Un niño indígena rema en el Amazonas colombiano. Fotografía de: Rhett A. Butler.
Desde 2008, los gobiernos han invertido 1,64 mil millones de dólares estadounidenses en fondos para promover el programa REDD+, o Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación, el esfuerzo mundial para conservar los bosques del mundo con el fin de mitigar de mejor manera el cambio climático. Sin embargo, un nuevo informe realizado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) demostró que la misma suma de dinero podría haber garantizado el reconocimiento de los derechos legales de poblaciones locales e indígenas sobre 450 millones de hectáreas de bosque, un área 40 por ciento más extensa que India.
“Garantizar el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas y de las comunidades locales es un precedente necesario para que REDD+ tenga éxito, y, desafortunadamente, REDD+ todavía no ha logrado un progreso sustancial en cuanto a la tenencia forestal, sobre la legislación o sobre las tierras”, Bryson Ogden, un analista de la RRI, le comentó a mongabay.com.
La investigación ha demostrado de manera progresiva que las poblaciones indígenas y las comunidades locales, por lo general, son defensoras enérgicas de sus bosques, sin embargo, la tendencia hacia el reconocimiento de los derechos sobre las tierras para los locales sigue avanzando no sólo de manera lenta sino también de manera fortuita en todo el mundo.
“La extensión de tierras forestales reconocida para la tenencia de la comunidad, desde 2008, constituye menos del 20 por ciento de la extensión que se reconoció en los 6 años anteriores, a pesar de las decisiones que tomaron los países de implementar las iniciativas de REDD+ que, por lo general, sostienen que garantizar el reconocimiento de los derechos de tenencia de las tierras es un requisito esencial para lograr el éxito”, estableció Ogden. “Estos hallazgos indican que… las iniciativas de REDD+ todavía no se trasladan al significativo incremento del valor mundial del área bajo el control y la tenencia de las poblaciones indígenas y de las comunidades locales sobre las tierras”.
Sin embargo, el informe demostró que distinguir y documentar los derechos de la comunidad en extensas tierras era relativamente económico: en promedio, sólo costaba 3,78 dólares estadounidenses por hectárea en países como China, Bolivia, Ecuador y Mozambique.
Al observar ejemplos específicos, el informe halló que el plan de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) que consiste en trazar mapas de hasta 50 millones de hectáreas de bosques de comunidades en Indonesia durante los próximos siete años costará entre 189 y 500 millones de dólares estadounidenses. En India, costaría entre 67,5 y 537 millones de dólares estadounidenses garantizar los derechos a las tierras de las 88 millones de tribus del país.
Selva en Borneo. Fotografía de: Rhett A. Butler.
“Los países que implementan el programa REDD+ deben demostrar el compromiso con los derechos de las comunidades sobre las tierras, y su compromiso debe ser a largo plazo. No es, necesariamente, una opción. Sino que, garantizar el reconocimiento de los derechos sobre las tierras de las poblaciones locales puede ayudar a garantizar que la inversión en el programa REDD+ tenga resultados más fuertes y sustentables”, Ogden le dijo a mongabay.com.
Sin embargo, varios países, inclusive aquellos que apoyan el programa REDD+, han ignorado o violado los derechos de los indígenas o comunidades locales con el fin de explotar de manera rápida las tierras de los bosques para la tala de árboles, la minería, la producción de energía hidráulica y de combustibles fósiles.
“Varios gobiernos en el mundo en desarrollo todavía deben decidir si adoptarán un camino de desarrollo más sustentable basado en la inclusión y el respeto hacia los derechos de todos los ciudadanos o si optarán por un camino corto para obtener un valor inmediato entregando las tierras y bosques de su población a inversores o compañías extractivas”, estableció Ogden.
Por ejemplo, Perú ha cedido 60 por ciento de su parte de la selva Amazónica para concesiones de gas y petróleo. Esta amplia extensión de tierra disponible para ser desarrollada se traslapa con más del 70 por ciento de todas comunidades indígenas en la nación. Esta tensión ha tenido como resultado una preocupación social a gran escala que, en 2009, originó una protesta que se tornó violenta en la que murieron, por lo menos, 33 personas.
Odgen agregó que este enfoque en el desarrollo explotador y a corto plazo “por lo general, viene acompañado del costo de una ganancia económica a largo plazo ya que los inversionistas tampoco prosperan cuando afrontan riesgos financieros y de reputación relacionados con la inversión en países donde los derechos sobre las tierras locales no se encuentran reconocidos”.
El informe coincide con el anuncio de un nuevo grupo que tiene como objetivo ayudar a facilitar el reconocimiento de los derechos sobre las tierras de los indígenas y de la comunidad en todo el mundo: La International Land and Forest Tenure Facility. El grupo se encuentra financiado por el Gobierno de Suecia, quien invirtió 15 millones de dólares estadounidenses.
“La falta de derechos claros para ser titular y hacer uso de las tierras afecta el estilo de vida de millones de habitantes de los bosques y, además, ha estimulado el crecimiento de la tala ilegal de árboles y de la pérdida de bosques”, declaró Charlotte Petri Gornitzka, Directora General de la Agencia Sueca de Desarrollo y Cooperación Internacional.
Hombre de la tribu dani en Nueva Guinea Occidental. Fotografía de: Rhett A. Butler.
La tala ilegal de árboles continúa siendo un gran problema a escala mundial, no sólo porque destruye los bosques sino también porque enfrenta a los titulares tradicionales de las tierras, comunidades locales y poblaciones indígenas, con los madereros ilegales. Hace poco tiempo, un conocido líder Ashaninka, Edwin Chota Valera, fue asesinado junto con tres de sus compañeros de la tribu, probablemente, por oponerse a la tala ilegal en sus tierras.
La RRI espera que esta nueva instalación pueda ayudar a que tanto la comunidad internacional como los gobiernos individuales consideren este asunto de las tierras de manera más seria y que lo vean como una solución viable para varios problemas tanto sociales como relacionados con el medio ambiente.
“La Instalación proporcionará ayuda financiera y técnica para los proyectos de reforma relacionados con la tenencia de tierras en países en desarrollo con el fin de incrementar el reconocimiento de los derechos en materia de tenencia de tierras para las poblaciones indígenas y comunidades locales para contribuir con los objetivos relacionados con el desarrollo económico local y nacional, con la administración de los bosques, la seguridad alimentaria, las condiciones climáticas y los derechos humanos”, explicó Ogden. “Esto es de gran importancia en áreas que se encuentran bajo una gran presión por parte de sus gobiernos e industrias extractivas”.
Ogden notó que REDD+ puede no ser viable en varios lugares si primero no se garantiza el reconocimiento de los derechos de tenencia de tierras. De hecho, varias comunidades locales y población indígenas han observado el programa de manera escéptica, como las poblaciones Kuna o Guna en Panamá, mientras que otras lo rechazaron en el acto.
“Ahora hay una prueba contundente de que la función de las selvas tropicales en la lucha contra el cambio climático sólo será posible si hay justicia para las poblaciones cuyas vidas se encuentran entrelazadas con estos bosques”, concluyó Ogden. “El reconocimiento de los derechos contribuye al alcance de los objetivos de desarrollo económico de las poblaciones indígenas y comunidades locales. Debido a que los esfuerzos internacionales por combatir los cambios climáticos y la pobreza están llegando a su fin, la comunidad internacional necesita enfrentar estas verdades”.