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Un nuevo informe resalta la importancia de los derechos sobre tierras indígenas a medida que las presiones de las industrias continúan creciendo.
Las opiniones de la gente que vive en los bosques suelen ignorarse en los debates sobre cómo aprovechar los recursos forestales. Los debates incluyen la preservación de las existencias de carbono y de la biodiversidad, así como también el estímulo del desarrollo económico, a menudo mediante extracción y explotación de recursos, lo que deja poco lugar para el punto de vista de las comunidades indígena.
Pero un nuevo informe apunta a cambiar ese diálogo y fue presentado el 5 de diciembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Lima, Perú. Se titula “Haciendo visible lo invisible: perspectivas indígenas sobre la deforestación en la Amazonía Peruana” y fue publicado por el Forest Peoples Programme (un grupo internacional de defensa, que protege los derechos de las comunidades de los bosques) y la organización indígena peruana AIDESEP. El informe examina los efectos de la extracción de madera, la minería del oro, la agricultura, y la perforación de pozos petrolíferos y de gas natural, que han ido aumentando en este último tiempo en la Amazonía peruana.
The La Amazonía peruana alberga una amplia variedad de especies, tales como esta rana dardo Ranitomeya benedicta. Foto: Rhett A. Butler.
Los autores del informe del FPP descubrieron que las leyes peruanas que protegen los bosques no siempre se cumplen, en especial cuando los inversores que tratan de obtener ganancias a partir del aceite de palma, el oro, los combustibles fósiles y el cacao han visto en el país sudamericano un escenario ideal para oportunidades comerciales.
“Los leñadores no solo están cortando nuestra madera; están cortando nuestros territorios ancestrales”, afirma Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT (una federación de 57 comunidades indígenas), quien ha sido citado en el informe. Según la investigación, el 80 % de las exportaciones de madera de Perú ha sido extraído de manera ilegal.
Los autores también expresaron su preocupación por el aumento de la deforestación en Perú, aun cuando el país se ha comprometido a detener por completo la deforestación neta para 2020. El informe señala que las comunidades que han dependido de los bosques durante tanto tiempo podrían ser también la clave para salvarlos.
“Existen muchas buenas investigaciones que muestran que en tierras donde la comunidad indígena tiene el título de propiedad, al menos en Brasil, se trabaja bien en impedir la deforestación; a veces, mejor que en áreas protegidas oficialmente”, sostiene Clinton Jenkins, un profesor visitante en el Instituto de Investigación Ecológica en Nazaré Paulista, Brasil. Jenkins, quien no ha participado de la investigación del FPP, también tiene experiencia laboral en Perú.
 Guardia de parque indígena patrullando el bosque en Suriname. Foto: Rhett A. Butler. |
Los problemas pueden surgir cuando el Gobierno no reconoce los reclamos indígenas sobre la tierra y permite que otras personas establezcan industrias extractivas. Alrededor de 15 millones de hectáreas de la Amazonía peruana tienen título de propiedad, es decir que existe algún tipo de reconocimiento legal del control indígena en esas áreas. Sin embargo, según el informe, el Gobierno aún debe entregar el título de otras 20 millones de hectáreas que, en opinión del FPP, deberían ponerse a nombre de esas comunidades.
No obstante, registrar una propiedad no es la panacea. El informe señala que las concesiones de petróleo y gas —que suelen combinarse con deforestación, contaminación del agua y construcción de carreteras, que estimula una mayor destrucción de los bosques, según Jenkins— ocupan un 80 % de la Amazonía peruana, por lo que se superponen con áreas que ya son tierras indígenas registradas. Los autores escriben que han encontrado pocas pruebas de que las comunidades tengan voz y voto en el establecimiento de dichas concesiones bajo el principio conocido como “consentimiento libre, previo e informado”.
En países como Perú, “hay un gran problema con el equilibrio de poder —sostiene Jenkins—. Estas industrias son tan ricas y tienen tanto poder e influencia sobre el Gobierno en comparación con la gente que habita esa tierra que no es una lucha pareja”. Marcial Mudarra, presidente de la organización indígena CORPI, ubicada en San Lorenzo, fue citado en el informe: “Vemos que, cuando se trata de una multinacional, todo se resuelve rápido y a su favor”.
Las políticas nacionales basadas en prioridades de desarrollo económico determinan lo que sucede con el bosque. “El Gobierno quiere hacer negocios con la selva —afirma Mudarra—. Por eso no entregan el título de propiedad de las tierras indígenas”.
De todas maneras, los autores sostienen que es necesario registrar las tierras para que las comunidades indígenas puedan establecer un punto de apoyo legal.
“Si no tenemos el título de propiedad, las industrias madereras no respetarán nuestra propiedad —afirma Edwin Chota, un activista por los bosques y representante del pueblo Ashéninka de la región Ucayali—. No amenazan. Nos intimidan. Y están armados”. Chota fue asesinado en septiembre de 2014, cerca de la frontera entre Perú y Brasil. Sus seguidores temen que su muerte haya sido una venganza de taladores ilegales.
“Además de los casos documentados de violencia contra las comunidades indígenas, las industrias extractivas afectan de manera adversa al medioambiente”, escriben los autores del informe. Hace poco la minería del oro comenzó a aumentar en algunas áreas de Perú. En la región Madre de Dios, donde el 97 % de la minería del oro se realiza de manera ilegal, las tasas de deforestación son tres veces más altas que las de antes de 2008. Y la minería puede ser especialmente nociva para los ríos, de los que dependen muchas comunidades de los bosques.
“Solíamos pescar en el Río Puquiri, pero ya no es un río debido al relave y los sedimentos —comenta un líder indígena de Madre de Dios—. Los mineros trabajan allí y ya no hay peces. Es todo barro”.
Mina de oro a cielo abierto Lamal en la región Madre de Dios, Perú. Foto: Rhett A. Butler.
La minería del oro a pequeña escala implica el uso de mercurio, una neurotoxina, para separar el mineral del sustrato. Solo en 2011 se utilizaron casi 1400 toneladas de mercurio para esta actividad, lo que se convirtió en la mayor fuente mundial de polución ambiental por mercurio. Según el informe, la extracción de petróleo y de gas natural también suele liberar niveles peligrosamente altos de metales pesados en los ríos.
Y las carreteras que estas industrias construyen, si bien son un beneficio para el comercio, tienden a perpetuar el ciclo de destrucción forestal. “Un impacto enorme de estas carreteras es la migración que provocan —sostiene en el informe Robert Guimaraes, vicepresidente de FECONAU, una federación indígena en Ucayali—. Con ellas aparece una combinación de problemas: tala ilegal, cultivo de coca y minería ilegal”.
El informe indica que “el 75 % de toda la deforestación ocurre dentro de un radio de 20 km de la carretera”. Los datos de Global Forest Watch lo confirman al mostrar que mucha de la reciente deforestación ocurrió a lo largo de las carreteras. Los mapas de las regiones de Loreto y de Ucayali en Perú muestran concentraciones de alertas FORMA, que muestran posibles zonas de deforestación casi en tiempo real, con un control sobre las carreteras principales que atraviesan la Amazonía.
En 2013 y 2014 en Loreto, la cantidad de alertas FORMA aumentaron más del doble en comparación con el año anterior. Este año, que aún no acaba, se emitieron más de 18 000 alertas FORMA, comparadas con las 9000 de 2013. La cantidad de alertas FORMA en Ucayali en 2014 —sin que haya terminado el año— aumentó más del 60 % en comparación con el total de 201010.
Los dos mapas de la región de Loreto, Perú, muestran un marcado aumento en las alertas FORMA, que identifican zonas de posible deforestación cada quince días. Como parte del plan del Gobierno para el desarrollo del aceite de palma, los dirigentes peruanos proponen despejar 100 000 hectáreas de tierra para la producción de aceite de palma. Mapa cortesía de Global Forest Watch Clic para agrandar.
Los dos mapas de la región de Ucayali, Perú, muestran un marcado aumento de las alertas FORMA, que identifican zonas de posible deforestación cada quince días. El activista por los bosques Edwin Chota fue asesinado en Ucayali en septiembre de 2014, y su muerte fue asociada a las “mafias de la tala” en Perú. La región se ha convertido en un blanco para inversores en madera y aceite de palma. Mapa cortesía de Global Forest Watch. Clic para agrandar.
Además de la minería ilegal del oro, las inversiones en agricultura industrial —en especial en aceite de palma— han influido sobre la reciente degradación del suelo y el despeje de los terrenos. Los autores calculan que el 20 % de la deforestación en la región amazónica de Perú fue consecuencia de estas dos fuentes durante 2013. Según el informe, el Gobierno planea desarrollar plantaciones de aceite de palma en más de 1400 millones de hectáreas de terreno peruano.
“Esto hace que el registro de tierras sea aún más urgente”, escriben los autores del informe. Afirman que las comunidades indígenas deberían tener los derechos para controlar lo que sucede en sus tierras, y no solo por el bien de su propia subsistencia. Según la investigación, la tasa de deforestación de las tierras indígenas legalmente reconocidas es un 20 % menor que la tasa promedio de la Amazonía peruana, y más de un 95 % menor que la de terrenos privados.
Las comunidades indígenas no solo protegen la franja peruana de la pluviselva más grande del mundo, sino que, al hacerlo, protegen la enorme cantidad de carbono que contiene. “Las pruebas recogidas en los territorios indígenas de Brasil sugieren con vehemencia que esas tierras protegen mucho más el carbono que el uso que se les da a las tierras vecinas”, escriben el ecologista Greg Asner del Instituto Carnegie en Stanford, California, y sus colegas en un informe sobre mapeo de alta resolución de las existencias de carbono, que presentó en una conferencia.
En un correo electrónico enviado a mongabay.com, Asner, quien no formó parte del informe del FPP, lo dejó más en claro: “Las comunidades indígenas están entre los escasos mejores protectores de los bosques peruanos”.
Citas:
- Hammer, Dan, Robin Kraft, and David Wheeler. 2013. “FORMA Alerts.” World Resources Institute and Center for Global Development. Accessed through Global Forest Watch on 11 December 2014. www.globalforestwatch.org. Map courtesy of Global Forest Watch.
Créditos
