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¿Papeleo o represión? Las ONG luchan por hacerse un hueco en la nueva Bolivia que crearon con Evo Morales


Este artículo fue publicado en el programa Special Reporting Initiatives (SRI) de Mongabay.org y puede ser publicado de nuevo en su página web o en su revista, boletín o periódico bajo estos términos y condiciones.




Toribia Lero, líder indígena de la facción de la organización CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) no reconocida por el gobierno, en una entrevista. La financiación de la ONG danesa IBIS es probablemente una de las razones por las que fue expulsada del país. Foto por: Alexandra Ellerbeck.



Durante gran parte de la historia boliviana, las ONG medioambientales y de derechos humanos se unieron a comunidades indígenas y pobres en una ardua batalla contra la antigua guardia arraigada. Ahora, bajo el gobierno del primer presidente indígena del país, estas organizaciones se enfrentan a retos inesperados.



El martes 9 de septiembre de 2008, una llamada de alerta provocó que el personal del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social abandonara sus oficinas en la periferia de Santa Cruz, la ciudad más grande de Bolivia. La ONG, defensora desde hace mucho tiempo de los derechos de los granjeros indigentes y comunidades indígenas, se tomó muy en serio la amenaza.


Minutos después, un convoy de coches irrumpió en la puerta frontal del complejo, dispersando los cuatro policías que lo vigilaban. Alrededor de 50 hombres armados con palos, cuchillos, petardos y piedras se abrieron paso al edificio, donde destrozaron la propiedad y destruyeron la mayoría de lo que es una reconocida biblioteca nacional. Fuera, comenzaron a quemar documentos en una hoguera junto a la acera.





La oficina del CEJIS atacada por vigilantes de derecha en 2008 por apoyar al gobierno de Morales. Desde entonces, la crítica del CEJIS a la política medioambiental y otras de Morales ha provocado la censura del grupo y, posiblemente, su persecución por el gobierno. Foto pública.


La tensión en la ciudad tropical ha llegado a un límite: dos años después de que Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia, asumiera el cargo, la nación se preparaba para votar un largo y tardío referéndum que refundiría la constitución del país, expandiendo los derechos de las tierras de los votantes indígenas por los que habían luchado por tanto tiempo y por que habían sido perseguidos. Aquellos que apoyaban los cambios —la mayoría de las ONG— sufrieron una violenta respuesta por parte de la antigua guardia, que tenía mucho que perder. CEJIS y otros pagaron gustosamente por su inclinación a apoyar las causas que Morales representaba.


Tras la aprobación de la nueva constitución, esta entró en vigor. Fue vitoreada por los activistas de los derechos indígenas de todo el mundo. Los ecologistas también estaban encantados pues garantizaba derecho a un “medio ambiente sano, protegido y equilibrado”.


Morales —al mando de su partido político, Movimiento Al Socialismo (MAS) — ha permanecido en el poder en silencio desde entonces, y se ha beneficiado de un amplio abanico de ayudas. Originalmente parte de un movimiento rural de granjeros, el partido cuenta con votantes de todos los grupos indígenas: campesinos, trabajadores urbanos, la clase media e intelectuales.





Celudonio Corumeche sentado delante de un póster que la compañía de procesamiento de azúcar para la que trabajaba le regaló. Encima del póster hay un anuncio para el candidato local político de la oposición, pero Corumeche lleva una camiseta representando a Evo Morales, regalada por un candidato local del partido en el poder. Foto por: Alexandra Ellerbeck.


Morales se preocupó de nacionalizar los recursos naturales, pero el sector privado —incluyendo compañías multinacionales— permanecieron como notables accionistas. Las amenazas de la extrema derecha se redujeron, pero para el CEJIS y ONG afines, un futuro que debería haber brillado más que en cualquier otro punto de la historia, sigue siendo turbio, incierto y cargado de preocupación.


La crisis interna


El gobierno de morales está experimentando un dilema típico en la transición de forasteros populistas a titulares profundamente anclados en el pasado. Antes de entrar al poder, el MAS y su base de organizaciones indígenas y campesinas se aliaron con ONG para luchar un gobierno conservador que favorecía solo a la élite privilegiada. Tras la Asamblea Constitucional de 2009, Morales venció a la antigua guardia y consiguió una importante victoria, pero perdió su punto en común. Ya sin un enemigo común y sin necesidad de unión, la tensión comenzó a aparecer en la administración de Morales sobre el desarrollo, así como en otros objetivos civiles y ecológicos.


“En general, el clima político es bastante más complicado ahora que en el pasado”, dijo Susana Eróstegui, directora de UNITAS, organización coordinadora que representa más de veinte ONG bolivianas, incluyendo muchas que trabajan en la lucha indígena y medioambiental. “Existe una intención por parte de la administración de Morales de dedicarse a controlar o minimizar la actividad de ONG que han sido críticas para el gobierno”.


La izquierda lleva enfrentándose a una crisis interna desde 2010, cuando Morales anunció un proyecto de autopista a gran escala que cortaría en dos el bosque tropical del Amazonas y el territorio indígena en el Parque Nacional TIPNIS. El territorio cubre alrededor de 2,5 millones de acres y es hogar de la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), en peligro de extinción, además de contener algunas de las áreas más biodiversas y pobres en Latinoamérica. El MAS prometió un trato demasiado bueno como para rechazarlo: Brasil financiaría la construcción, el proyecto crearía trabajos y las comunidades rurales aisladas ganarían un nuevo acceso a servicios y mercados.





Mural a un lado de la carretera en La Paz, Bolivia, que representa la historia de la lucha de los trabajadores del país, en referencia a la protesta de los mineros de la Unión y los protestantes de 2003 en favor de la nacionalización del gas. Foto por: Alexandra Ellerbeck.


Los ecologistas y líderes indígenas disentían acerca de la autopista, discutiendo que los votantes principales de Morales —productores de coca— saldrían ganando, mientras que la gente local sufriría desventajas: pérdida de control sobre sus propios asuntos y daño al medio ambiente en una región caracterizada por su biodiversidad y autonomía.


En 2011, dos grandes organizaciones indígenas organizaron una marcha de dos meses —una forma de protesta con gran tradición en Bolivia. Los participantes marcharon desde la bulliciosa ciudad de Trinidad a La Paz, la capital, que yace en un valle alto andino a unos 150 kilómetros al oeste. El CEJIS, la ONG que vio su oficina destrozada por los vigilantes anti-Morales, era una de las simpatizantes en la marcha, tal y como hicieron otros grupos por los derechos humanos y del medio ambiente.


La heterogénea banda de activistas indígenas creció hasta una multitud de miles de personas para cuando llegó a las calles de la capital. Allí, una gran aglomeración de simpatizantes se reunió para recibir a los manifestantes. La prensa internacional, incluyendo canales que normalmente ignoran lo que ocurre en Bolivia, se olieron una buena historia y se metieron de lleno.


Durante la marcha, el ministro de comunicaciones de Morales, Iván Canelas, denunció dos organizaciones ecologistas: El Foro Boliviana sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Liga de Defensa del Medio Ambiente. También criticó injustamente al CEJIS con un hiriente rechazo al grupo que había luchado por apoyar los cambios revolucionarios llevados a cabo por Morales en sus primeros años, incluso a un alto costo de su organización. El ministro acusó a las organizaciones de “desestabilizar al gobierno y afectar a la imagen de sus principales autoridades, como el presidente Evo Morales”.


Los ataques verbales del gobierno tenían como objetivo silenciar las ONG. “Nos sentimos básicamente amordazados y esposados a la hora de responder, criticar o discutir sobre las políticas de desarrollo del gobierno, que están actualmente fuera de control”, dijo marco Ribera Arismendi, portavoz de LIDEMA, red de organizaciones ecologistas en Bolivia que fue censurada por Canelas.


Palabras frente a acciones


En el plano internacional, Morales ha propuesto medidas estrictas para abordar el cambio climático, que lo iguala a un “genocidio”. Ha criticado a los países desarrollados por crear la gran mayoría de las emisiones y ha presionado a las Naciones Unidas para marcar el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra.


Sin embargo, en casa, se ha visto atrapado entre propuestas chocantes: la necesidad de apoyar una economía dependiente casi en su totalidad de la industria de extracción para las rentas que financia los programas sociales del gobierno popular, frente a una demanda por un desarrollo alternativo y protección medioambiental, visión que ha sido establecida por las ONG.


Según Rafael Puente, antiguo vice ministro de interior bajo el gobierno de Morales, la necesidad de fomentar la economía ganó por goleada. Esto dio como resultado “las megapresas hidroeléctricas a expensas de inundar la cuenca amazónica y crear serios problemas; la deforestación de millones de hectáreas en Santa Cruz para expandir la frontera agrícola con vistas a la exportación; y las licencias absolutas para que compañías mineras operen sin restricción o control alguno”.





Mujer joven guaraní trenzando el pelo de una niña en La Bélgica, pequeña ciudad construida alrededor de la planta de procesamiento de azúcar. Foto por: Alexandra Ellerbeck.

Sorprendido por la fuerte oposición en su propia base, Morales pospuso la autopista en TIPNIS. Pero él no perdona ni olvida. “Desde ese momento, la relación entre el gobierno y las ONG ha sido y continúa siendo tensa”, dijo Jorge Velásquez, representante de Diakonia, organización sueca de desarrollo que financia a socios locales, incluyendo Agua Sostenible, grupo que trabaja mejorando la sostenibilidad agrícola frente al cambio climático. “El mejor ejemplo de esta represión es la expulsión de IBIS, que supone un fuerte toque de atención a las ONG. De alguna manera, se puede considerar esto una advertencia que, incluso teniendo todos los papeles, si el gobierno te ve como un problema, tienen el poder para expulsarte del país”.


La ONG danesa IBIS fue expulsada del país por el gobierno boliviano a finales de 2013. La firme misión de la ONG en Bolivia incluía “moderar los efectos del cambio climático y la destrucción causada por la industria minera”. El gobierno acusó a IBIS de interferencias políticas e intentar dividir organizaciones indígenas. “Un complot no se perdona”, dijo Morales por aquel entonces. IBIS no ofreció respuesta a las consultas que se le hicieron respecto al tema de su expulsión.


“Dondequiera que haya una crisis en el gobierno, la respuesta inmediata es distraer a la población con una acusación”, dijo el director de una ONG ecologista en Bolivia que prefirió permanecer anónimo para evitar represalias políticas. El gobierno expulsó a IBIS “porque tuvieron el descaro de financiar a la gente equivocada”, dijo, explicando más a fondo que IBIS había dedicado recursos a un grupo indígena asociado con la marcha en TIPNIS que el gobierno declaró como “ilegítima”.


ONG disfrazadas como agentes del imperialismo


Morales ha acusado directamente a varias ONG por formar parte de una conspiración para debilitar su autonomía en Bolivia —sentimiento que retumba bastante en un país que sigue recuperándose de siglos de opresión colonial.


En una extensa crítica marxista sobre los intereses extranjeros y organizaciones sin ánimo de lucro operando en el Amazonas, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera redactó que considera a las ONG no tanto como “Organismos No Gubernamentales” sino como “Organizaciones de Otros Gobiernos en Territorio boliviano”.





Gente de La Paz, Bolivia. Foto por: Peter van der Sluijs — Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Las ONG con más influencia en Bolivia reciben la mayor parte de su financiación del exterior. De manera que no es de extrañar que un gobierno que ha levantado su identidad por “descolonizar Bolivia”, liberándola de jefes supremos y reclamando su soberanía sobre los recursos naturales, se muestre recelosa de las ONG que reciben un flujo constante de dinero extranjero y apoyan actividades bastante críticas para el gobierno de Morales en términos medioambientales y de derechos humanos.


Otro de los retos a los que se enfrentan las ONG ahora es producto del reciente éxito económico del país. Ante la mejora económica bajo el gobierno de Morales, muchos contribuyentes norteamericanos y europeos no consideran ya a Bolivia como una prioridad. Muchos han focalizado su atención en otros menesteres, dejando a las ONG que sobrevivan con una pequeña fracción de financiación.


Mientras tanto, el gobierno ha mejorado su programa social, redistribuyendo parte de la nueva riqueza en la población a través de planes sociales y bonos económicos dirigidos a mujeres embarazadas, niños, escuelas y a las personas mayores. Ahora, algunas ONG se ven inútiles, ya que el gobierno está expandiendo su compromiso social y trabaja de manera más directa con organizaciones indígenas, agrícolas y ganaderas.


Auténticas amenazas legales


En 2013, Morales puso en práctica una serie de regulaciones que atribuían a la administración más poder para ejercer control sobre la misión y finanzas de las asociaciones sin ánimo de lucro.


Las nuevas leyes obligaban a las ONG a renovar su registro con el gobierno, y así revelar sus fuentes de ingresos. El gobierno de Morales también se concedió extensos poderes para disolver cualquier organización que los oficiales dictaminaran como desviándose del “interés público” o de su objetivo legalmente establecido.


“La ley 351 está vigente y es claramente anticonstitucional porque puede eliminar la posición legal de las organizaciones por motivos que no siguen un juicio justo”, dijo Eróstegui, director de UNITAS. “Cualquier oficial puede solicitar a una institución que detenga su funcionamiento y cualquier actividad porque el oficial considere que esta es política. Es una ley muy peligrosa”.


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está preocupado por esta ley, bajo el argumento de que amenaza la libertad de asociación.


“En el plano político, ya no hay oposición que le cree problemas a Evo Morales. En su lugar, la oposición es social y hay que gobernar con mano de hierro”, dijo Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información boliviano, asociación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y educación. “Por primera vez, se genera la idea de que el estado, que el gobierno del MAS, necesita controlar o intimidar la oposición social, negándoles su existencia legal. Es simple: ilegalizar organizaciones en la sociedad civil que se vean con cualquier tipo de disposición política. Desde la dictadura, ningún gobierno ha dudado de la existencia formal de las ONG o entidades sociales civiles colectivas”.


La ley 351 también insta a las ONG a especificar en sus estatutos cómo el alcance de sus actividades fomentan el desarrollo social y económico, teniendo en cuenta “regulaciones establecidas en ámbito nacional, políticas nacionales y sectoriales”.


“La peor parte es en la que te dicen que tienes que cambiar aquello para lo que fuiste creado”, comentaba Patricia Molina, directora de programa en FOBOMADE, ONG ecologista que aboga por políticas ambientales sostenibles y un mayor debate públicos obre temas ecológicos. Su organización, explicaba, no puede abandonar su papel político y cumplir con su objetivo, que consiste en la investigación de las consecuencias ambientales de proyectos de ley y monitorización de cumplimiento de la legislación vigente.


Eróstegui, de UNITAS, rápidamente señaló que aunque las ONG fueron instadas a cambiar sus estatutos, ninguna de ellas ha perdido su estatus legal bajo esta ley…todavía. La función de las regulaciones en la práctica, decía, es crear una atmósfera de miedo y autocensura en las ONG y grupos de sociedades civiles.





Hombre conduciendo una moto frente a un grafiti que dice “Con Evo vamos bien y vos lo sabes”, en la ciudad de Concepción, Bolivia —lugar de una misión jesuita en 1700 para evangelizar las comunidades guaraníes. Foto por: Alexandra Ellerbeck.


“Antes, las ONG eran más luchadoras; se pronunciaban más en ciertos temas. Ahora dudan sobre qué decir y cómo decirlo. Tienen bastante más miedo”, decía Eróstegui.


La expulsión de IBIS no hizo más que aumentar ese miedo. “La diferencia entre ahora y regímenes anteriores”, explicaba un director de una ONG que solicitó permanecer anónimo, era que “si hablabas en contra del gobierno antes de que estuviera Morales, habrías tenido un amplio apoyo popular. Ahora, si hablas, puede que te veas solo”.


Adolfo Mendoza, antiguo senador del MAS y portavoz frecuente a favor del partido, dijo que esta ley era necesaria para poder regular las ONG. “Es necesaria para la regulación y los impuestos. Es necesaria para poder tener claras las reglas del juego”.


Represión burocrática


Aunque las ONG internacionales tengan ahora que sopesar sus acciones por miedo a la expulsión, las trabas burocráticas a las que se enfrentan son, para ellas, una preocupación incluso más generalizada y asfixiante.


Hernán Ávila, director del CEJIS —organización en el punto de mira de los vigilantes de derecha en 2008 y que por su oposición a la autopista de TIPNIS fue censurada por Morales en 2011— considera que su ONG se enfrenta en 2015 a la mayor amenaza que jamás haya conocido.


Un organismo regulador del gobierno ordenó recientemente al CEJIS a pagar 150 000 euros presuntamente por no abonar cuotas de trabajo en el periodo que comprende de 1988 a 1991. Ávila mantiene que el CEJIS ya pagó sus cuotas, pero todos los registros se quemaron en el ataque de derechas de 2008, motivado por el odio de Morales y su administración. “Es paradójico que el gobierno nos esté culpando por documentos que perdimos al tratar de defenderlos”, comentaba Ávila. “Con esta multa, nos quedaremos sin blanca”. La pluma y la ley, por lo que parece, podrían ser más poderosos que garrotes, cuchillos, petardos y piedras.





Los votantes hacen fila en el Colegio Nacional San Simón de Ayacucho en un día de elecciones regionales: 29 de marzo de 2015. En mitad de un gran escándalo de corrupción con miembros implicados del gobierno, el partido del presidente, el MAS, sufrió importantes bajas, incluyendo el gobierno de La paz y El Alto, dos regiones que han sido bastiones de apoyo en el pasado. Foto por: Alexandra Ellerbeck.


En un país ya asfixiado por una burocracia lenta y pesada, las ONG en el punto de mira del gobierno pueden experimentar problemas para separarse de los negocios comunes y el acoso motivado por la ideología. Pero Ávila comentó que tenía la certeza de saber lo que se había puesto en marcha: “Estamos hablando de multas de hace casi 30 años”, dijo. “Creemos que se trata de un asunto político”.


Aunque el CEJIS colaboró muy de cerca con el gobierno de Morales en tiempos pasados, sus relaciones se echaron a perder tras su crítica a la autopista de TIPNIS, las recientes leyes aprobadas y su apoyo a organizaciones indígenas que el gobierno ya no considera legítimas.


“Me llevó dos años y ocho meses renovar el registro de nuestra organización” con el gobierno, dijo Velásquez, de la ONG Diakonia. “He perdido un millón de euros para un proyecto técnico que ya estaba aprobado porque no contábamos con nuestro registro”. Velásquez sugiere que las ONG dedicadas al trabajo con derechos humanos, que a veces son más críticas con el gobierno, experimentan más dificultades con el registro.


Las ONG no registradas quedan totalmente sin acceso a financiación. “Las cosas han llegado a tal punto que la mayoría de organizaciones tienen serios problemas para funcionar de verdad”, dijo Gandarillas. “Lo que ocurre ahora es que un gobierno como el de MAS… se las ha ingeniado para generar muchísima división y confusión.


El gobierno ha encontrado otra herramienta para dejar sin poder a estas organizaciones. En lugar de enfrentarse a ellas, la administración de Morales parece estar fomentando así las diferencias dentro de las organizaciones para debilitarlas y silenciar su crítica.


El 17 de enero de 2014, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia, red respetada de más de 200 voluntarios con orígenes que se remontan al activismo contra la dictadura militar de 1970, celebraron una reunión en La Paz que no discurrió tal y como estaba prevista: los simpatizantes del gobierno interrumpieron los actos, arrancaron las cosas de las paredes y se declararon como portavoces reales de la organización. Al poco tiempo apareció la policía —primera invasión policial de la Asamblea de los Derechos Humanos desde la vuelta a la democracia de Bolivia. La asamblea se había opuesto al proyecto de TIPNIS y otros objetivos de desarrollo de Morales.




Grafiti que dice “Con Evo, vamos bien y vos lo sabes”, en la ciudad de Concepción, Bolivia —lugar de una misión jesuita en 1700 para evangelizar las comunidades guaraníes. Foto por: Alexandra Ellerbeck.


Los atacantes publicaron en su muro de Facebook que su objetivo era “purgar la Asamblea para expulsar a los infiltrados de derechas… por traicionar al país”. Carlos Romero, ministro del Gobierno en el momento del asalto y ahora senador del MAS, denegó la intervención de la policía. Los partidarios del gobierno, presentes o afiliados con el ataque, se han trasladado desde entonces a importantes oficinas políticas o candidaturas en el partido político.



“Estamos viviendo una situación muy delicada, ya que el gobierno ahora dice que es popular y todo eso, pero es la primera vez que intervienen en una Asamblea”, dijo Verónica Sánchez, Secretaria General de la Oficina de La Paz de la Asamblea por los Derechos Humanos. “No importa quién esté en el gobierno, si existe violación de los derechos humanos, tenemos que denunciarlos”.


No obstante, el gobierno de Morales no ha fomentado el clima político abierto que las ONG de derechos humanos y medio ambiente esperaban. Pero no cesan en su optimismo.


“Con suerte, el gobierno se abrirá para permitir que las ONG se desarrollen sin ninguna interferencia”, comentaba Eróstegui, de Unitas. “Con suerte, la ley cambiará; con suerte, será derogada para que las reglas del juego sean diferentes y así podamos continuar trabajando con libertad de expresión y asociación por encima de todas las cosas.



En los próximos meses y años, la administración de Morales instaurará una política para el futuro agrícola, protección ambiental y energía minera y nuclear en Bolivia. Las ONG quieren tomar parte en esos diálogos pero sin un cambio de situación, podrán esperar un sitio en la mesa, pero no una oportunidad para hablar con total franqueza y poder.