(Este artículo se produjo para el programa Iniciativa de Informes Especiales (SRI, por su sigla en inglés) de Mongabay.org. Puede volver a publicarlo en su sitio en la web o en su revista, boletín informativo o periódico conforme a estos términos.)
Área de conservación regional salvaguarda la subsistencia y la espiritualidad en la Amazonía peruana
Para Alfredo Rojas, la historia de los pueblos remotos a orillas del Río Ampiyacu es una historia de esclavitud. Aquí creció escuchando a sus padres contar historias sobre los barones del caucho que golpeaban y mataban a los indios que no cubrían su cuota de látex. Rojas trabajó de niño haciendo tareas domésticas para una familia de un pueblo vecino, y de adolescente recolectaba látex de caucho o cargaba madera para un terrateniente local o patrón llamado Sánchez.
Después subieron forasteros por el Río Ampiyacu y daban herramientas y alimentos a los pobladores a cambio de madera, o les adelantaban municiones de escopeta, redes y sal a cambio de peces y animales de caza. Una vez que los proveedores deducían los adelantos de la paga a los lugareños, mucho no quedaba. Al cabo de unas pocas décadas tampoco quedaba mucho en el bosque.
Ya no había la valiosa caoba ni el apreciable cedro; los lagos ya no albergaban peces paiche de diez pies (más de 3 metros) de largo; y la vida silvestre había desaparecido, llevada a internarse aún más en la selva por el ruido de las motosierras.
“La gente vino aquí a destruir”, dice Rojas.
Líder huitoto redobla tambores de troncos para convocar a los pobladores a una reunión en Pucaurquillo, Perú, sobre el Río Ampiyacu. Foto por Barbara Fraser
Pero ya no. La construcción verde de madera desde donde ve caer la lluvia domina una panorámica vista del río. Quien quiera seguir su viaje río arriba debe detenerse ahora y registrarse. Estas es una de las tres postas de control que vigilan las entradas claves al Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu, una de las novísimas áreas protegidas en la vasta región de selva aún densa de Loreto, en el noreste de Perú.
“Estamos felices”, dice Rojas. “Ya no entran afuereños. No tenemos patrones.”
El área de conservación es un experimento ambicioso que asocia al gobierno regional con cuatro grupos indígenas—huitotos, boras, yaguas y ocaínas—para compartir la tarea de manejar los bosques, la caza y la pesca.
El arreglo aún está en su etapa inicial pero, si funciona, mostrará una nueva forma de manejar los recursos naturales en un área en la que hay pocos guardaparques y el viaje es costoso.
“Las áreas de conservación regional son importantes para salvaguardar los lugares de los que depende la gente para subsistir”, dice Cristián González, director del Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu y de la vecina Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa. “Uno de nuestros logros fue empezar a controlar y monitorear mejor. Desde que se creó el área, a las comunidades les preocupa que entren forasteros porque eran quienes más se beneficiaban de los recursos aquí”.
Un área de conservación impone un canje a las comunidades indígenas a orillas de los Ríos Ampiyacu y Apayacu. Aunque ya pueden controlar el ingreso de forasteros a los bosques, las comunidades deben observar límites a la caza y la pesca y, si quieren vender madera, tienen que elaborar planes de gestión.
Joel Rojas, de la Dirección Regional de Pesquería de Loreto, explica la reglamentación a los monitores de pesquerías comunitarias en la comunidad huitoto de Pucaurquillo, Perú. Foto por Barbara Fraser
Pero las poblaciones de peces y animales de caza se están recuperando y Rojas y los miembros de otras comunidades a orillas del Río Ampiyacu dicen que las nuevas restricciones son un canje razonable si mantienen sus bosques intactos.
Un alto a décadas de depredación ecológica
La gente de Ampiyacu desciende de varias generaciones que vivieron convulsión y violencia. La mayoría son hijos o nietos de hombres y mujeres que fueron desenraizados de la frontera con Colombia por productores de caucho durante una escaramuza en la frontera en la década de los 30. Esta gente esclavizada fue obligada a ir al Ampiyacu, desplazando a yaguas que vivían ahí.
Los pobladores reasentados contaron a sus hijos y nietos de la crueldad de los barones del caucho—hombres asesinados por no cubrir su cuota de caucho o mujeres cuyos senos fueron cercenados por lo que fuese que el capataz considerase una infracción.
No obstante, llegados al Ampiyacu, la mayoría siguió trabajando para sus patrones. Con el tiempo, los patrones extendieron sus actividades del caucho a la tala, la pesca y la caza, entre otros.
Las malas rachas económicas llevaron a muchos patrones a irse, pero el vacío no tardaron en llenarlo forasteros que iban río arriba en barcas a motor y con enormes congeladoras para recoger cientos de kilos de peces, o que pagaban a lugareños para cazar animales silvestres que vendían río arriba en Iquitos, la capital de la región.
Con un sistema conocido como habilitación, estos forasteros contrataban a comuneros para cazar o pescar; les adelantaban comida, combustible, municiones y sal para viajes de una semana cazando o pescando y luego deducían los adelantos de su paga. El sistema dejaba casi sin paga a cazadores y pescadores de productos que, de otra forma, se vendían a buenos precios en el mercado comercial en Iquitos.
Visitantes examinan las canastas que elaboran las mujeres en la comunidad huitoto de Pucaurquillo, Perú. Foto por Barbara Fraser
Los comerciantes de madera usaban el mismo sistema; daban alimento, motosierras y combustible pero apenas pagaban unos cuantos dólares al día por talar árboles de valiosa madera dura y cargarlos hasta el margen del río.
La caza a escala comercial afectó mucho la vida silvestre del área, dice René Vásquez, 36, un ocaína de la comunidad de Nueva Esperanza sobre el Río Ampiyacu. Los comerciantes contrataban lugareños para cazar y se llevaban por vez más de 200 kilos de carne de pecarí, ciervo y paca, lo cual, aunado al ruido de las motosierras de los leñadores alejaban a animales de caza de los que dependían familias para subsistir.
“Todavía se podía encontrar animales pero se tenía uno que internar más y más para cazar”, recuerda.
Vásquez era un líder de la (Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu, FECONA) a principios de 2000, cuando la organización inició conversaciones con el personal del (Instituto del Bien Común, IBC) un instituto sin afán de lucro, sobre formas de detener el saqueo de los bosques de las comunidades.
Al principio FECONA quería pedir al gobierno que estableciese una “reserva comunal”, una categoría para áreas protegidas manejadas por comunidades indígenas, pero era improbable que el gobierno nacional crease una nueva área protegida en la región de Loreto, de acuerdo a Ana Rosa Sáenz, quien encabeza la oficina de IBC en Iquitos.
En su lugar, la organización optó por otro rumbo y trabajó con las comunidades locales para mapear sus bosques, campos, ríos y lagos. Este mapeo a profundidad incluyó el uso de sus tierras—dónde cazaban las familias, dónde cultivaban y dónde encontraban la palma para sus techos. Inclusive dibujaron en el mapa un área en el que hallaron un sembradío de coca, la materia prima para hacer cocaína.
Con esa información, FECONA e IBC propusieron un área protegida a ser manejada por el gobierno regional de Loreto. Tomó diez años y varios funcionarios de turno en el gobierno regional, pero en 2010 las autoridades oficialmente crearon el Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu de 434.129 hectáreas.
Un joven cazador vuelve a casa con su presa por el Río Ampiyacu en la región de Loreto en Perú. Foto por Barbara Fraser
El área de conservación, ya una década configurándose, forma un arco sobre las cabeceras de los Ríos Apayacu, Ampiyacu, Yaguasyacu y Zamún, que drenan a la cuenca del Amazonas hacia el sur.
El área protege el suministro de agua, así como el hábitat de peces que migran por los ríos y otros recursos forestales de los que dependen las comunidades de los boras, huitotos, yaguas y ocaínas al sur del área.
También es parte de un plan más grande de crear un “mosaico” de áreas protegidas, regionales y nacionales, que se extenderán hasta la frontera con Brasil en Loreto y se conectarán con los parques y las reservas que barren el sur de ambos países y con el Parque Nacional Madidi en Bolivia para crear un sistema masivo de áreas protegidas.
El corazón del área en Loreto será un parque nacional que los pobladores indígenas conocen como el lugar en que reside la sachamama—el espíritu que protege a los animales del bosque. La caza está vedad en esa área por tradición, lo cual la hace ideal para un parque nacional que, según Sáenz, es la categoría de área protegida que tiene las restricciones más estrictas al acceso.
Las otras áreas serán de conservación regional en las que los moradores podrán cazar, pescar y recolectar hojas de palma y otros productos forestales según los términos de los planes de manejo, elaborados con los funcionarios regionales, que especifican la cantidad de peces o animales de caza que se puede tomar y que otorgan a los pobladores responsabilidad compartida para monitorear lagos y bosques.
Un lento viaje hacia la conservación
Ya se está dando algunos pasos en esa dirección.
En una calurosa mañana a principios de octubre, Joel Rojas (no es pariente de Alfredo) se detuvo en la mitad de la espaciosa maloca, o construcción comunal, de techo de palma, en el pueblo huitoto de Pucaurquillo. Mientras un tamborilero bate dos leños huecos para llamar a los vecinos a una reunión, Rojas, inspector de pesquerías para el gobierno regional de Loreto, organiza un rimero de insignias de identificación que se acaban de emitir para los monitores de pesca de la comunidad.
Joel Rojas de la Dirección Regional de Pesquería de Loreto habla sobre normas con los monitores comunitarios de pesca en la comunidad de Nuevo Porvenir, Perú. Foto por Barbara Fraser
Uno a uno van llegando docenas de hombres y mujeres, algunas con sus hijos, y se van ubicando en bancos bajos de madera.
La electricidad no ha llegado a esta parte de la Amazonía así que alguien pone en marcha un generador cercano para que Rojas muestre láminas de PowerPoint con las reglas de pesca para los lagos que ofrecen sustento a las comunidades.
“Levanten sus manos”, les dice a los monitores y le responden sus risas cuando se dan cuenta que está, un tanto en broma, buscando dedos que faltan.
“Está prohibido pescar con explosivos o barbasco”, le recuerda al grupo. El barbasco es el veneno de la raíz de una planta que suele usarse para pescar; puede dañar todo el ecosistema y matar o poner en peligro a la vida silvestre. La dinamita también es ecológicamente destructiva, pero los pescadores la usan para aturdir a los peces y así recogerlos con facilidad.
Las comunidades alrededor de las nuevas áreas protegidas han acordado limitar su equipo de pesca a anzuelos y redes con aberturas suficientemente grandes para que se escapen los peces jóvenes, y dejar de usar dinamita o veneno—el barbasco y químicos agrícolas como theodane.
Rojas le recuerda a su audiencia que en octubre empezó la moratoria sobre el paiche o arapaima (Arapaima gigas)—un gigante de agua dulce que se pescó aquí casi hasta exterminarlo. Les pregunta sobre los tamaños mínimos para el paiche y para media docena de otras especies que comúnmente se pesca.
Luego viene la ceremonia. Uno por uno, hombres y mujeres se ponen en línea para recibir las insignias con las que el gobierno certifica que son monitores oficiales, con autoridad para confiscar la pesca de cualquier curricanero foráneo en sus lagos. Hoy, la pesca en los lagos está reservada a los miembros de las comunidades.
Los botes que pasan deben registrarse en el puesto de vigilancia en Nuevo Porvenir antes de ingresar al Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu. Foto por Barbara Fraser
Los monitores comunitarios son un concepto tanto antiguo como nuevo. Según Mauricio Rubio, 59, ex presidente de FECONA, los huitoto acostumbraban realizar rituales para determinar la cantidad de peces que podían pescar. Mas las presiones económicas por obtener efectivo les llevaron a pescar en exceso para forasteros.
“Está mejor organizado que antes”, dice Rubio. “Ahora nos damos cuenta de que primero debemos cuidar nuestros recursos y luego pensar en venderlos por ingreso”.
No siempre fue así. En marzo de 2011, apenas unos cuantos meses después de establecerse el área de conservación, Cristián González viajó Río Ampiyacu arriba y se topó con un bote a motor que cargaba madera ilegal. Como director del área protegida por el gobierno regional, González se sintió obligado a actuar.
“Me sorprendió”, recuerda. Aunque sabía que la tala ilegal había sido un problema en el área, “pensaba que el área de conservación la habría minimizado”.
Su oficina organizó un registro con la policía y los oficiales forestales y recogieron más de 10 balsas de troncos atados y listos para ser flotados río abajo con valiosa madera dura como el cedro, el shihuahuaco, y un árbol de tardo crecimiento que se aprecia mucho en la construcción y para los pisos de parqué y los durmientes de ferrocarril.
González procedió a establecer comités de monitoreo de base comunitaria, pero los pobladores indígenas no sólo reaccionaron sino que pidieron al gobierno que lo despida porque el nuevo sistema les impedía talar árboles y venderlos libremente. Mas no les guarda rencor y mantiene una relación cordial con las comunidades.
“La idea era mostrar que era ilegal para así empezar a trabajar con las comunidades”, dijo. “Poco a poco nos hemos ganado su confianza”.
El cambio tampoco fue fácil para las comunidades. Aunque la pesca, la caza y la tala estilo habilitación nunca rindió bien, era una forma de obtener efectivo, algo que es difícil en comunidades ribereñas remotas que están tan distantes de los mercados.
Ese estilo de trabajo también recuerda los días del auge del caucho, cuando los que lo explotaban relocalizaron a los padres de Rubio y a otros indígenas a lo largo de la frontera entre Colombia y Perú durante la escaramuza entre ambos países. Algunas familias se mantuvieron leales a los patrones y retuvieron antiguas formas de trabajo.
Las actitudes van cambiando, aunque quedan dificultades. Algunos pobladores dicen que los monitores de comunidades vecinas les prohíben pescar en lagos en que solían pescar, una queja que quizás refleja malentendidos o viejas rivalidades entre pueblos.
Niños miran pasar los botes por el Río Ampiyacu en la región noreste de Loreto, Perú. Foto por Barbara Fraser
Optimismo, pese a la incertidumbre política
En una reunión a principios de octubre de los líderes de la mayoría de los pueblos, el presidente de la comunidad bora de Pucaurquillo protestó por las restricciones a la tala, diciendo que para las familias era una de las pocas formas rápidas de conseguir efectivo para pagar matrículas escolares o cubrir emergencias de salud.
Él y otros líderes comunitarios dicen que las familias deben obtener de su tierra más que un ingreso de subsistencia y plantean el cultivar café o cacao o criar gallinas. Sin embargo, para iniciar proyectos así, se requiere inversión en efectivo y ayuda técnica.
Y algunos pobladores como Rubio siguen pensando que debieron establecer una reserva comunitaria en lugar de un área de conservación regional porque una reserva les conferiría derechos territoriales más sólidos y se manejaría con un comité paritario de miembros de la comunidad y oficiales de parque, según dice él.
Aunque González, representante del gobierno, trabaja de cerca con las comunidades, Rubio teme que el gobierno regional opte por otra forma de manejar las áreas.
Aun así, Rojas y sus vecinos de Nuevo Porvenir están avanzando con el nuevo sistema, elaborando planes para una operación maderera dirigida por la comunidad. Varias otras comunidades les están siguiendo las huellas.
González dijo que las comunidades también pueden diseñar planes de gestión para usar recursos en el área de conservación, aunque por ahora la mayoría está aprovechando los recursos en sus propios territorios, en donde parece que los animales de caza y los peces se están recuperando. Piensa incluir a las comunidades en un programa de monitoreo más sistemático para recolectar datos sobre el impacto de los planes de gestión en el bosque y en la vida silvestre.
Una mujer teje una bolsa de fibra de palma en la comunidad bora de Pucaurquillo, Perú, sobre el Río Ampiyacu. Foto por Barbara Fraser
Mas quedan algunos obstáculos. Un nuevo presidente regional elegido en octubre expresó pública oposición a las áreas de conservación regional y su intención de promover concesiones madereras y plantaciones de palma oleaginosa.
FECONA está buscando aprobación gubernamental para su idea de ampliar los títulos de tierra de las comunidades e incluir una zona forestal entre sus territorios actuales y el área de conservación. Genoveva Freitas, coordinadora del trabajo de IBC con las comunidades, espera la aprobación con optimismo pero la solicitud sigue en el limbo.
Es posible que el nuevo gobierno regional no quiera dar más fondos para salvaguardar las áreas actuales. Como las áreas de conservación regional no tienen guardaparques regulares, González depende de que los miembros de la comunidad informen de caza o tala ilícitas, pero en el área hay grandes sectores a donde los pobladores rara vez van.
Por otro lado, algunos se preocupan del narcotráfico en el área. Los piratas atacaron varias embarcaciones fluviales y en uno de los ataques mataron a un oficial de policía que no estaba de servicio. También hay rumores de que se mueve droga cerca de Ampiyacu, y los funcionarios del gobierno y los miembros de la comunidad recuerdan el campo de coca que vieron en lo que ahora es el área de conservación.
Mas Freitas y González dicen que estas dificultades destacan la importancia de incluir a las comunidades locales, responder a sus necesidades y probar varios métodos de manejar recursos para proteger el área de conservación.
Si funciona, daría una hoja de ruta a otras comunidades que están en busca de modos de conservar sus bosques.
Una tarde lluviosa, Mirna Churay, 35, se sienta junto a varias mujeres en la cocina, un área al aire libre en la casa de sus padres, para tejer canastas de fibra de palma y vendérselas a turistas que se detienen de cuando en cuando en su pueblo. A Churay le preocupa que los nuevos funcionarios regionales quieran cambiar las reglas pero dice que las comunidades seguirán el curso que se trazaron.
“Ningún gobierno nos va a decir qué hacer con nuestra tierra” dice. “Siempre vamos a pelear por nuestras tierras. Más que nada lo hacemos por nuestros hijos”.
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