- Perú tiene más de 80 áreas de conservación comunales y privadas con una cobertura de 250.000 hectáreas; algunos terratenientes han designado aún más áreas para la conservación y el turismo sin obtener la designación oficial.
- Las propiedades privadas en áreas remotas podrían sufrir incursiones por parte de mineros, leñadores, cazadores y agricultores al igual que en tierras públicas, aunque las tierras privadas tienden a estar mejor protegidas bajo la ley.
- Algunas partes de la Amazonía peruana se encuentran en lugares remotos donde no hay policías o personal jurídico, así que la aplicación de la ley resulta muy difícil. Los funcionarios públicos también reconocen que la corrupción es un problema en otras partes.
Murilo Reis guiaba un grupo de turistas en su reserva privada ubicada en una parte remota del noreste de Perú hace dos meses cuando se topó con más de una docena de personas que excavaban nidos de tortugas al borde del río para robar sus huevos. Cuando rehusaron a irse, Reis llamó la policía, pero el agente se puso del lado de los cazadores furtivos y Reis se vio incapaz de parar el robo.
Reis se preocupa a menudo de que la tala ilegal, la caza y la pesca no sólo podrían poner en peligro su negocio de turismo, sino que pueden afectar un área que él está preservando como un refugio para animales que se escapan de la actividad humana ilegal en el bosque.
El no es el único que se siente así. Las noticias se centran en la tala, minería y caza ilegales, en los cultivos de droga, asentamientos ilegales, y la construcción de carreteras no autorizadas en áreas protegidas del gobierno y territorios indígenas en la Amazonía peruana. Pero los dueños de áreas privadas para la conservación también se enfrentan a problemas similares — aunque reciben mucha menos atención.
“Gran parte del problema tiene que ver con una falta de planeamiento del uso de tierras”, dijo Bruno Monteferri, director del programa privado de conservación de la organización Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, o SPDA. La situación empeora a menudo por los conflictos por territorios y por una falta de monitoreo de la policía.
Perú tiene más de 80 áreas de conservación comunales y privadas con una cobertura de 250.000 hectáreas, de acuerdo a Monteferri. Además, algunos terratenientes como Reis han designado aún más áreas para la conservación y el turismo sin obtener la designación oficial por parte del Servicio Nacional de Áreas Nacionales Protegidas por el Estado, SERNANP.
Aunque las propiedades privadas se encuentran generalmente mejor protegidas que las tierras estatales gracias a las protecciones legales de los terratenientes, los territorios privados en áreas remotas pueden sufrir las mismas incursiones ilegales que aquellas en territorios públicos. Algunas partes de la Amazonía peruana se encuentran a horas — o hasta días — de viaje, en lugares remotos donde no hay policías o personal jurídico, así que la aplicación de la ley resulta muy difícil. Los funcionarios públicos también reconocen que la corrupción es un problema en otras partes.
Ex-guía de la naturaleza en la región del Pantanal, Brasil — su país de origen — Reis se mudó a la Amazonía peruana para ayudar a un amigo a establecer un negocio de turismo en las tierras a lo largo del Río Tapiche en la región de Loreto. Cuando su amigo decidió vender su terreno, Reis lo compró para dedicarlo para la conservación y el turismo.
Dentro de las 6000 hectáreas de la propiedad, Reis y su colega Deborah Chen están gestionando 1640 de ellas como una reserva natural. Ubicado a más de un día de viaje por lancha a motor desde la capital regional de Iquitos, un epicentro para el turismo de naturaleza donde viven alrededor de medio millón de personas, el lugar se veía perfecto — contenía árboles y ríos que atraen gran variedad de aves, monos, y otras especies salvajes.
También se encuentra cerca de la Sierra del Divisor, un área donde existen planes para un nuevo parque nacional. Pero la inauguración del nuevo parque se ha postergado, lo que ha llevado a que una campaña presione al gobierno a que emita un decreto oficial, mientras que imágenes satelitales muestran como el propuesto parque está siendo destruido, probablemente por leñadores y agricultores.
Reis dijo que los leñadores ilegales parecen estar sacando la mayor cantidad posible de madera del área antes de que el parque quede bajo la protección del gobierno.
Loreto es la región más deforestada del país, pero también es un blanco para los leñadores ilegales que “lavan” la madera para que parezca que fue obtenida de manera legal, de acuerdo a un estudio del 2012 por la Agencia de Investigación Ambiental.
“Cada año la situación se vuelve peor”, dijo Reis.
Flavia Prato ha visto cosas similares en las 18.000 hectáreas forestadas que su abuelo compró hace décadas en la región de la Amazonía central en Perú. Su padre, uno de los primeros ingenieros forestales del país, tuvo una visión de tala sostenible y de reforestación, e instaló un aserradero en la propiedad. Prato vivió ahí cuando era una niña, en la residencia de su familia.
“Crecí con la idea de que el bosque era sagrado”, le dijo Prato a Mongabay. “Debes saber cómo usarlo inteligentemente, para poder conservarlo”.
Pero desde los años sesentas, los agricultores empezaron a talar franjas de su propiedad para plantar coca, la materia prima usada para hacer cocaína, entre otras cosas.
Entre los años setentas y noventas, ataques por parte de grupos subversivos que tenían como objetivo la persecución de terratenientes, finalmente obligaron a la familia Prato a mudarse a Lima, aunque pudieron mantener su propiedad.
Ahora ella y su hermana están intentando reclamar las tierras, con el objetivo de convertirlas en un refugio para la conservación en un área donde ha habido mucha deforestación en las recientes décadas.
Pero Prato dijo que los pequeños agricultores siguen talando terrenos para la siembra en la propiedad, a veces animados por los políticos locales que buscan sus votos. Ella calcula que alrededor de 100 familias viven ahora en los terrenos de su familia.
Algunas de las peores amenazas para las áreas privadas de conservación se encuentran en la región sureste de Madre de Dios, donde concesiones traslapadas para la minería de oro aluvial, ecoturismo, agricultura, conservación, cosecha de la castaña de Brasil, y reforestación han llevado a una serie de conflictos.
Al menos dos áreas privadas de conservación en la zona están amenazadas por mineros de oro de acuerdo a Eddy Peña, un especialista en conservación en la oficina de SPDA en Madre de Dios. Otras han sido afectadas por incendios fuera de control que se prendieron para despejar tierras para la agricultura.
Las concesiones de ecoturismo y de conservación — ofrecidas por el gobierno en tierras estatales — también han sido amenazadas por especuladores de tierras que se aprovechan de la falta de un sistema que monitoree los derechos a terrenos, explicó Peña.
Dos concesiones para la conservación — una de las cuales se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, área protegida que es popular como destino para el turismo de naturaleza — han sido invadidas por leñadores ilegales, dijo Peña.
Otra concesión de 2000 hectáreas para el ecoturismo, también ubicada en la zona de amortiguamiento de Tambopata, “ha sido completamente invadida por mineros ilegales”, dijo.
Por su parte, la minería de oro aluvial en Madre de Dios ha destruido más de 50.000 hectáreas de bosque, y ha estrangulado cuencas con sedimentos. Varios estudios también han descubierto altos niveles de mercurio en los peces y humanos del área.
En otras dos concesiones de ecoturismo, una de ellas en la comunidad indígena de Infierno, pequeños agricultores han talado áreas para plantar de manera ilegal, o con permisos de una agencia gubernamental que no verificó a quién pertenecen los derechos del terreno.
Muchos de los conflictos han sido documentados en el sitio de web de Alerta Ambiental, donde los ciudadanos pueden subir mensajes y comentarios sobre problemas ambientales en Madre de Dios, y la clínica legal de SPDA ha representado algunos de los casos.
Pero a menudo terratenientes y titulares de concesiones no se quejan formalmente porque no conocen el sistema legal o porque temen represalias, de acuerdo a Peña. Una señora mayor le dijo recientemente que ella simplemente se daría por vencida y se iría del lugar.
Aproximadamente una mitad de las áreas de conservación privadas del Perú fueron creadas por comunidades de pequeños agricultores. Monteferri explica que algunos de ellos esperan que una designación oficial ayude a protegerlos en contra de posibles demandas a futuro por parte de compañías mineras o petroleras. En otros casos, el área de conservación se define para asegurar que el bosque o las cabeceras de agua sigan protegidas, sin que importen los cambios en el liderazgo de las comunidades.
Algunos dueños de áreas de conservación privadas, como Prato, son hijos o nietos de personas que vivían en áreas rurales. Otros son ambientalistas jóvenes que buscan preservar parte del paisaje. Algunos operan casas de campo o pequeños negocios que utilizan productos del bosque, como las nueces de Brasil.
Monteferri y la SPDA lideraron la creación de una red de dueños de áreas de conservación privadas llamadas Conservamos por Naturaleza, la cual ofrece oportunidades para voluntarios y otros quienes quieran participar.
Tanto Reis como Prato están determinados a conservar sus espacios de bosque, aunque ninguno de ellos ha obtenido la condición oficial de área de conservación privada.
Ambos dicen que preferirían evitar conflictos con sus vecinos que tienen pocos recursos legales para generar dinero.
Monteferri dice que establecer derechos de propiedad en un lugar donde las comunidades locales están acostumbradas a la siembra, la caza, y la tala resulta muy difícil. En esos casos, los terratenientes deben aprender a negociar con sus vecinos.
Reis ha contratado a ocho personas de la comunidad para que trabajen en su operación turística, pero un grupo de personas enfadadas de la localidad lo han acusado de cometer un asesinato en un caso que un fiscal local cerró hace meses.
En ese caso del año pasado, un hombre de una comunidad vecina desapareció mientras cazaba o pescaba. Su cuerpo apareció unos 60 kilómetros río abajo de la propiedad de Reis. El fiscal no encontró evidencia de actos criminales y cerró el caso.
Pero luego de que Reis protestara la tala y caza furtiva en su propiedad, algunas personas de las comunidades de la zona le pidieron al fiscal que volviera a abrir el caso, acusando a Reis de asesinato.
Si hubiera más oportunidades para que las poblaciones locales puedan generar ganancias, Reis y Prato creen que se reducirían las invasiones en sus propiedades.
Reis está plantando palmas de açai con la esperanza de estimular un mercado local para la fruta y para generar oportunidades de trabajo. Prato también está interesada en producir bienes naturales y sostenibles dentro del bosque que pertenece a su familia. Mientras tanto, ella y su hermana esperan reconstruir una simple casa para poder pasar más tiempo en el terreno.
“Cuando volví después de tantos años, me dieron ganas de llorar”, dijo sobre su regreso hace unos años, luego de que el líder de uno de los grupos subversivos que apoyaban traficantes de drogas de la zona fuera arrestado. “Regresé a un lugar de donde nunca debía haberme ido”.
Reis también está decidido a seguir adelante con los planes para su reserva, aunque su operación turística aún no le está trayendo ganancias.
“Mi familia y mis amigos dicen que estoy loco”, dijo, “pero no me puedo dar por vencido”.
Citaciones
- EIA (2012). The Laundering Machine: How Fraud and Corruption in Peru’s Concession System Are Destroying the Future of Its Forests. Environmental Investigation Agency, Washington, D.C., USA.
Créditos
