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Otro obstáculo para el Canal de Nicaragua: los pueblos indígenas que no entregarán sus territorios

  • Los grupos indígenas dicen que el gobierno de Nicaragua no ha seguido el principio de la ONU de la "consulta libre, previa e informada".
  • El Canal ha atraido mucha crítica por sus probables impactos al Lago Nicaragua y sus delicados ecosistemas costeros.
  • Las dudas sobre el Canal transoceánico solo han crecido desde que fue aprobado en el año 2013.
La ruta aproximada del Canal en el sur de Nicaragua, incluyendo al Lago Nicaragua. Imagen de Global Forest Watch.

El muy esperado Canal de Nicaragua –que unirá al Océano Pacífico con el Mar Caribe– ha estado envuelto en controversia, y paralizado desde el pasado noviembre. Ahora, varias comunidades indígenas en la ruta del Canal dicen que están siendo presionadas para que apoyen el proyecto, sin haber recibido suficiente información sobre cuales serían las consecuencias de su aprobación.

La compañía china detrás del proyecto de un costo de 50 mil millones de dólares, HKND Co., simplemente dijo el pasado noviembre que “la construcción de las esclusas y las grandes excavaciones comenzarán a finales del 2016. El diseño del Canal está siendo afinado”. HKND aún no ha empezado la construcción en la vía acuática.

Sin embargo, de acuerdo a varios artículos recientes, la verdadera razón por la cual el proyecto no avanza, puede que tenga más que ver con pérdidas financieras. Wang Jing, el financiador del contrato exclusivo de 50 años, supuestamente ha perdido casi el 85 por ciento de su riqueza personal debido a la caída del mercado bursátil en China.

Al mismo tiempo, el proyecto ha generado mucha crítica por parte de científicos en el mundo entero debido a los impactos que probablemente tenga en el Lago Nicaragua y en sus delicados ecosistemas costeros. En un artículo, “Mega Canal de Nicaragua Podría Convertirse en Mega Desastre,” varios expertos de la Universidad Internacional de Florida, la Universidad Centroamericana, la Universidad Rice, y la Universidad de Georgia presentaron sus dudas sobre la evidencia científica de las 11.000 páginas de la Evaluación de Impactos Sociales y Ambientales del proyecto.

“Los datos sobre la biodiversidad se limitaron a la huella de 278 kilómetros que dejaría el Canal, mientras que el impacto del proyecto llegará inevitablemente hasta gran parte de los bosques tropicales nicaragüenses”, explicó el artículo. “El documento presentó poca información sobre la geología del Canal, el cual desplazaría tanta tierra como para llenar a 53 millones de camiones semi remolque. Más preocupante aún, se ofrecieron pocos datos sobre los impactos que habrá en la calidad de agua, el flujo, y las corrientes de un canal que pasará a través del Lago Nicaragua, la fuente más grande de agua dulce en Centroamérica”.

“En un proyecto de esta magnitud, con tanto en juego, pareciera esencial ser cuidadoso y estudiar todo a fondo”, dijo Todd Crowl, director del Centro de Investigación Ambiental del Sureste en la Universidad Internacional de Florida. “El periodo de tiempo fue simplemente muy corto como para entender bien las posibles ramificaciones y el probable resultado [de la construcción del Canal]”.

Las dudas acerca del Canal transoceánico sólo han crecido desde que el proyecto fue aprobado en el 2013. Las comunidades alrededor se preocuparon de la posibilidad de perder sus tierras para la agricultura, y expertos en política expresaron sus dudas sobre su viabilidad financiera a largo plazo. Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega describió al canal como la “segunda fase de la Revolución Nicaragüense”, diciendo que el enorme proyecto de infraestructura sacaría al país de la pobreza y generaría 250.000 empleos.

Esta semana, otro actor importante en la región está sonando la alarma: el liderazgo indígena del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K). Los líderes de estas comunidades dicen que están siendo presionados a firmar un “acuerdo perpetuo” para entregarle al gobierno nicaragüense 263 kilómetros cuadrados de sus territorios marinos y en tierra firme; un contrato que argumenta que la compañía habría pedido el “consentimiento libre, previo e informado” (FPIC) de las comunidades, cuando efectivamente no fue así. 

Por otro lado, HKND Group se defiende, explicando en su sitio de web que desde el 13 al 31 de octubre del 2014, la compañía condujo una “serie de actividades [reuniones informativas y talleres de caracterización] para dialogar directamente con nueve comunidades indígenas representadas por el Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K), incluyendo a seis comunidades Rama (Sumu Kaat, Tiktik Kaanu, Rama Cay, Wiring Cay, Indian River y Bangkukuk) y tres comunidades Kriol (Graytown, Corn River y Monkey Point).” De acuerdo a HKND Group, 720 personas participaron en estas actividades.

La Ley 445 de Nicaragua establece que El Estado reconoce el derecho que tienen las comunidades indígenas y étnicas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. De la misma forma reconoce y garantiza la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas.” El principio de la “consulta libre, previa e informada” está claramente definida en el Artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), la cual fue firmada también por Nicaragua.

De acuerdo a María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), la Ley 445 no permite el derecho perpetuo o la venta de territorios indígenas, sin importar cual sea el proyecto de infraestructura.

“Aquí hay varias violaciones del debido proceso de una consulta libre, previa e informada”, dijo Acosta, en una entrevista con el diario nicaragüense, La Prensa. “El primero de todo es que el Estado debe actuar de buena fe, ahí hay una gran violación a los derechos de estos pueblos”.

Miembros del  GTR-K, quienes pidieron no ser identificados, le dijeron a Mongabay que temían intercambiar grandes partes de sus territorios por vagas promesas de oportunidades de trabajo. Ellos dijeron que, hasta ahora, el gobierno tampoco ha especificado cuánto dinero les daría a la comunidad a cambio del contrato que propone.

Si el Canal se termina, un puerto de aguas profundas será construido cerca a los territorios del GTR-K, amenazando su forma de vida y la biodiversidad local. Alrededor de 27.000 nicaragüenses habrán sido reubicados, para que un promedio de 3500 embarcaciones de carga puedan pasar por la zona cada año.

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