- La presencia militar en Madre de Dios no es algo nuevo: el ejército ha participado en vuelos de reconocimiento y operaciones de interdicción desde hace meses.
- Se planea implementar la base en un plazo no mayor de 90 días.
- El 2014 marcó el comienzo de una mayor colaboración y coordinación entre agencias estatales peruanas en la lucha contra la tala y minería ilegal en Madre de Dios.
El departamento de Madre de Dios es el corazón de la Amazonía peruana; sus selvas altas y bajas albergan gran biodiversidad de aves, anfibios, y especies amenazadas, además de ser el hogar del Parque Nacional del Manu, un área protegida con 1.532.806 hectáreas de bosques, y la Reserva Nacional Tambopata.
Sin embargo, Madre de Dios es también el epicentro de la minería ilegal del oro en el país. Se cree que ahí trabajan alrededor de 30.000 mineros de oro artesanales o informales. Sus actividades han causado varios problemas ambientales irreversibles en la región: la tala indiscriminada, la degradación de suelos, la contaminación por mercurio, y la destrucción de áreas protegidas o de amortiguamiento.
En noviembre, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) dio a la luz un análisis de la deforestación en la Reserva Nacional Tambopata. A través de imágenes satelitales, se descubrió que 2.518 hectáreas (o aproximadamente 3.450 canchas de fútbol) fueron deforestadas entre 2013 y 2015, la gran mayoría de ellas debido a la minería ilegal.
El poder económico y político de las mafias mineras y madereras en la región es tal, que el mismo mes de la publicación de los mapas satelitales de MAAP, cientos de mineros ilegales se concentraron en Puerto Maldonado, la capital, y paralizaron la ciudad. Al frente del paro regional indefinido se encontraba el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, un exdirigente de los mineros ilegales en la zona. Protestaban la derogación del Decreto Supremo 013-2015—el cual fiscalizaría y controlaría insumos químicos que pueden ser usados en la minería ilegal—y del Decreto Legislativo 1220, una medida que busca luchar contra la tala ilegal.
Desde entonces, el gobierno creó una mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de esta región amazónica. El grupo, liderado por el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, José Ávila Herrera, y junto a representantes del Poder Ejecutivo, busca promover el desarrollo de las actividades económicas, así como mejoras locales en salud y educación.
El primer acuerdo al que llegó la mesa de diálogo fue anunciado esta semana: una base de la Fuerza Aérea del Perú, adyacente al aeropuerto local de La Pampa. En otras palabras, el ejército nacional peruano estaría a cargo de controlar la actividad ilegal a tiempo completo, y con mano dura.
El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, dijo esta semana que la mesa de diálogo demostraba el compromiso del gobierno. “Es la demostración de la voluntad política del Presidente de la República de considerar a Madre de Dios dentro de la agenda política en una situación prioritaria”, dijo Cateriano, añadiendo que “seguramente el diálogo no va a ser fácil”. Se planea implementar la base en un plazo no mayor de 90 días.
La presencia policial y militar en Madre de Dios no es algo nuevo: el ejército ha participado en vuelos de reconocimiento y operaciones de interdicción desde hace varios meses. Más recientemente, a mediados de diciembre, un operativo en las zonas conocidas como Mega 15 y Mega 16 en La Pampa destruyó 86 campamentos ilegales, y también 25 motores, 30 tolvas, 37 balsas, 255 galones de combustible, y otros materiales y equipos utilizados por mineros ilegales en la zona.
El 2014 marcó el comienzo de una mayor colaboración y coordinación entre agencias estatales peruanas en la lucha contra la tala y minería ilegal en Madre de Dios. Agencias como el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) han ejecutado incautaciones relacionadas con la explotación de recursos ilegales con éxito en los últimos dos años.
Se espera que la nueva base militar en La Pampa aloje a 100 militares, los cuales se centrarán en realizar más interdicciones y en ofrecer seguridad a las comunidades de la zona.
La iniciativa tiene sus críticos. Lenin Valencia, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, está de acuerdo con que se necesita una presencia más fuerte del estado en Madre de Dios. Pero Valencia advierte que “debe haber un protocolo de intervención claro de las Fuerzas Armadas, porque si no, se pueden presentar nuevas situaciones de corrupción. Se necesita trabajar a nivel de inteligencia para identificar y desarticular redes ilegales de extracción de oro en La Pampa”.
