- El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) ha declarado culpables de etnocidio al gobierno federal del país y a la empresa Norte Energía por la destrucción social y cultural causada a siete grupos indígenas, durante la construcción de la presa de Belo Monte.
- El MPF está pidiendo a los tribunales que constituyan una comisión externa para prevenir futuros daños, aunque al gobierno se le haya otorgado una licencia operacional para la presa y cuyos embalses ya se están llenando.
- El informe del MPF detalla: «Que lo que está sucediendo en la presa de Belo Monte es un proceso de exterminación étnica, mediante el cual el gobierno federal sigue con la práctica colonial de integración indígena a la sociedad hegemónica».
El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF), un organismo independiente del estado, ha iniciado un procedimiento judicial para que se reconozca el delito de etnocidio cometido con siete comunidades indígenas debido a fuertes impactos nocivos para sus vidas, como consecuencia de la construcción del gigante hidroeléctrico de Belo Monte, que en breve empezará a funcionar en el río Xingú de la Amazonía oriental. Los cargos se han imputado contra el gobierno federal brasileño y la empresa contratista Norte Energía, que construyó la presa.
Tras completar un extenso estudio que comprende 50 libros e incluye aportaciones de varios expertos, el MPF concluye que se ha destruido «la organización social, las costumbres, el idioma y tradiciones » de los grupos indígenas por la construcción de la presa.
Una de las acciones emprendidas por Norte Energía y sobre la que el MPF es más crítico ha sido el llamado «Plano Emergencial». Con esta medida la compañía estableció un centro de distribución en Altamira, ciudad que ha experimentado un crecimiento repentino como resultado de la construcción de la presa. Mensualmente se distribuían productos y alimentos para cada pueblo indígena, pero los nativos tenían que viajar a la ciudad para recogerlos. El dinero para el centro salió de la partida presupuestaria «etnodesarrollo», que se elaboró para ayudar a los pueblos a conseguir una alimentación sostenible y a desarrollar actividades económicas viables.
Algunos nativos nunca habían estado en Altamira, tuvieron que dejar de cultivar y pescar para poder viajar a la ciudad cada mes. El viaje podía llevarles varios días y el proceso completo resultaba muy perjudicial para la cultura indígena. El MPF explica: «Los pueblos llegaron a llenarse de basura y como resultado proliferaron enfermedades como la hipertensión, obesidad y diabetes que se convirtieron en dolencias normales debido al cambio en la alimentación, la mortalidad infantil se disparó junto con el consumo de alcohol, de drogas y de prostitución».
Al mismo tiempo, Norte Energía comenzó a construir viviendas baratas en los poblados de la parte más alta del río Xingú, sin tener en cuenta la cultura indígena. «Se construyeron docenas de viviendas —chozas de madera con tejados de fibrocemento, como las de los barrios de chabolas de las ciudades— sin consultar con la Funai [Fundación Nacional del Indígena] o Ibama [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables]». El trabajo de construcción resultó muy dañino: trabajadores sin cualificación ni autorización apropiada irrumpieron en los poblados, perturbando la vida y dejando a su marcha todos los escombros; se talaron árboles de forma ilegal. Además, un obrero dejó embarazada a una joven indígena de 17 años.
Todo este daño a la cultura indígena era predecible y las autoridades estaban advertidas. Thais Santi, fiscal del MFP, dijo a principios de este año que los estudios del impacto medioambiental han mostrado que esta parte del Amazonas tiene una historia de conflictos violentos y que la construcción de Belo Monte actuaría como «un acelerador», creando un nivel insoportable de tensión. «En otras palabras, se reconoció que Belo Monte representaba una gran amenaza para la supervivencia étnica y para esos grupos indígenas» confirmó.
De hecho, los permisos medioambientales para construir Belo Monte solo se otorgaron con la condición de adoptar y llevar a cabo una serie de medidas atenuantes para proteger los derechos de los indígenas. El MPF ha igualado ahora cargos graves contra el gobierno federal y Norte Energía, la empresa constructora, de «fallar deliberadamente en cumplir con» estas medidas.
El MPF ha presentado 16 demandas como resultado de su investigación jurídica y pleitos, solicitando una «intervención judicial inmediata», con la creación de una comisión externa, financiada por Norte Energía y constituida por representantes de la Funai (Fundación Nacional del Indígena), de ABA (Asociación Brasileña de Antropología), de SBPC (Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia), de CNDH (Comisión Nacional de los Derecho Humanos), representantes indígenas y civiles. Representantes de los grupos indígenas afectados deberían participar como socios igualitarios.
La comisión recientemente constituida reestructuraría las actividades actuales implicando a la presa de Belo Monte y actuando como auditoría independiente externa para promover la transición de la situación actual de ilegalidad y la acción de etnocidio a una en donde el dinero público se utilizaría para beneficiar a las comunidades indígenas afectadas. El MPF supervisaría este proceso de cambio.
La investigación del MPF descubrió que el gobierno federal y Norte Energía fingieron promocionar la asimilación de los grupos indígenas a la sociedad moderna, una clara violación de la Constitución de 1988 de una nación progresista, elaborada tras el surgimiento de un país que había sufrido 21 años de dictadura militar. El MPF declara: «Que lo que está sucediendo en la presa de Belo Monte es un proceso de exterminación étnica por el cual el gobierno federal sigue con la práctica colonial de la integración indígena a la sociedad hegemónica».
En otras palabras, las lanchas y los paquetes de comida que las autoridades han distribuido a las comunidades indígenas para compensar la destrucción de su subsistencia —ahora que ya no pueden cazar o cultivar debido a la presa— nos recuerdan a los espejos y cazuelas que los bandeirantes portugueses (exploradores) distribuyeron a su llegada en el siglo XVII, en un intento de eliminar o integrar a millones de nativos, sin respetar su cultura singular.
El MPF tomó acciones el 10 de diciembre, poco después de que el gobierno concediera a Belo Monte una licencia de operaciones. Uno de los embalses ya se está llenando y se espera que le presa comience a funcionar a comienzos del 2016.
El MPF presentó una demanda ante el tribunal de Altamira en el estado de Pará. Incluso si el juez de allí decide a favor del MPF, las autoridades federales pueden recurrir y el juicio local seguramente se anularía en Brasilia, capital de Brasil.
La fiscal Santi del MPF, que vive en Altamira, fue dura en su condena: «La empresa [Norte Energía] se comporta como si tuviese el poder absoluto. Se cree que la presa es tan prioritaria, que el gobierno está decidido a acabarla a cualquier precio, que el Estado de Derecho se ha suspendido».
El MPF raramente adopta una postura tan dura. Incluso si falla en sus objetivos inmediatos de rectificar los agravios indígenas, ha acumulado muchas pruebas que serán de gran utilidad en el futuro si alguna vez el gobierno federal rinde cuentas de los graves crímenes de los que se le acusa cometidos en el Amazonas.
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