- Siete Waorani fueron detenidos al final de una reunión con representantes de la compañía petrolera brasileña Petrobell, en Tigüino, en la provincia ecuatoriana de Orellana, en enero de 2015.
- Alrededor de 60 Waoranis de las comunidades de Tigüino y Bataboro iniciaron una protesta al saber de las detenciones, y fueron reprendidos por la fuerza por 120 soldados y 50 oficiales de la policía
- Todos los detenidos fueron liberados en julio – Este es el incidente más reciente en un conflicto de décadas de duración entre los Waorani, el gobierno ecuatoriano y la industria petrolera
El 7 de julio de 2015, Wilson Enqueri, presidente de la comunidad indígena Waorani de Bataboro ajustó la corbata que aprendió a vestir para aparecer como un ciudadano respetable frente a la corte ecuatoriana. Lo hizo esperando que finalmente se le permitiera dejar la prisión de Sucumbios en Lago Agrio, en la selva ecuatoriana, donde estuvo encarcelado por los últimos seis meses.
Su abogado, Andrés Acaro tenía todos los documentos necesarios a la mano para agilizar el proceso, pero el juez que presidió la audiencia demoró la liberación de forma inexplicable por caso 48 horas, hasta las 9 p.m. del jueves 9 de julio. Acaro acusó a la corte de elaborar obstáculos injustificados para castigar a su cliente y para enseñar a Enqueri y a la comunidad Waorani una lección que los forzara a la obediencia.
Enqueri y otros seis Waorani fueron arrestados el 6 de enero de 2015, con un cargo grave: Sabotaje.
Los siete Waorani fueron detenidos al final de una reunión con representantes de la compañía petrolera brasileña Petrobell, en Tigüino, en la provincia ecuatoriana de Orellana. Entre los detenidos se encontraba un sabio anciano de la comunidad, Bay Nihua de 65 años de edad, que fue liberado más tarde por su avanzada edad.
Enqueri y los demás habían ido de buena fe a la reunión, ante la sugerencia de los gobernadores de Orellana y Pastaza, para discutir las faltas de Petrobell en el cumplimiento de los acuerdos que había hecho con las comunidades. Estos acuerdos incluían el ofrecimiento de 20 empleos a miembros de la comunidad, la construcción de 70 casas, la construcción de un acueducto de agua potable y otra infraestructura, a cambio de permitir las perforaciones petroleras en sus tierras.
En la reunión, los Waorani también se quejaron del maltrato por parte de los empleados de la empresa petrolera. Este maltrato aparentemente ha continuado con el repentino e inesperado arresto de los negociadores de la comunidad Waorani.
Afuera de las instalaciones de Petrobell esperaban 60 Waoranis de las comunidades de Tigüino y Bataboro. Cuando conocieron de las detenciones, iniciaron una protesta pero fueron fuertemente reprimidos por unos 120 soldados y 50 oficiales de policía comandados por el gobierno de Pastaza. La confrontación terminó a las 3 p.m., tres horas después del encarcelamiento de los líderes Waorani.
Un informe de prensa sobre estos eventos sostenía que “El 7 de enero, siete guerreros Waorani invadieron el campo petrolero de Petrobell en la provincia de Pastaza, generando daño suficiente para cerrar 11 pozos en las instalaciones. El ejército ecuatoriano fue llamado a la escena y seis soldados resultaron heridos en el enfrentamiento con los guerreros, que estaban armados con cerbatanas, escopetas, pistolas y lanzas”.
Enfrentamiento entre las grandes petroleras y los Waorani
El caso contra Enqueri y los otros Waorani está lleno de contradicciones que según algunos sugiere que la reunión con la compañía petrolera fue una emboscada para los líderes de la comunidad y se buscaba que generara una protesta. “Es una forma de decirle (a la comunidad) que estamos en territorio Waorani, pero que quienes mandan son las compañías petroleras”, dijo una fuente oficial que pidió mantenerse anónima.
Sofía Waorani, quien estaba en la protesta y es familiar de uno de los prisioneros, dijo que el ejército llegó en helicópteros y apuntando las armas a los que se encontraban por fuera de las instalaciones de Petrobell, una afirmación que no está en la versión oficial. En su limitado español, Sofía denunció que el gobierno había amenazado a los participantes de la protesta. “El fiscal dijo que si no dejábamos de protestar, permanecerían detenidos durante 30 o 90 días más” dijo en enero, y eso fue lo que pasó.
En una conferencia de prensa, días después de su encarcelamiento, Pedro Enqueri, hermano de Wilson y presidente de la coalición provincial de Waoranis de Ecuador, reportó que los protestantes fueron dispersados por los soldados y policías con gases lacrimógenos y balas de caucho, haciendo que varios Waorani se defendieran.
“Desde el punto de vista legal no hubo flagrancia (en la resistencia de la comunidad). Ellos (los líderes Waorani) estuvieron en reuniones todo el tiempo. Ellos fueron arrestados por fuera del campo petrolero”, dijo Xavier Solís Tenesaca, un abogado de la Comisión de derechos humanos de Orellana, una organización no gubernamental del Noreste de Ecuador.
Los arrestos, las protestas, y el subsiguiente juicio, son la continuación de más de siete décadas de conflicto entre la industria petrolera apoyada por el gobierno ecuatoriano, y os Waorani, también llamados Huaorani, indígenas americanos cazadores/recolectores de la región amazónica del Ecuador.
Las tierras ancestrales de los Waorani cubrían más de 2 millones de hectáreas (7.722 millas cuadradas) en las provincias de Napo. Orellana y Pastaza, del Ecuador, una nación en la que han vivido, pero de la cual no habían escuchado hasta que fueron contactados por los equipos de exploración petrolera en la década de 1940. Las tierras ancestrales de los Waorani, localizadas entre los ríos Curaray y Napo, han sido amenzados e invadidos por la industria petrolera desde ese momento.
Un juicio confuso
La principal acusación contra Enqueri y los Waorani es de sabotaje; el gobierno sostiene que los Waorani apagaron un número de pozos petroleros. Sin embargo, los abogados defensores mantienen que los Waorani no tienen el conocimiento técnico que se requiere para operar los interruptores de apagado de los pozos, y argumentan que solo los empleados de la compañía petrolera pudieron hacerlo.
El juez de Orellana aceptó la acusación de sabotaje, e instauró una detención preventiva de 30 días. Un mes más tarde el juez negó a los acusados el derecho al Habeas corpus, dejándolos en la oscuridad en cuanto a la gama completa de cargos en su contra y permitirles una audiencia.
“Más allá de las sentencias, los Waorani fueron encarcelados sin merecerlo, ya según el acuerdo de la Organización internacional del trabajo (OIT) y las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador, la detención preventiva no era aplicable, y en el caso de los Waorani, era una sanción no prevista”, dice el abogado Andrés Acaro. La Convención 169 de la OIT sobre comunidades indígenas recomienda penas alternativas a la prisión para infractores de la ley, teniendo en cuenta circunstancias económicas, sociales y culturales.
El juicio ignoró a la OIT y a la Corte Constitucional del Ecuador, al igual que las recomendaciones del juez Álvaro Guerrero, quien solicitó una asesoría antropológica.
A pesar que el supuesto sabotaje habría sido cometido en contra de una empresa privada, el gobierno ecuatoriano estableció que el ataque contra la compañía constituía también un ataque contra el estado, un factor agravante que podría llevar a 10 años en prisión.
De acuerdo con el fiscal Wellington Márquez, el daño económico hecho a la empresa por los protestantes también afectó al estado porque el sector energético de la economía está estratégicamente vinculado con el país, y generó una pérdida de $852.000 dólares. Entre las infracciones de los Waorani mencionadas por el fiscal estaban su estado de desnudez, un estado normal y natural entre los indígenas del ecuador.
La defensa hizo notar que la compañía petrolera en cuestión no pertenece al estado, y en su lugar, hace parte del grupo Synergy, un conglomerado internacional del colombo-brasileño Germán Efromovich, que también es el dueño de la aerolínea Avianca. Diego Villagomez, un ejecutivo de Synergy en Ecuador, confirmó a través de un correo electrónico que los procedimientos legales estaban siendo presionados directamente por el gobierno ecuatoriano y no por la empresa.
El gobierno de Ecuador justifica el tomar parte en el caso, en base a “Ecuador Estratégico”, una iniciativa gubernamental que tiene a cargo los acuerdos entre indígenas y la industria extractiva. Ni el gobierno central, ni los ministerios de Interior, Defensa o Ambiente, respondieron a Mongabay.com las solicitudes de una entrevista buscando claridad en este caso.
Nuevos alegatos del gobierno
El 9 de marzo, dos meses después de las detenciones y cerca de que ocurrieran las liberaciones de los protestantes, el juez del caso, Álvaro Guerrero, fue reemplazado repentinamente por el gobierno. Al mismo tiempo, el coronel militar ecuatoriano Luis Enrique Rivera presentó un nuevo cargo, el intento de asesinato de seis soldados, todos los cuales se alegaba que habían sido heridos por perdigones supuestamente disparados de cerca por los indígenas.
“Los reportes denunciaban que las heridas de los soldados habían afectado órganos vitales, así como piernas y brazos” dijo el defensor público de la provincia de Orellana, Morris Mariño Chávez, Él fue el abogado de algunos de los líderes Waorani, y confirmó que los prisioneros no participaron en la protesta.
Los nuevos cargos fueron controversiales porque el gobierno ya había ordenado la liberación de los líderes Waorani, dijo Solís. El abogado Waorani Andrés Acaros indicó que estas acusaciones de último minuto fueron hechas sin darle tiempo para preparar su defensa.
Extrañamente los documentos del gobierno presentados en el procedimiento inicial describen indios semidesnudos armados con lanzas y cerbatanas, pero la nueva acusación citaba escopetas, revólveres y carabinas, armas que nunca han aparecido en la evidencia. Las armas que habían sido presentadas como evidencia incluían varias lanzas y un hacha. Otro dato curioso es que a ninguno de los prisioneros se les realizó una prueba de parafina para verificar la utilización de armas de fuego.
“Lo más probable es que estos perdigones fueron disparado por armas de la policía y que los oficiales se hirieron a ellos mismos durante la confusión y el tiroteo”, dijo Mariño Chávez.
Un jaguar en la celda
En julio, Wilson Enqueri y Richard Ima, el último de los siete Waorani que permanecieron encarcelados, iban a ser finalmente liberados de la prisión de Sucumbíos. Ima, al igual que otros acusados no hablaba español, lo que quiere decir que fue juzgado sin tener un entendimiento completo del leguaje en que fue juzgado. Se resalta que a los indígenas acusados no se les ofreció el derecho a una traducción del juicio. “Ellos fueron tratados como occidentales, a pesar de que tienen otra visión del mundo; ellos deben ser tratados de manera diferente”, dijo el defensor público Mariño Chávez.
Enqueri e Ima fueron los principales acusados en un juicio en el que otros Waorani fueron absueltos y liberados por falta d evidencias. Entre la evidencia presentada por Vicente Chamba, el fiscal, se incluyó un video en el que los dos hombres se veían liderando un grupo que protestaba en contra de la empresa petrolera, así como reportes técnicos sobre el daño causado, junto con testimonios de la policía.
En la cárcel, fueron forzados a vivir en condiciones completamente extrañas para ellos. No pudieron comunicarse en su lengua nativa y debieron comer alimentos a los que no estaban acostumbrados. “Nunca había estado en la cárcel” dijo Ima, que amenazó con suicidarse si resultaba condenado.
“Ellos tuvieron problemas estomacales y perdieron peso”, reportó una fuente oficial anónima, que describió la comida de la cárcel como no apropiada para personas que se alimentan de lo que les da la tierra.
La presión de los oficiales y el miedo de los indígenas a ser condenados llevaron al abogado a proponer un “procedimiento sumario”. Este es una solución jurídica similar a la negociación de cargos, en la que los acusados admiten responsabilidad, aún si no han cometido un crimen, en busca de reducir su condena. Fue a través de este proceso que Enqueri e Ima evitaron una condena y ser sentenciados a hasta 10 años en prisión. En su lugar, ellos fueron sentenciados a cuatro meses en la cárcel, que se cumplieron en julio, además de ocho meses de trabajo comunitario, que incluyen la limpieza de los pozos de Petrowell.
“Encerrara un indígena en prisión es lo mismo que poner a un jaguar en una jaula. Ellos son hombres acostumbrados a caminar”, dice Xavier Solís. Él explica que el conflicto entre el gobierno y los Waorani sobre sus territorios indígenas escaló en 2007 cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa asumió la presidencia y alineó el estado más cerca del sector petrolero. En agosto de 2014, Correa aprobó el Código Orgánico Integral Penal, que criminaliza las protestas y define penas más fuertes para los protestantes. Por ejemplo, un bloqueo de carreteras es ahora calificado como sabotaje.
El abogado defensor Andrés Acaro hace notar que los indígenas de Ecuador son “invisibles” y que al no hablar español ni tener educación occidental tradicional, no tienen medios legales para buscar una reparación de los agravios. Las protestas son vistas como el último recurso para proteger los derechos indígenas. “¿Quién se preocupa por siete indígenas en contra de los recursos de un país entero?” dijo una fuente anónima; una respuesta pública muy común a la difícil situación de los indígenas de Ecuador.
Xavier Solís también afirma que la represión del gobierno de Correa no es exclusiva contra la gente indígena. El presidente también ha puesto presión legal sobre las ONG y sobre los defensores de los derechos humanos, e incluso ha procesado a jueces que se oponen a su administración. “La mejor cosa que podemos hacer para defendernos a nosotros mismos es hacer que todo sea público”, dijo Solís.
El misionero español Miguel Ángel Cabodevilla y la periodista Milagros Aguirre, autores del libro “Una tragedia escondida”, una crítica al gobierno en relación con la masacre de 20 indígenas Tageri-Taromenani en 2013, vieron su obra censurada, sus teléfonos intervenidos y fueron citados por la fiscalía.
El antropólogo José Proaño, muy cercano a los Waorani, ha sido presionado al punto que ya no puede entrevistarse con periodistas. En junio, el juez Miguel Ángel Arias renunció después de 16 años de carrera. En una carta pública, Arias dijo que no quería verse involucrado en la violación de recursos humanos fundamentales, y acusó al poder judicial de no es independiente.
Expulsados del paraíso
Hasta la década de 1940, los Waorani llevaban un estilo de vida tradicional de cacería y recolección en la selva ecuatoriana. En esa época tuvieron el primer contacto con los forasteros (“cowode” en su lengua nativa). Esta primera reunión con empleados de Shell Oil que hacían perforaciones exploratorias en las tierras ancestrales de los Waoranis no fue positivo. La intromisión no autorizada de la compañía se encontró con una respuesta feroz de parte de los Waorani.
Las compañías petroleras persisten en el reconocimiento de los vastos depósitos de petróleo que se encuentra bajo el suelo Waorani.
En un contacto posterior, en la década de 1950, por parte de misioneros evangélicos – cinco de los cuales fueron asesinados – llevó eventualmente a una paz precaria entre los Waorani y los Cowode. Al final de la década de 1960, Texaco se acercó al gobierno ecuatoriano buscando permiso para perforar en tierra Waorani. Los misioneros fueron fundamentales en la consecución del acuerdo, que resultó en el desplazamiento de cientos de Waoranis de su tierra nativa y reubicados en misiones evangélicas, alterando radicalmente su estilo de vida tradicional, y empujándolos bruscamente al mundo moderno.
David Suarez, un sociólogo, investigador en temas ambientales, y representante del grupo Yasunidos, dijo que los misioneros que llegaron inicialmente, del Instituto Lingüístico de Verano (SIL, por sus siglas en inglés), fueron cómplices en la implementación de los planes de las compañías petroleras a través de la evangelización de los indígenas. “Fue un cambio cultural rápido que ahora se sabe que fue patrocinado por la industria petrolera”, dijo Suarez.
La llegada de Texaco anunció la expansión de la infraestructura petrolera del Ecuador, que a lo largo de las últimas seis décadas ha empujado inexorablemente a los Waorani de su territorio ancestral. Algunos han sido forzados más adentro de la selva, donde aún habitan, evitando a los forasteros. Otros se han asentado en los cinturones de miseria de poblaciones como El Coca, donde el desempleo y la adicción a las drogas es común.
Apenas han pasado dos generaciones desde el primer contacto con los Waorani, lo que para las comunidades indígenas significa un “contacto reciente”. De acuerdo con las leyes ecuatorianas e internacionales, el “contacto reciente” debería significar protección de los juicios occidentales como el impuesto a Enqueri y a sus compañeros Waorani. O al menos, debería haber contado con un juez apoyado por antropólogos y traductores. Nada de esto estuvo disponible para los Waorani acusados de sabotear los pozos petroleros, a pesar de la apelación del juez Álvaro Guerrero en febrero, que pidió un estudio antropológico y fue retirado del caso.
El gobierno sigue describiendo a los Waoranis como salvajes guerreros. Los indígenas se ganaron esa reputación por una serie de incidentes violentos, incluyendo el notorio asesinato de cinco misioneros del SIL en 1956; en otro ataque en 2003, un grupo de Waorani que incluía a Richard Ima, mato a 10 mujeres y cinco niños de la etnia Tagaeri-Taromenani, un pueblo nómada que permanece aislado y ha reusado ser contactado. En marzo de 2013, en venganza por la muerte de dos de sus líderes, los Waorani mataron a 20 Tagaeri-Taromenani y secuestraron dos niñas de 3 y 7 años, como premios de guerra. Todos estos incidentes ocurrieron en territorios indígenas y deben ser juzgados estándares culturales y legales Waorani, no por estándares occidentales. También ocurrieron en territorios Waorani que ahora son campos petroleros, una invasión corporativa de las tierras indígenas, que según la propia Constitución Política del Ecuador es totalmente ilegal.
Mientras es cierto que los Waorani han llevado a cabo ataques sobre los 300 Tagaeri-Taromenani, también es cierto que esos ataques ocurrieron en tierras indígenas tradicionales y en tierras que ahora son reclamadas por la petrolera española Repsol en el campo petrolero 16. De la misma manera, la planta de Petrobell donde ocurrió la protesta, se encuentra en territorio Waorani, y por tanto, también bajo su jurisdicción cultural.
El Artículo 57 de la Constitución Política garantiza que los indígenas no serán desplazados de sus tierras ancestrales, y prohíbe cualquier forma de actividad extractiva en áreas con aldeas aisladas. “El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos.”, dice el documento, que describe la violación de esta norma como “etnocidio”.
Nunca ha habido un juicio para determinar la culpabilidad de las compañías petroleras en la apropiación y degradación de las tierras ancestrales de los Waorani.
En lugar de ello, como en el caso de Petrobell, el estado ecuatoriano se ha alineado de forma consistente con las compañías petroleras, y ha sido severo al juzgar los conflictos entre las corporaciones y los indígenas, señalando las protestas indígenas como delitos serios, y criminalizando las acciones de los indígenas. “Ellos acusaron de genocidio a un pueblo recientemente contactado ¡algo inaudito! Comunidades indígenas cometiendo genocidio contra un estado que no ha asumido ninguna responsabilidad”, dijo otra fuente anónima, crítica de las acciones del gobierno.
El doctor Adolfo Maldonado, de la ONG Acción Ecológica, ha estudiado los efectos de la exploración petrolera en la amazonia ecuatoriana. Él dice que los Waorani (que según el censo de 2010 son alrededor de 2.200) viven ahora en solo un tercio de lo que fue su territorio ancestral, una reserva indígena reconocida por el estado, que cubría solo 6.800 kilómetros cuadrados (2.625 millas cuadradas).
“Las compañías petroleras les enseñaron a ser pordioseros”, dice Washington Huilca, un investigador de la fundación Alejandro Labaka, en el Coca, una organización que busca proteger y llamar la atención sobre el pueblo aislado de frontera en el cual muchos Waorani se han asentado después de ser desplazados. Huilca ofrece sus puntos de vista sobre el caso de Petrobell, haciendo notar que las incursiones de la compañía petrolera han impedido que los indígenas desarrollen sus actividades tradicionales de caza y pesca. Por eso es lógico para los líderes Waorani, buscar compensación por parte de las compañías petroleras que se benefician enormemente de las perforaciones en sus territorios ancestrales. El conflicto ha surgido cuando las corporaciones petroleras no cumplen los compromisos de compensación.
Hace 35 años, Huilca viajó a pie a través de la jungla ecuatoriana, y afirma haber visto grupos de indígenas no contactados, acosados de forma ilegal por la invasión de la producción petrolera – con sus sonidos terriblemente alienígenas como los que hacen los helicópteros en vuelo estacionario, y el bombeo de las plataformas petroleras. “Los conflictos siempre ocurren cuando hay mucho ruido”, explica Huilca.
Otros entrevistados por Mongabay.com, que pidieron mantener la confidencialidad de sus identidades, dijeron que el gobierno ecuatoriano tiene evidencia de poblaciones indígenas no contactadas que habitan en los territorios petroleros, pero ha ocultado esa información bajo el pretexto de hacer parte de la seguridad nacional.
“Para ellos (los indígenas) el petrolero juega un papel al interior de la tierra. Por fuera de la tierra, el petróleo es muerte”, dijo Huilca, que afirma que antes del contacto los Waoranis nunca fueron tan violentos como en la última década, cuando el gobierno y las compañías petroleras se han tornado cada vez más en contra de ellos.
Irónicamente, en el lenguaje Waorani, el nombre que se han dado a ellos mismos se traduce como “gente amigable”. Desafortunadamente, este es un apodo que estos amerindios encuentra difícil de mantener de cara al nacionalismo moderno y a la explotación petrolera.