Agua limpia

En el campamento base de Petroperú para limpiar el petróleo cerca de la ciudad de Chiriaco, Victor Huarcaya, el ingeniero a cargo de la limpieza, habló con entusiasmo de los esfuerzos de la compañía. “Utilizando solamente limpiadores químicos biodegradables dejamos el río en condición prístina. También contratamos a una gran cantidad de personas de las comunidades afectadas. Ganaban 150 soles [USD 46] por día. ¿Sabe cuánto dinero es eso aquí? Otros recibieron tratamiento médico que de otra manera no hubiera estado disponible. Así que, en cierta forma, esto ha sido algo bueno para estas personas”, afirmó a Mongabay.

Huarcaya afirmó que la limpieza se realizó siguiendo una serie de protocolos internacionales rigurosos diseñados para asegurar que los efectos ambientales a largo plazo del desastre sean mínimos.

El campamento incluyó un consultorio para controlar si los trabajadores del lugar del derrame, entre ellos muchos lugareños, tenían síntomas de contaminación por petróleo al finalizar sus contratos con la compañía. Los carteles pegados afuera de la oficina principal, escritos en español y en la lengua indígena awajún, prohibían estrictamente la contratación de menores. Seguramente fueron una reacción a las acusaciones por prácticas explotadoras y peligrosas realizadas poco después del derrame, incluyendo que Petroperú pagaba a niños para limpiar petróleo sin equipos de protección.

Huarcaya negó rotundamente esas denuncias. “Hemos seguido procedimientos estrictos y hemos tenido una vigilancia clara. Yo mismo tengo hijos y nunca lo permitiría”, aseguró.

Cuando Mongabay visitó el lugar, Huarcaya estaba terminando la operación de limpieza. “Estamos en las etapas finales, la limpieza está completa y solo tenemos que terminar algunos controles de reforestación y cumplimiento. Si todo sale bien estaremos en casa en quince días”, afirmó.

Una caminata corta al Río Chiriaco, que está cerca de ahí, parecía confirmar el optimismo Según todos los informes en las semanas posteriores al derrame, el Chiriaco fluía con una capa aceitosa y de olor fuerte de crudo. Ahora, fluye agua pura debajo de un puente de hormigón.

Sin embargo, un viaje río abajo a las orillas del cercano Río Marañón pone en duda el pronóstico alentador de los ingenieros de Petroperú.

Inseguridad alimentaria

Temashnum es una comunidad indígena Awajún de apenas 500 habitantes en las orillas del Marañón. Es una de las 20 comunidades indígenas identificadas en riesgo por el derrame del Chiriaco, según el IDL.

Los awajún y los wampis son dos de los grupos indígenas más grandes afectados por los derrames en el Amazonas y Loreto. Ambos grupos producen la mayoría de sus cultivos en las playas ribereñas y dependen de los ríos para la obtención de agua potable y la pesca. Sin embargo, las playas en la mayoría de las comunidades se inundaron de petróleo cuando el oleoducto estalló.

Una de ellas estaba donde Levita, una habitante de Temashnum quien solicitó que no se usara su nombre completo para proteger la privacidad de su familia, cultivaba su yuca. Le relató a Mongabay que los alimentos que entregó Petroperú luego del desastre se terminaron pronto.

“Comí alimentos de mi campo luego del derrame”, afirmó Levita. “Nadie nos dijo que era peligroso y no tenía nada más para dar de comer a mis hijos”.

La lucha para encontrar suficiente comida y agua luego de los derrames es una preocupación seria para las comunidades y los grupos defensores de los derechos indígenas. En el pueblo de Barranca, cerca del lugar del derrame de petróleo más reciente el 24 de junio, el gobierno peruano ha declarado una emergencia sanitaria por la calidad del agua y se comprometió a proveer agua potable durante 90 días a los habitantes afectados. Petroperú entregó paquetes de agua y comida. Todavía no está claro si estas medidas serán suficientes. El derrame afectó a 750 personas, según un informe del 12 de julio del Instituto Nacional de Defensa Civil, un organismo gubernamental.

Liseth Atamain, director de la organización indígena Cultura Awajún, colaboró estrechamente con las comunidades awajún afectadas por el derrame del Chiriaco del 25 de enero. Las raciones de emergencia distribuidas por el gobierno peruano y Petroperú simplemente no eran suficientes y los awajún continúan sufriendo de inseguridad alimentaria, afirmó a Mongabay.

“Nuestra mayor fuente de proteínas son los peces del río, pero ahora están contaminados. Así también, la producción para la venta y consumo de mandioca, plátanos, maníes, cacao y otros alimentos se vieron afectados: están completamente cubiertos de petróleo”, afirmó. “Esta es una crisis alimentaria grave”.

Según un informe preparado por la Asociación de Productores Alimentarios local, la tierra de más de 300 productores independientes se contaminó solo contando Temashnum y dos comunidades vecinas. Jusoe Esash Unum, presidente de la asociación, le relató a Mongabay que, aunque Petroperú saneó los ríos contaminados, la compañía rehusó limpiar parcelas o campos más pequeños, arguyendo que sería muy costoso.

“No podemos plantar de manera segura en esta tierra por tres años. Esto significa que los agricultores que dependen de esas parcelas no tendrán comida para alimentar a sus familias, ni dinero para comprar útiles escolares para sus hijos”, dijo Unum.

Unum calculó que la contaminación causaría una pérdida de dos millones de soles peruanos (USD 600 000) anuales. “Algunas familias me han dicho que continuarán comiendo los cultivos de los campos contaminados. Dicen que no tienen otra opción. Me preguntaron: ‘¿Qué más se supone que vamos a comer?’ Les decimos que ponen en peligro su salud, pero todo lo que pueden decir es ‘Si muero es mi culpa'”, declaró.

En Temashnum, Levita eliminó la capa superficial de tierra en su campo para mostrar una capa de una pulgada de alquitrán negro cubierto de barro. “Nunca vinieron a limpiar esta zona. El petróleo todavía está en el suelo y no sabemos si es seguro plantar o no”, explicó.

Mongabay mostró fotos de los campos en Temashnum que siguen cubiertos de petróleo a un funcionario del área de ingeniería de alto rango en el campamento de Petroperú. “¿Cómo podemos saber que es nuestro petróleo?”, contestó el funcionario, quien solicitó no ser identificado para evitar reacciones negativas de la compañía por dar la entrevista.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de hacer seguimientos o volver a terminar la limpieza, dijo “Si volvemos a limpiar mañana, al día siguiente tendríamos otras veinte comunidades aquí reclamando que no se terminó la limpieza. Volcarían barriles de petróleo en sus propios campos para recibir más trabajo. ¿Sabe cuánto les estamos pagando? Demasiado”.

Cerca del lugar del derrame de Morona del 3 de febrero, las comunidades wampis no están seguras de si los peces, clave en su dieta, están todavía contaminados de petróleo. Estudios realizados allí desde el derrame por el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) encontraron cadmio en los peces para consumo humano, además de cadmio y plomo en peces del Chiriaco.

Un informe del SANIPES en abril sobre los estudios concluyó que los metales pesados nocivos se “debían al impacto que el ecosistema ha sufrido por los derrames de petróleo” y recomendó continuar con la restricción del consumo de alimentos de río. Sin embargo, IDL sostiene que estos resultados nunca se comunicaron directamente a las comunidades afectadas.

En Temashnum, Eliseo Akuts, secretario del presidente de la comunidad, se lamentó, “Nadie ha venido a estudiar nuestro río, nadie ha examinado los peces”. ¿Cómo podemos saber si es seguro comerlos? ¿Cómo podemos sentir que el gobierno se preocupa por nosotros?”.

A pesar de los pedidos de más ayuda, el 27 de mayo el gobierno regional del Amazonas declaró que el derrame del Chiriaco “ya no amerita socorro de emergencia” y anunció el fin de su ayuda humanitaria.

Preocupaciones de salud

Grupos de defensa han empezado a actuar para atender las quejas de las comunidades.

Ismael Vega Díaz es el director de Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), un grupo de defensa que trabaja para brindar asistencia legal y política a las comunidades amazónicas. Durante una conversación en su oficina de Lima, Díaz le aseguró a Mongabay que las acciones llevadas a cabo por Petroperú luego de los derrames son insuficientes.

“No tienen planes de contingencia que garanticen reacciones suficientes para este tipo de desastre, así que los problemas que enfrentan estas comunidades persistirán”, afirmó.

Luego de los derrames en Chiriaco y Morona el gobierno peruano realizó y publicó una variedad de reportes sobre la calidad del agua y los impactos inmediatos de salud sobre las personas, además de los de metales pesados en los peces. Sin embargo, la frecuencia y el alcance de estos estudios generan polémica entre los defensores y organizaciones indígenas. El IDL informó que mientras que la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) estudió la calidad del agua luego del derrame tres veces en Chiriaco y dos veces en Morona, el esfuerzo del organismo no cumplió con la orden judicial de la corte suprema que exigía monitoreo diario luego del derrame hasta que el agua fuera completamente segura para consumir.

En entrevistas con Mongabay, empleados del CAAAP y del IDL manifestaron preocupación porque los resultados y las recomendaciones del estudio no eran de fácil acceso a las comunidades y faltaba mayor investigación sobre las consecuencias a largo plazo de los derrames en el suelo, los alimentos y la salud. Como ejemplo, señalaron el hecho de que al Ministerio de Salud le llevó dos años completar y publicar un estudio sobre los efectos en la salud en habitantes que se recuperan de un derrame devastador en 2014 en el mismo oleoducto en el pueblo de Cuninico en Loreto. Descubrió que alrededor de dos tercios de los participantes adultos tenían niveles más altos de lo normal de cadmio y el metal pesado neurotóxico mercurio en la orina, aunque no fue diseñado para determinar la fuente de la exposición.

Utilizando ese estudio como modelo, el CAAAP y otras organizaciones de defensa están realizando evaluaciones de salud independientes centradas en la comunidad de Nazareth cerca del lugar del derrame de Chiraco, en donde se informó que muchos niños ayudaron en la limpieza. El estudio incluirá análisis de la sangre y la orina de los niños para determinar si muestran signos de contaminación a largo plazo.

Richard O’Diana, un abogado del CAAAP, afirmó a Mongabay que espera que el estudio de Nazareth obligue al Ministerio de Salud a ayudar a las víctimas de los derrames de 2016 demostrando que ellos también podrían tener graves efectos de salud a largo plazo. Indicó que el estudio podría llevar a que acciones legales cuestionen la falta de investigación del ministerio sobre las repercusiones sobre la salud de los derrames recientes en Amazonas y Loreto.

Dos meses luego del derrame del Chiriaco el gobierno regional de Amazonas publicó un informe que indica que más de 450 personas habían buscado atención médica debido a síntomas relacionados con la contaminación por petróleo. Pero sin mayores estudios, no está claro cuántas personas podrían seguir sufriendo efectos en la salud por los derrames.

Levita, por su parte, sigue sufriéndolos. Trabajó para Petroperú durante la limpieza. Dos meses antes de que finalizara su contrato afirmó que empezó a sentirse enferma. “Fui a ver al doctor [de Petroperú], pero ni siquiera me examinaron. Me hicieron algunas preguntas sobre cómo me sentía y me dijeron que solo era una gripe. Me dijeron que mejoraría pronto. Me pusieron una inyección para el dolor, pero no me dieron más medicina”, relató.

Afirmó a Mongabay que había estado enferma varios meses desde entonces. “Llegué a pensar que me iba a morir. Los dolores de cabeza eran tan fuertes que sentía que los ojos se iban a caer de mi cabeza”, aseguró. Levantó a su hijo de dos años y limpió la nariz de niño, que estaba roja por la irritación. “Ha estado enfermo desde el derrame también, pero gracias a Dios sus síntomas no son tan graves como los míos”.

Cuando se le preguntó si su jefe anterior le dio cuidados médicos de seguimiento Levita simplemente negó con la cabeza. “Petroperú no ha vuelto para revisarme. Dicen que estoy agripada, ¿para qué me iban hacer una revisión?”.

Presión sobre Petroperú

Juan Carlos Ruíz Molleda es un abogado que trabaja con el IDL y que ha estado presionando al gobierno peruano para multar a Petroperú por el derrame de 2014 del Cuninico y los tres de 2016.

“[Cuninico] fue la primera vez que se pudo establecer culpabilidad por parte de Petroperú u otra industria extractiva por un derrame de petróleo y su efecto subsecuente en la salud pública”, le explicó Ruiz Molleda a Mongabay.

En cada uno de los derrames de petróleo anteriores a lo largo de su Oledoucto Norperuano, Petroperú había sostenido que el sabotaje de activistas indígenas fue la causa. Pero con el derrame de Cuninico, Molleda y el IDL finalmente establecieron que los derrames en el oleoducto viejo se debían a una falta de mantenimiento y la sola responsabilidad de Petroperú.

El derrame de petróleo más reciente el 24 de junio cerca de Barranca ocurrió luego de que Petroperú  continuara bombeando petróleo al oleoducto a pesar de recibir la orden de cesar las operaciones hasta que lo repararan por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el organismo gubernamental que monitorea efectos ambientales en industrias extractivas.

El CAAAP y el IDL ahora esperan probar que los problemas persistentes de salud en las comunidades afectadas por los derrames recientes son un resultado directo de la contaminación del ambiente con petróleo. Si tienen éxito, Molleda afirmó que la causa de Petroperú por compensación a personas afectadas por los derrames es fuerte. “El marco legal existe en Perú, luego de varios años de decisiones, ahora podemos presionar para obtener compensación directa”, indicó.

A pesar de la estrecha relación de Petroperú con el estado peruano, la presión sobre Petroperú es más fuerte que nunca. El 24 de junio el OEFA sancionó a Petroperú por su limpieza sin éxito del derrame de 2014 en Cuninico y el organismo tiene otras tres causas abiertas contra la compañía relacionadas con los derrames de 2016 de Chiriaco y Moreno que podrían traer como resultado millones de dólares en multas. La sanción más reciente del OEFA contra la compañía, el 30 de junio, ocasionó la renuncia del presidente de Petroperú, Germán Velazquez, así como también una multa de 11 millones de soles (USD 3 350 000) por el derrame del mes pasado en Barranca y la “violación constante y sistémica de sus obligaciones ambientales”.

Comunidades estancadas

Los procedimientos legales, aunque son importantes para las relaciones futuras entre industrias extractivas y comunidades indígenas, a menudo llevan años para resolverse. Mientras tanto, los habitantes de Temashnum y otros lugares todavía no pueden vender sus productos agrícolas ni obtener consultas médicas importantes.

“Todos los días me levanto y espero que el dolor no sea fuerte para poder trabajar. Todos los días trato de buscar la manera de alimentar a mis hijos” relató Levita. “Seguimos vivos y esperamos seguir sanos y no empeorar. Es difícil, la forma en la que hemos sido ignorados. Es como si al gobierno no le preocupáramos. Es como si hubiéramos sido olvidados”.

En esta casa de Temashnum, Akuts se sentó en la mesa de la cocina y echó un vistazo a su hijo. “Queremos asegurarnos de que en el futuro nuestra gente sea tratada con respeto y que los responsables de este desastre se hagan responsables. Solo queremos lo que es justo, justicia para nuestra gente”.