- Las comunidades indígenas no tendrían que ser consultadas ni se requeriría su consentimiento antes de que se aprueben los proyectos de infraestructura.
- La ley se aplicaría a grandes proyectos de infraestructura como hidroeléctricas, carreteras y puertos, así como sistemas de transmisión y comunicación.
- Si el Senado aprueba la nueva ley, la propuesta tendrá que esperar por un voto final.
Muy pronto, el Senado brasileño podría aprobar una ley que aceleraría el proceso requerido para obtener licencias ambientales para proyectos de infraestructura en el país. Conocida como PLS 654/2015, la propuesta se está movilizando “urgentemente” por el Senado, de acuerdo a voceros de la asamblea.
El proyecto de ley le daría al ejecutivo el poder de indicar, a través de un decreto, cuáles serían las construcciones estratégicas para el “desarrollo sostenible” del país, ofreciéndoles una licencia ambiental especial.
Los cambios, básicamente, eliminarían algunos de los requerimientos que hasta ahora existen dentro del proceso de licenciamento ambiental, y también podrían deshacerse de las consultas públicas que son requeridas por las agencias medioambientales. Las comunidades más afectadas por los proyectos de infraestructura –como los pueblos indígenas más vulnerables– no tendrían que ser consultados ni tendrían que dar su consentimiento antes de que se apruebe una licencia.
El ‘comité especial para el desarrollo nacional’, responsable por la Agenda Brasil —la serie de medidas que buscan sacar a Brasil de su crisis económica actual– ya ha aprobado la nueva propuesta. De acuerdo a los detalles de la ley, la licencia ambiental especial, también conocida como fast track, se utilizaría para proyectos en gran escala como las hidroeléctricas, carreteras y puertos, así como sistemas de líneas de transmisión y comunicación.
Después del desastre de Mariana en el estado de Minas Gerais el pasado noviembre –cuando la presa de la compañía minera Samarco se rompió; lo que ahora se conoce como uno de los desastres ecológicos más grandes del siglo pasado– se cambió PLS 654/15 en el último momento. Se eliminó un aspecto de la ley que habría incluido a la explotación de recursos naturales, como la minería, en la lista de proyectos que podrían recibir una licencia ambiental fast track bajo la nueva ley.
El autor de la ley anteriormente ha dicho que el proceso de licenciamiento ambiental es “culpable de causar el retraso de las inversiones que son tan necesitadas hoy en día en el país”.
El Senador Jucá argumenta que en Brasil puede tomar hasta cinco años para que algunos proyectos de infraestructura reciban una licencia ambiental. Si el Senado aprueba la propuesta, la fecha tope para dar licencias ambientales será limitada a tan sólo siete meses, y las tres etapas requeridas para dar licencias (etapa previa, de instalación, y de licencia operacional) serían integradas en una sola. Esta licencia especial sólo se suspendería o se revocaría si ocurre una violación a la ley ambiental.
“Los problemas que ocurren en las agencias ambientales se deben a factores como las interrupciones a las decisiones judiciales, a una falta de técnicos que puedan examinar los estudios medioambientales, y a la demanda de tres clases de licencias para cada proyecto de construcción”, explica Jucá.
Otro cambio provocado por PLS 654/15, le quitaría a las agencias ambientales el poder de paralizar la construcción de proyectos de infraestructura si no siguen sus requerimientos. Otro detalle dentro de la propuesta del senador: si las agencias ambientales no actúan de acuerdo a las fechas topes de un proyecto, esto resultaría en que el estado les de automáticamente la licencia ambiental especial.
Bajo las nuevas medidas, una compañía que esté a cargo de un proyecto de construcción tendrá 60 días para presentar los documentos y estudios técnicos requeridos por la agencia ambiental. Después de eso, la agencia tendrá 60 días para analizar los documentos, y otros 60 días más para darle a la compañía –o no– la licencia.
“La propuesta no les quita el poder a las agencias ambientales; no les quita el derecho de dar su opinión. Lo que estamos proponiendo es que hayan fechas topes para que esto suceda”, dice Jucá.
Desde 1986 al 1988, Romero Jucá fue el presidente de FUNAI, la Fundación Nacional Indígena, una agencia gubernamental de protección de los intereses y culturas de los pueblos indígenas. En la actualidad, el está siendo investigado por su rol en la operación ‘Lava Jato’, y es acusado de blanqueamiento de capitales, conspiración criminal, y corrupción.
Políticos, científicos y ONG se han presentado en contra de la propuesta de ley. El Senador Telmário Motta de Roraima es uno de sus críticos.
“Es una propuesta riesgosa. La licencia ambiental es una protección que no puede ser minimizada ni puesta en segundo lugar”, dice Motta. Cristovam Buarque, Senador del Distrito Federal (DF), declaró que tiene miedo que la propuesta elimine las salvaguardias ambientales más de lo que ya han sido disminuidas.
El contenido del proyecto de ley preocupa a muchos porque básicamente destruye el sistema de licenciamiento brasileño que ha tomado décadas para ser construido, explicó Philip Fearnside, un profesor en el Instituto Nacional de Investigación en la Amazonía (INPA), quien vive en la Amazonía brasileña desde hace más de 30 años.
“El sistema actual está lleno de lagunas y de faltas, como se vió en los casos de las presas de Belo Monte y Tapajós. Pero imagínense que sucederá bajo un sistema de licenciamiento mucho más corto, como el que ahora se propone”.
