- La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice, quienes representan a las víctimas por contaminación, apoyan la medida.
- La Oroya fue catalogada a nivel internacional como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
- Las 65 personas que originalmente están amparadas por las medidas cautelares también forman parte de la demanda por violación de derechos humanos al Estado peruano que está en proceso.
Han pasado 6 años, pero se logró. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado peruano que agregue a 14 personas más a la lista de los ciudadanos afectados por intoxicación de metales pesados del Complejo Metalúrgico de la ciudad de La Oroya en la región de Junín.
Las medidas cautelares fueron emitidas en un inicio en el 2007 y contemplaban solo a 65 personas. “Estas medidas sirven para que el Estado peruano brinde atención médica y diagnóstico especializado a los que sufren de intoxicación por metales pesados en el caso La Oroya. Si el Estado los aplica, previene que sucedan nuevos casos con daños irreparables”, explica para Mongabay la abogada sénior María José Veramendi, de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA).
La ampliación del número de beneficiados de la medidas cautelares, que ahora son 79, no hace más que ratificar que la población continúa afectada y en riesgo, sin una ayuda adecuada del Gobierno.
La contaminación por metales pesados proviene específicamente de la refinería del Complejo Metalúrgico de La Oroya que, pese a estar en conversaciones para su relanzamiento, cuenta con un nuevo Instrumento de Gestión Ambiental que ha programado 14 años más de contaminación sin ningún tipo de control, según la investigación de Convoca.pe.
La ciudad es reconocida por su actividad minera polimetálica desde comienzos del siglo XX, sin embargo, desde finales de la década de los noventa se comenzó a poner atención en la contaminación minera. La Oroya ha sido declarada como una de las ciudades más contaminadas del mundo, según el Instituto Blacksmith.
La CIDH determina que las medidas cautelares implican que el Estado peruano realice revisiones periódicas del nivel de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de los afectados para brindarles un tratamiento acorde a niveles internacionales.
No obstante, lo que ordena la CIDH no solo incumbe al sector sanitario, sino también a la transparencia de la información porque el Estado debe dar a conocer las acciones que ha tomado para que estos sucesos no se vuelvan a repetir.
Lo que se espera
A la par del seguimiento de las medidas cautelares, se está llevando la demanda por violación de derechos humanos con las mismas 65 personas originales. “Lo que esperamos es que también el número de demandantes crezca en este caso como con las beneficiadas con las medidas cautelares”, explica la abogada Veramendi.
El Estado reiteradamente considera que estas medidas cautelares ya se cumplieron y que el nivel de toxinas ha bajado.
