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El conflicto de la minería en Colombia pone de relieve la confusión en la legislación

Colombia se sitúa en contra de la corporación multinacional que exigía sanciones a los funcionarios de medioambiente.

Las autoridades colombianas han dictaminado que los funcionarios locales de medioambiente actuaron de forma correcta al ordenar al gigante de la minería sudafricano, AngloGold Ashanti, que detuviera su trabajo. Esta es la decisión tomada después de que la empresa multinacional exigiera una sanción para los funcionarios.



Cortolima, la autoridad responsable del medioambiente en la región de Tolima en el centro de Colombia, impidió que AngloGold llevara a cabo actividades de exploración sin autorización en el distrito de Piedras, en Tolima, en marzo. El gigante minero fue descubierto perforando en un acuífero de alta importancia cultural. La multinacional espera utilizarlo como parte del proceso de cianuración para su mina La Colosa, a unos 100 quilómetros en el municipio montañoso de Cajamarca.



La empresa minera respondió el 8 de mayo exigiendo que se sancionara al oficial jefe de los asuntos jurídicos de Cardoso y Cortolima, José Francisco Montufar. Aseguraron que Cortolima había abusado del principio de precaución, había basado su decisión en datos falsos y había ignorado la información proporcionada por la empresa con anterioridad. También amenazaron con emprender acciones legales contra las autoridades medioambientales.



La contralora del país, Sandra Morelli, es la responsable de la supervisión de los recursos nacionales, y su contralor delegado, Mauricio Cabrera Leal, visitó Piedras y la Mina La Colosa el 30 y el 31 de mayo. Cabrera Leal dictaminó que la suspensión de las actividades de AngloGold en Cortolima se había llevado a cabo de acuerdo con la legislación y en cumplimiento de las responsabilidades de la institución.



AngloGold prevé que La Colosa sea la mayor mina de oro de América Latina. Sin embargo, la empresa no ha conseguido obtener acceso a agua cerca del lugar para llevar a cabo la cianuración que separa el oro de las rocas extraídas. La intención de los diseñadores del proyecto es transportar las rocas pulverizadas desde la mina a través de un “mineroducto” de 98 quilómetros hasta un territorio del que dispone la empresa en Doima, cerca de Piedras. Su propiedad yace cerca del punto de confluencia de los ríos Doima y Camao, cuya hidrología ha sido alterada por la empresa de forma ilegal, y sobre el acuífero de Piedras que es frágil desde un punto de vista medioambiental y que AngloGold exploró de forma ilegal.




El territorio de Piedras se caracteriza por extensos campos para cultivar arroz y pastar y por tramos de palmeras y de bosques latifoliados. Foto de: Robin Llewellyn.


Las aguas del Doima y el Camao fluyen hacia el Río Opia que atraviesa el propio pueblo de Doima, tal como hace el acceso por carretera a las propiedades de la empresa. Los habitantes del pueblo bloquearon esta ruta hacia AngloGold en enero, y las casas y los negocios de la zona lucieron pancartas de oposición al proyecto de cianuración. La empresa respondió pidiendo al juez local que suspendiera al alcalde de Piedras, Artimides Ávila, por no retirar el bloqueo y asegurar la libertad de movimiento de sus trabajadores.



Los habitantes locales mantienen la vigilancia en la entrada al pueblo, haciendo aparcar a los coches extraños e interrogando a sus conductores. Los manifestantes afirman que no se han observado actividades de la empresa desde las órdenes de Cortolima contra AngloGold, pero la policía montada enviada al pueblo por el gobernador de Tolima sigue allí.



Según el encargado de comunicación de la empresa, Chis Nthite: “Se pidió, por lo tanto, al alcalde de Piedras que garantizara la libertad de movimiento puesto que es el deber constitucional del distrito. Sin embargo, tras la negativa de ceder a esta petición, no tuvimos más opción que presentar esta demanda al juez local»



Según parece, el alcalde de Piedras está preparando la celebración de un referéndum para decidir si se debe prohibir la minería en todo el distrito. Se espera que las votaciones tengan lugar en septiembre. Ya ha habido referéndums y prohibiciones de la minería y otros lugares de Colombia, entre ellos la totalidad de la sub-región del Suroeste Antioqueño, que planea votaciones en contra de la minería.



Sin embargo, como respuesta, el gobierno central aprobó el 9 de mayo el Decreto 934, y declaró que los referéndums locales y las prohibiciones municipales no tienen validez legal, ya que la minería es una competencia del gobierno central. La Ciudad de Bogotá pondrá a prueba esta afirmación en el Juzgado Constitucional en los próximos tres meses. Ésta ha señalado el Artículo Constitucional 313 que autoriza a los gobiernos municipales a proteger su patrimonio ecológico. Las autoridades de la ciudad afirman que “bajo la Constitución y la ley, las autoridades locales, incluyendo el Distrito Capital, tienen un estatus autónomo que les permite tomar decisiones sobre las políticas, tal como reconoce el Juzgado Constitucional y sin que sea posible limitar ese poder a través de dictámenes ejecutivos para favorecer intereses particulares como la minería.”



La legislación sobre la minería en Colombia está actualmente en un estado confuso. El Código de Minería de 2010 (Ley 1382) se declaró inconstitucional ya que se desarrolló sin consultar previamente a los pueblos indígenas y afrocolombianos del país. Por lo tanto, el código de minería anterior, de 2001, es el vigente (también se instauró sin consultar a los pueblos indígenas y afrocolombianos). Los ecologistas han denunciado la debilidad de sus condiciones al otorgar concesiones a causa de la avalancha de concesiones para la exploración y la baja calidad de la vigilancia que han afectado al sector en los últimos años.



El Código de Minería de 2001 (Ley 685) prohíbe la minería en páramos (ecosistemas alpinos elevados que se caracterizan por una rica biodiversidad y un papel estratégico en el ciclo del agua; un 60% está localizado en Colombia) pero los intereses mineros han declarado que no se han establecido los límites con los páramos, algo que los ecologistas discuten. La exploración minera también ha continuado en territorios indígenas a pesar de la ratificación de Colombia de la Convención 169 de la OIT sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de desempeñar actividades en sus tierras.



En medio de esta confusión con las normativas, las disputas locales son testigo de una movilización política en aumento: el gobernador de Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, respondió a la demanda de AngloGold de sancionar a los oficiales de Cortolima con una declaración inmediata defendiendo a las autoridades medioambientales. El día siguiente, 33 organizaciones de la sociedad civil publicaron una declaración conjunta centrando la atención el Artículo Constitucional 79: “Todas las personas tienen derecho a un medioambiente limpio. La ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles.»



“La Constitución es la norma de las normas”, afirma, y la administración local que intenta establecer una política minera centralista e ignora la naturaleza federal de la Constitución de 1991 “es un gobierno anticonstitucional.»



El lunes 17 de junio, el parlamentario colombiano Iván Cepeda urgió al Ministro de Minas y Energía del país, Federico Renjife, a que suspendiera las licencias otorgadas a AngoGold usando el principio de precaución para evitar daños irreparables a los ecosistemas del país. Además de referirse a la penetración del acuífero en Piedras y la alteración por parte de la empresa del río Camao violando el Código de Recursos, Cepeda afirmó que AngloGold ha llevado a cabo exploraciones ilegales en reservas forestales de Cajamarca. Pidió que la empresa ceda los títulos de propiedad de los que dispone en parques nacionales y acusó a AngloGold de intimidar a los funcionarios públicos cuyo papel podía afectar a los intereses de la empresa.



AngloGold afirma que seguirá adelante en el proceso contra Cortolima, e insiste en que no se llevaron a cabo actividades ilegales en su propiedad en Piedras. Tatiana Rodríguez, de CENSAT/Amigos de la Tierra Colombia declara: “es muy probable que emprendan acciones legales porque no les gusta admitir que han hecho algo mal. Emprenderán acciones para intentar limpiar su imagen pero no creo que sean capaces de detener la acción de Cortolima.”



Algunos comentaristas han criticado las incertidumbres de las políticas en el sector minero a causa de un descenso en las inversiones extranjeras directas en la minería colombiana, las cuales se redujeron en un 4% desde 2011 hasta finales de 2012. Sin embargo, según Rodríguez, la normativa medioambiental no se caracteriza solo por la falta de claridad en las leyes, sino también por las diferencias en su aplicación en las distintas zonas del país, lo cual anima a las empresas irresponsables a ignorar las normativas.



Por lo tanto, los habitantes de Doima son una comunidad entre muchas otras (como los ciudadanos de Bogotá y una serie de ciudades de toda Colombia que han aprobado prohibiciones de la minería) que esperan casos que demuestren la autoridad de las instituciones medioambientales del estado y declaren la validez del decreto emitido por el gobierno central en mayo contra las moratorias locales en la minería.