- Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, visitó Brasil en marzo.
- En una declaración final publicada el 17 de marzo, concluyó que los pueblos indígenas de Brasil están en riesgo por el alarmante aumento de la violencia y por los proyectos de explotación de recursos naturales que amenazan su existencia.
- Por ejemplo, en 2014, el Consejo Indigenista Misionero, afiliado a la Iglesia Católica, documentó el asesinato de 138 líderes indígenas en Brasil, comparados con 92 en 2007, señaló Tauli-Corpuz. Hombres armados abrieron fuego contra una aldea indígena horas después de que dejara el país.
- Mencionando la incapacidad del gobierno de cumplir las protecciones legales consagradas por la Constitución de Brasil y otros factores, como algunos intentos de debilitar las protecciones legales de los pueblos indígenas y el medioambiente en el Congreso, Tauli-Corpuz advirtió que "el riesgo de efectos etnocidas en estos contextos no puede ser pasado por alto ni subestimado".
Los pueblos indígenas de Brasil están en riesgo por el alarmante aumento de la violencia y por los proyectos de explotación de recursos naturales que amenazan su existencia.
Eso afirmó la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, tras su visita al país el mes pasado. Durante su estadía de once días, y en su declaración final, Tauli-Corpuz abordó una amplia lista de problemáticas que estos pueblos enfrentan, enfocándose particularmente en la demarcación de tierras, los megaproyectos y los ataques.
“Brasil cuenta con una serie de principios constitucionales ejemplares relativos a los pueblos indígenas y ha sido líder mundial en demarcación de tierras indígenas”, sostuvo Tauli-Corpuz en una declaración emitida el 17 de marzo, al final de su visita al país.
Sin embargo, no se han logrado progresos en cuestiones preocupantes ni en las recomendaciones clave formuladas por su predecesor, James Anaya, luego de su visita en 2008, aseveró Tauli-Corpuz. Los procesos de demarcación de tierras se han detenido, los desalojos continúan, falta la consulta, y los asesinatos y amenazas se perpetúan con impunidad, condenó la Relatora.
“Los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas son más profundos que nunca desde la adopción de la Constitución de 1988”, aseguró.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI), afiliado a la Iglesia Católica, ha documentado asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas en el país. El consejo fue establecido como parte de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil en 1972, un año después de acuñarse el término “teología de la liberación” — movimiento teológico latinoamericano originado en Brasil con énfasis en la liberación de toda injusticia y opresión.
En 2014, el CIMI documentó 138 asesinatos de líderes indígenas en Brasil, contra 92 cometidos en 2007, indicó Tauli-Corpuz. El Estado con mayor número de muertes es Mato Grosso del Sur, uno de los tres visitados por la Relatora Especial de Naciones Unidas. Tauli-Corpuz llegó hasta las comunidades guarani-kaiowá que reclaman tierras tradicionales en Mato Grosso del Sur, en la parte suroeste del país, en la frontera con Paraguay. Algunas comunidades, como Kurusu Ambá, se encuentran en procesos de demarcación desde hace casi una década.
“Los ataques y asesinatos con frecuencia constituyen represalias en contextos donde los pueblos indígenas recuperan sus tierras ancestrales después de largos periodos de espera para poder completar el proceso de demarcación”, dijo Tauli-Corpuz en su declaración.
“Es extremadamente alarmante que una serie de estos ataques, que incluyen disparos de arma de fuego y heridos entre los pueblos indígenas en las comunidades de Kurusu Ambá, Dourados y Taquara en Mato Grosso Del Sur, fueran cometidos después de mi visita a esa zona”, agregó.
Hombres armados a caballo y en camionetas dispararon contra los guarani-kaiowá y kurusu ambá pocas horas después de la visita de Tauli-Corpuz el 10 de marzo, según CIMI. No es la primera vez que esto ocurre. Ni siquiera fue la primera vez en lo que va del año. El 31 de enero, hombres armados dispararon contra los campamentos de los kurusu ambá y quemaron uno por completo, reportó la misma fuente. Cuatro líderes indígenas fueron asesinados en Kurusu Ambá desde 2007, de acuerdo al grupo.
Ita Poty, otro sitio con reclamos de tierra de los guarani-kaiowá en Mato Grosso del Sur, fue atacado el 12 de marzo, también durante la estadía de Tauli-Corpuz en Brasil. Hombres armados abrieron fuego contra familias e hirieron de gravedad a Isael Reginaldo, quien fue llevado de urgencia al hospital con múltiples heridas. Los ganaderos que ocupan tierras de los guarani-kaiowá están detrás de los ataques, según informes de ONG y la prensa local.
Los asesinatos a lo largo del país con frecuencia se vinculan con conflictos territoriales, pero los pueblos indígenas también son víctimas de violentos crímenes de odio en los asentamientos urbanos. El 30 de diciembre de 2015, Vítor Pinto, de dos años, fue apuñalado mientras descansaba en brazos de su madre en la estación de buses de Imbituba, una ciudad costera al sur de Brasil. Murió poco tiempo después.
Además de los ataques y asesinatos, los pueblos indígenas enfrentan muchos otros riesgos, según Tauli-Corpuz.
“Incluso en contextos en los que la violencia física directa contra los pueblos indígenas no se denuncia, enfrentan graves amenazas a su existencia. Esto surge de las acciones y omisiones del Estado y los actores privados en el contexto de proyectos de desarrollo impuestos a los pueblos indígenas sin consulta ni intención alguna de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, agregó.
La declaración final de la Relatora destacó varios proyectos hidroeléctricos y mineros sobre los cuales los líderes indígenas mostraron preocupación durante su visita, incluyendo la represa Tapajós en el norteño Estado de Pará; la mina de Vale y BHP Billiton que en noviembre de 2015 provocó un desastre ambiental y dejó 17 muertos por el colapso del dique de relaves en Minas Gerais; y otros emprendimientos hidroeléctricos y minas de oro y bauxita.
Las preocupaciones relativas a los proyectos de explotación de recursos naturales incluyeron la ausencia de consulta, falta de demarcación de las tierras indígenas y maniobras judiciales para evitar las demandas de los pueblos indígenas a los proyectos de desarrollo.
En el caso de la resistida represa Belo Monte que se construye sobre un tributario del río Amazonas, las dudas son las mencionadas y varias más. Ni el gobierno ni los ejecutores del proyecto han implementado las condiciones y medidas de mitigación necesarias, como el establecimiento de unidades de monitoreo para proteger las tierras indígenas, compensación por los medios de vida perdidos y el fortalecimiento de la presencia local de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), según la declaración de Tauli-Corpuz.
“Los efectos acumulativos de esta inacción colocan bajo amenaza la sobrevivencia misma de los pueblos indígenas impactados”, advirtió.
Muchos factores en juego del caso Belo Monte sirven para ilustrar lo que ocurre a escala nacional. Si agregamos escándalos de corrupción, intentos legislativos para debilitar la protección legal de los pueblos indígenas y el medioambiente, y una pizca de crisis política, el pronóstico no es el mejor.
“Por lo tanto, puede aparecer una tormenta perfecta en el horizonte, en la cual una convergencia de estos y otros factores empujará la consecución de objetivos económicos en una forma que reforzará la subordinación de los pueblos indígenas. El riesgo de efectos etnocidas en estos contextos no puede pasarse por alto ni ser subestimado”, advirtió Tauli-Corpuz.
La funcionaria de la ONU hizo varias recomendaciones preliminares al final de su visita. “Deben redoblarse los esfuerzos más allá del impasse actual en la demarcación de tierras, ya que las soluciones urgentes que se necesitan son posibles si hay voluntad política”, aseguró. También llamó al gobierno de Brasil a tomar medidas inmediatas para proteger a los líderes indígenas y avanzar en las investigaciones de los asesinatos cometidos contra los pueblos indígenas.
Tauli-Corpuz presentará un informe final sobre sus hallazgos y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el mes de septiembre.
