Nuevas formas de combatir las violaciones de los derechos humanos en la industria pesquera

Cuando Bayani consiguió trabajo en el extranjero en la industria pesquera a través de un intermediario en su país, Filipinas, le hablaron de un trabajo que se le daba bien y le gustaba y que podría mantener a su familia. No esperaba que lo obligaran a pescar de forma ilegal, lo encerraran en un barco de pesca o que su jefe le quitara el pasaporte y otros documentos. Con todo esto, afirma que si su familia hubiera recibido su sueldo, como él pensaba que sucedía, se habría mantenido en silencio. No obstante, cuando Bayani se enteró de que un tercero estaba quedándose con su sueldo para pagar una supuesta deuda que tenía su jefe, decidió romper el silencio sin importarle las consecuencias.

El calvario de Bayani se alargó durante meses en los que temió por su bienestar y el de su familia. Sin embargo, al tener un teléfono móvil y un antiguo jefe que tenía influencia sobre el actual, pudo finalmente escapar de esa situación. Muchos otros pescadores de la industria pesquera mundial no tienen la misma suerte. Bayani no fue secuestrado ni esclavizado; no tuvo que presenciar asesinatos, explotación infantil ni abusos sexuales ─todas ellas prácticas documentadas en las cadenas de suministro de la industria pesquera.

Las violaciones de los derechos humanos en la industria pesquera han acumulado titulares, lo cual ha hecho que los gobiernos, ONG, empresas y consumidores se planteen una visión más holística de la sostenibilidad que incorpore la responsabilidad social además de ambiental. Recientemente, han surgido nuevos enfoques para mejorar el historial de derechos humanos de esta industria. Estos suelen plantearse añadir una dimensión social a los sistemas de certificación de pescado sostenible o mejorar la supervisión con adaptaciones tecnológicas. Sin embargo, los expertos aún no se han puesto de acuerdo en qué enfoques podrían funcionar o cuáles adoptar.

«Es difícil entender el alcance de la explotación que tiene lugar en las cadenas de suministro de la industria pesquera en el mundo», contó a Mongabay Shawn MacDonald, director de programa sénior de la ONG Verité, con sede en Massachusetts y centrada en los derechos laborales. «Vemos explotación severa, —tráfico humano en la pesca— en muchas regiones, no solo en las que son el foco de atención como el sureste asiático».

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha identificado más de 50 países en los que el pescado proviene de la llamada pesca «manchada por la esclavitud». Muchos de esos países son proveedores de los mercados europeos y estadounidenses. MacDonald dijo que es un problema sistémico en las cadenas de suministro de pescado capturado y de pescado criado con acuicultura, donde son habituales los trabajos que inglés llaman «three Ds» (dirty, sucios; dangerous, peligrosos, y difficult, difíciles). En las diferentes industrias, este tipo de trabajos coinciden en la violación de los derechos humanos con prácticas como tráfico humano, esclavitud, explotación infantil y abusos sexuales, sobre todo cuando hay actividades ilegales implicadas.

Las actividades ilegales son muy habituales en la industria pesquera. Según un estudio, hasta el 32 por ciento del pescado capturado e importado a los Estados Unidos es ilegal. Aproximadamente el 90 por ciento del pescado que consumen los estadounidenses es importado, y si hablamos de la acuicultura, que ya alcanza cerca de la mitad de las importaciones de pescado de EE.UU., también hay seria preocupación.

Sin embargo, MacDonald mantiene la esperanza de que se puedan solucionar las violaciones de los derechos humanos en la industria pesquera. «Aunque el sector de la pesca sea uno en el que los desafíos son particularmente intensos… es importante recordar que existen soluciones», afirmó.

La industria pesquera está en una posición delicada desde hace tiempo por asuntos medioambientales como la sobrepesca y la degradación de hábitats, pero las herramientas desarrolladas por las ONG, grupos de la industria y gobiernos, a veces trabajando en colaboración, han empezado a dar sus frutos. Lo más visible son los sistemas de certificación en los que se pone un sello de aprobación a los productos de la industria pesquera que demuestra a los consumidores que cumplen con ciertos requisitos. El sistema de certificación más reconocido es el del Consejo de Vigilancia Marina (MSC por sus siglas en inglés) con sede en Londres, que defiende la pesca capturada de forma sostenible y las cadenas de suministro que puedan verificar que el pescado de la carga encaja con lo que dice el etiquetado. Hay un conjunto de otros sistemas que complementan a este y en algunos casos compiten directamente con él.

Algunos expertos en pesca están intentando establecer los sistemas de certificación como una forma de abordar simultáneamente los riesgos para los derechos humanos y otros problemas sociales, y sostienen que no puede haber pesca realmente sostenible si las condiciones laborales no mejoran.

Mia Newman, gestora de inversión en la fundación de San Francisco Humanity United es una de ellos. «Creemos que debemos incorporar tanto el medioambiente como las prácticas y normas sociales a las herramientas con propósitos ambientales que ya existen », explicó Newman a Mongabay. «Cada vez más herramientas centradas en el medioambiente están explorando cómo incorporar a la estructura existente algunos de los criterios e indicadores de explotación laboral y otras cuestiones sociales».

No todo el mundo está de acuerdo en que los sistemas de certificación tengan que englobar tanto.

«Los sistemas de certificación de sostenibilidad de terceros fueron una mejora importante sobre la antigua forma de hacer las cosas», afirmó para Mongabay Grimur Valdimarsson, antiguo director de Productos de Pesca y División de Industria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. «Reconozco que tienes que ser bastante mala persona para ir en contra de la mejora de los derechos humanos, los seguros médicos para los trabajadores, unas condiciones de trabajo seguras o algo de seguridad contra la explotación infantil. Sin embargo, esta búsqueda de un enfoque que lo abarque todo está empezando a frenar el progreso real, lo cual según mi punto de vista, es grave».

Como ejemplo, Valdimarsson señaló al esfuerzo internacional por aclarar la confusa profusión de sistemas de certificación de pescado conocido como Iniciativa Global de Pesca Sostenible. El pasado Otoño, la ONG WWF, fundadora de MSC, criticó la iniciativa, en parte por su decisión de no tener en cuenta cuestiones sociales que afectaran a la sostenibilidad de las operaciones pesqueras. «Esta búsqueda de lo perfecto empieza a frenar el progreso por conseguir controlar la pesquería», dijo Valdimarsson.

Valdimarsson mantiene que los problemas con los derechos humanos están relacionados con la política y que los políticos deberían administrar justicia social. «Si no consiguen hacerlo, en los países democráticos elegimos a políticos nuevos», dijo. «Estoy completamente en desacuerdo con quienes mantienen que no se puede tener pesca sostenible sin abordar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, por importantes que estos sean».

Hasta ahora, no ha nacido ningún sistema de certificación que lo englobe todo y aborde todos los factores de forma rigurosa, aunque algunos criterios ambientales han dado pasos en esa dirección. Por ejemplo, MSC introdujo un nuevo requisito en 2014 según el cual las empresas enjuiciadas por explotación laboral no podrían acceder a la certificación de MSC, «MSC condena el uso de trabajo forzoso», dijo a Mongabay el Director de Medios de MSC, Jon Corsiglia, apuntando que el grupo suele participar con otros grupos que desarrollan normas sociales para la industria de la pesca. «El trabajo forzoso y el bienestar humano son temas cada vez más importantes para el consumo ético de pescado».

Al mismo tiempo, un enfoque parecido toma los sistemas de certificación que tratan exclusivamente los asuntos sociales y luego los intenta agregar a sistemas de certificación ambiental independientes. Uno de ellos es Seafish, un organismo público del Reino Unido que representa a la industria pesquera. «Creo que los temas son tan variados que necesitaremos diferentes herrameintas», contó a Mongabay Tom Pickerell, director técnico de Seafish.

Seafish se centra específicamente en un proyecto al que llama Sistema de Pesca Responsable (RFS por sus siglas en inglés). El RFS se lanzó formalmente en enero y es un programa auditado independientemente para certificar los buques de pesca que cumplan con altos estándares de bienestar entre la tripulación y prácticas de captura responsables.

«El RFS de Seafish complementa otras normas y en particular puede ser incluido a las certificaciones de peces silvestres para proporcionar más garantías en torno al rendimiento de los buques y las tripulaciones en la pesca en cuestión», dijo Pickerell. Seafish y MSC colaboran en un proyecto piloto en el sur de Inglaterra con el cual una compañía de pesca de marisco pretende tener la certificación de MSC y los barcos que participan en la pesca pretenden recibir la certificación del RFS. «Lo llamamos el enfoque de “las muñecas rusas”», dijo Pickerell.

El enfoque de las muñecas rusas puede llevarse un paso más lejos si hablamos de acuicultura, según Pickerell. Una piscifactoría puede tener certificación por la acuicultura, más la certificación de la empresa que suministra la comida para los peces, más la certificación del RFS de los barcos que capturan el pescado para la empresa suministradora.

Aurora Alifano, directora de proyecto de FishWise, organización defensora de la pesca sostenible sin ánimo de lucro con sede en California, apoya la idea de añadir criterios relativos a los derechos humanos en los sistemas de certificación de pescado. Apuntó que esos sistemas exigen que la industria desarrolle nuevas capacidades para rastrear el origen del pescado. Aunque también dijo que la industria debería ir más lejos para tratar el problema de los derechos humanos.

«La implementación de prácticas de rastreo robustas —en las que todos los eslabones de la cadena de suministro puedan hacer un seguimiento de la llegada, procesamiento y envío del pescado— es un primer paso importante para reducir la pesca ilegal, la violación de los derechos humanos, el etiquetado falso del pescado y el fraude. Sin embargo, no es la única herramienta que hace falta para afrontar los problemas sociales», dijo a Mongabay.

Alifano cree que la aplicación de mecanismos tradicionales de protección para los trabajadores en la industria pesquera —como procesos para presentar reclamaciones, animar a los trabajadores a organizarse y asegurar salarios dignos— otorgará garantías adicionales.

También hay algunas herramientas tecnológicas en el horizonte que podrían ayudar. Seafish, junto con el programa Monterey Bay Aquarium’s Seafood Watch y la ONG Sustainable Fisheries Partnership, está desarrollando una aplicación de evaluación de riesgos para los derechos humanos que informará a los compradores comerciales de pescado sobre cualquier empresa, país o región en los que se hayan identificado problemas. Por ejemplo, uno de los estándares de la primera versión de la aplicación es que busca si un país es signatario de la Convención sobre el Trabajo Forzado o los Protocolos de Palermo de la ONU, acuerdos internacionales que entre ellos tratan los temas de la esclavitud en el trabajo, la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. «La herramienta permitirá a los compradores que investiguen sobre riesgos potenciales y, cuando sea factible, que apliquen o exijan mitigaciones», dijo Pickerell.

Newman de Humanity United señaló otras tecnologías en desarrollo que pueden monitorear las prácticas y los derechos de los trabajadores en los buques pesqueros en el mar. Por ejemplo, el seguimiento con GPS puede rastrear la localización de un barco e identificar puntos en los que se podría estar subiendo o bajando a pescadores de un barco. Los vídeos en tiempo real podrían ofrecer la posibilidad regular de que los pescadores muestren que todo está bien a su familia o las autoridades laborales. Además, Newman pone la vista en sistemas de pago a los trabajadores a través del teléfono móvil, lo cual permitiría a un organismo auditor como una ONG o agencia gubernamental que identificara casos de impago o de pagos de salarios demasiado bajos.

Los expertos concuerdan en que el conjunto de nuevos enfoques —aplicados a varios niveles, desde la propia industria pesquera hasta ONG y agencias del gobierno— tienen posibilidades para mejorar el historial de derechos humanos de la industria. Aunque, dicen, todavía queda mucho trabajo por hacer.

«Con estas herramientas habrá una mejora significativa, pero hará falta mucho tiempo y un compromiso constante para ver realmente este cambio», dijo Newman. «Tendremos que seguir estando atentos y ser responsables de la implementación de este cambio para que se reconozca realmente el coste de llevar productos de la pesca, la agricultura o las fábricas hasta nuestros platos».

Citas

• Pramod, G., Nakamura, K., Pitcher, T. J., & Delagran, L. (2014). Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA. Marine Policy48: 102-113.