David & Goliat: Los nativos resisten a la construcción de presas y a la explotación minera de las multinacionales y a veces ganan

Cuando los ingenieros de la presa bajaron por el camino pedregoso al pueblo de Tupen Grande aquella noche de junio de 2014, la patrulla campesina les estaba esperando porras en mano.

Durante meses, los ingenieros de la empresa brasileña Oderbrecht habían intentado entrar en la zona para realizar un estudio que permitiese avanzar en la construcción de la presa Chadin II. La mega presa sobre el río Marañón inundaría la localidad de Tupen Grande y los pueblos colindantes. Como respuesta, los pobladores han formado una ronda, una milicia campesina, para evitar el acceso de los ingenieros. Creen así que si no hay estudios, no hay presa.

Los dos grupos se encontraron en el camino pedregoso sobre el pueblo.

César Chávez Romero, presidente de la ronda, dijo «los capturamos y los trajimos de vuelta». Cuando viajaban con los ingenieros Chávez añadió que el maestro de Tupen era un “traidor”. Durante meses, el profesor había alentado a la construcción de la presa, animado a sus alumnos para que convenciesen a sus padres, incluso se le descubrió recopilando los DNI de personas que iba a facilitar a Oderbrecht para que ésta comprobara la titularidad de las tierras.

«Le avisamos para que lo dejara, pero no cedió», explicó Chávez. La ronda dejó a los ingenieros y al maestro en la casa comunal del pueblo, donde los pobladores estaban reunidos bebiendo. «Les gritaron todo tipo de insultos, que se les castigara, que se les golpeara» dijo Romero. «Hubo mucha tensión. Teníamos que pensar qué íbamos a hacer».

Los intereses nacionales contra la resistencia local

Este enfrentamiento, donde la milicia campesina secuestra a los empleados de la presa, es un ejemplo más del problema emergente en Perú en la última década. A lo largo del país, el gobierno central y las empresas multinacionales se han enfrentado a la feroz resistencia de los nativos, normalmente comunidades rurales, opuestas a los grandes proyectos de construcción de presas y de explotación minera; como el de cobre en Tía María, el de oro en Yanacocha o el de las presas de Tupen en el río Marañón.

Este antagonismo a menudo termina en violencia.

Hay más de 200 conflictos sociales en curso en Perú, la mayoría de los cuales, según el defensor del pueblo, versan sobre «el uso y el control de los recursos naturales». A través de todas estas e intensas batallas, la violencia ha resultado una estrategia efectiva para las comunidades locales que quieren proteger sus tierras.

La tierra y los recursos naturales han sido la causa del conflicto en Perú desde sus inicios. El país es realmente rico en minerales; encabeza la producción de oro, plata, zinc, plomo y estaño de América Latina. Asimismo, posee una tierra rica en cultivo donde crecen los campos productivos para fines comerciales y los ríos de montaña resultan idóneos para la puesta en marcha de mega proyectos de energía hidráulica. Pero el precio de estos esfuerzos lleva a menudo aparejado un desastre medioambiental: la tala indiscriminada de árboles; la contaminación de los ríos, la inundación de comunidades, montañas frondosas reducidas a paisajes lunares por las canteras. Y de todo esto, pocos beneficios redundan en los pueblos locales.

El gobierno de Perú con un régimen muy centralizado impide a los nativos participar en si desarrollo del proyecto se llevará a cabo, en su ubicación, en el cómo y en si se les compensará por la degradación de sus bosques, granjas, tierras, recursos de subsistencia y poblados. Esto se debe a que Perú pertenece a “la gente”, que viene a decir que «quienes lideran el gobierno de Lima están alejados, en el caso de Tupen se encuentran a cientos de kilómetros y en el otro lado de una alta cordillera de más de tres kilómetros. Imagina el revuelo y tal vez el duelo si todas las decisiones relativas a cuestiones de explotación minera de Idaho se decidiesen en Washington D.C. Estamos ante un gobierno nacional y distante que tiene la última palabra sobre las concesiones de las presas y de la explotación minera. Y que tiene potestad para enviar a la policía si los nativos resisten.

El legado de Baguazo

Se puede tomar como ejemplo, el Baguazo, famosa revuelta de 2009 en la provincia de Amazonas de los pueblos Awajún y otras etnias locales. En el pasado, las comunidades indígenas de Perú ganaron y retuvieron con fuerza relativa sus derechos sobre la tierra, un legado progresivo peleado durante cientos de años de violenta explotación. Los indígenas ganaron el derecho a consultarles previamente sobre cualquier ley que pudiese afectarles.

En 2008, el Congreso peruano aprobó una nueva legislación en materia forestal, lo que hizo temer a los grupos indígenas de la posibilidad de perforar sus tierras de la indeseada explotación minera y de hidrocarburo. Una ley otorgaba al Estado el derecho a subastar los bosques, lo que los indígenas temían pudiese terminar en la venta privada de 45 millones de hectáreas de bosques (173.743 millas cuadradas), que viene a ser un 60% de la Amazonía peruana. También existía una ley que permitía a las compañías mineras y de gas solicitar directamente al gobierno central las concesiones, con lo que los líderes indígenas temían permitiese a estas empresas evitar consultar con las comunidades indígenas y triunfar.

Los cambios legales sucedieron en el trasfondo de una campaña del gobierno central para animar a la explotación minera y forestal en la Amazonía. En 2007, el presidente Alan García publicó un célebre artículo en El Comercio, el periódico más antiguo de la nación, donde afirmaba que el desarrollo de los recursos de la Amazonía era de interés nacional, y castigaría a los grupos indígenas por su actitud como muestra el síndrome de la fábula griega de “El perro del Hortelano”, donde un perro de corral no le deja al caballo comer cereal aunque él mismo no puede comerlo.

«Hay millones de hectáreas extensas para talar que no se utilizan, y millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán», escribió García, «también existen cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de océanos que no se utilizarán nunca para cultivar ni producir». Perú, argumentó García necesita de esos recursos para desarrollarse como nación.

Pero para los grupos nativos, el cambio en la ley forestal parecía el antecedente de una apropiación indebida empresarial de las tierras: especialmente desde que la tierra considerada como «extensión sin utilizar» era la tierra de la que subsistían. Tras los intentos en vano para la derogación de la ley, los Awajún, con esta gran protesta social peruana, consiguieron la ocupación de la propiedad. Tomaron el control de dos instalaciones de gas en la zona norte del bosque y capturaron a varios policías, que retuvieron como rehenes.

Cuando el gobierno declaró el estado de emergencia en la región, lo que le permitía enviar tropas, Alberto Pizango, miembro del pueblo Shawi y líder de las protestas advirtió que «los indígenas se están defendiendo contra la agresión del gobierno».

Como las negociaciones con el gobierno se pararon, los grupos indígenas se sublevaron: 2.000 Awajún tomaron el control de la autopista que lleva a la capital provincial de Bagua Chica, en la región de cultivos de arroz sobre los bosques donde los Awajún viven. En un punto de la autopista denominado La Curva del Diablo, montaron un campamento con cocinas comunales, cobraban peajes a los vehículos y esperaron a que los dirigentes de Lima se acercaran. Tras el bloqueo de los Awajún, los camiones de arroz se iban amontonando. No había sucedido nada parecido antes: tantos indígenas fuera de sus comunidades, retando al Estado. Lo que obligó a Lima a tomar cartas en el asunto.

Poco se hubiera conseguido con las protestas si el gobierno central no se hubiera excedido: el 5 de junio de 2009, la policía nacional atacó a los Awajún congregados y trató de disolverlos. Hubo una batalla campal en la autopista, los nativos con lanzas contra la policía que portaba armas automáticas y que concluyó con la matanza de 12 policías y 10 indígenas, aunque existen rumores persistentes, difíciles de comprobar, que las muertes de civiles se contaron en cientos. Cuando las noticias del ataque llegaron a los indígenas luchadores del bosque, éstos mataron a los policías que mantenían retenidos.

El episodio de Baguazo terminó en tragedia y derramamiento de sangre, pero de alguna forma los grupos indígenas ganaron. En la televisión de todo Perú y del mundo, los espectadores vieron cómo desde los helicópteros, la policía disparaba contra los indios que portaban lanzas. En todo el país, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de defensa local convocaron una huelga general, llevando a la nación a un parón. Diez días tras el Baguazo, el Congreso de Perú derogó la ley sobre silvicultura forestal. La fuerza había ganado donde las negociaciones habían fracasado.

Rondas en defensa de Marañón

Tres años más tarde y cientos de millas río arriba en Tupen, los habitantes temían que si no se hubiesen sublevado habrían sido literalmente arrastrados por el agua.

En Tupen, los nativos aseguraron que los ingenieros de Chadín II habían llegado simulando ser turistas y ecologistas, y secretamente avanzaron en sus planes para construir la presa en el río Marañón. Habitantes de Celendín, una población fuera del cañón, pero perteneciente a la región de Cajamarca, comunicaron la noticia a la gente. «Ellos nos dijeron que iban a destruir nuestro pueblo» explicó Chávez.

Los celendinos tenían un consejo: “organícense”.

En Cajamarca, las rondas, patrullas campesinas creadas para impedir el robo de ganado, se han convertido en pieza clave en la lucha contra los yacimientos de cobre en Conga, un proyecto liderado por la empresa con sede en Colorado Newmont Mining Corporation. El proyecto Conga era la expansión planeada de la notoria sociedad Minera de explotación de oro Yanacocha de Newton, la segunda más grande del mundo, y que los residentes de Cajamarca dicen que ha contaminado sus aguas con mercurio y cianuro. En 2011, hubo unas violentas protestas en Cajamarca organizadas por las rondas que forzaron a Newmont a posponer la expansión de Conga.

Cuando Newmont comenzó a reavivar el proyecto en 2014, un rondero de Cajamarca, Gregorio Santos, ganó la presidencia regional en una plataforma anti-Conga, a pesar de estar en la cárcel por corrupción. Dijo Chávez que los activistas de Cajamarca «nos instaron a formar una ronda para dejar fuera a los topógrafos». Un amigo les urgió a cerrar filas, «porque si dejas a la compañía entrar, no vas a poder echarlos. No cometáis el mismo error que nosotros. Nadie va a protegeros».

Así es como los hombres de Tupen formaron una ronda. Engalanados con sus uniformes hechos a medida, cosidos con hilo de oro se lee las palabras «No a Chadín II, No a Conga». Varias veces los ronderos acudieron en multitud para desalojar a los ingenieros del lugar de estudio, un par de veces se encontraron enfrentándose a la policía armada.

«Ellos acudieron con sus pistolas y nosotros estábamos con nuestras porras» dijo Chávez. Finalmente el comandante de la [policía] me dijo: «Lo siento, no lo sabía, me dijeron que vosotros [los del pueblo] apoyabais la construcción de la presa. Si estáis contra su construcción, nos marcharemos». Pero la ronda tenía que caminar en la cuerda floja: «ser suficientemente agresivos para asustar a la compañía, sin provocar una reacción de la policía o hacer un llamamiento al “terrorismo”, que desde los días del insurgencia de la guerrilla Sendero Luminoso en Perú ha sido una palabra clave para los “rebeldes de izquierdas”.

A los miembros de la ronda no sólo les preocupaba el daño medioambiental que la presa pudiera ocasionar: como en el caso de los Awajún, las gentes del valle de Marañón temieron que el dinero de la empresa pudiera entrar en sus comunidades rurales y corromper la democracia de los campesinos.

«Ellos vienen y pagan a la gente para que apoye la presa en reuniones de la comunidad», dijo Doralina Esparza, una granjera que vive cerca de la localidad de Nueva Esperanza. Por eso Chávez llamó “traidor” al profesor que estaba ayudando a los ingenieros de Chadín II: era un residente del pueblo que podía ser un punto de apoyo para la compañía constructora, lo que podría dificultar echarlos.

La noche en que la ronda capturó a los ingenieros de Oderbrecht, Chávez tuvo que decidir qué hacer con ellos, en medio de llamadas a la violencia por parte de los habitantes de Tupen. «Dichos llamamientos provenían de gente con menos tolerancia» afirmó. «No se dieron cuenta de que si íbamos demasiado lejos podríamos perderlo todo».

En cambio, los hombres de las patrullas llevaron a los ingenieros al patio exterior de la casa comunal Allí les aplicamos un extraño castigo, distintivo de las rondas de las tierras altas: «Les obligamos a hacer flexión de brazos, sentadillas y abdominales», explicó Chávez. ¿Y qué pasó con el maestro? Chávez se mostró cauteloso. «Él no corrió la misma suerte. Le advertimos en varias ocasiones. Le castigamos físicamente». No quiso dar más detalles. Otros dijeron que le habían golpeado y echado del pueblo.

Emerson, el hermano pequeño de Chávez de 22 años, estaba sentado escuchando nuestra conversación, entonces habló: «Decimos no a la violencia, no a la esclavitud», afirmó. ¿Cuál de las dos es peor? le pregunté. Dudó al instante y luego con media sonrisa respondió. «Ninguna de las opciones es buena. Pero mejor la violencia que la esclavitud».

El nuevo maestro de Tupen, un hombre atlético con aspecto infantil del pueblo comercial de Cumbes, río abajo, fue más directo. «Los niños a veces tienen miedo; lloran en clase por lo que va a suceder a su tierra y a sus familias». Yo les digo, «Vuestros padres no dejarán entrar a la compañía constructora de la presa». Él levantó la vista entusiasmado. « ¡Ellos lucharán con palos, piedras y pistolas si es necesario!»

Mientras tanto, en el otro lado de Perú, la gente estaba haciendo justamente eso; luchar con violencia una batalla desequilibrada contra las multinacionales y el gobierno del país.

Conflicto minero Tía María

Desde 2011, en las montañas de Arequipa al sur de Perú, sindicatos y grupos de campesinos han estado haciendo campaña contra Newmont y su socio Southern, una compañía minera mexicana, para evitar la apertura del yacimiento de cobre en Tía María. La empresa Southern tiene 50 años de historia en daños medioambientales asociados con sus proyectos mineros en Perú.

El actual presidente de Perú, Ollanta Humala, elegido en una ola de populismo y apoyo local tras el mandamiento de García, ha respaldado el proyecto de la mina.

Entre mayo y junio de 2015, el conflicto en Tía María ha desembocado en luchas entre los manifestantes y la policía, que ha llegado hasta el centro de Arequipa. El presidente de la empresa Southern llamó a los manifestantes «terroristas en contra de la minería» otra vez utiliza esa palabra con las connotaciones tan inquietantes que recuerdan a la masacre de la guerra civil. El gobierno de Humala convocó a los militares, y cientos de personas resultaron heridas en los enfrentamientos. Pero otra vez más, la violencia triunfó: Southern anuncio un “parón” aunque el proyecto podría reanudarse en cualquier momento.

Las protestas de Tía María estuvieron presentes durante todo el invierno en las televisiones de Perú, las vieron los jóvenes con las mismas fascinaciones mórbidas como las de las protestas de Ferguson en EE.UU. La lucha es a menudo un tema de discusión en el contexto del Baguazo. Pedro Pena, una piragüista y activista en contra de la construcción de la presa en Marañón dijo, «mira lo que ha pasado en Tía María, y en el Baguazo». «Queda patente que hay que luchar».

Emerson Chávez reflexionó si ir a Tía María a mostrar solidaridad. Una y otra vez, oigo lo mismo: «Hay que restaurar la violencia con este gobierno; o no prestan atención a otra cosa», dijo Maya Campos.

Lo que resulta sorprendente de esta última afirmación es que Maya (no es su nombre real) trabaja en el Ministerio de Educación del gobierno nacional. Sus ideas desafiantes repiten opiniones similares que he oído media docena de veces de jóvenes funcionarios de la izquierda. Esto podría ser una señal, como en el caso de las protestas por la utilización del suelo, del creciente descontento con el gobierno de Humala, que durante los últimos cuatro años ha marginado a los progresistas de su organización contra el contexto de un conflicto social cada vez mayor. Desde que Humala ocupó el cargo en 2011, han muerto 63 personas y 1.935 han resultado heridas en las luchas por las tierras y los recursos.

No sólo los jóvenes progresistas están preocupados por estas tendencias: la violencia como respuesta a los megaproyectos ha empeorado tanto, que incluso los conservadores comienzan a discutir que algo se tiene que hacer. En una entrevista en la portada del medio conservador El Comercio el 5 de julio de 2015, el conocido economista del centro derecha Hernando de Soto debatió que el país había perdido 70 billones de dólares en la inversión de minerías debido a los conflictos de Conga y Tía María.

De Soto discutió que la resistencia a la explotación minera la habían dirigido restantes combatientes del Sendero Luminoso, una denuncia reincidente proveniente de la derecha. Pero también argumentó que los registros de los terribles derechos sobre la tierra en Perú han creado una abertura para la izquierda radical: «Llamadme un completo idiota», dijo a El Comercio, pero el gobierno tiene que ceder si quiere continuar con la inversión de las minas. «Se trata de un problema sobre la propiedad, de a quién pertenece la tierra».

Los grandes proyectos como en el caso de Conga y Tía María dijo «son proyectos a largo plazo y no pueden cambiar cada día. ¿Qué va a hacer Perú si 22 proyectos importantes se paralizan y el gobierno no puede hacer nada? ¿Qué harías tú como inversor? ¿Invertirías en este país? Es un problema que tienen que resolver».

El primer ministro Humala, respondió al comentario de El Comercio, y preguntó por qué Hernando de Soto defendía una reunión con los terroristas.