- Según el Banco Mundial, el 80 % de la madera talada que se exporta desde Perú es ilegal.
- La ley Lacey es una norma estadounidense creada en 1900 y modificada en el 2008, que prohíbe el comercio de plantas y productos derivados de origen ilegal.
- En Perú se tiene como sospechosa a la exportadora de madera La Oroza, cuya madera de origen ilegal fue encontrada en el buque Yacu Kallpa el año pasado.
El Gobierno de EE.UU. ha dado un golpe directo al tráfico ilegal de madera al ejecutar una orden de allanamiento a las instalaciones de la importadora de madera Global Plywood and Lumber con sede en California. La causa de la intervención se debe a que existen evidencias que comprometen a la empresa con la importación de madera declarada ilegal por el Gobierno del Perú.
El tráfico ilícito de madera es perjudicial “(porque causa) la degradación ambiental, la violación de derechos humanos, y pérdidas económicas significativas”, sostiene la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), en un reciente comunicado. Un dato importante que vale la pena recordar es que el dirigente ambiental de Perú Edwin Chota fue asesinado en 2014 precisamente por oponerse a la tala ilegal de madera.
La exportadora La Oroza
En 2010 el Organismo Supervisor de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) del Perú descubrió que La Oroza taló madera de cedro de manera ilegal y sancionó la concesión que esta empresa administra. De acuerdo con la declaración jurada adjunta en la orden de allanamiento a la importadora, entre el 2012 y el 2015, la empresa Global Plywood importó 9700 metros cúbicos de madera con La Oroza. El monto talado equivale a 3.6 millones de dólares.
En 2012 EIA publicó un estudio que determinaba que las exportadoras de madera peruanas falsificaban permisos de forma rutinaria. La Oroza tiene dos cargas paralizadas por haber sido catalogadas como ilegales por el Gobierno peruano, según reportes de EIA. Una se dio en setiembre en el puerto de la ciudad de Houston y otra en febrero del 2016 en la ciudad de Tampico, México.
La investigación hacia Global Plywood comenzó cuando las autoridades peruanas contactaron al Gobierno de EE.UU. por una información sobre un buque llamado Yacu Kallpa que llevaría una gran cantidad de madera ilegal al puerto de la ciudad de Houston. Más del 90 % de esa carga, que incluía madera de La Oroza, era de origen ilegal, según el Gobierno peruano.
“Los comerciantes que se enriquecen con el tráfico de esta madera ilegal se han mantenido impunes por muchos años. Si esto (el allanamiento) simboliza el inicio de consecuencias reales para este masivo crimen ambiental internacional, marcará el inicio de una esperanza para el futuro del bosque Amazónico”, dijo Alexander Von Bismack, Director Ejecutivo de EIA.
Hasta el momento, Kenneth Peabody, director de la importadora Global Plywood, se ha negado a comentar sobre esta orden de allanamiento del Gobierno de EE.UU., según un informe de Reuters.
Madera ilegal: un comercio rentable
El mercado de la madera a nivel mundial es bastante grande. Tan solo la madera de un árbol de cedro se puede vender hasta en más de 11 mil dólares en el mercado de EE.UU., de acuerdo con la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés). Según un reporte del Banco Mundial del 2006, incluso se sostiene que esta actividad ilegal genera entre 44.5 y 72 millones de dólares al año.
Sin embargo, también existen mecanismos legales y administrativos para controlar la tala ilegal de madera. Las empresas madereras que trabajan en Perú están obligadas a presentar ante las autoridades competentes la ubicación, el volumen y el tipo de madera extraída cada año, explica Julia Urrunaga de EIA Perú.
También el Tratado de Libre Comercio entre Perú y EE.UU. tiene apartados dirigidos a luchar contra la tala y el comercio ilegal de madera. “Este tratado se caracteriza por ser el único TLC peruano con otro país con un anexo forestal. Permite que organismos de EE.UU. puedan pedir investigaciones al Gobierno peruano sobre actividades ilegales como la tala de madera. Entre otras exigencias como aumentar penas, ser transparente con la información, permitir la participación indígena”, explicó a Mongabay, Urrunaga.
