Una valla separa a los habitantes locales de sus tierras en Liberia, donde Sime Darby ha plantado una discutida plantación de palma de aceite. Foto cedida por La Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI).
La inversión en compañías que violan los derechos de las comunidades locales en países en vías de desarrollo, a menudo desemboca en graves pérdidas económicas, según un nuevo informe de La Iniciativa para los Derechos y los Recursos (RRI). La creciente tendencia al “acaparamiento de tierras”, desde África hasta Sudamérica, de corporaciones e incluso de gobiernos conlleva a la inestabilidad social y puede desencadenar protestas a gran escala, violencia e incluso asesinatos, retrasando y, a veces, arruinando proyectos. Dicha inestabilidad supone grandes riesgos para cualquier inversor, sin mencionar el apoyo a empresas acusadas de ignorar los derechos humanos.
“Si observamos a las compañías involucradas en adquisiciones de tierras internacionales, nos encontramos con que experimentan una impresionante cantidad de daños financieros, yendo desde un enorme incremento de los costes operativos —hasta 29 veces por encima de una hipótesis de base normal— hasta el abandono de operaciones funcionales cuando se ignoran los derechos tradicionales locales ya existentes” explicó Lou Munden, Director Ejecutivo de The Munden Project, que ha elaborado el informe para el RRI.
El estudio señala un número de casos reales en los que las compañías han reducido su propio desarrollo por ignorar los derechos locales de las tierras, tales como, el gigante de minas Vedanta en India, SN Power en Chile, la compañía de combustibles SEKAB en Tanzania y la productora de aceite de palma Sime Darby en Liberia. En estos casos, las compañías no consultaron a los lugareños y, a menudo, ignoraron el impacto medioambiental mientras que los gobiernos locales autorizaron los controvertidos proyectos.
“Es una pena ver que gobiernos nacionales todavía apoyan modelos de desarrollo que fallan, especialmente con evidencias tan contundentes. En esta ecuación, la estabilidad política, la democracia y los beneficios económicos a largo plazo, a menudo, se sacrifican por dinero en efectivo a corto plazo” dijo Andy White, coordinador de RRI, y añadió que “es todavía más asombroso cuando, además, los inversores también fracasan en su avance.”
Un segundo estudio de RRI advierte que parece que la historia se repite otra vez en Myanmar, que recientemente ha abierto sus puertas un poco más a la comunidad global. Sin embargo, el conflicto de tierras está extendido en el estado del norte de Kachin donde los ciudadanos han manifestado su oposición a los proyectos de minas, de tala e hidroeléctricos en sus tierras.
El conflicto en el norte de Myanmar, como otros muchos alrededor del mundo, tiene sus raíces en los derechos de la tierra y los recursos, incluyendo los derechos de los bosques de la comunidad” dijo Maung Maung Than, coordinador del proyecto para RECOFTC (El Centro para la Gente y los Bosques). “El liderazgo de gobiernos pasados de Myanmar comenzaron una carrera por vender nuestros recursos naturales y nuestra subsistencia sufrió un daño colateral en el proceso. A medida que nuestro país se abra al mundo exterior, necesitamos mantener nuestro objetivo de reducir la pobreza, no de incrementarla.”
Invertir en esos proyectos puede que no sólo dé como resultado pérdidas financieras, además dan respaldo a las violaciones de los derechos humanos, incluso a los asesinatos. Los activistas que claman en contra de la apropiación de tierras, se enfrentan no solo a la prisión y al acoso, sino que llegan hasta la muerte en algunos países.
El año pasado, un activista camboyano, Chut Wutty, murió de un disparo hecho por la policía militar mientras acompañaba a unos periodistas a lugares de tala en el país. Un periodista, que cubría la tala ilegal, también fue encontrado muerto en el maletero de su coche en Camboya. Otros asesinatos notorios de activistas ocurrieron el año pasado en Filipinas, Brasil, México y Laos.
Tales conflictos ocurren continuamente alrededor del mundo. Una gran plantación de palma de aceite en Camerún explotada por Granjas Herakles, de origen norteamericano, se ha enfrentado recientemente a una reacción y a protestas de la comunidad que han llevado al arresto de los líderes de las protestas. La construcción de la represa de Belo Monte en Brasil ha sido interrumpida en numerosas ocasiones por ocupaciones indígenas, quienes han estado luchando contra la propuesta de la represa por décadas.
“Cuando se violan los derechos de las tierras comunitarias, cada uno de los involucrados asume un gran riesgo, desde el gobierno local y nacional hasta las empresas privadas e incluso su cadena de suministros” dijo Jeffrey Hatcher, director de programas globales de RRI. “Respetar y asegurar los derechos de las tierras locales minimizan riesgos. Esto parece una propuesta para los gobiernos y los negocios”.
