Habitante de Mataquescuintla, Guatemala, en 2014 en la celebración del segundo aniversario del referéndum de la municipalidad sobre minería. Fue uno de muchos referendos en la región y los habitantes siempre votan en contra de la minería. Sin embargo, el gobierno no tiene en cuenta sus decisiones. Foto por: CPR-Urbana / Centro de Medios Independientes.
El olor de los pinares se extiende por la ladera, ochenta kilómetros al este de la ciudad de Guatemala. Dos jóvenes granjeros enloquecidos bajan por una pedregosa carretera sin pavimentar machete en mano. En la parte baja, la pequeña ciudad de San Rafael las Flores, rodeada de cultivos agrícolas, que son el sustento de la economía regional.
La mina de plata Escobal se asienta en la base de una colina encima de San Rafael Las Flores, localizada en una municipalidad con el mismo nombre en el suroeste del departamento guatemalteco de Santa Rosa. La raíz de años de conflicto en la región, la mina Escobal, que pertenece a la compañía con sede en Vancouver Tahoe Resources, es la tercera mina de plata más grande del mundo. Se ubica a algo más de un kilómetro y medio del centro de la ciudad.
La mina de Tahoe Resources se ubica al pie de una colina a poco más de un kilómetro y medio del centro de la ciudad de San Rafael las Flores, en la foto a la izquierda en primer plano. Los edificios grises al fondo a la izquierda y la masa de agua son parte del proyecto minero. Foto por: Sandra Cuffe.
Ya han pasado dos años desde que esta región estuviese patrullada por soldados y policías durante una situación de asedio, pero los lugareños siguen organizándose contra la mina Escobal y otros proyectos mineros futuros aguantando la mano dura del gobierno. Hoy, la militarización del área y la persecución judicial de líderes locales sigue en pie.
Así funciona el miedo, dijo María Antonia Solares Lemus, miembro del Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Juan Bosco, otra pequeña comunidad en la municipalidad de San Rafael las Flores. “Sabemos que luchamos contra un monstruo”, contaba Solares Lemus a mongabay.com. Los habitantes que se oponen a la minería se enfrentan a una lucha más cuesta arriba que la que tuvieron antes de que la región estuviese militarizada, pero su coraje vence el miedo.
“Estamos luchando por defender el agua, defender la vida y defender un territorio que no queremos que quede contaminado para nuestros hijos”, dijo Solares Lemus.
Las comunidades de varias partes del departamento de Santa Rosa y el departamento vecino de Jalapa se unieron para enfrentarse a la minería cuando en 2007 supieron los planes del proyecto Escobal, originariamente en posesión de Goldcorp, con sede en Vancouver. Con la ayuda de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, intentaron detener la construcción de la mina tanto en las cortes como en las calles.
Grandes pancartas anunciando que el 98 por ciento de la población se opone a las minas de metal colocadas en comunidades y municipalidades donde se están celebrando referendos y consultas. Esta en concreto, situada fuera de la comunidad de San Juan Bosco, dice “Bienvenidos Pueblos en Resistencia Pacífica”. Foto por: Sandra Cuffe.
La situación se caldeó el 3 de abril de 2013, cuando el gobierno guatemalteco concedió a Tahoe Resources una licencia de explotación que le permitía operar la mina. Tres semanas después, el 27 de abril, los guardias de seguridad privada de la compañía minera abrieron fuego a los protestantes de la comunidad que habían estado manifestando pacíficamente en el territorio privado cerca de la entrada de la mina. Muchos jóvenes y adultos fueron heridos. El jefe de seguridad, Alberto Rotondo, fue arrestado más tarde en el aeropuerto y actualmente se enfrenta a un proceso judicial en curso.
El tiroteo provocó incidentes y alborotos en la región los días 29 y 30 de abril. Un agente de policía y un granjero local fallecieron en la trifulca.
Estado de sitio
En un consejo nocturno el 1 de mayo, el gobierno guatemalteco declaró el estado de sitio en las municipalidades de San Rafael las Flores y Casillas en el departamento de Santa Rosa y en Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, enviando miles de soldados y policías al lugar.
Para tomar medidas enérgicas contra el terrorismo y el tráfico de drogas, el gobierno suspendió las libertades y derechos constitucionales, como libertades de asamblea y movimiento y los derechos de los presos y detenidos. Los habitantes locales más afectados, no obstante, fueron los organizadores comunitarios involucrados en el movimiento contra la minería.
Decenas de personas tenían órdenes de búsqueda y captura durante el estado de sitio, que duró una semana. El gobierno declaró entonces un estado de prevención de 15 días, que redujo los derechos.
La fuerte presión militar creó un clima de terror en muchas comunidades. “No es fácil aceptar ver vehículos militares en una comunidad tan pequeña como San Juan Bosco, con armas montadas en vehículos acorazados apuntando a las calles. Los niños huían asustados, igual que nosotros. Nos encerramos en nuestras casas durante mucho tiempo debido al miedo”, dijo Solares Lemus.
Tereso Martiniano Ramírez Juárez está involucrado con el movimiento anti-minería local de Mataquescuintla. Tereso vivió la totalidad del conflicto interno armada de Guatemala, que duró 36 años y finalizó en 1996, pero contó a mongabay.com que nunca había visto nada como la militarización de mayo de 2013. Esta región no fue de las más perjudicadas por las operaciones de seguridad estatales y la represión durante los años de conflicto interno, por lo que el estado de sitio supuso un shock.
“Cuando se estableció el estado de sitio aquí, para nosotros no significaba lo mismo; era un estado de guerra”, contó Ramírez Juárez. “Vehículos acorazados en distintas carreteras, cruces… y si te cruzas con un convoy militar, te apuntarán con sus armas”.
El habitante de Mataquescuintla Eddy Zuleta recuerda gráficamente esta militarización. Muchos escolares siguen traumatizados y asustados de las fuerzas de seguridad, contó a mongabay.com, ya que, según cuenta, el ejercitó rodeó los colegios de primaria durante el asedio.
En noviembre de 2014, los habitantes de Mataquescuintla celebraron el segundo aniversario del referéndum de la municipalidad sobre la minería. Foto por: CPR-Urbana / Centro de Medios Independientes.
Cuando Zuleta y otros pocos activistas locales anti-minería decidieron apoyar al párroco local al ver presiones alrededor de la parroquia, fueron inmediatamente rodeados y obligados a dispersarse. Los soldados y la policía les apuntaron con sus armas cuando Zuleta habló, cuenta el habitante de Mataquescuintla.
“Nos derrumbaron la moral hasta el punto de que teníamos miedo incluso de reunirnos”, decía Zuleta del estado de sitio. El impacto de esta medida duró bastante incluso después de ser levantada.
“Nos desintegraron como sociedad civil organizada porque nuestros líderes estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos estuvieron a la fuga durante siete meses”, decía. “Pienso que sabemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí ocurría lo contrario: todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Terrible”.
Secuestros y asesinatos
Los líderes del parlamento de Xinka estaban entre aquellos con cargos criminales a comienzos del estado de sitio. Xinka queda representada por una organización y es una de las dos poblaciones no indígenas de Guatemala. El objetivo principal de la organización es defender el territorio de Xinka en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, así como fomentar la cultura Xinka.
Cuando el estado de sitio fue declarado en mayo de 2013, el parlamento de Xinka y las comunidades estaban todavía impresionados por el asesinato de uno de sus líderes unas semanas antes. El 17 de marzo, cuatro líderes Xinka fueron secuestrados cuando volvían a casa en Jalapa desde una reunión comunitaria en la comunidad de El Volcancito en San Rafael las Flores, en la que los representantes indígenas asistieron como espectadores para mostrar su apoyo a los habitantes locales pronunciándose en contra de la minería. Después de que un referéndum municipal sobre minería en San Rafael las Flores fuese detenido mediante acciones legales, muchas comunidades locales organizaron sus propias reuniones a nivel rural.
Dos de los líderes Xinka consiguieron escapar. Roberto González Ucelo, presidente del parlamento Xinka, que fue encontrado con vida. Sin embargo, Exaltación Marcos Ucelo, la secretaria del parlamento Xinka, no sobrevivió. Su cuerpo fue encontrado el día después del secuestro, estaba maniatada y con signos de tortura.
Otros activistas locales involucrados en el movimiento contra la minería en la región alrededor del proyecto de Tahoe Resources también han sido asesinados. El 13 de abril de 2014, Merilyn Topacio Reynoso, de 16 años de edad, fue asesinada a tiros cerca de su ciudad natal, Mataquescuintla. Era la coordinadora de un movimiento juvenil local contra la minería. Su padre, un importante organizador en el referéndum municipal de 2012 sobre minería en Mataquescuintla, fue herido. Este referéndum fue uno de muchos en la región. Organizado como una reunión bajo el código municipal de Guatemala, los residentes votaron casi unánimemente en contra de la minería siempre. Pero el peso legal de las reuniones ha quedado sujeto a debate y el gobierno nacional no acató los resultados.
Habitantes de Mataquescuintla asistiendo en noviembre de 2014 a la celebración del segundo aniversario del referéndum de la municipalidad sobre minería. Foto por: CPR-Urbana / Centro de Medios Independientes.
Hace justo tres meses, el 5 de abril de 2015, Telesforo Pivaral, miembro del Comité en Defensa de la Vida y la Paz en San Rafael las Flores, fue asesinado.
Muchos lugareños creen que Pivaral, Reynoso y Ucelo fueron asesinados por su participación en el movimiento anti-minería, y que la compañía minera o el gobierno eran, finalmente, los responsables. Las comunidades y organizaciones por los derechos humanos siguen pidiendo justicia en estos tres casos.
Ni la Oficina del Ministerio Fiscal ni Tahoe Resources respondieron a las solicitudes de comentar la situación.
“Tahoe Resources Inc. está comprometida con la dirección ética y honesta del negocio dondequiera que operemos”, declara la web de la compañía. “Estamos comprometidos con los Principios Rectores de Negocios y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos y los Principios del Ecuador”.
Repercusión constante
La criminalización de los residentes involucrados en el movimiento en contra de la minería continúa. De igual manera, también sigue la militarización que comenzó con el estado de sitio en 2013. La mayor parte de los soldados se fueron, pero aún quedan algunos.
“Mataquescuintla y Casillas, las dos municipalidades están militarizadas. Hay un puesto de avanzada militar a siete kilómetros de San Rafael en una dirección y otro puesto a siete kilómetros”, contaba Óscar Morales a mongabay.com en una entrevista en la ciudad de Guatemala siguiendo una sesión de uno de los muchos casos abiertos contra él.
Morales, organizador de San Rafael las Flores, comunicó a los lugareños que consideraran la presencia militar como una intimidación por parte del gobierno. “Cualquier líder o persona que quiere hablar en contra de la minería prefiere permanecer callado en lugar de enfrentarse a procesos judiciales o acoso por parte del estado”, dijo Morales. “Básicamente, están infundiendo miedo en la región”, dijo sobre la presencia continua del ejército.
Óscar Morales y otros líderes de la comunidad involucrados en el movimiento anti-minería han sido procesados con numerosos cargos criminales. Foto por: Grahame Russell / Rights Action.
El estado de sitio fue diseñado para debilitar la resistencia comunitaria a la minería, dijo Morales, y se produjo cuando los residentes de San Rafael las Flores habían estado ejerciendo presión para un proceso de reunión de alcance municipal para preguntar si querían o no minería.
“Eso era lo que el asedio buscaba básicamente —destruir la resistencia”, dijo Morales. “Lo que buscaban era romper la unidad en la comunidad de San Rafael las Flores y el Comité en Defensa de la Vida y la Paz”, dijo. Durante meses e incluso años tras este suceso, se ha tenido que desviar bastante esfuerzo y tiempo para la defensa legal de los líderes de la comunidad detenidos y otras personas enfrentándose a cargos.
Todavía no se han materializado las condiciones para un referéndum municipal sobre minería en San Rafael las Flores, condiciones que se aunaron antes del estado de sitio de 2013.
La producción en la mina de plata de Escobal de Tahoe Resources comenzó en septiembre de 2013. En su primer año, 2014, la mina subterránea produjo 20,3 millones de onzas de plata así como una cantidad considerable de oro, plomo y zinc. La compañía estima que el valor neto de la mina es superior a los 1,3 billones de euros.
 Habitantes de Mataquescuintla protestando por la minería en el exterior de la embajada canadiense en la ciudad de Guatemala en lo que era una manifestación nacional masiva anti-corrupción en la plaza central de la capital, el 16 de mayo de 2015. Foto por: Sandra Cuffe. |
El estado de sitio aún ensombrece la región y la continua presencia militar y criminalización de líderes de la comunidad disuade a algunos de hablar en contra de la minería. No obstante, la mano dura del gobierno no consiguió destruir la resistencia local.
Los habitantes están nuevamente llevando a los tribunales y a las calles su demanda de justicia y protección por sus tierras. Los lugareños heridos en el tiroteo a los protestantes de abril de 2013 hizo que se inciara un litigio contra Tahoe Resources en Canadá. En Guatemala, se han llenado salas de tribunales en procesos contra Rotondo, contra la compañía por la contaminación y contra el gobierno por conceder un controvertido permiso de exploración minera cerca de la mina Escobal.
Detener la expansión de actividades mineras en la región es un objetivo clave, pero muchos en el movimiento anti-minería quieren en última instancia el cierre de la mina Escobal.
“Nuestra lucha es justa”, decía Solares Lemus.
Residentes de San Juan Bosco y Mataquescuintla reunidos con sus abogados en la sala en Guatemala en mayo de 2015 para una audiencia sobre la legalidad de una licencia de exploración minera que el gobierno concedió a Tahoe Resources. La licencia podría permitir posiblemente a la compañía expandir más aún la mina Escobal. Foto por: Sandra Cuffe.
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