El programa REDD+ en Guatemala genera diversidad de opiniones y resultados

En una lengua indígena local, Guatemala significa “lugar de muchos árboles”. Sin embargo, hoy en día solo el 34,7 % del territorio continúa siendo boscoso. En solo 50 años, entre los años 1950 y 2000, se ha perdido una mancha arbórea equivalente a toda Holanda. La deforestación es aún intensa, sobre todo en el departamento más amplio, norteño y selvático: Petén.

Allí, en Petén, ha brotado un programa contra la deforestación que ya se ha estado expandiendo por otros países con bosques tropicales: GuateCarbón.

“Buscamos mitigar las emisiones y los efectos de gases de invernadero a través de un mecanismo REDD+”, explica Sergio Guzmán, el gerente de este proyecto iniciado en Petén 2012 y el cual vinculará durante 30 años al gobierno guatemalteco y a 23 comunidades, algunas de ellas indígenas y aglutinadas bajo la sombrilla de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP.

REDD+ es el acrónimo de “Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques, la Conservación y el Incremento de las Capturas de CO2”. Este mecanismo surgió en 2007, durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Bali (COP13), para incentivar a que países en desarrollo como Guatemala protejan sus bosques. GuateCarbón surgió con ayuda financiera del gobierno estadounidense, a través de USAID.

Guzmán explica que GuateCarbón desarrolla “un modelo forestal comunitario” en una tercera parte de la Biósfera Maya, la reserva selvática más grande al norte de la Amazonía y que se extiende por alrededor de 22 000 kilómetros cuadrados. Alrededor de 1400 personas, campesinos ladinos e indígenas, pueden extraer recursos naturales de aquellos bosques de forma regulada y asesorada por la ONG Rainforest Alliance.

Incluso pueden tumbar algunos árboles o cultivar en espacios destinados para ello. Esto es algo que los detractores de REDD+ consideran una “privatización del aire” o “capitalismo verde”.

Actualmente, GuateCarbón pone a disposición aproximadamente un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales. Según ellos, cada tonelada puede ser vendida en alrededor de 5,20 dólares a empresas con responsabilidad ambiental y social. No obstante, el gerente de GuateCarbón asegura que “nadie ha comprado, porque aún no tenemos créditos de carbono; el proceso que garantiza los créditos es prolongado y estricto y también se ha cuidado mucho de no realizar compromisos adelantados”.

Hace cinco años, la empresa estadounidense Global Carbon Group dijo que iba a compensar a varias comunidades vecinas de GuateCarbón con más de 400.000 dólares por mitigar la emisión de 1,2 millones de toneladas de gases de efecto de invernadero en un período de 20 años. Sin embargo, Guzmán aclara que esta empresa “tuvo intención [de comprar] y utilizó recursos para el análisis de rentabilidad-factibilidad en Petén, incluyendo bosques municipales que querían participar, pero establecieron que no era rentable”. Guzmán dice que este grupo no invirtió porque analizaron áreas boscosas fuera del área de GuateCarbón y dijeron que los costos serían más grandes que las utilidades.

En contraste de esa experiencia, el gerente de GuateCarbón sostiene que su proyecto es viable. “Punteamos poder vender bonos de carbono a países emisores”, dice. La clientela a la que alude son países industrializados como Japón, China o Inglaterra, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto. Existen también corporaciones petroleras como Exxon o Chevron que cada año emiten cerca del 4 % del CO2 mundial, cientos de toneladas de CO2.

De hecho, hace tres meses Guzmán estuvo en París para COP21. Allí, el programa GuateCarbón fue presentado como un “exitoso programa” de bandera guatemalteca y se firmó un convenio para empezar vender bonos en el mercado internacional de carbono.

Hasta esta fecha, GuateCarbón ha funcionado con subsidios de organizaciones socias, el gobierno y los comunitarios; dinero que se ha invertido en mejoras a las comunidades, escuelas, centros de salud, manejo forestal sostenible, apoyo a microempresas, fortalecimiento de puestos de control, y patrullajes.

A falta de proyectos que zanjen la deforestación y la pobreza rural, el gobierno guatemalteco apuesta por GuateCarbón –o estuvo apostando por el programa, hasta el 14 de enero, cuando Jimmy Morales asumió la presidencia. Benedicto Lucas, exsecretario ejecutivo del CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) no duda en tirarle flores: “De las 320 áreas protegidas de Guatemala, muy pocas tienen autosostenibilidad. Para el gobierno es importante la inversión en las áreas rurales y GuateCarbón se enmarca perfectamente en eso. Es muy importante: equilibra lo ecológico, lo económico y lo social. Asegura el desarrollo sostenible, es innovador”.

Lo innovador podría ser subjetivo. El origen del concepto REDD surgió en 1988 y casualmente tomó a Guatemala como primer campo experimental en el mundo. Ese año, la empresa energética estadounidense AES (Applied Energy Services) construyó una planta eléctrica en Connecticut de 183 megavatios a base de combustión de carbón. Para compensar su emisión de 14,1 millones de toneladas de CO2 en 40 años, firmó un acuerdo con la ONG CARE para impulsar un proyecto de conservación de bosque nativo en el altiplano guatemalteco.

Según World Rainforest Movement, una ONG internacional que defiende los bosques tropicales: “Se buscó un país subdesarrollado porque las alternativas en Estados Unidos parecían considerablemente más caras”.

Además de GuateCarbón, en Petén han surgido otros proyectos que también utilizan el mecanismo REDD+. Al sur del departamento, se desdobla otro proyecto en el Parque Nacional Laguna Lachuá: Fundalachuá, que involucra a 55 comunidades de 18.500 habitantes mayas.

Al noroccidente, en los márgenes del Parque Nacional Sierra del Lacandón, donde el caudaloso río Usumacinta hace frontera con el estado mexicano de Chiapas, la Fundación Defensores de la Naturaleza y OroVerde trabajan en 644 hectáreas de bosque de “propiedad privada”. Aquí, varias familias cuidan de los bosques y hasta tienen espacio para reproducir y sembrar algunas de las especies madereras con mayor demanda: ramón (Brosimum alicastrum), pimienta (Pimenta dioica), cedro (Cedrela odorata) y el caoba (Swietenia macrophylla).

Sin embargo, Edín López, el dirigente de la Fundación Defensores de la Naturaleza, confiesa que este proyecto no ha podido ser replicado por otros grandes terratenientes de la zona porque les implica costos. “Hay que pagar para que una empresa extranjera lo certifique a uno”, explica López. “Hay que esperar que un especialista cuente árboles por hectáreas y hacer mapeos por GPS y dejar pasar tiempo para hacer análisis comparativos”.

López dice que las empresas que certifican son estadounidenses: Global Carbon Project (GCP) y The Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB Standards). En teoría cuesta lo mismo validar un terreno grande que uno más modesto, entre $25 000 y $30 000 cada cinco años.

Del otro lado del río Usumacinta −en la orilla mexicana, donde se espesa aún más la Selva Lacandona−, los proyectos REDD+ han resultado polémicos desde su puesta en marcha en 2011. Un año después, Greenpeace describía que REDD+ “ha profundizado un conflicto histórico de tierras de varios grupos indígenas choles, tzeltales, tojolabales y tzotziles”. Estos grupos han pasado de ser “dueños ancestrales” de la selva a ser considerados “invasores” por comuneros con certificación REDD+. Muchos de los indígenas desplazados no eran locales, sino que se habían asentado en la zona sin documentos durante el conflicto zapatista ocurrido entre 1984 y 1994.

El catedrático de la Universidad Autónoma de México, Octavio Rosas Landa, asegura que esta selva compartida por México y Guatemala está sujeta a cambios drásticos, por deforestación, explosión demográfica y por el mismo cambio climático.

“Si los bosques no se conservan, son talados o no capturan la cantidad de carbono establecida, la empresa que subsidia este programa luego podría llegar acusar a la comunidad y hacerlas incurrir en una deuda”, argumentó Rosas Landa.

Por su parte, Gustavo Castro ─el activista medioambiental de Chiapas, México, quien recientemente resultó herido de bala durante el homicidio de Berta Cáceres, la ambientalista indígena hondureña─ critica que “las grandes corporaciones que tienen monocultivos puedan justificar que resultan iguales a un bosque y por eso también les tienen que pagar por aplicar un mecanismo REDD+”.

En Petén, Guatemala, los cultivos de palma africana se extienden por más de 250 kilómetros cuadrados. Son los vecinos de los proyectos REDD+ que han estado causando la pérdida de bosques primarios y el ecocidio del río La Pasión en 2015. Sin embargo, ninguna de estas empresas de monocultivo ha buscado beneficiarse (aún) con REDD+.

Para Castro, “quien tenga bosques o monocultivos va a poder a hacer negocios (con REDD+). Es una recompensa del mercado, entonces empieza una especulación sobre los bosques y solo los grandes terratenientes podrán hacer negocio. Si uno hace cálculos, los campesinos e indígenas reciben el equivalente a un salario mínimo: no es tanto el beneficio a las comunidades. El beneficio se queda en los intermediarios, en los gobiernos y grandes terratenientes”.

Sergio Guzmán, director de GuateCarbón, asegura que REDD+ ha dado mejores resultados que la creación de reservas forestales cercadas o vigiladas, como se estilaba en los años ochenta. “Si ves un mapa de las reservas, vas a ver que las zonas administradas por el Estado son las más deforestadas. Entregarle el bosque a las comunidades ha sido la mejor manera de conservar”. Además, asegura que a diferencia de otros proyectos REDD+, “GuateCarbón no tiene ningún compromiso con ninguna empresa o país; lo que se comercializará ya se ha producido. Es pago por resultados”.

El positivismo del gerente de GuateCarbón es similar al del gobierno guatemalteco, el año pasado este celebró que la deforestación en Guatemala se ha reducido en un 50 % según el Mapa de Cambio de Uso de la Tierra 2001-2010.

Sin embargo, Juventino Gálvez, el director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, cree que se realizó una interpretación equivocada sobre la dinámica de la cobertura forestal guatemalteca”.

Gálvez estima que las causas directas y las fuerzas impulsoras de la deforestación siguen operando sin variación y quizá con más potencia, porque la deforestación pasó de 1000 km² anuales en el período 2001-2006 a poco más de 1320 km² anuales en el período 2006-2010. Estas cifras le otorgan a Guatemala una tasa anual de deforestación del 3,4 %: una de las más altas de Latinoamérica.

Hay otros datos que respaldan a Gálvez. El análisis de la dinámica forestal entre el 2001 y 2006 (UVG, INAB, CONAP y URL, 2011) revela que se ha acentuado el “ritmo incontenible de la deforestación” y Petén es el departamento con mayores pérdidas forestales de los últimos años. También, hace dos años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advirtió que Tikal ─sitio arqueológico ubicado dentro del área de Guatecarbón─ se encontraba “en riesgo indirecto” por la deforestación y el manejo irregular de las áreas protegidas.

En lo único que hay consenso es que la población de Guatemala ha aumentado un 18,26 % en los últimos siete años; ahora suman más de 16 millones de personas. Muchos no dudan que estas circunstancias repercuten en el medioambiente.

Byron Castellanos, dirigente de la ONG ambientalista Asociación Balám, cree a partir de 2014 la deforestación ha vuelto a ser intensa porque el Estado no atiende las principales amenazas: el tráfico de fauna y flora, el saqueo de sitios arqueológicos, el trasiego de indocumentados y la compra y venta ilegal de tierras.

Castellanos cree que el panorama no es alentador. El nuevo gobierno redujo el presupuesto para la conservación del medio ambiente de 14 millones a 12 millones de dólares anuales.

“El CONAP ahora está debilitado para aplicar la ley. La calamidad es tal que si hoy hubiera un incendio en la reserva de la Biósfera Maya, esto pondría en jaque al gobierno y, por consiguiente, la efectividad de programas como REDD+”.

Con o sin REDD+, la conservación de los bosques guatemaltecos continúa en vilo y envuelta en polémica.