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Nuevo informe revela que corporaciones y gobiernos vulneran derechos humanos en la Amazonía

Hace poco, Regnskogfondet (la Fundación noruega por la Selva Tropical) hizo público un informe de 52 páginas titulado “Human Rights and Resource Conflicts in the Amazon” [Conflictos sobre derechos humanos y recursos en la Amazonía]. El informe tomó seis meses para dar detenida cuenta de los conflictos que están teniendo las(los) activistas y los pueblos indígenas (PI) con las corporaciones y las entidades gubernamentales. Advierte sobre una situación que no se pinta bien.



Este informe lo detalla todo, desde los ataques físicos hasta la “presión sistemática” que ejercen corporaciones y gobiernos, y afirma que en Brasil los conflictos sobre tierras y territorios ya llevan diez años. En Perú, los conflictos sociales se han triplicado desde 2008 y dos tercios de los casos de los que se han informado se definen como conflictos “socioecológicos.”




Minería aurífera en el Río Huepetuhe de la Amazonía peruana. Aunque las comunidades nativas sean dueñas de la tierra que ocupan, hay gobiernos nacionales que tienen derechos legales sobre depósitos minerales subterráneos. Foto por Rhett A. Butler.


Los conflictos socioecológicos, que se sabe complejos, son aquellos en que dos comunidades o grupos luchan por los recursos medioambientales que posee un grupo. La mayoría de estos conflictos surge del interés de gobiernos o corporaciones por recursos o tierras de propiedad de pueblos indígenas. Estos conflictos también son marca registrada del desarrollo en la cuenca amazónica.



Al centro de estos conflictos está la gente amazónica nativa. Hay 385 grupos indígenas en la Amazonía que totalizan 1,6 millones de personas. Aunque son una pequeña fracción de los 33 millones de moradores de la cuenca amazónica, son parte integral de su diversidad cultural. Del área total de la región, 27,5 por ciento se clasifica como territorio indígena o área protegida y reúne un total de 2.300 territorios individuales.



“La idea de hacer un informe como éste se nos ocurrió después de…recibir varios mensajes de nuestras asociadas en la Amazonía sobre una situación de gradual deterioro de los derechos humanos en sus países,” le dijo Dag Hareide, director de Regnskogfondet, a mongabay.com




Chamán kaiapo en la Amazonía. Foto por Rhett A. Butler.

Regnskogfondet lleva 25 años en la Amazonía financiando políticas y campañas a largo plazo en lo local y en lo nacional. Hoy trabaja con casi 100 organizaciones.



“Noruega es un país pequeño de limitados intereses en la Amazonía,” continuó Hareide. “Aun así, desde principios de 1980, su gobierno viene brindando apoyo financiero y político a los PI y a organizaciones de derechos humanos en la región, y desde 2007 es uno de los líderes mundiales en proteger la selva tropical con cuantiosos fondos…”



“No obstante, Noruega está lejos de ser perfecta. Por ejemplo, su gigantesco fondo estatal de pensiones sigue invirtiendo en empresas que destrozan la selva tropical y vulneran los derechos humanos, también en la Amazonía”.



En papel, muchos de los países amazónicos han dado zancadas en su protección a los derechos de la población nativa. Los nueve (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) votaron por la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Seis ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos pero en los países amazónicos, como señala el informe, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.



Las evaluaciones universales que NNUU hace periódicamente elogiaron a muchos países amazónicos por su avance en temáticas sociales, como sus sanciones más estrictas a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las encuestas hallaron que, en comparación a la población general, los grupos indígenas todavía muestran menores niveles de salud y educación, e índices mucho mayores de pobreza, violencia y abuso. En muchos casos, aunque la gente indígena sea propietaria de la tierra en la que vive, los gobiernos tienen derechos legales sobre sus recursos subterráneos, como el petróleo, los minerales y el gas. Conforme a la ley internacional (Artículo 3 de DNUDPI), todo grupo indígena tiene derecho a la autodeterminación, lo cual le da derecho a escoger su situación política y a continuar sus actividades económicas y culturales sin impedimentos.



En papel, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir libremente la forma de usar sus tierras. Aunque en un caso en 2007 (Pueblo de Saramaka Vs. Surinam) la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que los derechos tribales de propiedad pueden ser restringidos para proyectos a gran escala, el estado debe consultar a la comunidad y recibir su “consentimiento libre, previo e informado”. Lastimosamente, un tema común en las denuncias respecto a los derechos humanos interamericanos es que el gobierno pocas veces consulta debidamente a las comunidades antes de iniciar proyectos. Según Hareide, aún en países grandes como Brasil, la mayoría de los proyectos apenas si buscan cumplir con su obligación de recibir el consentimiento de los pueblos indígenas antes de empezar a trabajar.




Infante de origen amerindio. En contraste con la población general, las comunidades indígenas en la Amazonía gozan de menos salud y educación, y adolecen de mucha mayor pobreza, violencia y abuso. Foto por Rhett A. Butler.

“Hay un verdadero conflicto de intereses entre aquellas fuerzas que quieren fácil acceso a los recursos naturales (como el petróleo y el gas) junto a un acelerado desarrollo de infraestructura y megaproyectos panamazónicos de varias categorías,” dijo Hareide, “y quienes luchas por un modelo de desarrollo para la Amazonía que parta de la sostenibilidad a largo plazo, la permanencia de los servicios de los ecosistemas, que son de importancia mundial, y el respeto por los derechos humanos”.



El conflicto se agrava cuando se van agotando los recursos naturales de la Amazonía. Al escasear la tierra y los materiales, el suelo indígena cobra valor. En la actualidad hay 83 proyectos de ley propuestos al Congreso brasileño que amenazan los territorios indígenas (57 de estos presionan por limitar los derechos territoriales de las comunidades nativas). Ahora, aproximadamente 75 por ciento de todos los territorios nativos en Brasil está enfrentando una “amenaza concreta”.



“Después de obtener cierto reconocimiento oficial, los pueblos indígenas siguen demandando pleno respeto a sus derechos ante la renuencia de sus gobiernos”, agregó Hareide, “y esto causa conflictos… Con mucha efectividad presionan a sus gobiernos nacionales para debilitar la legislación medioambiental, reducir los impedimentos a las actividades industriales en territorios de PI, etc.”



Un trágico ejemplo de las consecuencias de que se materialicen estas amenazas puede verse en la sección Bloque 1AB de la Amazonía peruana. De 1971 a 2000, una empresa estadounidense llamada Occidental Petroleum empezó a buscar concesiones de petróleo en el Bloque 1AB, en un área habitada al menos por seis grupos indígenas, y en los alrededores. Durante sus operaciones, Occidental vertía aproximadamente 135 millones de litros de residuos por día a los cursos de agua. Muchos grupos reclamaron y exigieron a la empresa que retirase los residuos; lo cual hizo con tal ineficacia que dejó toneladas de contaminantes que siguen en el ambiente. A la vez, las personas nativas fueron diagnosticadas con cáncer y trastornos oculares y dérmicos en índices mayores a lo normal, y se les detectó gran cantidad de metales pesados en la sangre. El gobierno peruano declaró estado de emergencia medioambiental, pero está buscando expandir la producción petrolífera en 2015.




Indígenas waura en la Amazonía brasileña. Foto por Rhett A. Butler.

“Latinoamérica ha visto avances en muchos ámbitos en las últimas décadas”, explicó Hereide. «Por ende, la persecución de indígenas y activistas medioambientales y de derechos humanos no encaja en la percepción imperante de la región ni en el discurso de sus gobiernos. Creemos que ésta es una de las principales razones por las que en el Occidente no se perciben tantos incidentes y tendencias preocupantes”.



Por lo tanto, “uno de los objetivos del informe es alertar al actual gobierno noruego sobre tendencias muy preocupantes que se están dando en la región para que se mantenga al tanto del desarrollo y no reduzca, sino más bien mantenga e incremente, los programas que se orientan a apoyar a las organizaciones medioambientales, de pueblos indígenas y de derechos humanos en la región,” dijo Hereide.



Hereide espera que el informe ayude a atraer finalmente la atención de la comunidad internacional a los temas de derechos humanos en la Amazonía. Aun así se necesitarán esfuerzos concertados y multifacéticos para realmente remediar los problemas.



“Este mensaje vale para cualquier gobierno. Ni la Fundación por la Selva Tropical ni sus muchas organizaciones asociadas, del medioambiente y de PI están en contra del desarrollo económico. Las complejidades y la vulnerabilidad de la selva amazónica hacen que el desarrollo sostenible sea un desafío que necesita inversiones, creatividad y enfoque, pero todas(os) creemos que es posible”.







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