- La presa de Belo Monte, la tercera más grande del mundo, está lista para empezar a producir electricidad, pero una jueza federal ha suspendido la licencia de funcionamiento de la misma.
- La jueza Maria Carolina Valente do Carmo ha decidido que deben cumplirse las promesas que Norte Energia, el consorcio de la construcción de la presa, y el gobierno brasileño hicieron a los grupos indígenas en 2010 antes de que empiecen las operaciones.
- El gobierno y la empresa fueron multados con 900.000 reales (225.000$ / 205.000 €) por no cumplir con el requisito de reorganizar la oficina regional de Funai, una cláusula de la licencia preliminar del proyecto de Belo Monte.
La gigantesca presa hidroeléctrica, ubicada en el río Xingú en el corazón del Amazonas brasileño, se erigió semanas antes de empezar a funcionar a mediados de enero. Pero los tribunales brasileños han detenido la controvertida megapresa, la tercera más grande del mundo, hasta que los constructores y el gobierno cumplan las promesas realizadas anteriormente a los indígenas de la región.
La jueza del tribunal federal Maria Carolina Valente do Carmo en la ciudad de Altamira (Pará), donde se encuentra la presa, ha suspendido la licencia de funcionamiento de la presa. Ha decidido que no se restablecerá hasta que Norte Energia SA, propietaria de la presa junto con el gobierno de Brasil, cumpla un requisito de licencia judicial de 2014 para reorganizar la oficina regional de Funai, la agencia nacional que protege a los grupos indígenas en Brasil.
La jueza Valente do Carmo ha multado al gobierno y a la empresa con 900.000 reales (225.000$ / 205.000 €) por incumplimiento del requisito de Funai, una de las cláusulas incluida en las normas que regían en Belo Monte cuando se concedió al proyecto la licencia preliminar en 2010.
Es el último incidente de los muchos que ha tenido la construcción de la presa. La agencia medioambiental del gobierno brasileño (IBAMA) retrasó retrasó la licencia del proyecto en septiembre de 2015, debido a no cumplir por completo las estipulaciones de mitigar el impacto de inundar miles de acres de selva amazónica. Esta misma inundación podría hacer que 20.000 personas tuvieran que desplazarse.
En diciembre de 2015 el Ministerio Público de Brasil, un organismo estatal, empezó los trámites legales para que se reconociese que se estaba cometiendo un delito de “etnocidio” contra los siete grupos indígenas durante la construcción de la presa de Belo Monte.
A principios de 2015, los fiscales federales descubrieron que Norte Energia infringió 55 compromisos diferentes que había aceptado para garantizar la supervivencia de los grupos indígenas, los agricultores y los pescadores cuyos hogares y tierras se perderían.
Los grupos indígenas han luchado contra la presa desde el principio. Defendían que perjudicaría seriamente su suministro de agua y afectaría a la pesca y a la caza. Sobre todo sostenían que reduciría el caudal del río un 80 % en el municipio de Volta Grande, donde viven los Juruna, los Arara y otros dieciséis grupos étnicos más, según el canal de televisión teleSUR.
Los planes de embalsar el río Xingú, uno de los últimos grandes afluentes del Amazonas, se remontan a hace casi medio siglo. En la década de los 70, la dictadura militar de Brasil propuso varias presas para el río, pero se vio obligada a retractarse ante la oposición indígena. En 1989, el gobierno civil lo volvió a intentar, pero de nuevo la resistencia era demasiado fuerte. En 2010, el gobierno puso el proyecto sobre la mesa por tercera vez, pero en una versión más pequeña que ha seguido adelante a pesar de la lucha constante. La presa consiguió llamar la atención a nivel internacional cuando el cantante británico Sting se unió al jefe indígena Raoni Metuktire en la lucha contra la presa.
En septiembre de 2015, los oficiales que llevaban el casode corrupción Lava Jato (“Lavacoches”) que sacudió el país y puso en peligro la presidencia de Dilma Rousseff, anunciaron que se centrarían en las investigaciones de corrupción de la presa de Belo Monte, porque es la mayor central hidroeléctrica del país. El presupuesto de la presa, al principio de 19 mil millones de reales (5 mil millones de dólares/4,3 mil millones de euros) subió a 33 mil millones de reales (8,75 mil millones de dólares/7,45 mil millones de euros). Se debió a los sobrecostes y la mayoría del gasto se pagó con dinero de los contribuyentes.
Con miles de millones invertidos y la presa ya completada, la mayoría de los críticos opinan que la actual anulación judicial de la licencia de funcionamiento será algo temporal. Sin embargo, hace poco científicos informaron de que Belo Monte podría no llegar nunca a cumplir con la capacidad de generación eléctrica prometida. Una evaluación científica publicada a finales de 2015 halló que el caudal del río Xingú, el cual alimentaría al gran proyecto hidroeléctrico, podría descender de un 25% a un 55 % para 2040, debido a la creciente sequía causada por el cambio climático.