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Angélica Choc (izquierda), German Chub (delante) y otros kekchís mayas exigen justicia por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con una compañía minera canadiense. Foto por: Rachel Schmidt
German Chub se enfrenta al juez y responde calmada y sosegadamente pregunta a pregunta durante el interrogatorio. Con sus brazos se acomoda y se mueve un poco en su silla de ruedas. Gracias a la ayuda de otros hombres jóvenes kekchís mayas subió a la segunda planta del palacio de justicia en Puerto Barrios, una bulliciosa ciudad portuaria al este de Guatemala.
Hace cinco años y medio, Chub estaba jugando al fútbol en la comunidad de La Unión, en el departamento de Izabal, cuando aparecieron los guardias de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una corporación minera, contó ante el tribunal. Chub escuchó un escándalo procedente del hospital propiedad de la compañía y se acercó a la verja que separaba el complejo de la compañía del campo de fútbol para ver qué estaba ocurriendo, dijo.
“Vi a Mynor Padilla apuntándome con una pistola,” testificó Chub. “Cuando me volví, escuché el disparo”.
Chub es uno de muchos miembros de la comunidad Kekchís maya herido de bala el 27 de septiembre de 2009 durante la respuesta a las protestas por las amenazas para desahuciar a una población de sus tierras ancestrales cerca del proyecto minero Fénix ferro-níquel de CGN. Chub está paralizado del pecho hacia abajo a causa de este incidente y los doctores determinaron que era demasiado arriesgado sacar la bala alojada en su espina dorsal. Adolfo Ich, profesor y líder reconocido en la comunidad de La Unión, murió tras ser alcanzado por un machete y un disparo a manos del personal de seguridad de CGN, según cuentan los testigos. Al menos, otras siete personas fueron heridas ese mismo día, según las demandas del proceso judicial.
Chub estaba jugando el partido de fútbol, dice, y no estaba involucrado en las protestas, que se estaban produciendo lejos del campo en el momento del tiroteo. Ich estaba en su casa en La Unión, cerca del campo de futbol, donde el personal de seguridad apareció en la escena. Los testigos afirman que Ich fue llamado e invitado a salir por el personal de seguridad y que se acercó a ellos asumiendo que tan solo querían hablar con él. No queda claro si Chub o los demás heridos de aquel día eran un objetivo específico. Numerosos residentes de Las Nubes terminaron heridos a lo largo de la carretera donde estaban produciéndose las protestas.
A poco más de un metro a la izquierda de Chub, se encuentra sentado Mynor Padilla, cuya expresión no varía al escuchar a los testigos, con un rosario enrollado en la mano. Ex coronel militar, Padilla es acusado de homicidio, atentado contra la integridad física y atentado contra la integridad física responsable de los actos de sus guardias de seguridad al cargo y por intentarlo él mismo. En ese momento, era el jefe de seguridad de CGN, después lo fue en una compañía minera filial de HudBay Minerals con base en Toronto.
No es raro ver juicios relacionados con conflictos por recursos naturales y tierras en los juzgados de Guatemala. La mayoría de veces, no obstante, es la comunidad indígena quien se enfrenta a los cargos. El caso criminal contra el antiguo jefe de seguridad de CGN es la excepción que confirma la regla en Guatemala, así como una serie de demandas civiles en curso relacionadas en Canadá que están sirviendo como un importante precedente al ordenar un juez que podrían proseguir el caso en un tribunal canadiense.
El abogado guatemalteco con un largo historial representando comunidades luchando por sus tierras Sergio Beltetón, del Comité de Unidad Campesina (CUC) de la organización de derechos de la tierra, fue una de las seis personas en la acusación el 28 de abril durante el juicio de Padilla en Puerto Barrios. Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU son demandantes conjuntos que intervienen junto con la Oficina de Acusación Pública en este caso contra Padilla.
“Son raros los casos como este, en los que un jefe de seguridad es culpado del crimen,” dijo Beltetón a mongabay.com. “Hay que prestar mucha atención a este caso”.
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Google map muestra la localización del proyecto de minería Fénix y Puerto Barrios, donde se está celebrando el juicio del jefe de las fuerzas de seguridad de la mina. Clic para ampliar. |
Un conflicto con historia
Beltetón comentó que el caso reúne ciertos patrones reiterados en el país: un proyecto de extracción impuesto en las comunidades sin su consulta provoca protestas, que a su vez desencadenan una violenta represión. Pero el conflicto de toda la vida por las tierras es la clave de esta particular situación.
El proyecto de minería Fénix ferro-níquel lleva relacionado con el conflicto por las tierras y las violaciones de derechos humanos más de 50 años, la mayoría de los cuales coincidieron con la guerra civil del país, que duró 36 años. La Compañía Internacional del Níquel canadiense (INCO, por sus siglas en inglés) comenzó preparando el proyecto de minería en los años 60 y se ayudó del amplio desalojo forzado de los kekchís mayas nativos con el objetivo de abrirse camino para realizar el proyecto. El año anterior al gobierno militar que concedió a la sucursal EXMIBAL de INCO una licencia de minería en 1971, dos oponentes notables, incluido un congresista, fueron asesinados, otros dos oponentes vocales fueron heridos en un intento de asesinato y otro huyó del país. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico que se creó en los Acuerdos de Paz de 1996 documentó tres casos de personal y vehículos de EXMIBAL involucrados en numerosas ejecuciones arbitrarias y un asalto a la población civil en 1970.
Tras dos décadas de actividad de la compañía en la zona, incluyendo cuatro años de producción, la mina cerró en 1981 y permaneció inactiva durante tres décadas. Durante ese periodo, las comunidades trasladadas kekchís mayas volvieron a las tierras de las que habían sido desalojadas las generaciones anteriores para dejar paso a la mina. Desde hace una década, se han producido varios intentos para reabrir y expandir la cantera y los trabajos de fundición. Finalmente, estos trabajos volvieron a reanudarse en 2014 y los planes de expansión potencial incluyen las tierras en las que volvieron a asentarse los residentes kekchís mayas.
La propiedad y gestión de la mina ha cambiado de manos numerosas veces. El proyecto Fénix fue en sus inicios operado por EXMIBAL, compañía guatemalteca que pertenecía en su mayor parte a INCO. La corporación minera con sede en Toronto Skye Resources se hizo con la propiedad del proyecto en 2004, cambió el nombre operativo de la sucursal a CGN y posteriormente se fusionó con HudBay Minerals en 2008. En 2011, Solway Group, compañía rusa privada con sede en Chipre se quedó al cargo de CGN y el proyecto Fénix. El gobierno de Guatemala posee el 1,8 por ciento de propiedad de CGN.
“CGN no tiene certeza legal sobre sus tierras, ya que existen dudas sobre las líneas de propiedad, sobre los orígenes de las tierras, sobre el área y sobre su localización,” dijo Beltetón.
La policía, soldados y los guardias de seguridad privada de CGN participaron en una serie de violentos desahucios de las comunidades kekchís mayas de sus tierras el año 2007, en el tiempo en que el inactivo proyecto Fénix pertenecía a Skye Resources, según informan los representantes de la organización por los derechos humanos y los periodistas allí presentes. Los testigos de la comunidad trasladada kekchí maya de Las Nubes testificaron en el juicio de Padilla que los guardias de seguridad de CGN y el gobernador del departamento de Izabal los amenazaron con desahuciarlos el día de los tiroteos en septiembre de 2009, momento en que HudBay era propietario del proyecto. Estas amenazas provocaron protestas, protestas que se produjeron a lo largo de una carretera clave junto a las instalaciones de la compañía en el vecindario de La Unión y su campo de fútbol.
“Cuando el señor Mynor Padilla llegó, nos dijo que teníamos que marcharnos… Dijeron que la tierra era de la compañía y que usarían la fuerza para desalojarnos de allí,” testificó Ricardo Acte en la audiencia. A Ricardo Acte y otros testigos de Las Nubes se les proporcionó un intérprete y testificaron en kekchí.
“La gente de la compañía dice que las tierras son suyas, pero los que trabajamos en ellas no estamos de acuerdo,” dijo Samuel Coc, otro herido de bala en Las Nubes.
Es probable que el juicio de Padilla se demore un tiempo. Han pasado más de cinco años desde que los tiroteos se produjeran hasta que el juicio en sí comenzara. Padilla fue fugitivo durante casi tres años antes de su arresto en 2012, a los que le siguieron varios retrasos en el caso. Tras la primera de las tres audiencias en abril de 2015, tan solo cinco testigos se personaron de las numerosas decenas que había.
El juez que preside el caso fue traspasado a un tribunal de Guatemala después de que comenzaran los procedimientos y ahora se encuentra viajando de acá para allá para el juicio en Puerto Barrios, más de cinco horas cada viaje. Se ha solicitado instrucción del Tribunal Supremo con el fin de saber si debería continuar con su labor. Si se designara otro juez, el caso retrocedería considerablemente ya que el juez que dicte sentencia debe presidir el proceso de presentación de evidencias y testigos.
Trasladando la lucha a Canadá
En tanto que el caso criminal de Padilla sigue en Guatemala, un trío de demandas civiles multimillonarias se abre paso en Canadá. Angélica Choc, la viuda de Adolfo Ich, demanda a HudBay Minerals por el asesinato de su marido, y Chub inició un litigio contra la compañía por el tiroteo que lo dejó parapléjico. Rosa Elbira y otras diez mujeres kekchís mayas son las demandantes del tercer caso contra HudBay referido a la violación en grupo por los guardias de seguridad de CGN y seguridad estatal durante el desahucio de 2007. Skye Resources pertenecía a CGN por aquel entonces, pero las demandantes discuten que después de que las dos compañías se fusionaran, HudBay pasó a ser el responsable legal del crimen de Skye.
Ninguna de estas alegaciones ha sido aún probada en un tribunal. CGN no respondió a la solicitud de comentar los hechos. HudBay Minerals se negó a comentar nada, citando el juicio en curso de Padilla. Sin embargo, en una sección especial “CGN y HudBay en Guatemala” en su sitio web, HudBay esboza un panorama completamente distinto de los eventos producidos el 27 de septiembre de 2009 respecto a lo que las víctimas y testigos en los casos de los tribunales de Guatemala y Canadá declararon.
Aquella mañana no se produjo ningún desahucio, declara el sitio web de HudBay. “Una multitud, muchos de ellos armados, se reunieron alrededor de la propiedad CGN,” según el cronograma de la página web. “La gran muchedumbre atacó al personal de seguridad con palos, rocas y machetes,” prosigue el cronograma de HudBay, dando a entender que se produjo un daño notable en la propiedad y que las barracas de la Policía Civil Nacional fueron saqueadas y su armamento robado.
“La multitud” pegaba tiros y arrojaba cócteles Molotov, según HudBay. En ningún punto de esta sucesión de hechos confirma o niega HudBay que el personal de seguridad de la compañía disparara un arma. “CGN siguió los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos y se tomó en serio el entrenamiento de sus empleados de seguridad y contratistas,” explica la página web de HudBay.
En 2013, un juez con el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ordenó que HudBay Minerals pudiera considerarse responsable legalmente en Canadá por crímenes relacionados con el proyecto de minería de su antigua sucursal, CGN, en Guatemala.
“Es la primera vez que un tribunal canadiense ha dictaminado que pueda hacerse una demanda contra una corporación raíz canadiense por falta negligente al prevenir abusos de los derechos humanos en su proyecto extranjero de minería,” dijo Cory Wanless, abogado adjunto de los demandantes Kekchís mayas en los tres casos, en la fecha de la resolución del 22 de julio de 2013.
Angélica Choc tiene algo más de esperanzas por el caso en Canadá que por el de Guatemala. Chub y ella remarcan la larga historia de impunidad respecto a las continuas violaciones de los derechos humanos con las gentes indígenas de Guatemala. Padilla tiene tres abogados de renombre a su lado, incluyendo Francisco Palomo Tejeda, quien fue uno de los abogados para la defensa del dirigente militar Efraín Ríos Montt. Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad en un tribunal de asuntos domésticos en mayo de 2013, pero la resolución fue anulada diez días después y la consiguiente revisión suspendida en enero de 2015.
Durante el interrogatorio de Chub dirigido por Palomo Tejeda en la audiencia del 28 de abril, el juez ordenó a Choc que abandonara la sala tras sufrir esta una crisis nerviosa. Se solicitó a Chub que viera fotografías aéreas para identificar exactamente dónde estaban él y Padilla cuando se produjo el tiroteo. La escena de Chub siendo interrogado en su silla de ruedas, rodeado muy de cerca por los abogados y el juez, fue demasiado para Choc.
“Me enfadé mucho cuando vi cómo trataban a German. Me enfadé, y entonces me puse a llorar sin parar,” contó ella a mongabay.com en una entrevista en la calle del palacio de justicia. “Ahora mismo parece que estoy bien, que hablo bien, pero mañana y pasado mañana empezaré a sufrir por todo lo que he presenciado hoy.
Choc, Chub, y Elbira se están preparando para viajar a Toronto y hablar en un mitin al aire libre en la reunión general anual de HudBay el 22 de mayo y allí encontrarse con sus abogados.
“No sabemos qué nos deparará el futuro,” dijo Choc.
No obstante, ella sabe bien qué quiere contar a los accionistas de HudBay en Canadá. Quiere responsabilizar a la compañía por las acciones de las fuerzas de seguridad privada en Guatemala, incluyendo el asesinato de su marido Adolfo Ich. “Como mujer nativa que soy, no pienso quedarme sentada de brazos cruzados y permanecer en silencio.”