Oficina de agencia estatal de bosques en Perú es agredida luego de participar en una de las incautaciones más grandes de madera ilegal en el país

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Una embarcación que carga madera viaja por el Río Amazonas al norte de Perú. Foto de Clinton N. Jenkins.

A las 4:00 am del pasado 24 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, en la Amazonía peruana, decomisó el equivalente a 60 camiones de carga repletos de madera ilegal con un valor de más de 48 millones de dólares.

La llamada “Operación Amazonas” logró incautar el cargamento más grande de madera ilícita en la historia del Perú. En total, se descubrieron 29.041 metros cúbicos de la especie marupa, 24.047  de capirona y 138.636 de cumala, especies nativas que habrían viajado hacia mercados en los Estados Unidos y México.

La enorme incautación no habría sido posible sin el apoyo de SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), una entidad creada en el 2008 para fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal otorgados por el Estado.

Pero a pocos días de la exitosa Operación Amazonas, OSINFOR se tuvo que enfrentar a una grave repercusión: el 29 de noviembre su oficina satelital en la ciudad de Pucallpa, un centro importante de la tala ilegal, fue bombardeada con un cóctel molotov. En un video de cámaras de seguridad proporcionado por Ojo Público, se puede ver como dos hombres se acercaron a la oficina de OSINFOR de noche y minutos después lanzaron la bomba a sus puertas.

La bomba casera causó algunos daños pero, más que nada, sirvió como una fuerte amenaza a las autoridades que buscan reducir la tala ilegal en el país. Se estima que este primer gran decomiso representa sólo uno de muchos cargamentos ilegales en manos de la mafia maderera en la Amazonía peruana.

De acuerdo a una investigación por parte de la revista peruana Ojo Público, la madera incautada viajaba con documentos falsificados.

“El tráfico de madera en el Perú se sostiene hace años en una práctica conocida: los árboles son talados ilegalmente de áreas naturales protegidas o de bosques no autorizados, convertidos en tablones, incorporados a la cadena de comercialización con documentos con información falsa y finalmente exportados. En Loreto, las autoridades informaron que el 80 % de la carga decomisada la semana pasada le pertenece a Inversiones La Oroza, y el resto a Sico Maderas SAC y a Corporación Inforest MC SAC”, como lo describe Ojo Público.

En una entrevista con la Revista Caretas, el fiscal ambiental de Loreto, Pablo Ormeño, asegura que “la responsabilidad directa es de los representantes de los títulos habilitantes de quienes han gestionado las concesiones y se determinará si los representantes de las empresas compradoras tienen conocimiento o no”.

El ataque a la oficina de OSINFOR se encuentra bajo investigación. La agresión demuestra las crecientes tensiones entre el gobierno y los madereros en Perú y representa, de acuerdo a la investigadora Ruth Nogueron del Instituto de Recursos Globales, “una respuesta directa a la Operación Amazonas, junto a protestas al ‘Reglamento Forestal‘, el cual busca tomar serias medidas en contra de la tala ilegal”.  

 

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