Ceiba gigante en el bosque húmedo panameño. Foto de Rhett A. Butler
Una disputa sobre la implementación de REDD+ (la iniciativa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en Panamá ha enfrentado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra los muchos y muy numerosos grupos indígenas de ese país. Representados por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), los grupos indios afirman que la ONU no ha cumplido varias promesas relacionadas con REDD+, entre ellas el retraso del pago de 1,79 millones de dólares que habría permitido dar inicio al programa. La disputa, todavía inconclusa, confirma los peligros y las complejidades que conlleva implementar REDD+, especialmente el riesgo de alienar a grupos indígenas que han sido desde antaño los protectores de sus territorios forestales.
“COONAPIP es una organización que tiene un carácter muy particular. Quizás es única en América Latina y sin duda lo es en América Central, pues une a todos los grupos indígenas del país bajo el mismo techo”. Así lo dijo a mongabay Betanio Chiquida, Presidente y Jefe COONAPIP de los pueblos Emberá y Wounaan. Chiquida añadió que COONAPIP trabaja con cada una de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, y con el gobierno panameño que representa intereses indígenas.
De acuerdo con el censo del año 2000, más de un cuarto de millón de indígenas vive en Panamá, con lo que suponen más del 5 por ciento del total de la población. Pero los pueblos indígenas ocupan más del 22 por ciento del territorio panameño, y un 9 por ciento adicional de la tierra pertenece a las municipalidades, por lo que los grupos nativos son actores protagonistas en las cuestiones territoriales.
“Si hablamos de REDD+ en Panamá inevitablemente tenemos que hablar de tierras y territorios indígenas”, dice Chiquida, a lo que añade que los territorios indígenas no han sufrido la degradación de sus bosques primarios entre 1992 y 2008, mientras que otras áreas de propiedad estatal o privada sí que han visto la pérdida de cubierta forestal.
La ONU no está en desacuerdo con la idea de que los grupos indígenas jueguen un papel fundamental en el programa REDD+ en Panamá, o en otros lugares, y se ha referido a COONAPIP como un “actor central” de las negociaciones.
 Deforestación en Panamá. Foto de Rhett a. Butler |
“Para la puesta en marcha de REDD en Panamá, será muy importante asegurarse de que todos los pueblos indígenas y el resto de comunidades dependientes de los bosques en el país, sean informadas adecuadamente sobre REDD, y que puedan participar en las consultas y en el proceso de toma de decisiones”. Así lo dijo a mongabay Pierre-Yves Gueduz, un asesor técnico de UN-REDD en Panamá.
Pero los pueblos indígenas dicen que la ONU prometió a COONAPIP 1,79 millones de dólares para implementar la planificación estratégica del programa REDD+, un compromiso que la ONU, en una carta reciente, niega haber hecho. Sea lo que fuera acordado, COONAPIP esperaba financiación y apoyo por parte de la ONU. Cuando estos no se materializaron a tiempo, COONAPIP se vio obligado a tirar la toalla, según dicen sus portavoces.
“Esta situación fue la causa de que COONAPIP perdiera sus oficinas y su personal técnico a principios de 2012, y llevó a grandes retrasos en la implementación de PEIP [Plan Estratégico sobre el Impacto Político], lo que supuso un duro golpe para la organización”. Así lo informó COONAPIP en una carta dirigida a la ONU.
Al final de la carta, COONAPIP amenaza con “retirarse formal y definitivamente del proceso REDD en Panamá”, si los fondos prometidos no son enviados y si un acuerdo tripartito anterior, entre la organización indígena, la ONU y el gobierno panameño, no es firmado por todos.
Chiquida alega que “el proceso ha estado lleno de inconsistencias” relacionadas con el consenso libre, preventivo e informativo (FPIC por sus siglas en inglés), así como con “las salvaguardias sociales y ambientales”.
“Opinamos que los mecanismos creados por la ONU demuestran que no son aplicables de manera transparente en comunidades de pueblos indígenas”, añade Chiquita.
En respuesta a la carta enviada por COONAPIP, el programa UN REDD ha propuesto una reunión para solucionar la disputa. La ONU admite que “los retrasos, debidos a varios factores, algunos de ellos más allá del control de las agencias de la ONU, han afectado a todas las fases del proyecto, incluyendo aquellas que tienen que ver con los pueblos indígenas”. No obstante, la ONU “reitera su disposición para trabajar conjuntamente con COONAPIP”.
Sin embargo, aún quedan disensiones. La carta de la ONU afirma que no tiene ninguna prueba de que haya un acuerdo de 1,79 millones de dólares, y dice que la persona que supuestamente hizo esa promesa, Vanessa Retana, asesora del Centro Regional del Programa de la ONU para el Desarrollo, de hecho afirmó que “cualquier cantidad específica será definida por las partes en una fecha posterior”.
Cambio forestal en Panamá, 2001-2010. Haga clic para agrandar la imagen.
Otros obstáculos adicionales, tales como la estructura única de la COONAPIP y su falta de estatus legal, han minado e indudablemente alargado el proceso. En la actualidad, COONAPIP no cumple con los requerimientos legales necesitados para obtener financiación de la ONU. Así y todo, la ONU otorgó 35.000 dólares para la oficina del grupo, aunque esa cantidad supone menos del 2 por ciento de los supuestamente prometidos 1,79 millones.
La disputa, no obstante, va mucho más allá de la financiación. Los pueblos indígenas de todo el mundo temen ser pisoteados por el proceso de REDD+, como ya ha sucedido con muchas otras iniciativas nacionales e internacionales en el pasado. Por su parte, la ONU está tratando de incluir a los pueblos indígenas en el proceso, pero afirma que debe hacerlo según sus propios términos. Empeora la situación es el hecho de que COONAPIP y el gobierno panameño hayan colisionado recientemente sobre otros temas, lo cual ha disminuido la confianza entre los inversores del programa REDD en Panamá.
Chiquida dice que el gobierno debería “dejar de hablar y comenzar a trabajar conjuntamente con los pueblos indígenas, asegurando la legalidad de los territorios que aún no ha sido reconocida”.
Si se implementa correctamente, REDD+ no solo sería una bendición para los bosques húmedos y su conservación, sino que también proveería fuentes innovadoras de ingresos para cientos de grupos indígenas de todo el mundo, muchos de los cuales han sido oprimidos, marginados y alienados durante largo tiempo.
“[REDD+] podría general significantes beneficios sociales y ambientales para los pueblos indígenas”, concluye Chiquida, “o podría resultar en graves riesgos para la seguridad legal de los territorios y tierras indígenas”.
Nadie esperaba que implementar REDD a escala global fuera fácil, pero un proceso ya difícil de por sí ha sido empeorado por problemas que podían haber sido evitados. La financiación prometida no se ha materializado por parte de muchas naciones industrializadas, mientras que la atención global se ha desviado a la crisis económica, a expensas de la lucha a favor del clima y el medio ambiente, creando retrasos y comprensible frustración. Mientras tanto, los bosques continúan cayendo y los grupos indígenas esperan poder negociar cuál será su papel en las labores de protección.
Actualización del 3 de septiembre de 2012. Las cartas mencionadas en este artículo están disponibles en REDD-Monitor.