¿Es la certificación ecológica la solución a la destrucción de los bosques?

Nota del editor (22 de enero de 2016): La versión original en inglés contenía varios errores que han sido corregidos. Al final del artículo se puede leer un resumen de los cambios.

En septiembre de 2015, un carguero peruano descargó 71 contenedores de madera de la selva en los muelles de Houston, Texas. El envío de 1,7 millones de quilos fue una amplia demostración del continuo flujo de madera que se envía desde los países tropicales al hemisferio norte; si se hubiera extendido por el suelo habría cubierto el área de «varios campos de fútbol» y habría alcanzado un valor de venta de 300 000 $, según informó el Houston Chronicle reported.

El destino de la madera muestra las prácticas delictivas que siguen acechando ese comercio. A principios de diciembre, los agentes de aduanas de los Estados Unidos bloquearon la importación del envío y anunciaron que la madera se había obtenido de forma ilegal y se había sacado de Perú con permisos fraudulentos. La policía peruana llevó a cabo otras redadas en el puerto amazónico de Iquitos que tuvieron como resultado la mayor incautación de madera ilegal de la historia de Perú.

Las incautaciones fueron una mancha negra en un sistema diseñado para organizar el poder de los mercados con el fin de proteger los bosques mundiales de la tala destructiva, entre otras amenazas. Desde principios de los 90, cuando fracasaron los intentos de construir un sistema legal internacional para salvar los bosques tropicales del mundo, una unión de miles de grupos de la sociedad civil, ambientales y corporativos ha depositado sus esperanzas en el mercado. El grupo internacional que crearon, el Consejo de Administración Forestal (FSC por sus siglas en inglés), depende de las elecciones de los consumidores para proteger el mercado de la madera mundial: certifica operaciones como sostenibles para el medioambiente y socialmente responsables, con la idea de que los consumidores paguen más por la madera obtenida de forma ética.

En los últimos veinte años, el FSC ha crecido hasta ser el principal organismo de certificación de productos forestales. Ha unido a 30 000 empresas miembro y ha certificado más de 180 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo —un área mayor que Alaska. Hay muchos programas de certificación parecidos, pero son muy pequeños o se considera que tienen normativas menos rigurosas que las del FSC. En total, unos 439 millones de hectáreas de bosque se han certificado con un programa u otro, casi el once por ciento del total mundial.

La normativa del FSC se apoya en algunas de las prácticas forestales más tolerantes del mundo. En una industria maderera asolada por el control de las mafias, la destrucción ambiental y los asesinatos planeados, el logo de FSC promete que los productos forestales que lo llevan —de troncos a contrachapado a pañuelos de papel— se han producido legalmente por parte de trabajadores libres que han recibido compensación, según las buenas prácticas ambientales. Con la creación de un mercado específico para la madera ética, el FSC pretende crear un mundo de bosques sostenibles gestionados de forma ética en el que las empresas reciban incentivos por conservar.

Sin embargo, en la práctica no está tan claro que las asociaciones del FSC hayan conseguido que las empresas trabajen con mejores prácticas. ¿El envío ilegal de madera de Perú incautado en los muelles de Houston? ¿Y gran parte de la madera confiscada en Perú? Según el diario peruano La Republica, provenía de una empresa, Inversiones La Oroza, que también trabajaba con el FSC para distribuir productos con la etiqueta de Madera Controlada del consejo.

Aunque el FSC nunca avaló los troncos supuestamente ilegales de La Oroza, el decomiso no es más que el último caso conocido de una serie de situaciones en las que las operaciones forestales se benefician de una relación con el FSC sin seguir sus prácticas —y en algunos casos ni siquiera la ley. Según los críticos ambientales, casos como el de La Oroza también apuntan a la debilidad del FSC para reforzar sus normas entre las empresas que crean sus productos —dañando los efectos positivos reales de su régimen y sembrando la duda sobre el valor de su emblema y de las soluciones basadas en el mercado en conjunto.

Una solución de mercado a la inacción del gobierno

Para entender la situación actual del FSC, habría que entender que el grupo surgió como respuesta a un fracaso gubernamental. En las conversaciones del clima de 1992 en Río, los intentos de diseñar un tratado internacional para proteger los bosques tropicales naufragaron en tensiones históricas entre el hemisferio norte y el sur. Dicho de forma simple: el norte quería que el sur dejara de cortar el extenso cinturón de bosques que rodea el ecuador. Sin embargo, los intentos por conseguir que los gobiernos de la parte norte invirtieran en apoyo organizativo a cambio de mantener esos bosques en pie se quedaron en nada, y el encuentro de Río se acabó sin un acuerdo forestal.

El FSC fue una solución ingeniosa a este punto muerto gubernamental: hacer que la conservación pague. El consejo crearía un mercado lucrativo para la madera ética, haciendo así que los consumidores, y no los gobiernos, pagaran para mantener el bosque intacto.

Empezó de forma modesta, se ofrecía un producto de lujo «ético» para ayudar a que las operaciones de tala comunitarias y gestionadas por los indígenas compitieran con los grandes negocios industriales que se alimentaban de los bosques mundiales en aquellos momentos —algo parecido a lo que la etiqueta de Comercio Justo hizo por el café. No obstante, a lo largo de los 90, el FSC creció de forma drástica y se añadieron miles de empresas. Para el cambio de milenio, ya no era solo el principal sistema de certificación de madera del mundo, muchos en el área de las ONG ambientales lo vieron como la mejor manera de proteger los bosques en general.

El sistema se diseñó en torno a dos ideas. La primera: que el conjunto de los involucrados en el sector forestal —desde comunidades indígenas y de campesinos a ONG ambientales o la propia industria maderera— compartían el objetivo de mantener los bosques mundiales productivos y sin conflictos. La segunda: que los consumidores pagarían un precio extra para financiar las prácticas que podían mantener los bosques tropicales en pie.

El FSC se convirtió en un enorme congreso para todos los interesados del sector forestal; los poderes se repartían de forma equitativa entre los habitantes de los pueblos, los ecologistas y las empresas madereras, y también entre norte y sur. El resultado de las reuniones del congreso fueron los Principios y Normas del FSC; una constitución que establecía normas de vanguardia, acordadas de forma laboriosa, que las operaciones forestales mundiales deberían cumplir si las comunidades y empresas madereras que dependían de ellas querían sobrevivir. Para que los consumidores supieran con seguridad que sus productos de madera o papel eran éticos, el FSC creó un régimen de certificación. Cualquier producto de madera o papel que lleve su logo promete que, venga de donde venga, cumple con esas normas.

Es difícil poder afirmar con seguridad que esto haya representado un cambio real en la práctica. No se han realizado estudios exhaustivos sobre la eficacia general del FSC en la prevención de la pérdida de bosques, pero algunos estudios locales han mostrado resultados positivos. Por ejemplo, un estudio reciente en Indonesia descubrió que los bosques certificados por el FSC tenían un índice de un cinco por ciento menos de pérdida forestal y producían un 31 por ciento menos de contaminación atmosférica que los que no estaban certificados. Un informe .

Los defensores afirman que las repercusiones del FSC se han extendido más allá de las empresas que tienen una relación oficial con ellos. En 1994, cuando se fundó la organización, la industria maderera era una de las principales causas de la deforestación. Se estaban desmontando bosques primarios que se substituían por plantaciones de monocultivos de rápido crecimiento para pasta de papel y papel. Según Kerry Cesareo, defensora forestal de la ONG WWF y miembro del consejo de FSC Estados Unidos, la rama estadounidense del consejo, la industria maderera ya no causa deforestación y eso es gracias al FSC.

«La expectación de lo que eran las normas establecidas por el FSC creó expectativas en todo el sector forestal, y ha habido una mejora general, hay mucho más esfuerzo por mantener la tala ilegal a raya, así como [interés en] saber de dónde proviene tu madera», explicó Cesareo a Mongabay.

Cesareo conoce sobre todo los bosques gestionados por el FSC en el hemisferio norte. Caminar en esos bosques, dijo, es ver los beneficios del sistema. Talar allí implica menos coste ambiental de lo que lo hizo antaño. «Hay muchos menos daños sobre los árboles que quedan. Los riachuelos y otras fuentes de agua han sido zonas de amortiguación efectivas. Dejan suficiente bosque para proteger la calidad del agua según baja. Todavía se oye a los pájaros cantar y hay un sotobosque diverso».

Cuando Cesareo vio el régimen en aplicación en Clayoquot Sound en la Columbia Británica, hogar de uno de los peores conflictos derivados de la tala, se sorprendió al ver que los topógrafos de las empresas localizaban árboles de gran valor ambiental o cultural para los indígenas y que sacaban los árboles con helicópteros de carga en lugar de con el método más barato y dañino de arrastrarlos.

Problemas de la certificación

El problema con cualquier régimen de certificación es que las normas son tan buenas como la gente que se encarga de hacerlas cumplir. Gran parte de las críticas al FSC tienen el típico enfoque de derechas que dice que es «malo para el negocio», una idea ya conocida por el debate del cambio climático. Sin embargo, el FSC también ha recibido críticas de los ecologistas —es decir, de los que están de acuerdo con la misión de conservación pero no con cómo la aplica el FSC. Entre las quejas habituales está la de que el FSC ha certificado millones de hectáreas de plantaciones industriales de árboles, algo que muchos grupos ven fundamentalmente insostenible.

No obstante, uno de los problemas más graves para una agencia formada en torno a la certificación es que se sigue descubriendo a las empresas que venden productos certificados por el FSC haciendo negocios que no son éticos según los objetivos marcados por el consejo. Para que se entienda: hay una distinción entre las empresas certificadas por el FCS —por ejemplo, empresas de tala, aserraderos o empresas de papel— y los productos que distribuyen certificados por el FCS. El certificado FCS permite que una empresa comercie con productos con la etiqueta del FCS, pero no le obliga a seguir sus normas en la producción de bienes no certificados. Una empresa de pasta de papel y papel certificada por el FSC podría estar produciendo solo pequeñas cantidades de papel certificado, y el consejo no se inmiscuiría en la proveniencia del resto.

Para evitar dar apoyo a empresas que son particularmente dudosas, el FSC tiene una política para rechazar hacer negocios de cualquier tipo con empresas que comercian con madera ilegal, se apropian tierras o violan los derechos humanos de cualquier modo, convierten bosques en plantaciones, arrasan bosques primarios o utilizan organismos modificados genéticamente. Las empresas que colaboran con el FSC no pueden llevar a cabo ninguna de esas acciones en ninguna parte de sus operaciones.

Sin embargo, en algunos casos lo han hecho. Tomemos el caso del Grupo Vietnam Rubber, cuyas sucursales —según un informe de la ONG defensora de los derechos humanos Global Witness— desahució por la fuerza a comunidades de Laos y Camboya de sus tierras tradicionales y taló de forma ilegal bosques protegidos. A pesar de esto, consiguieron un certificado FSC para productos de otras operaciones.

Lo mismo sucedió con los productos de Veracel, el gigante de la pasta de papel y la madera de Brasil, que ha sido objeto de acusaciones de distintas partes que van de adquisición de tierras y violación de los derechos indígenas a fraude. También con Holzindustrie Schweighofer, una empresa austriaca que la Agencia de Investigación Ambiental ha relacionado con la tala ilegal en Rumanía. (FSC planea empezar a evaluar a esta empresa en primavera como respuesta a una queja presentada por WWF Alemania).

Es imposible decir qué porcentaje del grueso del FSC son empresas como el Grupo Vietnam Rubber, Veracel o La Oroza. Aun así, los críticos como Simon Counsell de Rainforest Foundation UK, con sede en Londres, sostienen que una organización creada en torno a la certificación solo puede permitirse un cierto número de escándalos.

«En muchos casos, la madera que se vendió a la sociedad era una mentira», dijo Counsell a Mongabay. «Se hizo creer a la gente que era sostenible para el medioambiente, beneficiosa para la economía y socialmente responsable. Quizás lo fuera, pero ese era el problema: no se podía saber solo por el certificado».

Counsell fue uno de los miembros que fundó el FSC. Al principio creía en el valor de los mercados para resolver los problemas que la regulación del gobierno no había podido abordar. Dejó el FSC cuando empezó a creer que la organización corría un peligro terrible, ya que su estructura permitía que las empresas de tala la utilizaran como herramienta para lavar la imagen de sus operaciones. En la actualidad, dirige FSC Watch, blog que reúne artículos y estudios de supuestos fracasos del FSC, y es uno de los principales críticos del consejo.

El problema, según Counsell, es algo que se construyó de forma inadvertida en la estructura del consejo. Cuando él y otras ONG y grupos de la industria establecieron el FSC, decidieron no otorgar sus propios certificados. En lugar de eso, crearían una lista de normas y autorizarían a otras empresas a certificar operaciones de tala en nombre del FSC.

Este es un método habitual de otorgar permisos: cuando uno va a conseguir el título de buceador, por ejemplo, contrata a un instructor autorizado por una organización internacional de permisos, y este es el que otorga el certificado.

Si la persona que compra el certificado tiene interés en los resultados, este régimen funciona. En el caso del buceo, te motiva elegir un buen certificador para evitar ahogarte. Para el FSC, afirma Counsell, esa fue una mala estrategia. El hecho de que las empresas de productos forestales pudieran contratar a empresas de certificación directamente, y que esas empresas compitieran por sus negocios, significaba que los primeros participantes del FSC habían creado sin darse cuenta una serie de incentivos perversos. Una empresa de certificación con la que la industria se sintiera cómoda iba a tener más trabajo que las otras.

Esto creó una «carrera hacia el abismo», afirmó Counsell. «Las normas se mantuvieron, pero se ha hecho evidente que la interpretación de esas normas se ha vuelto extremadamente permisiva», dijo. Para empeorar las cosas, las normas del FSC permitían que se certificaran operaciones que infringían algunos de sus estándares si había un compromiso de mejorar.

¿Quién certifica a los certificadores?

Después de que Global Witness publicara su informe sobre el Grupo Vietnam Rubber, el FSC acabó llevando a cabo la acción más drástica posible: se disoció oficialmente de la empresa. Al menos, lo hizo tras un raro rodeo en el que retiraron y luego reinstauraron el certificado del Grupo Rubber Vietnam. Los críticos del consejo señalan que no está claro cómo empresas como el Grupo Vietnam Rubber consiguieron permisos en primer lugar, o cuántas están aún produciendo madera con el logo del FSC.

Para Counsell, aunque deshacerse del Grupo Vietnam Rubber «podría ser, políticamente, una de las cosas más importantes que haya hecho nunca el FSC», la forma en que el consejo lo hizo apunta al gran problema. Como el FSC no reparte sus propios certificados, no podía dejar de certificar al Grupo Vietnam Rubber. En lugar de eso, tuvo que deshacerse de la empresa a través de medios de «disociación» bastante opacos. La razón por la que el FSC está «utilizando ese mecanismo como medida desesperada final es que no pueden controlar a los certificadores», dijo Counsell.

En teoría —como se apresuran a aclarar los portavoces de FSC— cualquier problema con un certificador debería llevar a una auditoría de Accreditation Services International (ASI), empresa alemana que se encarga de certificar a los certificadores.

En la práctica, esto no ha sucedido siempre. Por ejemplo, en 2012, la empresa Gibson Guitar llegó a un acuerdo con el departamento de justicia de los Estados Unidos para evitar que se iniciara un proceso jurídico por sus importaciones de madera talada de forma ilegal en Madagascar y obtenida de forma dudosa en India. La empresa pagó 300 000 dólares en multas y perdió 262 000 en madera como parte del acuerdo. Gibson sostenía que la madera de India había sido verificada con una categoría especial del FSC llamada Madera Controlada, que requiere un nivel de escrutinio inferior al de «Certificada por FSC», y que provenía de una cadena de suministro de Madera Controlada por el FSC. Esta madera no estaba bajo sospecha por violar estándares ambientales, sino por incumplir la ley india relacionada con la manufactura y exportación, que está fuera del alcance de la verificación de Madera Controlada.

Sin embargo, la repercusión de los casos sacó a la luz la relación de Gibson con un grupo que había certificado algunas de sus operaciones, Rainforest Alliance SmartWood (ahora bajo el nombre RA-Cert). El Director Ejecutivo de Gibson había trabajado en el consejo de la empresa matriz de esa compañía de certificación, la conocida ONG Alianza para los bosques, uno de los fundadores del FSC. Según un artículo publicado en 2011 en The Tennessean, Gibson había donado a Alianza para los bosques cientos de miles de dólares en guitarras y dinero en efectivo para apoyar la misión de la ONG.

Alianza para los bosques dijo que había grandes muros entre sus auditorías y sus otras oficinas, y que dejaron de aceptar algunas contribuciones de la empresa, según The Tennessean. Un portavoz de Alianza para los bosques le dijo a Mongabay que los certificados otorgados a Gibson están «inactivos» en la actualidad. Aun así, el posible conflicto de interés no hizo que ASI vigilará a SmartWood, según los resúmenes públicos disponibles en la web de ASI. El FSC Watch llama a SmartWood el «más prolífico» de los certificadores. Fue la empresa que, bajo el nombre RA-Cert, certificó algunas operaciones de La Oroza, empresa peruana de tala investigada por comerciar con madera ilegal.

«Nadie conseguiría certificados si obligáramos a cada auditor a vigilar todas las partes de una empresa», dijo Corey Brinkema, presidente de FSC Estados Unidos. Aunque Brinkema dijo que no estaba enterado de los casos del Grupo Vietnam Rubber y La Oroza, enfatizó que, en general, el sistema del FSC es bueno para conseguir equilibrio entre todas las dificultades inherentes en los intentos de reformar el sector forestal.

Las empresas forestales, dijo Brinkema, a menudo son muy grandes y se extienden en distintos países y continentes. Una empresa forestal que reciba el certificado del FSC por una parte de sus operaciones tiene derecho a comerciar con productos con la etiqueta FSC, pero eso no significa que todas sus operaciones cumplan con sus normas. Podría tener cadenas de suministro pequeñas que producen madera certificada por el FSC, y otras que venden madera tradicional —igual que una granja puede vender productos orgánicos y tradicionales.

Según Brinkema, este aspecto del sistema hace que persista el problema de las empresas que consiguen un certificado del FSC para una pequeña parte de sus operaciones y lo utilizan para lavar la imagen del resto —a pesar de lo que llamó «actividades atroces» como apropiación de tierras de los aldeanos, criar árboles modificados genéticamente o desmontar bosque primario para crear plantaciones. La política del FSC es disociarse de una empresa al completo cuando sus sucursales realicen prácticas destructivas. No obstante, no es trabajo del auditor comprobar cada parte de cada empresa. En lugar de eso FSC depende de grupos de terceros como Global Witness para presentar demandas y descubrir los malos comportamientos.

Así es cómo funcionan muchos de los consejos de licencia profesionales, y al igual que un consejo médico atascado por las quejas que ha recibido sobre un médico, hay un equilibrio entre emprender acciones rápidamente para eliminar a los infractores y la celebración de un juicio justo para los acusados de cometer las infracciones.

«A veces estas cosas llevan más tiempo del que quisiéramos», dijo el portavoz de FSC Estados Unidos Brad Kahn a Mongabay. En general, dijo, la expulsión del Grupo Vietnam Rubber es prueba de que el sistema funciona: puede ser lento, pero ese es el precio que hay que pagar por ser una organización construida en torno al consenso democrático y los procesos debidos. Kahn citó la frase de Winston Churchill sobre que la democracia es la peor forma de gobierno exceptuando todas las demás.

Cortejar al mercado

Aparte del asunto de la certificación, hay otro más práctico: el modelo del FSC se basa en la idea de que las empresas que siguen las mejores prácticas forestales pueden conseguir más dinero. Sin embargo, más de veinte años después de la creación del consejo, según FSC Estados Unidos, incluso con los productos «Certificados por el FSC» solo se consigue alrededor de un cinco por ciento más, como máximo, que con el equivalente en productos no certificados. En estos momentos, solo el cuatro por ciento de los estadounidenses saben qué es el FSC o les importa comprar sus productos.

El objetivo del FSC es la expansión. En 2015 lanzaron un nuevo plan estratégico que pretendía conseguir el veinte por ciento de los productos de madera del mercado mundial para 2020. Para conseguirlo, el plan cuenta con tres puntos. Endurecerá sus normas y optimizará el cumplimiento para que la gente confíe en la marca FSC; ayudara a «aumentar la preferencia del consumidor» para que haya más incentivos para la empresa maderera al comprar en el sistema, y optimizará su burocracia interna.

Counsell, cofundador del FSC y crítico con ellos, sostiene que la operación tiene que pensar en tomar la dirección contraria. Después de todo, como hay tan pocos consumidores ordinarios que compren madera FSC, el mercado corporativo es crucial —y el hecho de que las empresas no puedan confiar en el certificado FSC para garantizar madera legal es un problema potencialmente abrumador a menos que se aborden esas cuestiones.

«Creo que salvar el sistema va a requerir un enfoque muy diferente al que ha prevalecido en los últimos quince años», dijo Counsell. Afirma que los certificados del FSC ahora son «casi irrelevantes» como garantía de madera legal o ética, y que el consejo debe reducir el número de certificados que ofrece y centrarse en la calidad. Añadió que «de lo contrario, están probablemente condenados».

Corrección (22 de enero de 2016): Una versión anterior de esta historia contenía varios errores que el portavoz de FSC Estados Unidos y la Alianza para los bosques indicaron a Mongabay. La versión anterior afirmaba de forma equivocada que si la madera ilegal mencionada al principio no hubiera sido interceptada por las autoridades, se habría vendido con el logo de FSC. También daba a entender que la madera ilegal importada por el grupo estadounidense de manufactura de guitarras Gibson estaba «Certificada por FSC» cuando en realidad solo cumplía con los criterios mucho más bajos de «Madera Controlada». Además, señalaba de forma errónea que Rainforest Alliance SmartWood había certificado la madera en cuestión. Por último insinuaba que FSC apoya el comercio de carbono, algo que no es cierto. La versión actual corrige esos errores y proporciona aclaraciones adicionales. Lamentamos los errores.

Citas

• Miteva, D.A., Loucks, C.J., Pattanayak, S.K. (2015). Social and Environmental Impacts of Forest Management Certification in Indonesia. PLoS ONE 10(7): e0129675.
• CIFOR (2014). Social impacts of the Forest Stewardship Council certification: An assessment in the Congo basin. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.
• Global Witness (2013). Rubber Barons: How Vietnamese companies and international financiers are driving a land grabbing crisis in Cambodia and Laos. Global Witness, London, UK.