Vista aérea de la mina de oro Río Huaypetue en Perú. Abierta en la selva tropical amazónica, se ha culpado a la mina por el daño ambiental a gran escala y los problemas sociales, entre los que se incluyen acusaciones de trabajo infantil. Foto: Rhett A. Butler.
En un esfuerzo para acelerar la lenta inversión en minería y combustibles fósiles, Perú ha promulgado una nueva y controversial ley que revoca muchas de sus protecciones ambientales y que, en especial, menoscaba al Ministerio del Ambiente. La nueva ley tiene a los ambientalistas no solo preocupados por el impacto de esta en el país —del cual el 60 % afecta a la selva amazónica—, sino también que las medidas socavarán el progreso de la próxima Cumbre sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas a celebrarse en diciembre en Perú.
La nueva ley, firmada por el presidente Ollanta Humala a principios de este mes, es rigurosa en la aplicación. Reduce de manera significativa la mayoría de las sanciones por daños ambientales, obliga que los estudios de impacto ambiental sean hechos en tan solo 45 días y permitirá la explotación minera y de combustible fósil en cualquier área protegida recientemente formada.
“Creemos que estas medidas representan para Perú un importante retroceso en el campo ambiental. Exhortamos al gobierno peruano a que reconsidere y retire esta iniciativa”, escribieron más de 100 grupos ambientalistas nacionales e internacionales en una carta en protesta por la nueva ley.
La ley también debilita al Ministerio del Ambiente, el que se creó recién en 2008, al no permitirle más establecer normas de calidad para el aire, la tierra y el agua. Como cabe esperar, el titular del ministerio, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra del proyecto.
Por último, la nueva ley establece grandes deducciones fiscales para las compañías mineras extranjeras que operan en el país.
Sin embargo, Perú continúa agitado por los arraigados conflictos entre las comunidades locales y las compañías mineras y petroleras. Los nativos del Amazonas han protestado por la exploración y la explotación de petróleo en sus territorios tradicionales durante décadas, mientras que muchas comunidades andinas han hecho campaña contra las minas en constante expansión.
 Bloques petroleros y gasíferos en el oeste del Amazonas. El amarillo sólido indica los bloques que ya se han alquilado a las compañías. El amarillo a rayas indica los bloques propuestos o los que todavía están en la etapa de negociación. Las áreas protegidas mostradas son aquellas que se consideran, de manera terminante, protegidas por la UICN (categorías I a III). Imagen modificada de Finer at al (2008). |
Los conflictos hasta se han vuelto violentos. En 2009, una protesta contra una nueva ley sobre la apertura de extensas áreas del Amazonas para tala, minería y explotación de combustibles fósiles terminó con la muerte de 23 policías y de al menos 10 protestantes nativos. La ley que motivó el incidente fue, con el tiempo, derogada y el presidente que la apoyó, Alan García, fue retirado de su cargo. Quien lo reemplazó, Humala, fue elegido con la esperanza —y la promesa— de que él podría mitigar el conflicto entre las industrias multinacionales y las comunidades locales.
De hecho, los ambientalistas se sintieron alentados por algunos progresos en Perú desde la elección de Humala. Por ejemplo, el año pasado, Perú declaró un estado de emergencia debido a dos décadas de contaminación por petróleo en el río Pastaza, en el Amazonas. Este estado de emergencia, que obligó a la gigante petrolera Pluspetrol a limpiar el área, solo se produjo debido a las incipientes normas del Ministerio del Ambiente sobre el agua y la tierra, normas que la nueva ley suprime.
La Associated Press informa que Perú promulgó la ley a causa del lento crecimiento económico del país, el que pasó del 6.3 por ciento en 2012 al 5 por ciento el año pasado. El país latinoamericano depende en gran medida de la minería y de los combustibles fósiles. En la actualidad, la minería constituye alrededor del 60 por ciento de las exportaciones, donde el oro representa un tercio de esta. Mientras tanto, alrededor del 70 por ciento del Amazonas peruano ha sido subastado a las compañías petroleras para exploración.
Los críticos de la nueva ley también temen que las ramificaciones de esta puedan extenderse más allá de Perú.
“En el contexto de la crisis climática mundial, donde se requieren acciones urgentes y concretas, esta ley recientemente propuesta envía una muy mala señal, la cual empeora si se considera el papel de Perú como presidente de la vigésima Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés)”, escribieron los grupos ecologistas. “Esta propuesta ley de inversión recompensa a aquellas partes que no cumplen con las actuales normas medioambientales de Perú”.
Una de las responsabilidades de ocupar la actual presidencia de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —la que cambia de país todos los años— es la de organizar la cumbre anual sobre cambio climático en diciembre de este año. Las esperanzas están puestas en esta conferencia, ya que allana el camino para un nuevo acuerdo en París en 2015; pero como anfitrión, Perú podría tener una importante influencia sobre el resultado de la conferencia de este año. Los últimos anfitriones, Polonia y Qatar, han sido criticados por no hacer lo suficiente para aumentar la ambición en las cumbres de estos dos años que pasaron.
“Estamos en un momento crucial, donde se requiere y se espera que Perú intensifique y muestre un liderazgo consistente y coherente para desarrollar políticas ambientales de cara al cambio climático”, escribieron los grupos ambientalistas.
Algunos días después de aprobada la nueva ley, Pulgar-Vidal, el ministro del Ambiente, dijo que el país iba encaminado hacia una cumbre ambiciosaummit.
“Hemos recibido buenas señales y un fuerte apoyo político”, les comentó a los delegados de la cumbre en Petersberg. “Nuestro principal objetivo es tener un enfoque sólido y un proyecto de acuerdo; es la única manera de avanzar hacia una COP firme en París”.