Vista aérea de un río selvático en la isla de Nueva Guinea. Foto por: Rhett A. Butler.
La corrupción, un gobierno débil y los poderosos barones madereros están desnudando ilegalmente los bosques de Papúa Nueva Guinea, de acuerdo a un nuevo informe de la Chatham Housse. El instituto de políticas encuentra que el 70% de la tala en Nueva Guinea es ilegal actualmente, a pesar del hecho de que el 99% de la isla es propiedad de comunidades indígenas locales.
“El reto más grande es lidiar con la confabulación entre los oficiales corruptos y las firmas taladoras”, le dijo el autor del informe, Sam Lawson, a mongabay.com. “La industria de la tala en Papúa Nueva Guinea es muy poderosa, mientras que el gobierno es muy débil… La firma más grande de las taladoras posee una de los dos periódicos nacionales, por ejemplo.”
De hecho, la industria de la tala ha logrado sacarle la vuelta a algunos derechos que se tienen en el mundo de las comunidades y de la posesión de tierra en bosques — al menos en papel. En la práctica, de acuerdo al informe, las leyes de la posesión de tierra normales en Papúa Nueva Guinea sufren de transparencia pobre y de pocos mecanismos para mitigar el conflicto.
“En teoría [los derechos de la comunidad en Papa Nueva Guinea] deberían proteger a los bosques, pero tristemente la realidad ha sido que magnates poderosos y políticos corruptos han sido capaces de vender a las comunidades por short selling, a través de fraude, sobornos e intimidación”, agregó Lawson.
El casuario unicarunculado (Casuarius unappendiculatus) es endémico a la isla de Nueva Guinea. En la actualidad está listado como Vulnerable por la Lista Roja de IUCN. Foto por Rhett A. Butler.
En años recientes, las compañías usaron un programa de gobierno distinto para acceder a vastas áreas boscosas para la tala. Los Contratos de Arrendamiento de Agricultura Especial y Negocios (SABLs, por sus siglas en inglés) fueron inicialmente promovidos como una forma para apoyar a la agricultura local, pero el programa ha conducido a la propagación de la corrupción y del mismo modo a una deforestación masiva que continúa su curso.
“Lo primero por lo que muchas comunidades sabían del proyecto [SABL] era porque las bulldozers llegaban. Este fracaso en la obtención de consentimientos ha llevado a una gran cantidad de conflictos entre los desarrolladores y la gente de las localidades”, se lee en el informe.
Antes de que una moratoria fuera emitada en nuevos SABLs en el 2010, el gobierno ya había entregado más del 11% de la tierra de Papúa Nueva Guinea bajo este programa, comprendiendo un área de 5.1 millones de hectáreas o el tamaño de Costa Rica.
“La Comisión Parlamentaria de Investigación ha concluido que el 90% de estos [SABLs] fueron ilegalmente emitidos a través de fraudes y corrupción, y fueron llamados para ser cancelados”, dijo Lawson. “Aun así un tercio de toda la madera producida en Papúa Nueva Guinea continúa viniendo de estas áreas. Los SABLs son solamente lo más reciente de los ardides usados por evasivas compañías madereras y oficiales corruptos para burlar los controles legales de la tala en Papúa Nueva Guinea”.
Uno de los retos que Papúa Nueva Guinea enrenta en la limpieza de su sector de madera es que la mayoría de ésta que es exportada se está yendo a China. Ya que los EU, la UE y Australia han reprimido la importación de madera ilegalmente talada, la cantidad de la madera que es importada de Nueva Guinea a estos países ha declindado. Mientras tanto China, que no tiene regulaciones en la importación de la madera talada de forma ilegal, se ha vuelto el importador más grande de los traficantes. De acuerdo a la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), en el 2011 China importó al menos 18.5 millones de metros cúbicos de troncos y acerrín ilegales, un total de $ 3,700 millones de dólares. El veintidós por ciento de esta madera ilegal vino de Papúa Nueva Guinea.
Para remediar la tala ilegal epidémica del país, el informe de la Chatham House recomienda incrementar la vigilancia, terminar una nueva norma jurídica y hacer del sistema de custodia una cadena transparente.
“Una vez que la vigilancia comience, deben ser aplicadas penalizaciones disuasivas allí donde las brechas significativas están expuestas, incluyendo la cancelación de las licencias de tala”, se lee en el informe. “Las autoridades deben también revisar radicalmente y mejorar la transparencia de la información relacionada al bosque, haciendo así más fácil para terceros el ayudar en el monitoreo del sector, y haciendo más difícil que la corrupción se salga con la suya.”
Una vez que esto sea logrado, la Chatam House dice que Papúa Nueva Guinea debería considerar asociarse con la UE en su Ley Forestal de Vigilancia, Gobierno e Intercambio (FLEGT por sus siglas en inglés), la cual ayuda a los países a combatir la tala ilegal mediante la instalación de un sistema legal de trabajo.
“Cuando los bosques son destruidos y degradados mediante la tala ilegal, el sustento de la vida es dañado y destruido”, dice Lawson. “La tala ilegal también da combustible a la corrupción y al conflicto, previniendo que el país como un todo se desarrolle. Los pobres continúan pobres como resultado.”
A la fecha, alrededor del 70% de Papúa Nueva Guinea continúa cubierto de bosque, lo que lo convierte en uno de los países más densos en cobertura de bosque tropical. Adicionalmente, muchas especies —incluyendo a las equidnas de hocico largo, la mayoría de los canguros arborícoras y aves del paraíso— son encontradas únicamente en la isla de Nueva Guinea, la cual es compartida entre Papúa Nueva Guinea e Indonesia.
