Angélica Choc (izquierda), German Chub (enfrente) y otro Maya Q’eqchi’ buscan justicia por violación de derechos humanos relacionado con una compañía minera canadiense. Fotografía: Rachel Schmidt
German Chub está frente a la jueza mientras responde con calma y ecuanimidad a cada pregunta durante el interrogatorio. Utiliza sus brazos para levantarse y moverse un poquito en su silla de ruedas. Otro joven Maya Q’eqchi’ lo tiene que subir por las escaleras a la segunda planta de la sala del tribunal en Puerto Barrios, una bulliciosa ciudad portuaria caribeña al este de Guatemala.
Hace cinco años y medio, Chub estaba jugando al fútbol en la comunidad de La Unión, en el área de Izabal, cuando aparecieron unos guardias de seguridad de la Compañía de Níquel Guatemalteca (CGN), una empresa minera, dice al tribunal. Chub oyó una conmoción procedente del hospital propiedad de la compañía y se aproximó a la valla que separaba el complejo empresarial del campo de fútbol para ver que estaba pasando, afirmó.
“Vi a Mynor Padilla apuntándome con su pistola,” testifica Chub. “Cuando me volví, oí el disparo.”
Chub es uno de los miembros de la comunidad Maya Q’eqchi víctima de disparos el 27 de septiembre de 2009 durante una campaña de protestas por las amenazas de expulsión de un grupo de sus tierras ancestrales cerca del proyecto minero de ferroniquel Fénix de CGN. Como resultado, Chub está paralizado de pecho para abajo, los doctores creen que es demasiado arriesgado quitar la bala ya que está alojada cerca de su columna vertebral. Adolfo Ich, profesor y reputado líder de la comunidad de La Unión, murió después de que los miembros de seguridad de la CGN le golpearan, atacaran con un machete y dispararan, según testigos. Al menos otros siete fueron heridos el mismo día, según denunciantes del caso en el juicio.
Chub dice que estaba jugando un partido de fútbol y no participaba en las protestas que tenían lugar en el momento de los disparos cerca del campo. Ich estaba en su casa en La Unión, cerca del campo de fútbol, cuando el personal de seguridad de la mina entró en el lugar de la escena. Los testigos afirman que el personal de seguridad señaló y llamó a gritos a Ich y que él se aproximó pensando que querían hablar con él. No está claro si Chub o los otros heridos aquel día eran su objetivo específico. Varios residentes de Las Nubes fueron heridos en la carretera donde las protestas habían tenido lugar.
Sentado a cuatro pies a la izquierda de Chub, la expresión de Mynor Padilla no cambia mucho cuando escucha a los testigos con un rosario alrededor de su mano. Coronel militar retirado, Padilla está acusado de homicidio, agresión con lesiones corporales graves y responsable de agresión con lesiones corporales graves por las acciones de los guardas de seguridad a su cargo y por haber realizado algunos disparos él mismo. En aquel momento, él era el responsable de seguridad de CGN, entonces subsidiaria de HudBay Minerals, compañía minera con base en Toronto.
Los juicios sobre conflictos por los recursos naturales y tierras no son infrecuentes en los tribunales guatemaltecos. No pocas veces, sin embargo, son los miembros de las comunidades indígenas quienes se enfrentan a los cargos. El caso criminal contra el antiguo jefe de seguridad de la CGN es una excepción a la regla en Guatemala. Una serie de pleitos civiles en Canadá, aún en curso y relacionados, sentó un precedente cuando un juez dictaminó que el caso podía continuar en un tribunal canadiense.
Un abogado guatemalteco con un largo historial de representación de comunidades que luchan por sus tierras, Sergio Beltetón, de la organización de derecho de tierra, Comité de Unidad Campesina (CUC), fue una de las seis personas sentadas en el lado de la acusación de la vista del 28 de abril durante el juicio de Padilla en Puerto Barrios. Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, y la Comisión Internacional de las Naciones Unidas en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) son denunciantes conjuntos que intervienen junto con la Oficina del Fiscal Público en el caso contra Padilla.
“Casos como éste, donde un jefe de seguridad es juzgado por crimen, es muy raro,” dice Beltetón a mongabay.com. “Hay que prestar mucha atención a este caso.”
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El mapa de Google muestra la localización del proyecto minero Fénix y Puerto Barrios, donde se juzga al jefe de las fuerzas de seguridad. Haga click en la imagen para aumentar. |
Una historia de conflictos
Beltetón dice que el caso reúne ciertos patrones en el país: un proyecto de extracción impuesto sin consulta a las comunidades provoca protestas, lo que a su vez provoca represiones violentas. Sin embargo, un conflicto antiguo sobre la tierra es el origen de esta situación en concreto.
El proyecto minero de ferroníquel ha estado unido al conflicto de la tierra y la violación de los derechos humanos durante más de 50 años, la mayoría de los cuales coincidió con los 36 años de guerra civil de la nación. La Compañía de Níquel Internacional (INCO) de propiedad canadiense empezó a preparar la mina en los años 60 y se aprovechó de desplazamientos forzosos masivos de los indígenas Maya Q’eqchi’ para avanzar en el proyecto. En el año previo a que el gobierno militar concediera una licencia minera en 1971 a la subsidiaria INCO de EXMIBAL, dos importantes oponentes, incluyendo a un congresista, fueron asesinados, otro oponente vocal fue herido en un atentado contra su vida y otro huyó del país. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico que surgió de los Acuerdos de Paz de 1996, documentó tres casos de personal y vehículos de EXMIBAL involucrados en varias ejecuciones arbitrarias y un ataque a la población civil en los años 70.
Tras dos décadas de actividad de la compañía en la zona, incluyendo cuatro años de producción, la mina cerró en 1981 y permanece inactiva desde hace tres décadas. Durante ese tiempo, los Maya Q’eqchi’ reasentaron las comunidades y tierras de las cuales habían sido desalojadas igual que generaciones anteriores para dejar espacio a la mina. Desde hace una década, ha habido varios intentos de reabrir y expandir la mina a cielo abierto y las operaciones de fundición. Las operaciones finalmente se reanudaron en el 2014 y los posibles planes de expansión incluyen tierras en las que los Maya Q’eqchi’ han vuelto a establecerse.
La propiedad y funcionalidad de la mina ha cambiado de manos varias veces. El proyecto Fénix fue originalmente gestionado por EXMIBAL, compañía guatemalteca cuya mayoría pertenecía a INCO. La corporación minera con base en Toronto, Skye Resources, tomó la propiedad del proyecto en 2004, cambió el nombre operativo de la subsidiaria a CGN y luego se fusionó con HudBay Minerals en 2008. En 2011, el Grupo Solway, una compañía rusa privada con sede en Chipre, adquirió CGN y el proyecto Fénix. El gobierno guatemalteco retiene el 1,8 por ciento de la propiedad de CGN.
“En realidad, CGN no tiene certeza legal sobre sus tierras porque existen dudas sobre los límites de la propiedad, sobre algunos orígenes de la tierra, sobre su área y sobre su localización,” dice Beltetón.
Policía, soldados y guardias de seguridad privados de la CGN participaron en una serie de expulsiones violentas de las comunidades Maya Q’eqchi’ en las tierras disputadas en 2007, cuando el proyecto cerrado Fénix pertenecía a Skye Resources, según representantes de organizaciones de derechos humanos y periodistas presentes en aquel momento. Testigos de la comunidad Maya Q’eqchi’ reasentados procedentes de Las Nubes testificaron en el juicio de Padilla que los guardias de seguridad de CGN y el gobernador del departamento Izabal les amenazaron con la expulsión el día de los disparos en septiembre de 2009, cuando HudBay poseía el proyecto. Las amenazas provocaron las protestas que tuvieron lugar a lo largo de la calle principal cerca de las instalaciones de la compañía en los alrededores de La Unión y su campo de fútbol.
“El señor Mynor [Padilla] llegó. Nos dijo que teníamos que irnos… dijeron que la tierra era de la compañía y que usarían la fuerza para echarnos,” testifica Ricardo Acte en el proceso. Acte y otros testigos de Las Nubes testificaron en Q’eqchi’, ya que les facilitaron un intérprete.
“La gente de la compañía dice que [la tierra] es suya, pero aquellos que trabajamos la tierra no estamos de acuerdo con ellos,” dice Samuel Coc, otro testigo de Las Nubes que sufrió heridas de los disparos.
El juicio de Padilla no parece que vaya a terminar pronto. Han pasado más de cinco años desde los disparos antes de que siquiera empezara. Padilla ha sido fugitivo durante cerca de tres años antes de su arresto en 2012, y después le han seguido varios retrasos en el caso. Tras los tres primeros procedimientos en abril de 2015, sólo cinco testigos de varias docenas han subido al estrado.
La magistrada que preside el caso lo transfirió a un tribunal en la ciudad de Guatemala después de que los procedimientos empezaran, y ahora está yendo y viniendo a Puerto Barrios, con más de cinco horas por cada trayecto, para el juicio. Ha solicitado una instrucción del Tribunal Supremo para ver si ella debería o no continuar con el caso. Si se le asigna a otro juez, el caso se retrasará considerablemente dado que el juez que dictamine sentencia tiene que presidir la presentación de pruebas y testigos.
En lucha con Canadá
Mientras que el caso criminal contra Padilla continua en Guatemala, un trío de demandas civiles multimillonarias avanzan en Canadá. Angélica Choc, la viuda de Adolfo Ich, ha demandado a HubBay Minerals por el asesinato de su marido y Chub inició una demanda contra la compañía por el tiroteo que lo convirtió en parapléjico. Rosa Elbira y otras diez mujeres Maya Q’eqchi’ son las demandantes en un tercer caso contra HudBay por la violación en grupo perpetrada por guardas de seguridad de CGN y fuerzas de seguridad del estado durante la expulsión del 2007. Skye Resources poseía a CGN en la época, pero las demandantes argumentan que tras la fusión de las dos compañías, HudBay se convirtió en responsable legal por la mala conducta de Skye.
Ninguna de las alegaciones se ha demostrado en el tribunal hasta el momento. CGN no respondió a la petición de observaciones. HudBay Minerals declinó comentar, argumentando que el juicio de Padilla está en curso. Sin embargo, en una sección especial llamada CGN y HudBayen Guatemala de su página web, HudBay da una imagen muy distinta de los sucesos del 27 de septiembre de 2009 de la de las víctimas y los testigos del caso en Guatemala y Canadá.
No hubo amenazas de expulsión esa mañana, dice la web de HudBay’s. “Una multitud de gente, muchos de ellos armados, se congregaron alrededor de la propiedad de CGN,” según una cronología de la página web. “Una gran multitud atacó al personal de seguridad con palos, piedras y machetes,” continúa la cronología de HubBay, añadiendo que hubo daños significativos en la propiedad y que los cuarteles de la Policía Civil Nacional situada dentro de la propiedad de la compañía fueron saqueados y se robaron armas automáticas.
“La multitud” disparó y lanzó cócteles Molotov, según HudBay. En ningún momento de esta cronología HudBay niega ni confirma que el personal de seguridad de la compañía disparara. “CGN obedeció las leyes de protección de los derechos humanos y se tomó muy en serio la formación de sus empleados de seguridad y sus contratados,” dice la web de HudBay.
En 2013, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Ontario dictaminó que HudBay Minerals podría ser considerado responsable legal en Canadá por crímenes relacionados con el proyecto minero de su antigua subsidiaria, CGN, en Guatemala.
“Es la primera vez que un tribunal canadiense dictamina que una reclamación puede hacerse contra la casa matriz de una corporación canadiense al fracasar con negligencia en prevenir abusos de los derechos humanos en un proyecto minero extranjero, ” dice Cory Wanless, consejero de los denunciantes Maya Q’eqchi’ en los tres casos, en el momento de la resolución del 22 de julio de 2013.
Angélica Choc tiene algo más de esperanza en el caso legal de Canadá que en el de Guatemala. Tanto ella como Chub hacen énfasis en la larga trayectoria de impunidad referente a las violaciones de los derechos humanos masivas contra indígenas en Guatemala. Padilla tiene tres abogados muy poderosos de su lado, incluyendo a Francisco Palomo Tejeda, que fue uno de los abogados defensores del antiguo dirigente militar Efraín Ríos Montt. Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad en un tribunal nacional en mayo del 2013, pero la sentencia fue anulada diez días más tarde y el nuevo juicio que le siguió suspendido en enero de 2015.
Durante el interrogatorio de Chub realizado por Palomo Tejeda en el proceso del 28 de abril, la jueza le pidió a Choc que saliera de la sala tras un arrebato emocional. Habían pedido a Chub que viera unas fotografías aéreas y que identificara exactamente donde estaban él y Padilla en el momento de los disparos. Ver a Chub siendo interrogado en su silla de ruedas, rodeado por los abogados y la jueza fue demasiado para Choc.
“Estaba muy triste de ver cómo estaban tratando a Germán. Me enfadé y luego lloré y lloré,” dijo a mongabay.com en una entrevista al otro lado de la calle del tribunal. “Ahora parece que estoy bien, que hablo normalmente, pero mañana y pasado mañana empezaré a sufrir las consecuencias de lo que he presenciado hoy”.
Choc, Chub y Elbira se están preparando para viajar a Toronto para hablar en una manifestación a las puertas de la reunión general anual de HudBay el 22 de mayo y para reunirse con sus abogados.
“No sabemos lo que pasará en el futuro”, dice Choc.
Sin embargo, sabe lo que quiere decir a los accionistas de HudBay en Canadá. Quiere que la compañía asuma su responsabilidad por las acciones de sus fuerzas de seguridad en Guatemala, incluyendo el asesinato de su marido Adolfo Ich. “Como mujer indígena, no me voy a sentar inactiva y permanecer en silencio”.