- España es uno de los países de la UE que se ha visto más afectado por la gran recesión. Tasas de paro superiores al 20 %, fuga de cerebros, una corrupción descontrolada y una sociedad dividida han conducido a los activistas a una situación cada vez más arriesgado.
- En los últimos tiempos ha habido un aumento de la criminalización de los movimientos sociales y la violencia contra los activistas.
- Los ecologistas se enfrentan a la presión añadida de una ciudadanía coaccionada bajo una crisis económica grave con escasa tolerancia hacia actitudes que puedan poner en peligro muchos y tan necesitados puestos de trabajo.
Isla Mayor es un pueblo de unos 6000 habitantes de la provincia española de Sevilla. Se encuentra a pocos kilómetros de distancia de la Reserva del Parque Nacional de Doñana, una de las zonas más biodiversas de Europa, según la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales.
Ubicada en las áreas húmedas que constituyen el paisaje más reconocible del parque, Isla Mayor ha sobrevivido tradicionalmente por la comercialización de pescado y crustáceos presentes en el hábitat circundante.
El 18 de marzo, el Tribunal Supremo español prohibió toda actividad comercial relacionada con la especie de cangrejo de río Procambarus clarkii. La noticia fue recibida con consternación en Isla Mayor. Según el alcalde del pueblo, más de 400 familias se ganan la vida con la pesca y el procesado del “cangrejo rojo”, tal y como es conocida la especie en la localidad.
“Esto es un absoluto desastre”, dijo al medio digital eldiario.es Valentín Murillo, presidente de la Asociación Nacional de Empresas del Cangrejo. Murillo declaró que el 70 % de la economía de Isla Mayor depende del cangrejo rojo.
El clamor popular inmediatamente recayó en Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Ornitología (en adelante, SEO/Birdlife), los dos grupos medioambientales que han estado haciendo campaña para incluir al P. clarkii en la lista de plagas invasivas. El subsiguiente fallo del Tribunal Supremo dictaminó que las autoridades deben llegar a una estrategia para erradicar la especie, no para que se comercializara con ella. El alcalde de Isla Mayor culpó en los medios a los grupos ecologistas por la pérdida del sustento de los lugareños, a lo que el pueblo proclamó oficialmente que Ecologistas en Acción es “una organización desagradable”.
Además, ambos grupos informaron de que recibieron amenazas de los medios.
“Han aparecido varios mensajes en foros y redes sociales diciendo que quemarían los coches de los ecologistas que se atrevieran a entrar en la zona”, dijo a Mongabay Juan Carlos Atienza, director de conservación de SEO/Birdlife (la división española de Birdlife International). “Ya hemos avisado a la gente sobre el terreno y pedido que tengan cuidado”.
Sin alternativas económicas
La reacción violenta del gobierno como de los medios en Isla Mayor es representativa de una situación a la que se enfrentan los ecologistas por toda España.
“España no es comparable con países en Centroamérica o África, donde los ecologistas exponen sus vidas a riesgo de morir, pero siempre ha habido ataques”, dijo a Mongabay Jaime Doreste, destacado abogado para Ecologistas en Acción. La organización es uno de los grupos medioambientales más importantes y activos en España.
En palabras de Doreste, “es una verdad innegable que existe una tendencia general a la creciente criminalización de los movimientos sociales, incluidos los ecologistas. No obstante, también hay un número preocupante de casos de amenazas y agresiones físicas contra algunos activistas”.
Atienza de SEO/Birdlife dijo que entiende las dificultades por las que está pasando mucha gente en Isla Mayor como consecuencia directa de la sentencia del cangrejo rojo. “Sabemos que esta decisión va a afectar a la gente, por lo que hemos pedido al gobierno que les ofrezca una solución, pero nuestro trabajo es defender el medio ambiente y la biodiversidad”, comentó.
Sin embargo, Atienza ignoró las amenazas más graves, habituales ante la labor medioambiental española. “He recibido amenazas de muerte, incluso cara a cara. Hace unos cuantos años, alguien me dijo que revisara la parte baja del coche, pero nunca le hice caso porque no es normal que los empresarios de la zona lleven coches bomba. Me habría preocupado más si hubiera amenazado con enviar unos matones para que me mataran”, dijo.
Es la economía, insulso
España es uno de los países de la UE que se ha visto más afectado por la gran recesión. Tasas de paro superiores al 20 %, fuga de cerebros, una corrupción descontrolada y una sociedad dividida han conducido a los activistas a una situación cada vez más arriesgado.
Los ecologistas se enfrentan a un ataque a dos frentes. Por un lado, está una ciudadanía coaccionada bajo una crisis económica grave con escasa tolerancia hacia actitudes que puedan poner en peligro muchos y tan necesitados puestos de trabajo. Por el otro lado, un gobierno que ha adoptado una postura muy dura contra las protestas, pacíficas o de otra índole.
Aunque los datos macroeconómicos del último año vaticinan la recuperación de la economía de España, las tasas de desempleo a nivel nacional siguen por encima del 20 % por vigésimo segundo cuatrimestre consecutivo. Las zonas rurales son las más afectadas. Andalucía en el sur, donde se encuentra Isla Mayor, tiene una tasa de cerca del 30 % —la más alta del país.
Le sigue la región occidental de Extremadura, con más de un 28 % de paro. Paca Blanco era coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura. En 2013, dejó su localidad de El Gordo tras seis años de acoso. “La gente haría lo que fuera por conseguir trabajo. Hacen trampa, mienten, se pegan unos a otros”, contó Blanco a Mongabay.
La pesadilla de Blanco comenzó en 2007, cuando se opuso a que se construyese un complejo residencial de lujo en una zona protegida próxima a su pueblo. El emplazamiento de la obra se encuentra a orillas del río Tajo, que forma parte del Proyecto Natura 2000 de la Comisión Europea que vincula hábitats amenazados con la mayor red mundial de zonas naturales protegidas.
La casa de Blanco, que exclamó que temía por su vida, fue pasto de cócteles Molotov y otros artefactos explosivos. “Cada vez que el tribunal fallaba a nuestro favor, recibía una llamada de mi abogado diciéndome que me fuera de El Gordo, pero yo no lo hacía”, dijo. “En su lugar, me puse en contacto con el gobierno regional y les dije que mi vida corría peligro. La policía protegía mi casa día y noche”.
El caso de Blanco se hizo popular en España. Varios medios de comunicación presentaron su historia e incluso hubo una investigación parlamentaria que cuestionó al propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre cómo pudo haber llegado a pasar. Sin embargo, Blanco cree que hay muchos casos más en otras partes del país que nunca han salido a la luz.
“Cuando alguien sufre un ataque, por lo general se jubila anticipadamente; esto no solo les pasa a los activistas. La gente tiene familia”, dijo Blanco. “Lo que más me preocupaba era que mi pareja o mis hijos se metiesen en una trifulca en el pueblo. Creo que eso esperaban mis agresores”.
Blanco no está convencida de que sacrificar el medioambiente ante las preocupaciones económicas compense a los trabajadores. “Es un caso de chantaje. Cuando una empresa no puede salirse con la suya, echan mano de los medios de comunicación y afirman que reducirán los puestos de trabajo y que la ciudadanía estará de su lado”, explicó Blanco. “Pero todo es una mentira. Al final, el paro sigue siendo una lacra”.
Blanco se ha mudado a Madrid, donde vive con sus hijos. A sus 67 años, sigue luchando. “Me gustaría que se demoliera el complejo porque es ilegal y porque crearía mucha jurisprudencia necesaria. No tengo miedo, estoy lista para morir con las botas puestas”, dijo.
Una polémica nueva ley
La durísima situación económica de España ha propiciado el aumento de las protestas sobre diversos temas, y el gobierno está tomando medidas para apaciguarlas. Uno de sus preceptos más polémicos es la Ley de la Seguridad Pública, ampliamente conocida entre sus detractores como la “Ley Mordaza”, que entró en vigor en julio de 2015.
La ley restringe los derechos de reunión y manifestación y se ha enfrentado a una fuerte oposición tanto en España como en el extranjero, ocasionando que instituciones como las Naciones Unidas y el Consejo de Europa estén del lado de los críticos. El New York Times la definió como “siniestra” en una editorial en abril de 2015.
El Parlamento aprobó la Ley de Seguridad Pública tras tres años de creciente actividad entre los movimientos sociales y populares en el país. Sin embargo, la crisis económica, junto con un número sin precedentes de casos de corrupción, ocasionó protestas y manifestaciones que ya se han materializado en un cambio radical de la vida política de España. En las elecciones de diciembre, los votantes destituyeron a los parlamentarios que apoyan la ley e introdujeron dos nuevos partidos políticos para acabar con 30 años de gobierno bipartidista en el Parlamento español.
El Partido Popular, que gobierna el país, único partido en el Parlamento que apoya actualmente la ley, no respondió a las peticiones de comentar el tema.
Según Doreste, una de las intenciones de [aprobar] la Ley de Seguridad Pública era que los delitos de agresión contra los agentes de policía y la desobediencia se castigaran administrativamente (como una infracción de tráfico), en vez de por la vía penal. “Este cambio ralentiza el proceso, exige que cualquier sanción económica se pague por adelantado y reduce drásticamente las posibilidades de absolución”, explicó el abogado ambiental.
Jorge Luis, miembro del Parlamento perteneciente al partido Podemos, contrario a la austeridad, está de acuerdo con Doreste.
“Hemos visto muchas protestas desde el año 2012 y se han tomado acciones legales contra ellas. No obstante, por lo general no existen para los jueces motivos para el castigo, por lo que se desestiman la mayoría de los casos”, contó Luis a Mongabay. “La estrategia del gobierno era cambiar la ley para dejar a un lado a los magistrados”.
Sin embargo, el izquierdista miembro del Parlamento cree que la ley no está logrando los resultados deseados. “Ha habido un aumento de las movilizaciones en todos los grupos. Los grupos ecologistas, los partidos políticos, todos a excepción del partido gobernante han hecho un pacto para prohibir la Ley Mordaza. La gente es más consciente y está más politizada, no menos”, dijo.
Los Ocho de Yesa
Los enfrentamientos con la ley son algo en lo que Luis tiene experiencia. Él y otros siete activistas se enfrentan a una posible pena de cárcel tiempo después de que una protesta contra la expansión de un embalse acabase en enfrentamientos con la policía. Su caso es una de las amenazas más famosas a los ecologistas españoles desde que empezó la crisis económica.
El 10 de octubre de 2012, un pequeño grupo de residentes del pueblo de Artieda, junto con simpatizantes y activistas, aunaron esfuerzos en una apartada carretera cerca de su ciudad en los Pirineos.
El grupo se había reunido para protestar contra el trabajo por aumentar la capacidad del cercano embalse de Yesa, el más grande de los Pirineos que separa España de Francia. Periódicamente mostraban su descontento con el proyecto desde que se aprobara en 1985, sin consecuencias legales.
Aquel día, no obstante, los escuadrones de la policía antidisturbios se presentaron en Artieda a pleno rendimiento. Los agentes cargaron contra los manifestantes y se sobrevinieron los enfrentamientos. Hubo al menos 12 manifestantes y dos agentes de policía heridos. Los vídeos que grabaron tanto los manifestantes como la policía parecen mostrar que no hubo acciones violentas antes del asalto y que los siguientes enfrentamientos fueron pequeños y nunca plantearon ningún peligro para ninguna de las partes.
Unas semanas después de la manifestación, ocho de los activistas recibieron órdenes de detención. Uno de ellos fue Luis, coordinador por aquel entonces del partido verde de la región. Ha sido acusado por cargos de agredir y herir a un agente, por lo que el fiscal del gobierno español pide una sentencia de dos años y ocho meses. En total, los activistas conocidos como los Ocho de Yesa se enfrentan a una pena máxima colectiva de más de 36 años.
No obstante, Luis confía en que van a ser absueltos. “Confío en los jueces. Todo esto ocurrió antes de la Ley Mordaza. Confiamos en que reinará el sentido común”, afirmó.
Los Ocho de Yesa han acaparado un gran apoyo en España. El Parlamento regional de Aragón ha pedido oficialmente su absolución, apoyada por 26 ayuntamientos, tres municipios y una autoridad provincial.
Luis cree que la política está detrás de este caso legal. Afirma que le gustaría conocer el motivo de la operación policial de aquel día. “No le encuentro explicación a por qué enviaron un escuadrón de la policía antidisturbios con armas y balas de goma a un pequeño pueblo en medio de la nada en los Pirineos”, dijo.
La Delegación del Gobierno de Aragón, responsable de la operación policial y la acusación contra los Ocho de Yesa, no respondió a la petición de comentar el caso.
La crisis como instrumento
Atienza de la SEO/Birdlife cree que, bajo presión económica, los proyectos peligrosos para el medioambiente son más habituales y reciben menos oposición pública de lo que lo harían en otra situación. “No es lo mismo perder el empleo cuando es fácil encontrar otro trabajo en comparación con la situación en la que estamos ahora”, dijo.
Blanco llevó la polémica un paso más allá al decir que no se está comprobando el abuso comercial de esta situación y que los ecologistas que luchan por la riqueza natural del país se llevarán la peor parte. Las opciones y actitudes que adoptará la sociedad española en los próximos años decidirán el destino de muchos de los ambientes más vitales y protegidos de la biodiversidad del país.
“La auténtica riqueza es lo que ya tenemos”, afirmó.