- De los 185 casos documentados de activistas ambientales asesinados en el mundo en 2015, más de la mitad ocurrieron en Brasil (50), Filipinas (33) y Colombia (26).
- Los indígenas representan apenas el cinco por ciento de la población mundial, pero fueron las víctimas en al menos el 40 por ciento de los asesinatos de 2015 registrados por Global Witness.
- El sector de la minería y las industrias extractivas estuvo vinculado con 42 asesinatos en 10 países.
Es un momento peligroso para la defensa del ambiente. El 2015 fue el peor año registrado de asesinatos de personas que defendían sus bosques, ríos y tierras de proyectos industriales, según un informe publicado hoy por Global Witness, una ONG londinense.
El informe, On Dangerous Ground, documenta 185 casos de activistas ambientales asesinados en 16 países en 2015. El número es el más alto desde que Global Witness empezó a recolectar datos en 2002 y representa un incremento del 59 por ciento desde 2014.
El fracaso de los gobiernos para investigar y procesar los asesinatos es otra causa probable del aumento, según Billy Kyte, líder de campaña de Global Witness y autor del reporte.
«La vasta mayoría de estos crímenes no se castigan, lo que significa que los responsables pueden salirse con la suya. Esto, a su vez, genera más violencia y hemos visto ataques desvergonzados por culpa de eso», le relató Kyte a Mongabay por correo electrónico.
Los países donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos en 2014 fueron Brasil (50) y Filipinas (33), seguidos por Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12). Latinoamérica representó más de dos tercios de todos los casos documentados el año pasado.
El total de 185 asesinatos documentados por Global Witness es probablemente una subestimación, según la organización. Muchas muertes no se registran y otras no se pudieron verificar adecuadamente. La disponibilidad de datos varía entre países y algunos gobiernos entorpecen los informes.
«La falta de monitoreo y supresión de los medios y la sociedad civil en algunos países, particularmente en Asia y África, significa, invariablemente, que hay más casos de los que documentamos», según el informe.
A pesar de las limitaciones de datos, Global Witness pudo categorizar muchos de los casos basados en las industrias vinculadas con los conflictos en medio de los cuales ambientalistas fueron asesinados. El sector de la minería y las industrias extractivas llevó la delantera, con vínculos con 42 asesinatos en 10 países. Fue seguido por operaciones de aceite de palma y otros agronegocios (20 asesinatos), proyectos de energía hidráulica (15) y tala (15).
«Vemos que industrias como la minería, los diques y los agronegocios infringen más y más áreas previamente vírgenes ricas en recursos y se producen conflictos con las comunidades locales que viven allí, particularmente indígenas», dijo Kyte.
Un estimado cinco por ciento de la población mundial es indígena, pero cerca del 40 por ciento de las 185 víctimas documentadas por Global Witness en 2015 eran indígenas.
La región Mindanao en el sur de Filipinas alberga a los Lumad, el nombre auto asignado colectivamente a los indígenas de la región. Además de albergar vastas operaciones de minería y agronegocios, Mindanao es una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes se expresan o toman medidas para proteger sus tierras y recursos. Veinticinco fueron asesinados solamente en el 2015.
“Nos amenazan, nos denigran y nos matan por enfrentarnos a las compañías mineras en nuestra tierra y a los paramilitares que los protegen», afirmó la activista local Michelle Campos en una declaración.
El 1 de septiembre de 2015, el padre de Campos, un líder comunitario, fue ejecutado públicamente en Lianga por un grupo paramilitar en frente de las hermanas menores de Campos y otros miembros de la comunidad. El abuelo y la maestra de Campos también fueron asesinados. Los tres se expresaron en contra de las operaciones mineras en tierras de los Lumad.
Miembros de un grupo paramilitar habían amenazado previamente a los lugareños, aconsejándoles abandonar el área. Tras el ataque, se estima que 3000 indígenas dejaron sus hogares, según Global Witness.
«Mi padre, mi abuelo y mi maestra fueron solo tres de las incontables víctimas», afirmó Campos. «Conocemos a los asesinos, todavía caminan libremente en nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro gobierno no hace nada para ayudarnos».
Las noticias desalentadoras fuera de Mindanao continúan. Se denunciaron varios asesinatos de Lumad en 2016, según Global Witness.
El asesinato de la conocida activista de derechos indígenas Berta Cáceres el pasado marzo es otro signo malo para el 2016, según Kyte. Cáceres era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganó el Premio Medioambiental Goldman en 2015 por su rol en la lucha indígena Lenca para proteger un río local de un proyecto de un hidroeléctrico.
«El asesinato de Berta Cáceres este año muestra que ahora cualquiera es el blanco», afirmó Kyte. «Para una activista de un perfil tan alto ser tiroteada en su casa prueba que los perpetradores de violencia se están volviendo más audaces y tienen como objetivo a cualquiera que se meta en su camino».
El informe traza una serie de recomendaciones para compañías, inversores, instituciones internacionales y especialmente para gobiernos nacionales.
Los gobiernos nacionales tienen que aumentar la protección para activistas que protegen las tierras y el ambiente que están amenazados, investigar crímenes y llevar ante la justicia a los perpetradores —incluyendo cabecillas corporativos o políticos—, sentenció Kyte. La protección gubernamental para consentimiento proactivo y el derecho de las personas de decirle no a los proyectos en sus tierras también son necesarios, explicó.
«De manera imperante, [los gobiernos] necesitan resolver las causas subyacentes de violencia contra defensores, a partir del reconocimiento formal de los derechos de las comunidades sobre sus tierras y ocupándose de la corrupción y las ilegalidades que destruyen los sectores de recursos naturales», afirmó Kyte.
La inacción tendrá consecuencias serias, según el informe de Global Witness: «Sin estas medidas los que están en la primera línea en la batalla para salvar al ambiente continuarán siendo asesinados en números récord —y toda esperanza que tengamos para generaciones futuras también será asesinada».
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