- Pepe Lucho, un raro roedor amazónico que vive en una casa particular, fue recientemente defendido por parte de una multitud enfurecida, que atacó a las fuerzas del orden cuando intentaban confiscar al animal.
- Otros eventos similares, junto a la incapacidad de la opinión pública para ver el tráfico de animales como un delito grave, han ocasionado que los agentes de la ley miren hacia otro lado cuando han de enfrentarse a los traficantes.
- La aceptación pública del tráfico nacional de especies amenazadas ha animado a los contrabandistas de animales internacionales, lo que ha provocado un enorme, aunque indocumentado, daño a la fauna peruana.

Pepe Lucho, en el ojo de este controvertido huracán de resentimiento, no es una figura política local, ni un célebre futbolista, ni tan siquiera un querido conciudadano. De hecho, ni siquiera es humano. Pepe Lucho es un enorme roedor llamado pacarana (Dinomys branickii), un raro animal que tan solo se encuentra en los bosques tropicales de la cuenca occidental del río Amazonas y al que sus dueños utilizaban como atracción turística y mascota. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto la gente por él?.
La respuesta está en las muchas ideas contradictorias que asaltan a la opinión pública peruana en lo que respecta a las leyes que regulan el tráfico de animales: a algunos les atrae la perspectiva de sacar beneficio económico, a otros les mueve el amor por los animales salvajes como mascotas y un sentimiento de propiedad libertario respecto a la fauna del país basado en el «no me diga lo que tengo que hacer».
Muchos ecologistas opinan que esta actitud, presente desde hace mucho tiempo, intimida a las fuerzas del orden, protegiendo sin pretenderlo a los traficantes internacionales, que están saqueando el tesoro natural de Perú. La indiferencia de los agentes de la ley, junto a la corrupción, son también otros factores importantes para no intervención.

TRAFFIC (una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 1976 monitorizando respuestas gubernamentales de todo el mundo ante el tráfico de animales) tiene pruebas detalladas que respaldan esta afirmación. En un compendio de casos con notorias intervenciones del Gobierno, TRAFFIC informa de tan solo 12 ocasiones en los últimos 18 años en las que algún agente haya intervenido en un caso de tráfico de animales relacionado con Perú, ya sea como origen o como destino del tráfico. De los seis casos en los que se efectuaron arrestos, fueron otros gobiernos los responsables, salvo en una ocasión. De los cuatro casos restantes en Perú, no solo no hubo ningún arresto claro, sino que también se incluye un caso en el que un avión de la Policía Nacional de Perú fue utilizado para traficar con caoba.
Por el contrario, un solo estudio acerca del tráfico descubrió que de 80 000 a 90 000 loros salvajes se venden de manera ilegal en Perú a nivel nacional cada año, con un índice de detección de tan solo un 2,5 % y un 3 % en los mercados de las capitales regionales. Los datos estadísticos son escasos para los mamíferos, reptiles, peces tropicales y otras especies, aunque la venta de animales se realiza abiertamente en muchos mercados locales peruanos.
¿Están ayudando a los traficantes de animales los propietarios enfadados?
Sam y Noga Shanee, cofundadores de Neotropical Primate Conservation, una organización sin ánimo de lucro británica que trabaja en los departamentos de Amazonas y San Martín, llegaron a Perú para encontrar al escurridizo choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda), que se encuentra en peligro crítico de extinción.

Casi no tardaron en darse cuenta de que el tráfico de animales representaba una seria amenaza para las poblaciones de primates salvajes de la región. De este modo, comenzaron Denuncia Fauna, una campaña que permite a la población enviar quejas anónimas vía email acerca del tráfico de animales.
En octubre de 2014, Noga Shanee realizó una denuncia oficial a las autoridades de la provincia de Chanchamayo basándose en un email que decía que Pepe Lucho estaba siendo abusado. Según el informador anónimo, el roedor, a pesar de ser un animal nocturno, era obligado a sentarse en una silla mientras los turistas le tomaban fotos a cambio de dinero, y el propietario les animaba a dar al animal chocolate y otros alimentos inapropiados.
En un detallado reportaje de 17 minutos hecho por Stephany Bravo de Modo Cine, que apareció en el programa Al Sexto Día, los espectadores podían ver imágenes de Pepe Lucho con gafas de sol, tomando bebidas y comiendo helado, mientras una multitud lo acariciaba, incluida la reportera.
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«Los agentes vinieron porque [las autoridades medioambientales] recibieron una denuncia de una extranjera que se quejaba acerca de que las jaulas eran demasiado pequeñas y su sobre su alimentación», se lamentaba en el reportaje el señor Walter, propietario de Pepe Lucho. Walter continua diciéndole a Bravo que las pacaranas comen naturalmente semillas de cacao, así que darle chocolate a Pepe Lucho estaba justificado. También niega la acusación de que le da alcohol a Pepe Lucho, y sostiene que las jaulas de Pepe son pequeñas para protegerlo, no para esclavizarlo.
Aunque el reportaje de Bravo no le da mucha importancia al cautiverio de Pepe Lucho, hay una cosa que está clara: en Perú, es ilegal tener animales salvajes sin licencia. El país es uno de los firmantes de la CITES, o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que prohíbe el comercio de muchas especies raras y en peligro sin el permiso explícito y el cumplimiento de las cuotas de exportación. La pacarana está clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de UICN.
Sin embargo, la Justicia no permitió a las autoridades confiscar a Pepe Lucho. Como mucho, fueron capaces de trasladar parte de su progenie a un zoo de Lima mientras la ira y los esfuerzos de la gente de Chanchamayo obstruían su tarea.
Noga Shanee declaró a mongabay.com que, además de fracasar en el intento de confiscar a Pepe Lucho, las autoridades gubernamentales traspapeló su informe anónimo, lo que permitió que se hicieran copias de su queja (con su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de email) y se distribuyera la información a los manifestantes furiosos. (Denuncia Fauna continua protegiendo el anonimato de la queja original).

«Recibí docenas de llamadas preocupantes, incluso algunas amenazas de muerte, durante dos semanas, varias horas al día, de gente diferente», confiesa Shanee. Una de estas amenazas advertía que, si se atrevía a separar a Pepe Lucho de su ciudad, convertirían a la ecologista en ceviche.
«Solo la enorme distancia entre Junín y el lugar en el que vivo en la región de Amazonas es el único motivo por el que la gente no ha cumplido con sus amenazas. Por cosas como esta, la gente tiene miedo de contactar con las autoridades medioambientales e informar de los delitos», explicó.
El programa Al Sexto Día siguió a las crías confiscadas de Pepe Lucho hasta el Zoo Huachipa, en Lima, y confirmó que los animales nunca podrían ser devueltos a la naturaleza. Un biólogo confirmó a la reportera Stephany Bravo que los jóvenes roedores ya domesticados pasarían el resto de sus vidas bien cuidados y alimentados, pero en el interior de una jaula.
La captura de las crías aumentó aún más la tensión en Chanchamayo, lo que sirvió como un catalizador para las muestras de afecto para nuestro Pepe Lucho.
De este modo, cualquier debate acerca de la necesidad de que el pueblo peruano acatase la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que prohíbe el tráfico tanto nacional como internacional, quedó fuera de los medios de una manera evidente. En el caso de Pepe Lucho, fue precisamente el pueblo quien silenció e impidió efectivamente el cumplimiento de la ley.
Las agresiones públicas relacionadas con las quejas del tráfico de animales han intimidado tanto a la policía, que ahora piden a Shanee que ponga su nombre en las denuncias.

«Por cada mascota que llega a un hogar, diez animales más han de morir», sentenció con franqueza Shanee, en relación con el tráfico. La ecologista se muestra conmocionada ante lo que ella considera una actitud policial laxa frente a una opinión pública hostil. «Incluso si el animal no puede ser rehabilitado para volver a la naturaleza, yo seguiría intentándolo todas las veces que hicieran falta para que el mensaje quede claro: los animales salvajes no son mascotas».
La realidad del tráfico de animales en Perú
El gobierno federal no lleva a cabo un seguimiento completo del tráfico de animales en Perú, pero investigadores independientes monitorizan algunas áreas específicas. Los Shanee, por ejemplo, han registrado 722 encuentros con 2 643 animales en los departamentos de Amazonas y San Martín entre 2007 y 2011, tal y como documentan en su artículo Journal Endangered Species Research en 2012.
De estos encuentros, el 12 % (315 animales) estaban categorizados como Amenazados por el IUCN, incluidos 41 animales que estaban En Peligro Crítico. Entre, 18 ejemplares de tocón colorado (Callicebus oenanthe) y 23 de choro de cola amarilla (Oreonax flaviacauda), ambos exclusivos de Perú.
La campaña de Denuncia Fauna recibió 74 denuncias entre abril de 2014 y enero de 2015, lo que supone cientos de casos de animales salvajes en residencias privadas, centros recreacionales y similares a lo largo de todo Perú. La mayoría de estos animales estaban clasificados como En Peligro y protegidos por las leyes nacionales e internacionales. En estos casos se incluyen pingüinos de Humboldt (Spheniscus homboldti), micos nocturnos peruanos (Aotus miconax) e incluso pumas (Puma concolor).

En contadas ocasiones, las redadas han descubierto redes importantes tráfico de animales organizado. En enero de 2015, la policía detuvo un coche en Amazonas con más de 650 pihuichos, mientras que otro vehículo se escapó con unos 450 especímenes de aves tropicales.
«Los rociaban con agua, ya que estos pájaros están en silencio mientras llueve. No pudieron liberarlos en ese momento debido a que les habían hecho cortes en las alasW, reveló Shanee, quien preparó su traslado al Centro de Rescate Chuyachaqui, después de que las autoridades pidieran ayuda para rescatar a las aves a Neotropical Primate Conservation, algo que se ha vuelto cada vez más común.
De hecho, la entrevista de esta reportera con los Shanee se vio interrumpida cuando Sam Shanee recibió una llamada para recoger una boa constrictor de cola roja confiscada por las autoridades, ya que requería la ayuda de unas manos expertas. Nadie sabe cuántas operaciones a gran escala de tráfico de animales salvajes se están llevando a cabo en Perú.

«Hay tal falta de educación acerca del [tráfico de animales salvajes] que mucha [gente] no ve nada malo en tener un animal salvaje como mascota», declaró Olivia Conrads a mongabay.com. «Creo que muchos piensan que, si estos animales se venden libremente en el mercado, su venta debe de ser legal. La falta de control que impera hace que los traficantes puedan llevar a cabo sus actos sin correr demasiados riegos». Conrads dirige Esperanza Verde, un centro de rescate de fauna silvestre en el departamento de Ucayali, en la región oriental de Perú. La directora coincide que la inocencia de la población puede estar beneficiando a los delincuentes que, en muchos casos, trabajan a plena luz del día, desafiando a la Ley.
«Los traficantes se están volviendo más listos. En lugar de intentar transportar grandes cantidades de simios, creemos que reclutan a mujeres y niños para transportarlos [falsamente] como mascotas. Si estas mulas de fauna salvaje son detenidas, lo cual ya es raro, aseguran entre llantos que ellos mismos rescataron a los animales y los cuidaron como mascotas», añadió Shanee. Dado el clima actual en la opinión pública, la policía duda en realizar arrestos, o incluso en separar estas mascotas de sus supuestos propietarios.
Inés Nole, veterinaria de fauna salvaje con una gran experiencia a sus espaldas en centros de rehabilitación, está de acuerdo con Shanee en que las autoridades son reacias a intervenir en estos casos. «Normalmente, si un agente ve a alguien con un animal salvaje, no hará nada para solucionarlo. Al menos eso creo. Es raro ver a los agentes incautarse un animal a no ser que pertenezcan a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS). Es más, creo que un policía jamás le diría algo a una mujer o a un niño si los viese con un animal salvaje. Siempre que he solicitado la ayuda de un policía para confiscar un animal, me han dicho que no pueden hacerlo. Pienso que, aunque quisieran, no saben, o no quieren saber, que tener un animal salvaje en cautividad es ilegal», concluyó la veterinaria peruana.
Un fracaso en la protección de la fauna
Perú tiene un largo historial en lo que respecta a la caza, la captura, la venta, la posesión y la utilización de animales salvajes. Tradicionalmente, se les ha utilizado como un recurso natural (una actitud presente en muchas otras sociedades). En los años 60 y 70, Perú era uno de los mayores exportadores de fauna silvestre de toda América Latina. Varios programas de captura abastecían de animales a los Estados Unidos para la investigación biomédica, mientras que los animales sobrantes eran vendidos en los mercados locales. Es posible que esta práctica, todavía en marcha, pueda haber promovido cierta autocomplacencia en lo que respecta al inagotable suministro de animales salvajes de las selvas peruanas.

Conrads ofrece otra explicación a esta debilidad por los animales salvajes como mascotas: «A la gente le gusta tener algo especial, por lo que una cría de mono o de ocelote resultan ideales. Las personas no suelen pensar a largo plazo, ni siquiera con las mascotas normales como los perros o los gatos, lo que resulta un problema. Es demasiado fácil reemplazarlos. Si uno muere, tan solo hay que conseguir otro».
Nole piensa que esta práctica pudo haberse originado a causa de la gran migración de los habitantes de las regiones selváticas a las ciudades costeras. «Para la mayor parte de la gente que viene de la jungla, es común cazar animales para alimentarse, incluidos los monos; siempre ha sido frecuente, y si el animal en cuestión era una madre, su cría era usada como mascota», nos explica.
Nole, Conrads y Shanee están de acuerdo en que el tráfico en el país ha permanecido indemne durante tanto tiempo, que la mayoría de los peruanos perciben la presencia de fauna salvaje en el comercio con mascotas como algo natural (y legal).
Mientras tanto, es muy probable que las prácticas de caza modernas, que alimentan el tráfico de animales salvajes, estén teniendo un gran impacto en las poblaciones forestales, llegando incluso a modificar el paisaje. Un estudio de 2008 sobre unos bosques colindantes en el sudeste del Perú, donde la caza armada de primates se había estado practicando durante 30 o 40 años, reveló una pérdida predecible de grandes primates acompañada por un asombroso descenso posterior de un 46 % en los vástagos de los árboles esparcidos por los primates. «Esto abre la posibilidad a cambios en la composición de las especies arbóreas hacia bosques dominados por árboles cuyas semillas las esparcen animales poco interesantes para la caza, o bien el viento», apuntan los autores. La pérdida de otros mamíferos, reptiles, anfibios y aves a causa del tráfico puede tener impactos similares en los bosques, pero, actualmente, no hay ninguna investigación al respecto.

Sin embargo, todavía sigue habiendo una marcada reticencia por parte del Gobierno peruano a la hora de tomar medidas para frenar los delitos relacionados con la fauna, lo que resulta especialmente desconcertante si se tiene en cuenta el alcance de dichas prácticas.
Tan solo en la ciudad de Lima, las autoridades confiscaron 17 932 animales vivos y 81 564 productos de origen animal entre 2000 y 2007. Casi la mitad de los animales con vida que se encontraron eran aves, principalmente de la familia de las psitácidas (Psittacidae), que incluye 150 especies de loros de 32 géneros diferentes. Anfibios y reptiles representaron la mayor parte de la otra mitad restante, y un pequeño porcentaje (5,6 %) eran mamíferos. Más recientemente, 13 033 animales vivos pertenecientes a 51 especies fueron confiscados a lo largo y ancho de la nación entre 2009 y 20012.
Estos números pueden parecer elevados hasta que consideramos de nuevo que, según un estudio, de 80 000 a 90 000 loros salvajes, aproximadamente, son vendidos al año de manera ilegal en el mercado nacional peruano, con una tasa de detección de tan solo un 2,5 % para los mercados de las capitales de las regiones.
«Los agentes de tráfico tienen autoridad para confiscar animales, pero no les suele preocupar este asunto. Normalmente, los animales confiscados por la policía son vendidos más adelante, o se deja marchar a los traficantes después de pagar un soborno», afirma Shanee. Desde luego, los arrestos a traficantes son extrañamente poco frecuentes, en comparación con la extendida naturaleza del problema.

Además, las penas para el tráfico de animales en Perú son menores en comparación con otros países. Por ejemplo, en 1997, una empresa de acuarios fue descubierta exportando más de 1 000 reptiles y anfibios de manera ilegal desde Perú y tan solo pagó una multa de 5 400 $. En comparación, Tim Eaton of Florida, presidente de una compañía de exportación peruana, pasó dos años en la cárcel y tuvo que pagar 25 000 $ cuando, en 1993, fue condenado en Estados Unidos por hacer contrabando con 144 serpientes, entre las cuales había anacondas (Eunectes murinus) y boas macanches (Boa constrictor ortonii), desde Perú hasta Estados Unidos.
El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito utilizó recientemente a Perú como caso de prueba para su paquete de medidas analítico contra los delitos contra la fauna silvestre y los bosques, que es, en otras palabras una inspección exhaustiva del tráfico de recursos naturales.
«La impunidad con la que estos delitos son cometidos, particularmente los relacionados con el tráfico de flora y fauna, es evidente. Los mercados operan delante de las autoridades, que raramente confiscan la mercancía», manifiesta el informe. «Los esfuerzos de las autoridades no tienen casi ningún efecto, debido, principalmente, a lo limitado de los recursos y de la logística».

Incluso si las fuerzas del orden responden a una advertencia de contrabando de animales, «estas son poco eficaces, debido a que no poseen los recipientes adecuados para transportar a los animales, y, a menudo, no son suficientes los efectivos que se desplazan al lugar de los hechos», denuncia Shanee.
Al igual que con el caso de Pepe Lucho, estos encuentros pueden resultar en un empate entre los agentes y el público. Cuando los funcionarios del SERFOR recibieron las denuncias de un oso de anteojos enfermo de neumonía, al igual que informes de varios zoológicos ilegales, intentaron confiscar dos cóndores andinos (Vultur gryphus) en estado Casi Amenazado, dos osos de anteojos (Tremarctos ornatus) Vulnerables y un zorro de Sechura (Lycalopex sechurae) Casi Amenazado, entre otros animales cautivos en Sandia, en el distrito de Cuyocuyo. Sin embargo, el público general intercedió y resistió.
Según los informes, cinco oficiales anestesiaron a las aves y, entonces, fueron abordados por unas patrullas de campesinos que, supuestamente, los secuestraron. Los campesinos golpearon supuestamente a los miembros del SERFOR en la plaza principal, a la vista de todos, y les acusaron de ser ladrones y de no tener los documentos necesarios firmados, acusación que niega el SERFOR. Temiendo por sus vidas y la seguridad de los animales, el SERFOR devolvió todos los animales al zoo en el que estaban cautivos.

El ICCWC recomienda un ajuste completo de los protocolos para detectar y perseguir los delitos relacionados con la fauna salvaje en Perú.
La percepción del tráfico de animales en Perú
Frente a los fracasos del Gobierno, cada vez más ONG son las que toman el papel de frenar el comercio ilegal de animales. Un análisis reciente de 28 ONG relacionadas con la conservación y/o el bienestar animal revela la percepción de los activistas, sobre los que recae ahora la responsabilidad. Los representantes entrevistados mencionaron la priorización de la tala indiscriminada sobre el tráfico de animales por parte del Gobierno, junto a la corrupción de este, como los dos impedimentos principales para que los agentes hagan cumplir bien la ley.
«Sabe usted el apodo de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), ¿no?», preguntó uno de los entrevistados en el estudio. «Es la Dirección General de Falsificación, Fraude y Soborno. Y es cierto. Debe de ser el lugar más corrupto del Perú». «Somos un país megadiverso, y toda nuestra biodiversidad está pasando a través de los mercados», declaró otro entrevistado.

Con las regulaciones del tráfico propuestas por el Gobierno, que hará cumplir la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763), ahora muy cerca de ser aprobada, Shanee teme que se haga más mal que bien. Sospecha que, para parar el tráfico ilegal, lo único que hará Perú es incrementar las maneras de extraer legalmente a la fauna salvaje de la selva. De este modo, el mercado se inundará de fauna silvestre legal y, probablemente también aumentará el aprecio de la gente por los animales salvajes como mascotas.
Países como Perú «no invierten en investigación u ofrecen soluciones creativas al tráfico de animales, sino que adoptan con entusiasmo filosofías para privatizar la naturaleza y dejar a las fuerzas del mercado controlar el futuro de la fauna silvestre, esperando así que las cosas mejoren por sí solas», escribe Shanee en un artículo al que titula Lazy Conservation, «Conservación salvaje». «El problema con esta lógica es que… el sacrificio de los animales obtenidos de manera legal se sumará a los que se comercia de forma ilegal. Además, estos permisos se usan a menudo para blanquear el comercio ilegal».
Si el tráfico continúa siendo tolerado por parte de la población, Shanee y otros conservacionistas temen que muchos de los animales salvajes del país sufran el destino de Pepe Lucho, hasta que, un día, el único sitio en el que encontrar fauna silvestre en el Perú sea una jaula.
Referencias
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