Negociación y riesgos
Los motivos del rechazo a la reubicación son diversos. “Queremos bajar con un Marco Convenio”, señala Naldo Orihuela, profesor de secundaria de Carhuacoto que vive en la antigua Morococha. “Estamos pidiendo una indemnización por desarraigo, y el precio justo de nuestras propiedades”, agrega Máximo Díaz desde su carpintería. “Lo que queremos es un puesto de trabajo, nada más. Nos da puesto de trabajo y nos estamos bajando”, dice Artica Dianderas, dueña de una bodega en la antigua ciudad.
Otros pobladores cuestionan las condiciones de seguridad en Nueva Morococha. La controversia parte de un informe del Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, en el que se identifican peligros naturales en la zona de Carhuacoto, como la ocurrencia de sismos y la posibilidad de inundación debido al desborde de quebradas aledañas.
La población no había sido informada sobre estos posibles riesgos. Por ello, la desconfianza persiste a pesar de la respuesta del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que rechazó y desautorizó el estudio de Vivienda.
“Nos vamos a ir cuando hagan un estudio de evaluación de riesgos de la nueva ciudad. No podemos irnos a ciegas a ese lugar”, añade Rosa, morocochana de 40 años de edad que pidió no mencionar su apellido por temor a represalias.
Ana Leyva, abogada de la ONG Cooperacción, opina que lo mejor es que sea un tercero independiente, aceptado por ambas partes, el que determine las condiciones de seguridad de la nueva ciudad. “Es una inversión pero da seguridad, da confianza [a la población]. Y que si hay algo que corregir, se haga”, indica.
“Nos están sacando”
Los registros de la empresa señalan que el reasentamiento es voluntario. Sin embargo, la voluntad de los pobladores no fue lo único que motivó el desplazamiento.
En agosto del 2013, ante la negativa de buena parte de la población a trasladarse, el Gobierno decretó Estado de Emergencia en Morococha para ejecutar “la inmediata reubicación de la población”.
La declaratoria estuvo basada en el informe N° A6636 de Ingemmet, el cual determina que Morococha Antigua no es un lugar seguro para vivir debido al riesgo de posibles derrumbes y desprendimientos de rocas.
El estudio señala como causa de los riesgos a las lluvias, los sismos, y las detonaciones de Toromocho. En otras palabras, el Gobierno peruano dispuso el desplazamiento de la población a partir de riesgos generados, en parte, por la propia minera.
Un mes después, el Congreso promulgó la Ley 30081, que nombró a la “Nueva Morococha” como capital del Distrito.
Durante el Estado de Emergencia se trasladaron las instituciones públicas, entre ellas la Municipalidad y las escuelas. En el caso de estas últimas hubo enfrentamientos con la Policía.
“Nos echaron bomba lacrimógena. Nosotras queríamos sacar lo que nos correspondía como madres, habíamos comprado los materiales de nuestros hijos en ese jardín de niños”, cuenta Rosa. Agrega que no les fue permitido improvisar otros centros de educación en espacios públicos. ¿La razón? Debían reubicarse.
En febrero del 2014 hubo un corte en la energía eléctrica de la ciudad, aunque mediante recurso legal se logró restablecer unos días después. El hostigamiento continúa hasta hoy: los pobladores denuncian que trabajadores de la empresa les piden que se vayan del lugar.
Las detonaciones en el cerro Toromocho persisten a pesar de que la norma minera establece que las voladuras deben hacerse a una distancia mayor a 500 metros de las personas.
“Es involuntario. Es un interés de la empresa. Ellos nos están sacando, no nos estamos yendo voluntariamente”, sentencia Rosa.
Porfirio Barrenechea, comisionado de la Defensoría del Pueblo, considera que la solución podría pasar por una negociación mientras se definen las condiciones del reasentamiento. “No se puede dejar a la gente sin educación, sin servicio de salud. Con rocas inmensas que han caído muy próximas a las viviendas. Eso es una amenaza permanente mientras no se concluya el reasentamiento”, comenta.
Alerta internacional, negación nacional
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), reconocida mundialmente por su rol promotor de derechos humanos, determinó que en Morococha “se ha vulnerado el derecho a la vivienda y la obligación de proteger la seguridad de la tenencia de vivienda contra el desahucio, hostigamiento u otras amenazas”.
