- Como medida preventiva, los líderes Wampis están demandando que cese el bombeo de petróleo en su zona.
Dos derrames de petróleo, uno tras otro, han dejado en un terrible estado a las comunidades indígenas que viven en el norte de la Amazonía peruana a lo largo de los ríos Chirico y Marañón.
El crudo ha viajado miles de kilómetros desde que el primer desastre ocurriera el 25 de enero, cubriendo las orillas de los ríos y contaminando el agua que beben las poblaciones locales, generando una emergencia de salud pública y amenazando la seguridad alimentaria.
Muchas comunidades han intentado limpiar los 2000 barriles de crudo entre ellos mismos, mientras que la compañía responsable por el derrame, PetroPerú, tardaba demasiado en responder.
El 3 de febrero, se vertieron otros 1000 barriles en el Río Cashacaño que afectaron a 400 metros cuadrados del territorio del pueblo Wampis. Alrededor de cien familias viven en esta comunidad, la cual esperó casi 20 días para recibir ayuda del exterior. Mientras tanto, las familias comían sólo plátano y yuca para no contaminarse.
Ahora, pasado casi un mes del desastre, el gobierno territorial autónomo Wampis ─recién formado desde noviembre del año pasado─ busca que el estado tome medidas definitivas y drásticas.
El 18 de febrero el pueblo Wampis presentó una queja formal al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), acusando a Petroperú de negligencia grave por no haber evitado y contenido el derrame en la comunidad Wampis de Mayuriaga. Como medida preventiva, los líderes Wampis están demandando que cese el bombeo de petróleo en su zona. La queja explica que el cese de operaciones sería “la única medida efectiva que podría prevenir un daño irreparable al medio ambiente y a la salud de las poblaciones vecinas a lo largo del Oleoducto Norperuano”.
La queja formal de los Wampis a la OEFA, la cual se presentó a través de la organización de derechos humanos, Instituto de Defensa Legal o IDL, exige que el órgano regulador del estado sancione a Petroperú, que monitoree la situación, que cree un plan de control y remediación del derrame, y que haga que PetroPerú rinda cuentas para darle alimento y agua a las comunidades afectadas.
Por su parte, la OEFA ha presentado la Resolución Directoral Nº 012-2016-OEFA-DS, mediante la cual se ordena a Petroperú S.A. actuar en el marco de lo establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. La resolución ordena a que la compañía estatal se encargue del “mantenimiento efectivo, inmediato e integral respecto de aquellas secciones del ducto que no han sufrido un deterioro severo o significativo”, así como el “reemplazo del ducto respecto de aquellas secciones que han sufrido un deterioro severo o significativo”.
En conclusión, la OEFA detalla que los más recientes derrames no son casos aislados, ya que en anteriores oportunidades “se han atendido emergencias similares como consecuencia de fallas en los tramos de dicho oleoducto”. El organismo ha documentado 20 problemas similares desde abril del 2011, cuando OEFA comenzó su monitoreo de los oleoductos.
“Por más de 40 años [PetroPerú] no hizo mantenimiento ni reparaciones en su oleoducto, sabiendo muy bien que necesitaba mantenimiento constante cada 10 a 15 años”, dijo Wrays Pérez Ramírez, el recíen electo Pamuk o presidente del gobierno del territorio Wampis.
“Nosotros, los Wampis, nunca autorizamos o dimos nuestro consentimiento para la construcción de este oleoducto y a pesar de eso sufrimos las consecuencias. Es exactamente esta clase de problema lo que nuestro gobierno territorial busca abordar”.
