- BNDES está financiando empresas de la construcción brasileñas para construir grandes proyectos hidráulicos en la cuenca del Amazonas. Los críticos argumentan que estas presas carecen de las garantías suficientes para salvaguardar el medioambiente, la población local y los grupos indígenas.
- Más controvertidos son los préstamos del banco para proyectos internacionales, como parte de un gran programa conocido como IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Casi 600 proyectos están bajo el paraguas del IIRSA.
- El IIRSA está explotando recursos naturales remotos vinculándolo con la economía global a través de una gran red de energía, transporte y comunicación –un plan que algunos dicen tiene como objetivo hacer de Brasil una importante potencia regional–.
- BNDES es un financiador clave del IIRSA y ha dado grandes préstamos a empresas constructoras brasileñas para proyectos internacionales que algunos dicen podrían causar un daño irreparable a la biodiversidad del continente.
En este, el quinto de seis artículos, Sue Branford profundiza en la historia y probable futuro del IIRSA y su relación con BNDES.
Según un estudio reciente del antropólogo Paul E. Little, más de 400 presas hidráulicas ya están en funcionamiento, en fase de construcción o en fase de planificación para la cuenca del Amazonas y sus nacimientos. Si se finalizan, esas presas juntas afectarían a cinco de los seis ríos que desembocan en el Amazonas.
Escribe que, tal frenesí en la construcción constituiría un “experimento hidrológico” y crearía unos cambios adversos irreversibles para la biodiversidad y la forma de vida de los pobladores locales, especialmente los pueblos indígenas.
Las presas propuestas son una mezcla heterogénea. Algunas no son más que quimeras en las mentes de los burócratas, pero otras son proyectos serios. Después de un estudio meticuloso, el científico estadounidense Philip Fearnside, del INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia), concluyó que el gobierno brasileño tenía serios planes para generar electricidad de todos los afluentes principales del Río Amazonas al este de la ciudad de Manaos.
Hasta hace poco, el gobierno brasileño claramente planificaba completar 19 de esas presas para 2023, con una pocas ya construidas –en particular dos en el Río Madeira en la cuenca occidental del Amazonas y Belo Monte en el Río Xingú–. Pero una copia filtrada del último plan energético a 10 años del gobierno, obtenida por el periódico O Estado de S. Paul, sorprendentemente mostraba que todas las presas, excepto por el gigantesco proyecto hidráulico de São Luiz do Tapajós, han sido discretamente retiradas del proceso de planificación, por ahora.
Parece que la cuenca del Amazonas obtendrá una prórroga provisional de la construcción de presas –un giro político que se cree que en gran medida es el resultado del actual caos del gobierno debido al escándalo Lava Jato (Lavado a Presión) y el proceso de destitución presidencial–. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que el gobierno haya abandonado los planes a largo plazo para continuar con las presas.
El programa IIRSA empieza a impulsar el desarrollo sudamericano
Sin embargo, la aparente pausa del gobierno en la construcción de presas brasileñas no se extiende a los esfuerzos de la construcción de infraestructuras en otros países sudamericanos, sobre todo en la Amazonía Andina, donde Brasil está abogando, vigorosamente, por docenas de nuevas presas, algunas de un tamaño extraordinario.
Esas presas están basadas en cooperaciones internacionales recientemente forjadas. Por ejemplo, en 2010, los gobiernos brasileño y peruano firmaron un acuerdo que permitiría a Brasil construir una serie de presas muy grandes en la Amazonía del Perú. Como se propuso originalmente, la mayor parte de la energía producida era para ser exportada a Brasil para alimentar las industrias extractivas y de aluminio del país, tan necesitadas de energía. Las primeras cinco presas –Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainaque– costarán unos 16 mil millones de dólares estadounidenses, la mayoría de los cuales se espera que vengan de BNDES, el mayor banco de desarrollo en las Américas.
Actualmente, Brasil también está negociando un acuerdo con Bolivia para construir una presa binacional en el lado boliviano del Río Madeira. Hay planes adicionales para desarrollar acuerdos similares en Ecuador, Guyana, Paraguay y Venezuela, también financiados por BNDES.
Todas esas presas propuestas han generado inquietud en los ecologistas y las protestas de los pobladores locales.
Las presas propuestas y otros importantes planes de infraestructura para la región no son únicos. Son parte de un programa ambicioso conocido como IIRSA (la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana).
El IIRSA cruzaría el continente, incluidos el Amazonas y los Andes, con una amplia red de transporte y comunicación –que contará con redes de autopistas y mejoradas vías navegables para mover las cosechas y los minerales; además de presas hidráulicas y líneas de transmisión para abastecer energía a la industria de extracción; junto con unos sistemas de comunicación modernos–. Esta vasta red de infraestructura pretende conectar áreas rurales aisladas con las costas, lo que ofrece un fácil acceso a los recursos naturales rentables (incluidos madera y minerales) y cultivos (tales como la semilla de soja), para trasladarlos a los mercados urbanos y extranjeros, especialmente China.
BNDES está orgulloso del papel que está jugando en la iniciativa. “El BNDES, junto con otras instituciones financieras, ha operado como un financiero para los trabajos de infraestructura que son parte de la iniciativa del IIRSA”, dice el banco. “Los proyectos no son solo parte de una estrategia dirigida a mejorar la infraestructura regional, sino que también juegan un papel importante, en particular, en la economía de Brasil. Esto es porque financiar las exportaciones es una política federal y parte de la estrategia de desarrollo de Brasil”.
Aunque el IIRSA es oficialmente presentado como una promoción por la integración regional, los críticos dicen que es claramente un plan para mejorar los corredores de exportación para los productos –un plan que beneficiará principalmente a las grandes empresas mineras, la agroindustria y los comerciantes de grano internacionales, sobre todo aquellos radicados en Brasil–. También beneficiaría espectacularmente a las gigantes constructoras brasileñas, especialmente las Cuatro Hermanas –Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez–.
Una jugada por el dominio regional
El IIRSA fue propuesto originalmente en el año 2000 por el entonces presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso. Lanzó la idea en una reunión celebrada en Brasilia entre 12 presidentes sudamericanos y 350 empresarios latinoamericanos. Cardoso tenía estrechas relaciones con los EE.UU. y en ese momento el IIRSA era visto como parte del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el plan general del presidente George Bush padre para convertir todas las Américas en una gigante zona de libre comercio.
En 2003, el más nacionalista Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en el presidente de Brasil. Inmediatamente desbarató el ALCA, pero el IIRSA sobrevivió. Lula lo transformó en una herramienta para su estrategia política extranjera radicalmente nueva. Aunque aceptó la hegemonía de los EE.UU. en México, América Central y el Caribe, Lula quería transformar Brasil en un poder regional dominante en América del Sur y también en el escenario mundial. El IIRSA pasó a ser parte del Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), un nuevo cuerpo sudamericano establecido como una organización autónoma más allá del control de los Estados Unidos.
Bajo el liderazgo brasileño, el IIRSA se expandió rápidamente: de 335 proyectos, financiados con una inversión de 37 miles de millones de dólares estadounidenses en 2004 a 579 proyectos con una inversión de 163 miles de millones de dólares estadounidenses para 2014.
Más del 70 por ciento de la financiación del IIRSA viene de fuentes públicas, con una contribución muy grande del BNDES. Sus críticos dicen que, mientras que muchas empresas multinacionales se beneficiarán, el programa está ahora diseñado para caer bajo la hegemonía brasileña, que ayuda a realizar su plan para el dominio regional.
Un plan para comercializar los bienes brasileños en China
Mientras los esfuerzos de Brasil por construir grandes presas en la cuenca del Amazonas y en los Andes están siendo cuestionados desde todas las partes, la disputa sobre el mayor proyecto del IIRSA hasta la fecha ha sido particularmente intensa. Insta a la construcción de una enorme hidrovía (un sistema de vía fluvial), de una longitud de 2600 millas, lo que permitiría a las barcazas cruzar los famosos rápidos del Río Madeira, lo que crearía un enlace de transporte con sus principales afluentes –el Río Madre de Dios de Perú y el Río Marmoré de Bolivia–.
El plan requiere la construcción de cuatro presas principales, a un coste de 20 mil millones de dólares estadounidenses, con una contribución importante procedente del BNDES. Cuando esté finalizado, el antiguo sueño de crear un enlace de transporte entre los océanos Atlántico y Pacífico por fin se hará realidad –una empresa que se intentó por primera vez a principios del siglo XX con el desastroso ferrocarril Madeira-Mamoré que costó las vidas de 6000 personas–. Más prosaicamente, los exportadores brasileños podrán transportar grano, minerales, madera, y otras mercancías por la hidrovía para su envío, a través de los puertos del Pacífico, a China.
El gobierno brasileño empleó todos los medios reguladores para conseguir construir las dos primeras presas en este complejo –las presas Santo Antônio y Jirau, ambas ubicadas dentro de Brasil cerca de la frontera con Bolivia–. En 2007, la propia agencia de medioambiente brasileña, Ibama, presentó un largo informe en el que rechazaba dar su aprobación a la licencia preliminar para las dos presas por razones técnicas. El gobierno federal reaccionó con furia y la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, cedió, despidió al jefe del Departamento de Licencias de Ibama y lo remplazó con un funcionario más maleable.
Unos pocos años después, el gobierno se vio obligado a tomar incluso una acción más autoritaria, con la destitución de Abelardo Bayma, el jefe de Ibama, después de que se alinease con su equipo técnico, que había denegado la aprobación de la licencia definitiva para las presas porque las condiciones asociadas con la licencia preliminar no se habían cumplido.
Esta táctica –de substituir sin piedad a los funcionarios recalcitrantes– fue repetida unos pocos meses más tarde cuando el gobierno despidió al jefe de Ibama para conseguir que se aprobase una licencia operativa para la controvertida presa Belo Monte en el Amazonas. El experto en presas Philip Fearnside ha señalado: “Como este modelo es capaz de asegurar la aprobación de cualquier proyecto independientemente de los impactos, tiene severas implicaciones para las muchas presas que han sido anunciadas para la construcción en las próximas décadas”.
Organizaciones sociales en Bolivia también han luchado ferozmente contra las dos presas del IIRSA que están siendo construidas en Brasil, principalmente por la negativa del gobierno brasileño a llevar a cabo estudios del impacto de las presas y sus embalses en Bolivia.
En 2010, los bolivianos interpusieron una querella en el Tribunal Permanente de los Pueblos de su país, en la que decían que los embalses para las presas brasileñas tendrían serias repercusiones río arriba en Bolivia, provocarían el desalojo de campesinos y pobladores indígenas, inundarían grandes extensiones de tierras de labranza y destruirían el hábitat. También advirtieron del grave riesgo de inundaciones en Bolivia, una vez que las presas estuvieran finalizadas.
Las dos presas brasileñas empezaron a operar parcialmente en 2012 y 2013 y los temores de los opositores fueron rápidamente justificados. A principios de 2014, la región de la Amazonia de Bolivia sufrió la inundación más desastrosa de los últimos 100 años. Unas 75 000 personas se vieron afectadas y murió un cuarto de millón de ganado, con unas pérdidas económicas de, al menos, 180 millones de dólares estadounidenses. Algunos científicos echaron la culpa de la severidad del desastre a un “efecto reflujo” por el que las aguas de la crecida se acumularon detrás de las presas brasileñas e inundaron las comunidades bolivianas. La presidenta brasileña Dilma Rousseff se negó a aceptar la responsabilidad, dijo que era “absurdo” culpar a Brasil por las inundaciones que habían sido el resultado de lluvias extremadamente intensas –lluvias que es muy probable que se vuelvan más extremas al empeorar los impactos del cambio climático–. Está en curso una investigación. Tales sucesos pueden demostrar lo mal examinados que están los proyectos del IIRSA por sus impactos nocivos medioambientales, sociales y financieros a largo plazo.
El IIRSA desencadena un conflicto más internacional
Ha habido otros enfrentamientos sobre las presas del IIRSA. En 2008, se puso de manifiesto que la mayor empresa constructora de Brasil, Odebrecht, había hecho una chapuza de la instalación de turbinas y canales de conducción en el complejo hidráulico de seis presas de San Francisco en Ecuador, otro proyecto del IIRSA, con la mayoría de la financiación de BNDES.
Cuando la empresa se negó a aceptar ninguna responsabilidad, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, envió a las tropas a incautar la presa y otros activos de la compañía. El conflicto escaló cuando Brasil retiró a su embajador. La polémica se arregló después de que Odebrecht accediese a pagar 48 millones de dólares estadounidenses en compensación.
Los movimientos populares también se han opuesto exitosamente a la hegemonía brasileña, particularmente en Bolivia, donde los movimientos indígenas son poderosos y un hombre de origen indígena, Evo Morales, es presidente. En 2007, una empresa constructora brasileña, Queiroz Galvāo, fue expulsada por no cumplir con las normas acordadas en la construcción de una carretera, otro proyecto del IIRSA con financiación de BNDES.
En 2011, después de que los grupos indígenas hubiesen organizado una marcha muy exitosa a La Paz que amenazó con derrocar al gobierno, Morales se vio forzado a intervenir y cancelar un proyecto importante de autopista. Se diseñó la carretera para que penetrara profundamente en la Amazonía de Bolivia y pasará por la reserva indígena y parque nacional conocido como TIPNIS (Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Secure). Este era un importe proyecto del IIRSA, una vez más con financiación de BNDES.
En un informe publicado en marzo 2016, tres ONG de tres países distintos –Conectas Direitos Humanos de Brasil (Brasil), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Bolivia) y Global Witness (UK)– publicaron una carta abierta en la que instaban al BNDES a “asegurarse de que los proyectos que financian en el extranjero respetaran la legislación internacional y la de los países involucrados, así como seguir las propias normas del Banco, para que se llevaran a cabo procesos de participación genuina y consulta permanente, para de este modo promover una política de prevención en vez de curar”.
La carta fue el resultado de cuatro años de investigación, en los que se obtuvieron documentos a través de una acción judicial de la Libertad de Información realizada en Brasil. Las ONG encontraron que tanto el Banco como las autoridades bolivianas eran culpables de “numerosas ilegalidades y violaciones de los derechos humanos”, incluidas el no consultar a las comunidades indígenas que serían afectadas por el TIPNIS y no llevar a cabo un estudio de los impactos medioambientales.
BNDES respondió en una carta publicada en el periódico brasileño Valor Econonômico, en la que decía que había cumplido con todos los requisitos sociales y medioambientales “requeridos para la firma de un contrato” y que el Banco había respetado las “normas legales y judiciales de las autoridades bolivianas”.
A las ONG no les pareció suficiente la respuesta del banco. Juana Kweitel, directora de programas de Conectas, dijo: “si se hubiesen respetado las propias políticas del banco, incluidas aquellas expresadas en su Misión, Visión y Valores, Responsabilidad Social y Ambiental y Política Socio-Ambiental, y la legislación boliviana, el contrato ni se hubiera firmando”.
Desde el caso del TIPNIS, las políticas socioambientales del Banco han sido reformuladas. Sin embargo, las ONG tienen la sensación de que las reformas han sido insuficientes porque no incluyen ninguna medida concreta que forzaría a los responsables a tomar medidas contundentes para prevenir las violaciones de derechos humanos. Según Caio Borges, abogado que trabaja para Conectas, “esta brecha no ha sido rellenada y, hasta que esto ocurra, nosotros (Brasil) continuaremos corriendo el riesgo de financiar proyectos que son totalmente insostenibles desde un punto de vista humano y medioambiental, como fue el caso con TIPNIS”.
Un futuro incierto
A pesar de estos reveses, las empresas constructoras brasileñas continúan ganando decenas de contratos para carreteras, aeropuertos y presas por toda América Latina, siendo Odebrecht la que más se beneficia.
No obstante, ese periodo de crecimiento puede estar llegando a su fin, ya que el gobierno brasileño está desestabilizado y la economía está lastrada por el escándalo de corrupción nacional generalizada, junto con una significante caída en el mercado mundial de productos básicos. Según el Banco Central de Brasil, la producción económica del país se estima tuvo una caída del 4,08 por ciento en 2015 y el OCDE predice un rendimiento similar en 2016; este sombrío rendimiento económico puede dificultar los planes del IIRSA.
A largo plazo, hay otro factor que podría torpedear algunos de los proyectos del IIRSA, sobre todo las presas –la creciente crisis medioambiental–.
Hay una cada vez más evidencias de que, a menos que se tome alguna medida global rápidamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático, agravado por la deforestación, simplemente hará imposible avanzar con algunos de los inmensos proyectos de infraestructura. Un estudio del gobierno de 2015 dice que los cauces de los ríos de la cuenca del Amazonas bajarán drásticamente debido a la sequía provocada por el calentamiento global y que los nuevos embalses de las presas retendrán demasiada poca agua para accionar las turbinas eléctricas, mientras que partes del Amazonas se calentarán demasiado para el cultivo de cosechas de la agroindustria. Tales previsiones harán cada vez más difícil justificar los préstamos BNDES –lanzado con dinero del contribuyente– para importantes proyectos que ofrecen pocas esperanzas de un alto rendimiento sobre la inversión.
Al cobrar impulso el cambio climático en el Amazonas, la sexta gran extinción muy avanzada y la lucha por la supervivencia de la población indígena de América del Sur, los críticos dicen que la reestructuración de BNDES y una reevaluación del IIRSA –que contribuye a un cambio de la marea profundo– son mucho más urgentes ahora que nunca si se va a preservar la biodiversidad natural de América del Sur y el patrimonio cultural.
Perspectivas
Tal cambio parece poco probable en el corto plazo. El profundo impacto del escándalo Lava Jato continúa confundiendo y nublando el futuro político y económico de Brasil al competir, los partidos políticos brasileños, por posición y poder.
La investigación en curso ya ha llevado al arresto de altos cargos de importantes empresas constructoras acusados de corrupción, incluidos los líderes de dos de las empresas Cuatro Hermanas –las mayores constructoras de Brasil–. Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, ha sido sentenciado a 19 años en prisión por corrupción y Otavio Marques Azevedo, director general de Andrade Gutierrez, también ha sido arrestado. Al ir la crisis intensificándose, la asamblea legislativa se preparó para empezar el proceso de destitución contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff –con repercusiones todavía desconocidas–.
Hasta qué punto tanta agitación retrasará o llevará a la cancelación de los proyectos del Amazona y del IIRSA todavía se desconoce. Sin embargo, lo que parece probable es que la actual agitación política que está barriendo Brasil continuará, al menos durante los próximos meses y estará expuesta para que todo el mundo la vea en las Olimpiadas de Verano en Río de Janeiro.
Es importante anotar aquí que esta serie de seis artículos que perfila BNDES ha documentado en gran medida infracciones regulatorias y crímenes vinculados al partido gobernante en Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, esto no es solo porque los otros partidos políticos sean inocentes, sino que desde la elección del presidente Lula en 2003, el PT ha llevado la voz cantante en lo que se refiere a los préstamos de BNDES.
Al profundizar la investigación por corrupción Lava Jato lo que se hace cada vez más evidente es que el sistema de sobornos ilegales, comisiones y contratos inflados impregna muchas de las instituciones políticas brasileñas y cruza las líneas partidarias. Un buen ejemplo: sorprendentemente 40 de los 60 miembros de la comisión especial que decidió si la presidenta Rousseff debía ser destituida han sido acusados de recibir “donaciones” de empresas involucradas en el escándalo Lava Jato. El mismo Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, ha sido acusado de corrupción –de recibir sobornos y tener cuentas bancarias ilegales en el extranjero–.
Para complicar aún más las cosas hay una creciente preocupación entre los analistas brasileños de que la investigación sobre la corrupción está empezando a ser usada para fines políticos y no para lograr justicia. El periodista de investigación estadounidense Glenn Greenwald, que vive en Río de Janeiro, comentó recientemente: “La corrupción entre la clase política brasileña –incluido el nivel más alto del PT– es real y abundante. Pero los plutócratas brasileños, sus medios de comunicación y las clases alta y media están explotando absolutamente este escándalo de corrupción para lograr lo que no consiguieron alcanzar democráticamente durante años; retirar [al] PT del poder”. No se sabe cómo impactaría a BNDES, los grandes proyectos de infraestructura, los ecosistemas y la población indígena una toma del poder del gobierno por parte de la derecha.
La mayoría de los analistas esperan un cambio real en BNDES, aunque solo sea porque los ambiciosos proyectos que ha financiado con una elevada pérdida en los últimos años se han convertido en insostenibles para el país. Durante décadas, los sucesivos gobiernos han convertido BNDES en un instrumento para diferentes –y a menudo contradictoras– políticas y esto sin duda continuará con las nuevas administraciones. Pero hasta que se resuelva la actual convulsión política, nadie puede decir qué forma adoptará la nueva metamorfosis del banco. Los ecologistas en Brasil y por toda América Latina esperan ansiosos los próximos avances. Con el cambio climático desbocado, temen que hay un riesgo real de que, mientras los políticos dan vueltas, el Amazonas arda.
