Derrame de petróleo en la Amazonía peruana pone en riesgo a comunidades

Una mañana lluviosa a principios de junio, la acera que sirve como calle principal, entre las dos hileras de casas de madera en Chiriaco, estaba repleta de cubos de plástico y recipientes para captar las últimas gotas de lluvia de la noche que caían de los tejados construidos con hojas de palmera o estaño.

Yara Saldaña estaba apoyada en la baranda del porche de su casa, donde también vende pan, un negocio que empezó cuando decenas de empleados de Petroperú, la empresa petrolera dirigida por el Estado y que opera el oleoducto, llegaron para supervisar los trabajos de limpieza de varios centenares de trabajadores locales.

Se contrató a la mayor parte de hombres de la comunidad y a algunas mujeres para este trabajo pagado con el equivalente a unos 20 dólares diarios, una fortuna en un lugar donde el salario diario estaba antes en una media de apenas tres dólares. Los precios crecieron; se repararon, expandieron o reconstruyeron las casas, y los pequeños negocios florecieron.

No obstante, la operación de limpieza terminó, y con ella el flujo de dinero. Los precios de la comida y otros productos siguen siendo más altos de lo que eran antes del derrame, dicen los residentes. El trabajo es escaso en el pueblo y las ciudades cercanas, como Nauta y Yurimaguas, están a varias horas por el río.

El río Marañón —tradicionalmente la fuente principal de agua para beber, cocinar, asearse, lavar la ropa y los platos para los lugareños— pasa a solo unos metros de la puerta de Yara Saldaña, pero ella ya no confía. Como muchos vecinos, prefiere recolectar y almacenar agua de lluvia.

“Ya no bebemos agua del río” —dice—. “Nos da diarrea y dolor de estómago”.

“Al principio no me acostumbraba” —añadió, señalando con la cabeza a los cubos con agua de lluvia y frunciendo el ceño—. “¿Cómo me iba a beber eso? No tiene el mismo sabor que el agua del río, pero ya me he acostumbrado”.

Cuando tuvo lugar el derrame en 2014, nadie avisó a los residentes de Cuninico de que no bebieran agua ni comieran pescado. Los representantes de Petroperú insistían en que el agua del río Cuninico, tributario del Marañón, era segura a pesar de que la comunidad se encuentra algo más abajo del lugar donde el oleoducto cruza el río.

En febrero de 2015, dos meses después de que Petroperú anunciara que las operaciones de limpieza habían acabado y se marchara del pueblo, una comisión de distintos grupos llegó a Cuninico para inspeccionar el lugar del derrame con la idea de la posible declaración de una emergencia sanitaria. Declarar una emergencia habría allanado el camino para que el pueblo recibiera una de las plantas de tratamiento de aguas temporales que se han instalado en varias comunidades afectadas por la contaminación del petróleo, en el norte de la Amazonía peruana.

La comisión se basó ampliamente en la información de Petroperú y decidió no declarar la emergencia. El informe de la inspección decía que el lugar estaba limpio, aunque un reportero que visitó la zona dos días después vio petróleo en el río Cuninico y la vía de paso del oleoducto, además de sacos llenos de trapos empapados en petróleo, botas y guantes que inundaban el lugar.

Sin embargo, los directores de Petroperú reconocieron que la operación de limpieza no estaba completa y la empresa volvió para continuar con el trabajo en septiembre de 2015.

Los líderes comunitarios dicen que Cuninico está ahora en la lista para recibir una planta de tratamiento de aguas, pero no se ha fijado una fecha. La estación de lluvias está terminando y la única fuente de agua es el río.

A principios de junio, el líder del departamento de salud ocupacional y ambiental del Instituto Nacional de Salud llegó para entregar los resultados de las muestras tomadas en enero para comprobar el nivel de metales pesados en la sangre y orina de los residentes de Cuninico y la aldea vecina de San Pedro, donde 7000 barriles de petróleo se derramaron del mismo oleoducto en noviembre de 2014.

Los análisis de orina mostraron un elevado número de residentes con niveles de mercurio y cadmio por encima del valor de referencia o el umbral a partir del cual el metal supone un riesgo para la salud, según John Astete, director del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), que llevó a cabo el estudio.

Los niveles de arsénico en la orina y la mayor parte de niveles de plomo en sangre estaban dentro de lo que se considera seguro, dijo, pero Perú utiliza un valor de referencia para el plomo que es dos veces más alto del recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU.

Los expertos dicen que no hay ningún nivel seguro de plomo, especialmente para los niños y fetos que podrían estar expuestos en el útero. Incluso cantidades pequeñas de plomo pueden causar daños neurológicos y afectar al desarrollo físico y cognitivo de los niños, según Bruce Lanphear de la Universidad Simon Fraser de Canadá, quien estudia los efectos del plomo en los niños.

Para los pobladores, el estudio sanitario planteaba más preguntas de las que respondía, ya que no indicaba las posibles fuentes de contaminación. Astete espera que un nuevo estudio que se está realizando en cuatro cuencas— la cuenca baja del río Marañón y tres tributarios: el Corrientes, el Pastaza y el Tigre— ayude a resolver esa cuestión.

Para ese estudio, que también incluye a residentes de Cuninico, los trabajadores sanitarios analizarán sangre y orina en busca de arsénico, plomo, mercurio, cadmio, bario e hidrocarburos. También están completando cuestionarios y recogiendo muestras de comida preparadas en las casas de los residentes a los que se realizarán las pruebas.

Los investigadores volverán a las cuatro cuencas en julio y agosto para tomar muestras de agua, sedimentos, tierra y aire. Astete espera que al comparar los análisis de orina y sangre con los resultados de las muestras ambientales y de comida, los investigadores puedan identificar la fuente de la contaminación y proponer medidas de protección.

Los pobladores de esas cuatro cuencas y a lo largo del río Chambira han vivido entre derrames petroleros y aguas residuales bombeadas a los pozos desde que empezara la exploración petrolera en la zona en los años setenta, cuando las regulaciones eran permisivas. Los inspectores han identificado decenas de lugares sin sanear en los pueblos y sus alrededores y la Reserva Nacional Samiria Pacaya, un área protegida, y su zona de amortiguamiento.

A lo largo de los años, Petroperú, Occidental Petroleum de EE.UU. y Pluspetrol de Argentina, han operado en los dos principales yacimientos de petróleo, conocidos como Bloque 8 y Bloque 1AB, que recientemente fue renombrado como Bloque 192.

Las negociaciones entre las organizaciones indígenas y el gobierno el año pasado por un nuevo arrendamiento en el Bloque 192, en el que ahora opera Pacific Stratus, llevó a una serie de acuerdos que incluyen el estudio toxicológico que está realizándose en estos momentos, además de títulos de propiedad, remediación en los sitios contaminados y apoyo a proyectos que podrían generar ingresos para las comunidades.

En las comunidades más alejadas de los yacimientos de petróleo, sin embargo, muchos de los líderes de los pueblos dicen que no saben nada de los riesgos ambientales y sanitarios que suponen las operaciones, que son una de las pocas alternativas de empleo en las cuencas.

El oleoducto rojizo ha sido parte del paisaje durante décadas en el pueblo de Mayuriaga y una agrupación de casas con tejado hecho a base de hojas de palmera el hogar de unas 60 familias. Caminan a su lado para recoger agua del riachuelo cercano y cortar la hierba para mantener la vía de paso despejada.

“No sabíamos que se podía romper y causar contaminación” —dijo en marzo Segundo Sumpa, presidente de la Federación de Nacionalidades del Perú—.

La vida cambió de un día para otro para los residentes de Mayuriaga y las comunidades vecinas cuando el oleoducto se rompió a principios de febrero y se derramó un equivalente a 1000 barriles de petróleo en el terreno. Las fuertes lluvias desplazaron el petróleo a pequeños arroyos y después a un riachuelo conocido como el Cashacaño [Quebrada Cashacaño], y de ahí al río Morona y al Marañón.

A lo largo del río Morona, los lugareños se preguntaban cuándo sería seguro beber o bañarse en el agua, o comer y vender el pescado que capturan. Sus preguntas se repitieron en Chiriaco, donde las fueres lluvias llevaron el crudo del derrame de finales de enero por un arroyo hasta los ríos.

En Chiriaco, la empresa compraba barriles de petróleo a cualquiera que lo recogiera, de forma que se creó un incentivo perverso que hizo que los lugareños, incluidos los niños, sacaran petróleo de las orillas del río sin equipamiento de protección.

Después de que pasara lo peor, los directores de la empresa les dijeron a los residentes que el agua y el pescado eran seguros. Sin embargo, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, avisó que no comieran el pescado del río y un análisis, por parte de un laboratorio del gobierno, descubrió plomo y cadmio en el pescado de dos ríos, aunque se desconoce la fuente del metal.

Como parte de un decreto de emergencia sanitaria, el gobierno y Petroperú suministran agua potable y raciones de comida a las comunidades a lo largo de los ríos Chiriaco y Morona, pero los residentes no están seguros de cuánto durará.

A pesar de las dudas que permanecen acerca de los derrames y sus consecuencias, muchas cosas han cambiado desde que los lugareños de Cuninico informaran hace dos años de un vertido y del hallazgo de peces muertos. Gracias al aumento de la cobertura de internet y los teléfonos móviles, las noticias de un derrame se extienden en cuestión de horas y no en días o semanas (o nunca) como pasaba antes.

El derrame en Cuninico marcó la primera vez que Petroperú contrató expertos externos —la empresa finlandesa Lamor— para las labores de limpieza. Petroperú se encargó de la limpieza en San Pedro, un trabajo aún incompleto, pero contrató de nuevo a Lamor para los derrames de Chiriaco y Morona.

Mientras tanto, un litigio en representación de Cuninico se abre camino en el sistema judicial de Perú y podría expandirse para incluir a otras comunidades.

El 9 de junio, Galo Vásquez, presidente de Cuninico, y Flor de María Parana, madre de la comunidad, testificaron sobre los derrames en un juicio ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Santiago, Chile. Se les unieron Wrays Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, y el abogado Juan Carlos Ruiz, de la organización sin fines de lucro Instituto de Defensa Legal (IDL), radicada en Lima, que se encarga de la demanda de Cuninico.

En respuesta a su testimonio, Iván Bazán, del ministerio de justicia peruano, dijo a los miembros de la comisión que las agencias del gobierno estaban respondiendo a los derrames, y Germán Velásquez, presidente de la junta directiva de Petroperú, pidió disculpas a las comunidades por los derrames. Los representantes del gobierno invitaron verbalmente a los miembros de la comisión a visitar las comunidades.

No obstante, ni las demandas ni las indemnizaciones resolverán de forma inmediata la necesidad de agua limpia, ni mitigarán las dudas sobre si es seguro comer pescado. Tampoco está claro si la compensación por los daños incluirá posibles efectos en la salud o pérdidas económicas de la pesca.

Los habitantes afectados de las comunidades a lo largo de los ríos dicen que ahora tienen que ir río arriba para cazar y pescar, incursiones que son más costosas en cuestión de dinero y gasolina para sus pequeñas lanchas a motor.

Al preguntarle cómo ha cambiado la vida en Cuninico desde el derrame, Vásquez dijo: “Lo que tenemos ahora es incertidumbre”.