- No hay consenso para decidir qué hacer ante la causa del desastre ecológico: REPSA (Reforestadora de Palma de Petén S. A.), una planta de aceite de palma africana.
- Según los pescadores, desde hace ocho meses el Río La Pasión ha dejado de tener cangrejos y “piguas” (Macrobrachium carcinus), una especie de camarón grande.
- Activistas esperan que este mes se abra el juicio contra REPSA --algo que no deja de ser peligroso.
Hace nueve meses, las aguas del Río La Pasión escurrieron hediondas y cuajadas de peces envenenados. Poco después, cientos de pescadores de Sayaxché —el poblado rivereño más grande— conocieron dos términos acuñados por medioambientalistas y por el gobierno de Guatemala: “ecocidio” y “veda”.
Muchos de esos pescadores ahora se ahogan en deudas y desavenencias. Ni siquiera hay consenso para decidir qué hacer ante la causa del desastre ecológico: REPSA (Reforestadora de Palma de Petén S. A.), una planta de aceite de palma africana, ubicada a unos 120 kilómetros río arriba. La empresa suple la materia prima de los aceites de mesa Olmeca e Ideal y de Frito Lay y Bimbo.
En Sayaxché existe un barrio entero de pescadores llamado El Pescador, pero luce apocado, deprimido. Incluso acaba de cerrar el último negocio que vendía implementos de pesca. En junio pasado, el gobierno vetó la pesca de manera no oficial al comprobar que el río poseía altísimas cargas de un insecticida agrícola llamado Malathión. Sin embargo, pocos meses después, no quedaba ni uno de los supervisores que fueron enviados desde la capital situada unos 400 kilómetros más al sur.
Nadie sabe ya si la veda continúa o si esa sustancia que aniquiló a unas 40 toneladas de peces de 23 especies distintas —la cual también afectó la salud de muchos pescadores— terminó por “disolverse” en el río. Muchos han vuelto a pescar. En el mercado de Sayaxché hay algunas vendedoras que han vuelto a pregonar los “pejelagartos” y las “sardinas de leche” del Río La Pasión, a unos dos dólares la libra. Antes del ecocidio, los pescadores de Sayaxché dicen que solían vender unas 400 libras diarias cada día. Entonces los peces tenían mayor tamaño y número que ahora.
María Córdoba, representante de una de las familias pesqueras de Sayaxché, asegura que los efectos del envenenamiento del río siguen su curso: una deuda de 1500 dólares a un banco. Una cifra quizá modesta para muchos, pero ella no ha podido abonar nada desde hace ocho meses. Encima debe alimentar —a veces con peces del río— a sus tres hijos, uno de 14, una de nueve y uno de dos años de edad.
“Poca gente quiere comprar el pescado. Creen que el agua (del río) sigue contaminada, aunque yo creo que ya está buena”. María añade que hay algo que agrava aún más situación: las comunidades situadas río arriba no quieren que su familia —y otros pescadores de Sayaxché— pesque.
“Hace poco amenazaron con armas a mi hijo. Le dijeron que le iban a quemar los trasmallos y el cayuco si no se iba; y que no tenía derecho a pescar nunca más porque (los pescadores de Sayaxché) habíamos vendido el río a REPSA”, cuenta María Córdoba.
Evaristo Carmenate, un representante de la Asociación de Pescadores de Sayaxché —constituida por otros 118 pescadores, como María— explica que este conflicto tiene a su base “un rumor” que se ha propagado en otras 14 comunidades empobrecidas donde habitan unas 12.000 personas.
“Creen que aceptamos los 60.000 dólares que nos ofreció REPSA en compensación por una veda de cinco años que se rumoreaba que iban a poner. No acepté porque me pareció una burla: nos iban a tocar 480 dólares a cada pescador”.
Carmenate asegura que el dinero le fue ofrecido cuando la empresa aceptó que sus lagunas de oxidación de bagazo —en donde se habría utilizado Malathión para controlar a un brote de mosca— se rebalsaron luego de una fuertísima lluvia. Y así terminó todo en el río. De acuerdo a Carmenate, poco después REPSA firmó un «convenio« con el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pop, y otros representantes comunitarios: “La empresa no tiene responsabilidad sobre la mortandad de peces”, dice el documento.
El ecocidio no fue reconocido por REPSA. Se limitó a entregar 201 toneles de agua potable para varias comunidades, la construcción de calles, una pileta y varios pozos. Para enrarecer más esta situación, un diputado y gobernador de Petén, Manuel Barquín, dijo que los responsables pudieron ser narcotraficantes que habrían utilizado químicos para sus narcolaboratorios. Barquín luego fue acusado de tener acciones en REPSA y actualmente está siendo enjuiciado por asociaciones ilícitas y lavado de dinero.
Contra lo que cabría esperar, Evaristo Carmenate descarta pedir el cierre definitivo de REPSA. Esto a pesar de que juraría que es un “ecologista por conciencia”. Antes, Carmenate comerciaba madera y pieles de cocodrilos en la cercana frontera con México, donde las aguas del Río La Pasión se entregan al Usumacinta, el más largo de Centroamérica con una riquísima zona biológica —la Selva Lacandona— hasta desembocar en el Golfo de México.
Carmenate piensa en los empleos: “En esta región más de 4000 familias dependen directamente de REPSA. Si la cerraran, se quedarían sin trabajo y sin tierras porque ya se las vendieron: se desataría un gran vandalismo e invasiones a la selva y a sitios arqueológicos. El desastre social quizá sería peor”.
Carmenate considera que es el gobierno Guatemalteco quien tendría mayor culpa en este asunto, y se limita a pedirle a REPSA que amplíe sus piscinas de oxidación y que devuelva al río lo que le quitó.
Según él y otros pescadores, desde hace ocho meses el Río La Pasión ha dejado de tener cangrejos y “piguas” (Macrobrachium carcinus), una especie de camarón grande. Más allá de las piguas, muchos biólogos lamentan que en el ecocidio haya incluido el exterminio de 23 especies de peces, incluyendo varios ejemplares de “xixi” (Thorichthys pasionis), un hermoso pez amarillo-azul que hacía años que estaba en peligro de extinción.
“Es muy triste, quizá fueron los últimos (xixis) que vieron nuestros ojos y los vimos muertos en esta tragedia”, dice el acuicultor Manuel Ixquia, del Centro de Estudios del Mar de Guatemala, quien pudo comprobar que las únicas especies que resultaron bien libradas fueron tortugas y cocodrilos, que pudieron escapar del agua.
Ante lo que la ONU llamó “desastre ecológico”, la comunidad científica universitaria guatemalteca emitió un comunicado donde incriminó a REPSA y exigió mayor protagonismo del gobierno. Citaron como prueba a una mezcla mortal de Malathión y de aguas residuales del procesamiento de palma africana —un líquido 100 veces más contaminante que las aguas negras domésticas. Esto habría provocado “una alta demanda bioquímica de oxígeno” que a su vez habría asfixiado a peces adultos, de hasta medio metro, lo cual podría comprometer la pesca de los años venideros.
Los cultivos de palma africana del conglomerado de REPSA abarcan más de 250 kilómetros cuadrados del Petén, el departamento más amplio, llano y norteño de Guatemala. Hasta hace un siglo, estaba casi totalmente recubierto de jungla. De hecho, Sayaxché brotó alrededor de principios del siglo XX como un puesto de avanzada en la selva de los trabajadores de una empresa franco-española que se dedicaba a la explotación de maderas preciosas, la casa Jamet y Sastré.
Hoy en día, Sayaxché es un pueblo de 48.000 habitantes rodeado por algunas plantas de extracción petrolera, cultivos de subsistencia y mucha palma africana. Según la revista Oil World, Guatemala es el país latinoamericano donde más ha crecido la producción de aceite de palma africana, un 11 % más que el año pasado. En Guatemala, su cultivo implica trabajo forzado, trabajo infantil, riesgos a la salud y daños medioambientales, según una denuncia hecha un año antes del ecocidio por Verité, un organismo internacional de trabajo.
En 2008 la ONG internacional ActionAid también publicó un informe donde decía que el cultivo expansivo de palma africana reemplazaba peligrosamente a tierras destinadas a la producción de alimentos, como el maíz y el frijol, la base dietética de los guatemaltecos. Desde hace una década, Guatemala ya no es autosuficiente en términos alimentarios.
Saúl Paau, otro líder comunitario de Sayaxché, pide la clausura de REPSA. De paso, asegura que Evaristo Carmenate “negoció” con ellos y por esto habría desistido seguir siendo parte de una Comisión por Defensa de la Vida y la Naturaleza.
“Mi lucha no es por dinero, lucho por acceso a la justicia. Los pescadores no pueden exigir que se les pague porque no son dueños del río. Ellos están obligados a estar en veda, a respetar la ley. No solo ellos resultaron afectados, sino el medio ambiente y la seguridad alimentaria de miles más”, dice Saúl Paau. Este excombatiente de la guerrilla declara representar a la comunidad indígena maya kekchí que habita esta zona.
Añade que su interés por el Río La Pasión obedece también a su cultura, la maya —la que en el pasado construyó maravillosas estelas y pirámides muy cerca de Sayaxché. El agua representa a su “madre”, una mezcla de reproductividad y medicina.
Paau duda que el río ya no esté contaminado, como aseguran muchos pescadores. “El río lleva años siendo contaminado principalmente por los cultivos de palma africana y el 48 % de la población se abastece directamente del río”. A manera de ejemplo, asegura que en 2012 hubo una gran mortandad de peces en el arroyo San Román, que drena a un extenso cultivo de palma.
“En 2013 también el arroyo El Mico fue contaminado y afectó a 5000 familias. La impunidad se ha ido acumulando, incluso con el caso grave del año pasado”, cuenta Paau. En abono de lo anterior, Edvin Samayoa, técnico ambiental de la alcaldía de Sayaxché, estima que “muchísima gente nunca se ha atrevido a denunciar a REPSA por temor a perder su empleo”. Paau y su comisión son los únicos que buscan el cese de operaciones de REPSA.
Paau dice que su comisión llevó este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. “REPSA no contaba con un estudio de impacto ambiental, algo que debía hacerse por ley. Aún así, el Gobierno ha sido tibio con ellos. Por eso los denunciamos a ambos”.
Paau espera que este mes se abra el juicio contra REPSA –algo que no deja de ser peligroso. El 17 de septiembre del año pasado, una jueza de Petén ordenó el cierre “parcial” de REPSA; un día después, en el centro de Sayaxché, fue asesinado a tiros Rigoberto Lima Choc, un profesor al que muchos consideran haber sido el primero en denunciar el ecocidio. Su asesinato es algo que tampoco encuentra consenso en Sayaxché. REPSA tampoco se ha pronunciado sobre este crimen, ni por el secuestro de tres líderes comunitarios a manos de empleados de REPSA.
Mientras tanto, el barrio El Pescador de Sayaxché aún no termina de naufragar. Una pescadora llamada Marlemi Paau recién decidió vender su casa y pagar a un “coyote” para que la ayudara a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos sin documentos.
En el hogar de Ricardo Martínez Tobar hay llantos. Adeudan 23.000 dólares a un banco. Para saldar ese crédito venden un motor de lancha, una enorme hielera para guardar pescado y su propia casa por 53.000 dólares. Para colmo de males, hace poco más de un mes les robaron una camioneta con la que hacían fletes. Dicen que ya están “aguantando hambre”.
Al igual que otros pescadores de Sayaxché, la familia de Ricardo Martínez no pesca porque las comunidades vecinas creen que recibió dinero de REPSA, algo que ahora plantean solicitar.
Sin camioneta, con los intereses aumentando, y con varios hijos a los cuales debe alimentar, Mario dice que no sabe qué más hacer: “Sin trabajo no sé cómo defenderme. Tengo 55 años y he sido pescador durante 36 años. Solo sé pescar. El veneno que cayó en el río hace nueve meses nos sigue envenenando: nos tiene enemistados y sinceramente, el pescado no tiene nada, pero quedó el desprestigio”.
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