amazonia peruana y mucha de la madera está siendo exportada a los EE.UU. Siguiendo el rastro laberíntico de la explotación ilegal de madera desde los bosques devastados de la Amazonia peruana a los depósitos de los EE.UU., la EIA identificó más de 112 envíos de cedro y caoba de hoja ancha ilegalmente cortados entre enero 2008 y mayo 2010. De hecho, el grupo encontró que más de un tercio (35 por ciento) de todos los envíos de cedro y caoba de Perú a los EE.UU. provinieron de fuentes ilegales, un porcentaje que es probablemente conservador.
“Las autoridades peruanas actualmente tienen poca capacidad para controlar lo que está pasando en sus bosques”, dice el informe, titulado La Máquina de Lavado: Cómo el Fraude y la Corrupción en el Sistema de Concesiones de Perú están Destruyendo el Futuro de sus Bosques. “La corrupción e ilegalidad permanecen como la norma, no la excepción. Los oficiales u oficinas que intentan hacen bien las cosas a menudo tienen sus manos atadas por la falta de recursos tanto fiscales como físicos. Y aquellos que intentan cambiar el sistema son despedidos sumariamente o incluso amenazados con violencia física y, en casos extremos, atacados físicamente”.
La EIA se concentró en dos especies de árboles amazónicos, el cedro (Cedrela odorata) y la caoba de hoja ancha (Swietenia macrophylla), ya que ambas están protegidas bajo la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES por sus siglas en inglés) y por lo tanto requieren documentos especiales para su exportación. Las especies de árboles no regulados simplemente habrían sido imposible de rastrear, y son probablemente cortados y exportados ilegalmente a tasas incluso mayores.
De acuerdo al informe, no es difícil engañar los sistemas regulatorios peruanos o de EE.UU. Los detentores de concesiones forestales informan falsamente cuanto cedro o caoba existe en un área particular y luego usan el número sobreinflado para obtener documentos extras. Los árboles ilegalmente cortados fuera de la concesión, a menudo en áreas protegidas o territorios indígenas, reciben los documentos, haciéndolos aparecer como “legales”.
Lacey y el Libre Comercio
La EIA recibió garantías de los importadores de EE.UU. de que la madera es legal porque viene con los documentos requeridos. Sin embargo, de acuerdo al informe, los oficiales y comerciantes “están perfectamente conscientes del poco sentido que tienen estos documentos”. Aún así, aquellos que importan con conocimiento madera ilegal de Perú podrían enfrentar investigación bajo la enmienda reciente a la Ley Lacey de EE.UU., que convierte en crímen la importación o posesión de productos de madera de fuentes ilegales.
Adicionalmente, en 2007 los EE.UU. y Perú firmaron un Acuerdo de Libre Comercio, dando a los EE.UU. amplio margen para investigar cualquier evidencia de madera ilegal que ingresa a los EE.UU.
“El gobierno de EE.UU. tiene derecho a pedir auditorías o verificaciones y de imponer una variedad de sanciones, incluyendo la demora o negación de los envíos”, dice el informe EIA, pero nota que “se ha hecho poco para hacer cumplir el acuerdo”.
El Grupo Bozovich
El equipo de EIA visita un aserradero que procesa cedro y otras maderas del Bosque Loreto. Foto por Toby Smith/EIA.
La investigación de EIA destacó una corporación maderera en especial: el Grupo Bozovich que tiene compañías de explotación y madera en Perú, México, Bolivia, y los EE.UU. De acuerdo al informe, 70 de los 112 envíos ilegales de madera rastreados por EIA provinieron de la sucursal peruana del Grupo Bozovich, Maderera Bozovich. Adicionalmente, 52 de esos envíos terminaron en la sucursal estadounidense de Bozovich basada en Alabama.
Es de notar que Bozovich EE.UU. tiene algunos productos certificados por el Forest Stewardship Council (FSC), uno de los sistemas líderes en el mundo en certificación de madera. El grupo prohibe la certificación de cualquier madera conectada con extracción ilegal, a pesar de que la organización también ha sido perseguida por críticas a sus prácticas, que incluyen la certificación de corte raso, monocultivos, y compañías ligadas a conflictos locales.
“Existen problemas serios con respecto al origen legal de una porción significativa de los productos vendidos por el Grupo Bozovich, si no necesariamente la madera extraída o exportada bajo las etiquetas FSC” dice el informe de EIA.
En total el informe encontró evidencia de 22 compañías estadounidenses que importan madera ilegalmente extraída de Perú.
Costos
Aunque es raramente una prioridad para los entes de cumplimiento de la ley, la extracción ilegal conlleva un alto costo. De acuerdo al Banco Mundial, en el 2002 el Perú perdió 70 millones de US$ solo en extracción ilegal de madera, incluyendo las pérdidas en ingresos de impuestos, tasas, y el valor de la madera. Sin embargo esos números no incluyen la pérdida de servicios ecosistémicos que la Amazonia provee, como el descenso en la biodiversidad, almacenamiento de carbono, y protección de agua dulce.
Los costos sociales son también altos. La extracción ilegal de madera a menudo lleva al conflicto con los grupos indígenas, y el informe encontró varias ocasiones donde los pueblos indígenas fueron engañados para obtener acceso a la madera en sus tierras.
“Epidemias locales mortales y conflicto violento han resultado del contacto entre los madereros y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, hace notar el informe.
Además, la extracción ilegal de madera es a menudo asociada con otras actividades ilegales, como el trabajo forzado y la esclavitud sexual con las víctimas detenidas contra su voluntad y tratadas violentamente. Muchos temen por sus vidas.
“La industria actual de extracción de madera en Perú es un modelo que no tienen nada que ver con un desarrollo económico serio”, dijo Julia Urrunaga de EIA en un comunicado de prensa. “El costo humano real de estas prácticas ilegales es degradante y horrible”.
La naturaleza sistemática de la extracción ilegal de madera también pone al floreciente programa de REDD+ (Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación forestal) de Perú en duda de acuerdo a EIA, que hace notar que Perú recibirá probablemente alrededor de US$150 millones para reducir emisiones a través de mejor protección del bosque.
“A menos que Perú y sus donantes internacionales reconozcan los fallos sistémicos de gobernanza en el sector forestal y sistema judicial actual, es poco probable que cualquier estrategia REDD sea exitosa”, dice el informe.
Avanzando
El informe recomienda que Perú convierta el problema de la extracción maderera ilegal en una “prioridad nacional” y conduzca una reforma exhaustiva al sistema, que incluya el fortalecimiento de los entes de cumplimiento de la ley para que lidien mejor con la extracción ilegal de madera, apoyen a los grupos indígenas a manejar sus propias concesiones forestales, creen mejores mecanismos para rastrear las maderas, investigen rápidamente cualquier irregularidad, y listen más especies de árboles bajo CITES.
Los activistas hacen notar que Perú parece estar teniendo algún progreso, destacando que los datos del gobierno resultaron esenciales en su investigación.
“Una vigilancia adicional por los entes gubernamentales peruanos está comenzando a demonstrar la extensión del fraude en el sector -y esperamos que también lo esté cambiando”, dijo Andrea Johnson del EIA. “Urgimos a Perú a continuar por la senda de la transparencia y reforma en el cual está encaminado, y llamamos a los gobiernos y compradores a apoyar estos esfuerzos de todo corazón. El futuro de los bosque más maravillosos del mundo depende de esto”.
El gobierno de EE.UU. por su parte debe requerir auditorías de la madera bajo el Acuerdo de Libre Comercio, e investigar las compañías locales, bajo la Ley Lacey, que estén importando con conocimiento madera ilegalmente extraída de Perú.
Hasta mientras, el informe dice que “la madera de Perú debería ser considerada actualmente como de ‘alto riesgo’ por los compradores internacionales con respecto a su legalidad y cumplimiento bajo leyes como la Ley Lacey o la Regulación de Madera de la Unión Europea, o respecto a posibles acciones bajo el Acuerdo de Libre Comercio EE.UU.-Perú”.
Mosaico de deforestación y minería ilegal de oro cerca de la Carretera Transoceánica in Perú. Foto por: Rhett A. Butler.