Los candidatos a la presidencia del Perú y sus propuestas ambientales

El Perú es reconocido a nivel mundial por su enorme riqueza cultural y diversidad biológica, incluso ocupa el cuarto lugar en biodiversidad en una lista que elaboró Mongabay hace unos días, pero también está en los ojos del mundo por los violentos conflictos vinculados a la extracción y aprovechamiento de recursos naturales que poco a poco han demostrado que el Estado no ha sabido mediar entre los diferentes agentes que participan en el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Ante este escenario, ¿está el tema ambiental entre las prioridades de los candidatos a la presidencia?

Mongabay Latam conversó con los voceros ambientales de los partidos en disputa por el sillón presidencial. El representante de Fuerza Popular es Juan Carlos Ramírez, ingeniero de minas y exviceministro de Alberto Fujimori, preso hoy por cargos de corrupción y padre de la candidata Keiko Fujimori.

Por Peruanos por el Kambio, el representante es César Ipenza, especialista y consultor ambiental del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente.

¿Quién soluciona los conflictos sociales?

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, existen 209 conflictos sociales, 145 activos y 64 latentes. De estos, casi el 70 % son de tipo socioambiental, concentrados en las regiones Áncash, Puno, Cusco y Apurímac, zonas de extracción minera y gasífera.

Este panorama ha obligado a los dos candidatos a proponer diversos mecanismos para que el Estado pueda mediar de manera efectiva en los conflictos. Fuerza Popular ha anunciado que nombrará a un Alto Comisionado para que articule los intereses de la empresa privada, la sociedad civil y el Estado.

Pero ¿qué pasará en las zonas calientes en los que los conflictos han ocasionado muertos? Ramírez, de Fuerza Popular, sostiene que se implementará un programa Mina-Bosque , en el que el tema forestal se desarrollará en paralelo a la minería.

“Todas las minas tienen que reservar una parte de sus ingresos para efectuar un cierre de mina adecuado, que compense los impactos ambientales que hayan podido tener durante su operación. Estos son cientos de millones de dólares que las empresas mineras tienen que invertir o pagar al Estado Peruano para estos fines y que se encuentran actualmente en cartas fianzas en favor del Perú”, así se describe este programa en el plan de gobierno de Fuerza Popular.

“El agua será en primer lugar para el consumo humano, agricultura, ganadería y luego para el resto de actividades productivas”, señaló la candidata Keiko Fujimori en el primer debate presidencial ante su oponente PPK, realizado este domingo pasado. Una promesa electoral importante, ya que fue la preocupación de la población cajamarquina por el agua, la que a través de una serie de protestas sociales detuvo la inversión del proyecto minero Conga, valorado en mas de 4.8 millones de dólares.

En la otra esquina, el vocero de Kuckzynski considera que los conflictos ambientales pueden solucionarse dando suficiente participación a la ciudadanía. “Todo proyecto es perfectamente viable siempre y cuando cumpla con las exigencia del Estado y los mecanismos de participación ciudadana que la Ley exige”, apunta Ipenza.

Para prevenir futuros casos de conflicto social, PPK implementará un nuevo sistema llamado “Adelanto Social”, que promoverá la instalación de mejores condiciones de vida y sociales (escuelas, hospitales y servicios básicos) para la población que viva en las zonas de influencia de los proyectos extractivos.

“No podemos decir si un proyecto causará un impacto si ni siquiera se ha hecho. También consolidaremos el rol del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE) para la valuación del Estudio de Impacto Ambiental y realizaremos una evaluación integral al sistema de la Ventanilla Única”, explicó para Mongabay, Ipenza.

Para José de Echave, experto en temas de conflictividad social y exviceministro de Gestión Ambiental del actual Gobierno, ninguno de los planes resuelve el problema de fondo. Sin embargo, Echave señala su preocupación ante las declaraciones de la candidata fujimorista de utilizar a las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, que podrían utilizarse en escenarios de conflictividad socioambiental, como ya se ha visto en enfrentamientos entre la población y la policía.

“No podemos decir que los planes de gobierno son iguales porque si veo a una candidata que dice que va a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para resguardar la “seguridad ciudadana”, evidencia una estrategia particular de manejo de conflicto socio-ambientales, ese escenario me preocupa aun más”.

Consulta previa y titulación de tierras

En la mayoría de los conflictos socioambientales, según la Defensoría del Pueblo, el principal reclamo de los pueblos indígenas es que se realice de manera adecuada el proceso de consulta previa que permite que el Estado Peruano tome en cuenta sus opiniones antes de la instalación de proyectos extractivos.

En el Perú, también la falta de titulación de los territorios en los que viven los pueblos indígenas es un problema grave. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), hasta el 2014 se registraron 1166 comunidades en toda la Amazonía que necesitan reconocimiento y titulación de más de 8 millones de hectáreas de territorio.

“Nuestro compromiso es consolidar el mecanismo de la consulta previa, pero también el Convenio 169 señala otros derechos que no se cumplen como la Educación Intercultural Bilingüe. Además aseguraremos la participación de los pueblos indígenas en el viceministerio de Interculturalidad”, respondió César Ipenza.

Respecto a la titulación de los territorios, Ipenza dijo: “continuaremos para dotar de mayor seguridad jurídica a las comunidades nativas, pero con sentido de territorio colectivo que es lo que los pueblos indígenas exigen. Sin embargo, hay que ver cada caso en particular porque hay invasión de colonos”.

Por su parte, Ramírez, de Fuerza Popular, sostuvo que su partido también respetará la consulta previa: “ En mi opinión esa es la primera consulta (refiriéndose a la titulación de comunidades) que hay que hacer si la colectividad quiere continuar como una colectividad o como una suma de predios individuales, pero con tecnología que nos permitirá saber dónde hay tala ilegal, donde están los linderos de una comunidad con otra, dónde existen comunidades nativas para levantar información rápida”, dijo.

No obstante, el director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, José Luis Capella, señala que si bien es correcto brindar a las poblaciones indígenas un derecho que les corresponde como la titulación, debe hacerse de forma ordenada y tomando en cuenta otros aspectos como el no dar tierras a migrantes cuyos cultivos afecten los bosques.

“En el caso de Keiko Fujimori su plan está más centrado a titular a comunidades nativas, pero prometen hacer una titulación total. Perú acaba de recibir dinero de Noruega para titular comunidades y su meta solo son 86 en los próximos 18 meses, eso es algo más realista”, sostuvo el especialista.

Para Capella, el principal peligro de titular a todos es que la prioridad se centra en alcanzar metas numéricas y no necesariamente en mantener los usos tradicionales de la comunidad: “Al final no se dan derechos a quienes deben y solo quieren entregar una cifra total de millones de hectáreas entregadas, eso también afecta la conservación de la Amazonia. La titulación en los planes de gobierno tiene que estar relacionada a cómo entregamos derechos en el bosque no para deforestar sino para su uso sostenible”, explicó para Mongabay.

Los bosques y las áreas protegidas

En el Perú, el 15 % del país está resguardado en áreas protegidas, sin embargo falta inversión pública para protegerlas de actividades extractivas. “La principal causa de deforestación es por el avance de la frontera agrícola, mediante pequeños predios de un promedio de 5 hectáreas en la Amazonía y es un tema que ambos candidatos no han tratado”, sostiene Capella de la SPDA.

Aunque ambos partidos concuerdan con la preservación de las áreas naturales protegidas por el Estado, el exviceministro José De Echave, considera que poco se ha dicho de esto en los planes de gobierno. “En términos generales ambos programas son bastante débiles en áreas naturales protegidas, hay varios componentes de lo que debería ser una política ambiental y no están presentes”, sostuvo el exviceministro.

De hecho, ninguno de los voceros fue contundentes al sentar la posición de su partido sobre la creación de dos nuevas zonas protegidas propuestas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp): la reserva del Mar Pacífico Tropical ubicada entre las regiones de Piura y Tumbes y a la zona reservada de Yahuas en la región de Loreto.

“No hemos hablado formalmente de eso, pero si están los expedientes listos y se han hecho la consulta previa, el Estado debe hacerlo”, respondió Ipenza. Por su parte, Juan Carlos Ramírez de Fuerza Popular dijo que se necesita “un nuevo marco de defensa de reservas y parques y en qué partes se puede trabajar afectando mínimamente el medio ambiente, pero también reponiéndolo”.

Según las últimas cifras que ha dado el Gobierno, en el Perú se han deforestado más de 170 000 hectáreas de bosques hasta el 2014, equivalente a más de 15 veces el área total de la isla de Cuba. También se ha confirmado que cada año el Perú pierde entre 120 000 a 130 000 hectáreas de bosque, en el 2014 se alcanzó la mayor cifra de los últimos 10 años.

“Tenemos el compromiso de incrementar el Programa de Conservación de Bosques, queremos incrementar el número de comunidades adscritas a este programa, que realiza un pago por una hectárea de bosque bien cuidado”, manifestó Ipenza, de Peruanos por el Kambio.

“PPK trata el tema de cambio de uso de suelo y el cambio climático porque quieren llegar al 2021 con una deforestación neta cero, da continuidad al Programa de Conservación de Bosques y quiere aprovechar los recursos provenientes del cambio climático. En el caso de Keiko Fujimori su plan está más centrado a titular a comunidades nativas, pero prometen hacer una titulación total al 2021, no sé cómo lo harán, me parece una medida populista”, criticó el especialista en bosques de la SPDA.

Respecto a los constantes derramamientos de petróleo que han sucedido en las comunidades de Chiriaco, Morona, o de fisuras en el gasoducto del sur de Perú por el proyecto Camisea, los especialistas de los partidos también se han pronunciado.

“Si es una empresa pública debemos colocar gente idónea. Yo podré fiscalizar si tengo un organismo fiscalizador serio y consolidado, que tenga los recursos para hacerlo”, dijo Ipenza. Además negó que se vaya a fusionar el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas como sostuvo el candidato PPK en un inicio, “no habrá fusión, fortaleceremos al MINAM”, respondió.

“Los lugares protegidos son los que hay que proteger como reservas y parques naturales, luego lo que está afuera y se está contaminando seriamente como con el mercurio”, dijo por su lado, Ramírez.

Por su parte, la candidata Keiko Fujimori expuso en el primer debate presidencial sobre las sanciones a una empresa privada o estatal que ocasione la contaminación ambiental. “Desde una multa severa hasta la cancelación de la licitación, la multa será utilizada para indemnizar a la población afectada”, alertó.

Minería ilegal e informal

Un tema que puso los reflectores en el tema ambiental durante esta campaña ha sido el de la minería ilegal, una actividad que ha crecido vertiginosamente en el Perú y que solo en Madre de Dios ha deforestado más de 2500 hectáreas de bosque entre el 2013 y el 2015 cerca de la Reserva Nacional de Tambopata, según un reporte de Amazon Conservation Association (ACA) y la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA).

La atención se concentró aún más en la candidata Fujimori, al firmar hace una semana un compromiso con los mineros informales e ilegales en el que se comprometía a derogar los decretos que fiscalizaban estas actividades y establecían las pautas para la formalización.

El vocero de Fuerza Popular en temas ambientales consideró que este grupo de decretos legislativos “están muy mal” y planea derogarlos para dar paso a un equipo eficiente que solucione este conflicto. Respecto a ese mismo tema, Ipenza señaló que no van a derogar esos decretos, sino que promoverá la creación de un Banco de Fomento Minero de naturaleza mixta para brindar crédito a los mineros que deseen formalizarse.

Pedro Pablo Kuczynski sostuvo en el debate presidencial, tratando de marcar la diferencia con la candidata de Fuerza Popular: “tenemos que proteger nuestra Amazonía, si apoyamos estas cosas estaremos muy mal”.

“Siento más riesgo en Fuerza Popular porque la orientación política significa más presión en las áreas protegidas”, sostuvo Capella. “La candidata acaba de firmar un convenio con mineros ilegales y les promete que va a eliminar una normativa, que no puede haber logrado los resultados que esperamos, pero que son los primeros pasos para distinguir lo informal de lo ilegal, decir dónde hay ilegales, y medir el impacto en la Amazonia”, sostuvo el experto.

En una declaración pasada, la candidata Keiko Fujimori insistió en ello, “El Plan Perú de Fuerza Popular es claro y no hay lugar para enmiendas”, enfatizó.

El perfil del candidato también importa

De Echave plantea que si bien es importante revisar los planes de gobierno, también lo es considerar la conducta política de cada candidato. “Más que centrarme en lo que dicen o no dicen los planes, es el perfil de los actores políticos de cada plan lo que debe llamar nuestra atención, y ambos consideran a la consulta previa como una traba, el escenario que se viene es bastante complicado”.

“El problema es que a la par que dicen que van a invertir en las áreas protegidas por el Estado se contradicen porque promueven las actividades que las afectan, por ejemplo, Fuerza Popular ha realizado convenios con los mineros ilegales e informales en la Reserva Nacional de Tambopata”, sostiene el especialista en bosques de SPDA, Juan José Capella.

El plan de gobierno ambiental de Peruanos por el Kambio se encuentra en el bloque “Propuestas para un país con mayor bienestar social” en el primer apartado con la sección de Protección del medio ambiente que se desarrolla desde la página 114 a la 129. Por su parte Fuerza Popular trata el tema ambiental en el Sexto Bloque: Recursos naturales y medio ambiente desde la página 54 al 70 de su plan de gobierno.