El uso de drones para la lucha contra la deforestación y el tráfico de especies en Guatemala

Hasta el 2014, el monitoreo y mapeo de las áreas protegidas a lo largo y ancho de Guatemala se ejecutaba con satélites que volaban de forma irregular: incluso hasta con 20 días de diferencia entre vuelos. Además era caro: las imágenes de muy alta resolución costaban unos 25 dólares por kilómetro cuadrado.

Ese año, Adalberto López, coordinador del Sistema de Información Geográfica en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), propuso un monitoreo a través del uso de drones para detectar la depredación de la flora, la explotación ilegal de madera y el tráfico ilegal de animales en el 35 % del territorio del país que conserva áreas protegidas.

Los drones destinados para la conservación en Guatemala se inaugurarán en pocos meses. Inicialmente, el programa de vigilancia irá tras los depredadores de pinabete — una especie de pino endémica que es codiciada por el olor que desprende cuando se va secando — y además monitoreará la tala ilegal y verificará el hábitat de monos en Petén, un área de 35.854 km².

La lucha contra el tráfico ilegal de animales empezará de manera formal hacia finales del 2016, ya que requiere más tiempo, planificación y “porque es más difícil de controlar”, dijo López. Mientras tanto, para esta tarea, aún deberán usar cámaras-trampa y telemetría.

Además de capturar imágenes, los drones del CONAP generarán información vinculada a un postproceso georeferenciado. Cuentan con una cámara convencional y una infrarroja que extrae objetos y cambios que a simple vista, por la sobresaliente densidad boscosa, no pueden ser detectados.

Una de las aeronaves está vinculada a una computadora: lo que esos ojos ven en el cielo puede ser consultado en tiempo real para que se tomen las acciones pertinentes. Puede volar por un tiempo de 55 a 90 minutos por la independencia de la batería y alcanza velocidades entre 60 y 80 kph.

Otro más pequeño, un cuadricóptero, sirve para identificar las condiciones de aves como las guacamayas y los loros a grandes alturas, y también los primates, como monos araña o aulladores que habitan en las copas de los árboles.

Dichos aparatos, adquiridos hace un año, agilizarán la recolección de datos en sobrevuelos de áreas protegidas para procesarlos en cualquier momento y sin poner en riesgo a las especies que están en la lista de animales en extinción.

“En Guatemala es complicado el monitoreo de especies por la densidad de los bosques, a diferencia de la sabana africana, que está descampada. Aquí los drones serán clave”, explicó López.

Una vez que empiece el programa, los drones se enfocarán en la localización de cazadores furtivos. El problema es complejo: es delito bajo la Ley de Áreas Protegidas e implica multas de entre 1.000 y 2.500 dólares, o penas de hasta 10 años de cárcel por transporte, intercambio, comercio o exportación de ejemplares vivos o muertos, pero sin embargo continúa.

En el departamento de Izabal, al este de Guatemala, se monitoreará la pesca ilegal de pez vela junto a las amenazas contra arrecifes o el pasto marino. Hasta hace poco, este monitoreo se realizaba con inspecciones de campo y jornadas de control con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Un problema mayúsculo

El CONAP cuenta con poco personal para vigilancia y una asignación presupuestaria insuficiente. Además, la dispersión del tráfico de especies representa un gran desafío mientras el Consejo se enfrenta a una cultura de poseer animales salvajes como mascotas.

Su trabajo se centra en un 35 % de territorio virgen del país, pero la extensión es tan grande que el personal resulta insuficiente y el estado no tiene la capacidad financiera para un ejército de guardabosques.

En contraste, hoy el ministerio tiene como prioridad atender los crímenes contra las personas debido a la espiral de violencia que hay en el país. Sin embargo, a criterio de la fiscal contra los delitos ambientales, Aura López, el tráfico de animales debería considerarse como de lesa humanidad. “No ha tenido la atención de los gobiernos anteriores”, lamentó López. El gobierno actual recientemente conformó una mesa técnica para dar seguimiento al tema.

Incluso, de no ser por la ayuda internacional o los investigadores especializados nacionales y extranjeros, la captura de especímenes, su posesión ilegal en cautiverio y su transporte a otras partes del planeta serían aún mucho mayores.

“En la costa sur, en la boca costa, hay muchísimos animales cautivos”, aseveró con desesperanza Allan Marroquín, director del Departamento de Vida Silvestre del CONAP.

“La gente, por tradición, tiene loros o guacamayas; pero se encuentran sorpresas como pumas, tigrillos, jaguares o leones en manos de personas con recursos económicos o coleccionistas en Petén”, agregó.

En el centro sur de la capital, se hallan iguanas verdes, pericas verdes, tortugas terrestres o carne de venado para consumo humano y, en menor grado, se encuentran tucanes, palomas de alas blancas y urracas como mascotas.

Muchos animales son víctimas debido a una herencia cultural de poseer a un ser vivo en cautiverio, y por generar ganancias para quienes los venden. La sociabilidad de los monos araña, por ejemplo, los vuelve como especies codiciadas que se cotizan en el mercado negro internacional por alrededor de 1.500 dólares.

“Las guacamayas rojas, al ser domesticables, llegan a costar 5.000 dólares; diversos tipos de loros, 3.000 dólares”, explica Mike Leiva de Arcas, una entidad sin fines de lucro que combate el deterioro ambiental, especialmente de la fauna silvestre. “Un niño dormido — también conocido como lagarto escorpión – cuesta entre 20.000 a 40.000 euros”. 

Como consecuencia, las especies están aislándose a tal grado que podrían extinguirse, tal como lo indica la Lista de Especies Amenazadas, o LEA. Además de las guacamayas rojas, en la lista se encuentran también los huevos de tortuga marina, los loros nuca amarilla, de frente blanca y real, y las pericas.

Debido a las necesidades del CONAP, tampoco ha sido posible determinar la población existente de especies nativas y mucho menos establecer proyecciones a mediano plazo para la realización de conteos — aunque lo cierto es que cada vez son menos las especies salvajes que habitan en Guatemala en comparación con dos décadas atrás. Así lo refleja un estudio publicado en el 2009 por la Sociedad de la Conservación de la Vida Salvaje.

Sin embargo, los estudios de poblaciones de especies por parte de científicos nacionales e internacionales en los centros de monitoreo han permitido establecer la cuales son los impactos de la reducción de especies en el país. Se estima que en Guatemala quedan 720 clases de aves, 244 de mamíferos, 245 de reptiles, 1033 de peces y 147 de anfibios.

“Tenemos un boom de animales silvestres como mascotas en el extranjero y de animales exóticos, muchos de ellos nativos de Guatemala”, explicó Marroquín. “Eventualmente encontramos especies menos amenazadas, como los mapaches, pizotes y zarigüeyas, pero todos ellos están en amenaza de extinción”.

Quizás el mayor desafío al cual se enfrentan las autoridades que monitorean el tráfico de especies en Guatemala es el siguiente: aunque sepan del comercio ilegal en mercados y conozcan las identidades de los vendedores, por órdenes superiores, las autoridades tienen prohibido hacer decomisos.

“Son de mucho conflicto. Se hace difícil operar en los mercados. De hecho, tenemos instrucciones gubernamentales para evitar conflictos en estos lugares porque derivarían en muchos problemas”, puntualizó Marroquín.

Anualmente, el CONAP registra cerca de 500 decomisos. Sin embargo, lo que no logra retener supera su capacidad porque generalmente, los traficantes viajan por carretera y no hay controles estrictos en las áreas protegidas ni en los puntos ciegos en las fronteras.

“Aunque no hay una infraestructura identificada, sí se ha detectado que entre la frontera con México y Belice se capturan pichones de guacamayas rojas y azules en los nidos. Cuando plumean, son vendidos entre 250 a 750 dólares”, aseguró la fiscal López.

Para combatir el problema fuera de los límites del territorio, el Ministerio Público se comunica con sus homólogos del área y el Caribe por un chat interno. A nivel local, la estructura del tráfico de especies no es tan compleja: los cazadores siguen órdenes de intermediarios conectados a la red internacional por pagas insignificantes. Arcas recientemente registró el asesinato de un jaguar por apenas 25 dólares.

De Petén a México, en el Norte, o hacia El Salvador y Costa Rica, en el Occidente, incluso han sido detectados animales fragmentados por taxidermistas para que sean reconstruidos en otros países, o disecados para ser vendidos.

La protección animal y sus beneficios para Guatemala

Las rutas de trasiego y comercio ilegal están identificadas, pero se estima que un 80 % está fuera del control de las autoridades. Además, los castigos y las sanciones al tráfico de especies no son drásticos, lo que propicia la impunidad de los traficantes.

Esto “ha creado una imagen negativa de Guatemala ante el resto del mundo… Las justificaciones acompañadas de pruebas contundentes (como fotos y videos) son evidencias que obligan moralmente al Congreso de la República a aprobar la iniciativa de Ley para el Bienestar, la Protección Animal y sus beneficios para Guatemala”, aseguró Pilar de Naranjo, directora general del Movimiento Pro Animalista.

La iniciativa, presentada en octubre de 2011, se extiende además a mascotas y a animales aptos para el consumo humano. Busca en primera instancia reconocer derechos hacia las especies, además de combatir y penalizar el maltrato, crueldad, dolor y sufrimiento. Asimismo, propone medidas estrictas y efectivas para la preservación de la fauna silvestre, nativa o exótica, y crea expectativas para que las asociaciones, organizaciones, grupos de rescate y protección, entre otros, tengan reconocimiento de su personería jurídica de acuerdo con la ley.

La falta de contundencia del cuerpo legal existente, de acuerdo a De Naranjo, propicia desorden para que el tráfico de especies y que sus ejecutores “gocen de impunidad”, reiteró.

El año entrante, el CONAP podrá contar con la ayuda del nuevo drone dedicado a vigilar el tráfico ilícito de animales. 

El siguiente paso será de ponerlo a uso de noche, ya que la mayoría de delitos ocurre cuando no hay vigilancia. En caso de recibirse una denuncia, si el personal no pueda ir de inmediato al área donde se realice el delito, se enviará por control remoto el aparato desde las oficinas centrales para verificar, monitorear y constar en el momento para proceder a realizar las capturas correspondientes. Por el momento, no se ha determinado una zona específica del país.

“Esto ayudará a atender las denuncias de manera rápida y efectiva, además de contar con un drone de vigilancia continua luego del ilícito, pues el 90 % de casos de contrabando tienen reincidencia en la misma área”, concluyó Mike Leiva de Arcas.