- Pedro Pablo Kuczynski es desde el 28 de julio el presidente en ejercicio.
- La minería ilegal es un problema que necesita urgente solución.
- Los conflictos ambientales, los derrames de petróleo en la Amazonía, la conservación de bosques y el trabajo con pueblos indígenas son algunos de los temas en los que tendrá que trabajar el Gobierno peruano.
Pedro Pablo Kuczynski, juramentó este 28 de julio como nuevo presidente del Perú. Uno de sus grandes desafíos estará en el sector ambiental, en el que hay varios temas pendientes.
Bosques y áreas protegidas
El Perú tiene más de 73 millones de hectáreas de bosques, es decir, casi dos tercios de su territorio nacional. Por ello, las decisiones que tomará el nuevo Gobierno respecto de este campo serán primordiales, señala Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Solano recuerda que una de las grandes amenazas al bosque peruano es la minería ilegal e informal que no debe pasar desapercibida, más aún con un región amazónica como Madre de Dios en estado de emergencia. “PPK dijo que iba a viajar a Madre de Dios la primera o segunda semana de agosto, luego de tomar el poder, para hablar con los mineros ilegales, esperemos sea así. Que implemente su programa Oro Limpio para eliminar a los ilegales y formalizar a los informales, pero que no olvide que también los gobiernos regionales tienen responsabilidad. Por ejemplo, el gobernador de Madre de Dios (Luis Otsuka) se ha mostrado a favor de esta práctica ilícita”, indica.
Por su parte, José De Echave, quien fue viceministro de Gestión Ambiental en los primeros meses de mandato de Ollanta Humala, insta al nuevo Gobierno a continuar con las intervenciones policiales en los campamentos mineros y recuerda que una de las soluciones que propuso PPK para formalizar la minería informal fue un Banco de Fomento Minero, aunque duda de su efectividad porque este no es solo un problema económico, sino social y cultural. “De lo que estoy seguro es que ya no hay más espacio para mineros ilegales. Están ocupando zonas de amortiguamiento y áreas naturales protegidas, eso no debe ser permitido”, manifiesta.
Las áreas protegidas también serán un tema pendiente, según Pedro Solano. Actualmente se espera la creación de la zona reservada Mar Pacífico Tropical en la costa norte del país y la categorización de Yaguas –en la región amazónica de Loreto– como Parque Nacional. “El Perú debe establecer una lista de las áreas protegidas que faltan aprobar, pero también debe gestionar bien las que ya existen, debe incrementar su inversión en ellas. No debe ver las áreas protegidas como zonas que no se deben tocar para nada, ahora son fuente de desarrollo porque brindan servicios que producen ganancia económica como lo ejemplifican la castaña en Tambopata, los paiches en Pacaya-Samiria, la pesca y agricultura de Paracas o el turismo de Machu Picchu”, explica.
Contaminación ambiental
En los últimos años el problema de la contaminación ambiental en el Perú no ha dejado de estar en agenda. Numerosos derrames petroleros han afectado el ecosistema amazónico y la salud de las poblaciones que la habitan como en las comunidades de Morona, Barranquita, Cuninico y Chiriaco, entre otras.
Según De Echave, para que esto no se vuelva a repetir hay diferentes decisiones que debe tomar el nuevo Gobierno. “Los derrames que han sucedido en los últimos años se deben a un problema de baja calidad del Oleoducto Norperuano, el cual debería ser renovado luego de más de 40 años de actividad. Por otro lado, los derramamientos no han sido correctamente enfrentados, hasta hace unos días seguimos escuchando voces de indígenas amazónicos que se quejan porque no se han recuperado las zonas afectadas y se han quedado sin fuentes de agua, para eso debe trabajar con los diferentes ministerios para que haya una solución integral”.
De Echave no confía mucho en las decisiones de PPK por la existencia de la Ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental” y que ni PPK ni su partido tienen la intención de derogar, señala el exviceministro. Esa Ley, según De Echave, es la que ha disminuido el poder sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con las empresas extractivas irresponsables. “Cuando uno revisa los temas ambientales y de conflictos en su plan de Gobierno no se queda muy optimista, más critican que en el Perú hay mucho trámites ambientales, que se debe seguir desregulando. Todo indica que bajarán los estándares ambientales”.
Además, recuerda que un ejemplo claro de la intención “desreguladora” de PPK se puede ver con el Complejo Metalúrgico de La Oroya, el cual quiere reactivar.
Derechos indígenas y conflictos ambientales
Según la Defensoría del Pueblo existen 210 conflictos sociales, 149 activos y 61 latentes, hasta junio del presente año. De estos, casi el 70 % son de tipo socioambiental, desarrollados en su mayoría en las regiones Áncash, Puno, Cusco y Apurímac, zonas de extracción minera y de gas. De acuerdo la procuradora adjunta de la Defensoría del Pueblo especializada en pueblos indígenas, Alicia Abanto, existen dos mecanismos para prevenirlos: el respeto al derecho de la consulta previa y la titulación de tierras a comunidades campesinas y nativas.
“El corazón de la consulta previa es que el Estado pueda lograr acuerdos con las poblaciones indígenas, lo que implica incorporar a las políticas algunas de las propuestas que puedan plantear. Existen ejemplos de éxito, como en su participación en la nueva ley forestal que logró un régimen especial de aprovechamiento de recursos forestales para pueblos indígenas. Sus propuestas deben ser tomadas en cuenta”, manifiesta Abanto.
La representante de la Defensoría del Pueblo hace hincapié en el proceso de consulta con proyectos mineros e hidrocarburos que deben ser afinados porque no acogen las propuestas comunales durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, sino luego de diseñado el proyecto.
“La plataforma en proyectos extractivos puede haber sido construida en tierras en las que crezca una planta medicinal del pueblo indígena, realicen actividades productivas como la pesca, o en un ambiente sagrado. Ellos pueden plantear que la construcción se traslade. Cuando no se respetan [quiénes o qué] y no hay diálogo, se producen los conflictos”, señala. El derecho a la consulta no se restringe a la minería o petróleo, también a otras actividades extractivas como las hidroeléctricas, dice Abanto.
Para prevenir los conflictos, el plan de PPK propuso el programa de Adelanto Social, con el que se promoverían proyectos sociales en comunidades para satisfacer sus necesidades, no obstante, para De Echave, no es suficiente. “Ellos priorizan lo que denominan un adelanto social para buscar la aceptación de proyectos por la población, pero ya lo hubo antes, hubo un tiempo con mucha bonanza para la población, pero aun así existen los conflictos e incluso han aumentado. Los conflictos son culturales, ambientales y sociales”, explica.
Por otro lado, está la necesidad de la titulación de tierras. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), hasta el 2014 se registraron 1166 comunidades en toda la Amazonía que necesitan reconocimiento y titulación de más de 8 millones de hectáreas de territorio. “El próximo gobierno debe titular las tierras de comunidades campesinas y nativas que ahora ocupan sus territorios, pero no tienen una seguridad jurídica y necesitan protección del Estado”, sostiene la procuradora adjunta Abanto.
La especialista también recuerda que se debe atender a los pueblos en aislamiento. “Las tierras de los pueblos que están en contacto inicial o en aislamiento no pueden ser protegidas mediante la titulación, sino a través de la declaración de las reservas indígenas, pero todavía están pendientes sanear otras más”, afirma. Asimismo, se debe profundizar en la extensión de la educación intercultural bilingüe y la salud intercultural bilingüe para un mayor trabajo con los pueblos indígenas, agrega.
Compromisos internacionales
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski comienza con la ratificación del Acuerdo de París, siendo el Perú, según Pedro Solano, el primer país latinoamericano que implementó íntegramente su protocolo. “Esto le ofrece al Perú una gran oportunidad para que se invierta en proyectos sostenibles y pueda acceder a créditos, al Fondo Verde, para introducir sus productos al mercado mundial con la certificación de un país con bosque en pie”, dice.
Solano explica que PPK recibirá un país con un compromiso internacional para la protección del bosque con un aporte económico de 300 millones de dólares. Además, recuerda que para el 2030 el Perú se ha comprometido a la deforestación neta cero.
Con relación a la elección de la nueva ministra del Ambiente Elsa Galarza, los especialistas concuerdan en su trayectoria reconocida, pero también en el enorme desafío de recibir un país débil en materia ambiental.
“Tiene una tarea que es fortalecer la institucionalidad ambiental, que se ha debilitado en los últimos años. Tiene una tarea de fortalecer la institucionalidad ambiental. Esperemos que tenga una voluntad política de recuperar para el país una autoridad ambiental que nos merecemos”, finaliza De Echave.
Nota:
[Foto de portada: Thomas Muller – SPDA / ProNaturaleza]
