Asesinato de un niño revela la violencia en contra de la población indígena en Brasil

Una pequeña ola de migración interna tiene lugar cada año en la población indígena de Condá, en la frontera entre los estados brasileños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

En esta área demarcada de 2300 hectáreas viven 800 personas de la etnia Kaingang. Cada verano, cientos de familias juntan todas las artesanías que han fabricado durante el año y viajan con ellas hasta la costa, donde se las venden a los turistas.

A finales del año pasado, Sônia Pinto y su esposo Arcelino decidieron tomar este viaje por primera vez. Como tantos otros individuos indígenas del sur de Brasil, buscaban mejores condiciones de vida fuera de Rio Grande do Sul. Durante la época de trabajo, Arcelino acostumbraba irse tres meses a trabajar en fincas o fábricas de la región. Pero el año pasado, decidió ir junto a su esposa e hijos a Imbituba, donde acamparon al lado de la estación de autobuses.

En la noche del 30 de diciembre, Sônia se sentó dentro de la semivacía estación de autobuses con su bebé de dos años, Vitor, mientras le daba de mamar. Un hombre extraño se sentó a su lado ─un hombre que no conocía─ y empezó a acariciar al bebé mientras se alimentaba. De repente, el hombre sacó un cuchillo y apuñaló a Vitor. La madre se quedó conmocionada, hasta que se dió cuenta de lo que había sucedido y gritó desesperadamente, buscando ayuda. Mientras tanto, el hombre escapó del lugar. Sonia corrió con Vitor en sus brazos fuera de la estación y logró que un taxista la llevara al hospital más cercano, pero el bebé murió poco tiempo después a causa de las heridas.

Los detalles sobre aquel horrible crimen ─y sobre la identidad del asesino─ no han sido revelados públicamente por las autoridades, pero como Vitor era un niño menor de edad, se está tratando su caso como un crimen de odio. La defensa alega locura.

Para los expertos que han estado siguiendo el caso de cerca, lo más destacable no es necesariamente la violencia y la crueldad de lo que sucedió, sino el hecho de que el asesinato de un niño indígena haya generado tan poca indignación dentro de la sociedad brasileña. De acuerdo al historiador Marcelo Mariano, el caso también demuestra la gran complejidad de conflictos que existen en Brasil entre las poblaciones indígenas y las urbanas.

“La mayoría de las veces, la urbanización se ha centrado en invadir los territorios de los pueblos indígenas, y su llegada ha traído conflictos sobre qué pertenece a quién”, explica Mariano. “Los pueblos indígenas, como los Kaingang, nunca recibieron recompensa por sus territorios, mientras que las poblaciones urbanas, generalmente blancas y de descendecia europea, se ven como los responsables del ‘desarrollo’ de esos lugares”.

Mariano también argumenta que durante muchos años en Brasil, ha habido un estereotipo negativo asociado con las personas de descendencia indígena: se los veía como flojos,  gente a quien no le gustaba trabajar.

El crimen de odio más notorio en contra de un individuo indígena tomó lugar en  el año 2000, cuando cinco jóvenes de clase media de la capital, Brasilia, prendieron fuego a Galdino Jesus dos Santos, un hombre de etnia Pataxó de 44 años. Dos Santos murió unos días después, con quemaduras en el 95 % de su cuerpo.

Los dos casos de prejuicio y violencia —los asesinatos de Vitor y Dos Santos— son dos extremos de una realidad que se vive cada día, a una escala más pequeña, en los pueblos indígenas brasileños. En el 2014, por ejemplo, hubo 50 casos de amenazas de muerte e intentos de asesinato, especialmente en los estados de Maranhão, Pará, Paraná, Minas Gerais y Bahia.

En estos y otros estados también hubo otros casos notorios de ataques como palizas, y humillación e intimidación debido a conflictos que tienen que ver con invasiones territoriales y demarcaciones de territorios.

La cantidad de muertes causadas por crímenes de odio están incrementando de una forma rápida e inquietante en el país suramericano. De acuerdo al Consejo Misionario Indígena (CIMI), un instituto independiente, en el 2014 se dieron 134 asesinatos de personas indígenas, la mayoría de ellos en el estado de Mato Grosso donde la población indígena comparte territorio con la agricultura a gran escala. La demarcación de territorios, la tala ilegal, y las invasiones por parte de mineros y madereros son algunas de las razones detrás de los interminables conflictos entre los grandes agricultores y los pueblos indígenas de la región.

Los datos de CIMI también indican que hubo un incremento en los suicidios. En el 2014, por ejemplo, hubo 135 suicidios, la mayoría de ellos por parte de jóvenes. Tan sólo en Mato Grosso do Sul se dieron 48 de estos casos.

El índice de suicidios en los pueblos indígenas brasileros es seis veces más alto que el promedio nacional, de acuerdo a las Naciones Unidas. Carlos Felipe D’Oliveira, doctor de la Red de Asistencia Brasilera para la Prevención del Suicidio, dice que la falta de representación, de asistencia, y de defensa de los derechos más basicos son algunas de las causas.

“Típicamente lo que vemos es que las áreas donde las tasas de suicidio son más altas son precisamente aquellas donde los pueblos indígenas son más desfavorecidos, con altos índices de desempleo, alcoholismo, consumo de drogas, y conflictos”, dijo D’Oliveira.

La falta de representación por parte del gobierno es un desafīo al que a menudo se enfrentan los pueblos indígenas. En el 2014, la Fundación Nacional Indígena (Funai) sufrió serios recortes en su prespuesto ─de 43 millones de dólares en el 2013 a 38 millones el año siguiente.

Mientras tanto, las críticas en contra de instituciones como Funai han ido creciendo. La madre de Vitor acusa a Funai de no haberla ayudado después de que el niño fuera asesinado. La agencia debió haber pagado por el transporte de su cuerpo pero no lo hizo hasta más de una semana después, luego de que CIMI presentara una queja oficial.

“Funai fue creada para protegernos, pero creo que sería mejor si no intervinieran. Hoy en día, es un lugar donde se emplea a personas, en vez de ser una institución que apoya las políticas de defensa de los pueblos indígenas”, dijo Jacson Santana, el coordinador de CIMI en Chapecó. La relación que existe entre las dos instituciones no es de las mejores, ya que CIMI acusa a Funai de no defender los derechos indígenas y de “crear obstáculos para evitar que los fondos del gobierno les lleguen a las comunidades”, dice Santana.

Cuando Mongabay le pidió una entrevista a Funai, un portavoz de la agencia dijo que no comentaría sobre el caso.

Desde el 1990, cuando el censo en Brasil comenzó a incluir a los pueblos indígenas en sus análisis y encuestas, se hizo posible tener una mejor idea de las condiciones de vida de los pueblos, no sólo con respecto a la violencia, sino también con respecto a las poblaciones, su salud, y su educación.

Algunos críticos argumentan que otro tipo de violencia al que se enfrentan los brasileños indígenas es la negligencia por parte del gobierno. En particular, se refieren a la falta de servicios de salud en las áreas tribales, lo que hace que no puedan tener acceso a recursos, procedimientos médicos, exámenes, y medicamentos que podrían garantizarles mejores condiciones de vida.

En el estado de Santa Catarina, el pueblo Kaingang ha perdido su modo tradicional de vida. El trabajo de agricultura no es suficiente, y la venta de artesanías, basada en la interacción con las poblaciones urbanas, se ha vuelto la principal fuente de ingresos para los Kaingang y otros pueblos.

La presa en el Río Uruguay no les permite pescar como lo hacían antes en canoas pequeñas, y además quedan pocos peces. El líder espiritual del pueblo, José Luiz Nascimento, de 85 años de edad, parece haberse dado por vencido. En su época, explica, se evitaba integrarse con “el hombre blanco” porque tampoco era necesario.

“Ya no hay nada que cazar, no queda nada”, se lamenta. Su sobrina, Marta Nascimento, ya no cree que pueda haber una interacción pacífica con las personas no indígenas. Ella parece estar más inconformista que enojada, y menciona que la construcción de la estación de autobuses en la ciudad se hizo en el mismo lugar donde sus ancestros fueron enterrados. Según dice, este es uno de muchos ejemplos que demuestran como se ha ido borrando la presencia y la historia de los pueblos indígenas de la región y del país.

“En un principio, este lugar era nuestro. Luego, nos sacaron de aquí. Nos dejaron en estas condiciones y cuando construyeron un museo, dijeron que los hombres blancos eran los colonizadores”, cuenta Marta Nascimento. “¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar en esta historia? No nos encontramos en las escuelas, y tampoco en las ciudades”.